CE - 010315000202305564001SENTENCIA20231026151233

Demandante: Guillermo León Uribe Gallo Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Radicado: 11001-03-15-000-2023-05564-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05564-00

Demandante: GUILLERMO LEÓN URIBE GALLO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. Incumplimiento del r equisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la solicitud de amparo de la referencia , de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Guillermo León Uribe Gallo , por conducto de apoderado judicial 1, radicó acción de tutela el 26 de septiembre de 2023, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, de acceso a la

acción de tutela el 26 de septiembre de 2023, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, y a los principios de favorabilidad laboral, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica.

Las mencionadas garantías las consideró transgredidas con la sentencia de 25 de agosto de 202 3, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la providencia de 7 de diciembre de 2022 dictada por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, en el sentido de negar las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el actor contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magist erio (Fomag) y el departamento de Antioquia. La referida causa se identificó con el radicado o 05001-33-33-024-202200097-00.

1 Conforme al poder adjunto.Demandante: Guillermo León Uribe Gallo Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Radicado: 11001-03-15-000-2023-05564-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2. Peticiones de amparo constitucional

Las pretensiones son las siguientes:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia proferida el día 25/08/2023, en el expediente rad. No. 05001333302420220009700,

Las pretensiones son las siguientes:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia proferida el día 25/08/2023, en el expediente rad. No. 05001333302420220009700, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA

SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO

DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, S EGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes […].2

mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes […].2

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta providencia:

El señor Guillermo León Uribe Gallo informó que, ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (F omag) y el departamento de Antioquia, con ocasión del acto administrativo ANT2021EE035933 de 3 de septiembre de 2021, a través del cual negó la petición elevada el 17 de agosto de 2021 consistente en que se le reconociera y pagara la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio de cesantías parciales 3, a sí como la indemnización por el pago inoportuno de los intereses del referido auxilio4

Del referido proceso conoció en primera instancia el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Medellín que, en sentencia de 7 de diciembre de 2022 negó las pretensiones deprecadas al considerar:

[…] a partir del recuento normativo y jurisprudencial que precede, se colige que la pretendida sanción moratoria regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no resulta aplicable al personal docente afiliado al FIMAG, Tampoco la indemnización por no consignación oportuna de los intereses a las cesantías de que trata el artículo

resulta aplicable al personal docente afiliado al FIMAG, Tampoco la indemnización por no consignación oportuna de los intereses a las cesantías de que trata el artículo 1° de la Ley 52 de 1975, en la medida que los educadores oficiales están regidos en la materia por el Acuerdo No. 38 de 1998, emitido por el Consejo Directivo del FOMAG, que no contempla la misma, La normatividad especial aplicable a los

2 Transcrito de texto original con posibles errores y sin énfasis. 3 Artículo 99 4 Ley 52 de 1975.Demandante: Guillermo León Uribe Gallo Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Radicado: 11001-03-15-000-2023-05564-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co docentes es incompatible con la penalidad pretendida, en tanto todos están afiliados al FOMAG, no gozan de libertad para elegir o trasladarse de fondo, y sus cesantías y los intereses no son depositadas por su empleador, sino que tales recursos son administrados por el propio FOMAG, que es el responsable de su pago, en la periodicidad y con las condiciones previstas en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y en el citado Acuerdo 38 de 1998.

El recurso de apelación interpuesto por el señor Uribe Gallo giró en torno a los

siguientes argumentos: (i) las posturas de la Corte Constitucional (sentencia SU098 de 2018) y del Consejo de Estado consisten en que el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes afiliados al Fomag; (ii) el régimen especial de los docentes no sustrae a las entidades nominadoras y responsables de las prestaciones de la obligación de consignar en tiempo los recursos del auxilio de cesantías; y (iii) la aplicación de la norma general no es incompatible con el régimen especial de la figura de la cesantías de los docentes, por cuanto no afecta los requisitos, términos y competencia. Máxime, si se t iene en cuenta la reiterada y amplia jurisprudencia que ha extendido el reconocimiento reclamado a los servidores públicos incluyendo a los docentes.

El mencionado mecanismo lo resolvió el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante decisión de 18 de agosto de 2023, al confirmar lo dispuesto por el a quo con base en las siguientes razones:

(i) Los docentes afiliados al Fomag cuentan con un régimen especial en relación con el auxilio de cesantías, estipulado en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y en el Acuerdo n. ° 39 de 1998. En este contexto, no se encuentra la obligación de pagar la prestación social a más tardar el 14 de febrero de cada año, ni se contempla la sanción por mora o el pago de los intereses por la tardanza en el pago de esta.

(ii) Los fondos privados de cesantías creados a través de la Ley 50 de 1990 y el Fomag originado en la Ley 91 de 1989 tiene naturaleza y finalidades diferentes,

(ii) Los fondos privados de cesantías creados a través de la Ley 50 de 1990 y el Fomag originado en la Ley 91 de 1989 tiene naturaleza y finalidades diferentes, comoquiera que los recursos son manejados «bajo el concepto de unidad de caja, sin que sea procedente consignarle a cada docente, en una cuenta individual [..]». Por ello, la liquidación de los intereses se realiza sobre el acumulado total de las existencias con corte al 31 de diciembre de cada año, mientras que en el sector privado «se calcular respecto a la suma causada en el año anterior o en la fracción que se liquida».

(iii) La SU -098 de 2018 no es aplicable al caso concreto por cuanto en esa oportunidad se analizó un asunto con supuestos fácticos y jurídicos distintos, en atención a que se trató de un docente nombrado en provisionalidad, no afiliado al Fomag, al que se le te rminó la vinculación y le liquidaron definitivamente sus prestaciones.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora, después de referirse ampliamente a la procedencia de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales, alegó que se cumplían con todos los requisitos generales señalados por la Corte Constitucional, en especial, hizo énfasis en el de la relevancia constitucional, para lo cual citó in extenso los fallos de tutela de 23 de marzo y 17 de abril de 2023, de la Subsección B de laDemandante: Guillermo León Uribe Gallo Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Radicado: 11001-03-15-000-2023-05564-00

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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Radicado: 11001-03-15-000-2023-05564-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sección Segunda del Consejo de Estado que, en un asunto similar, lo encontró acreditado y estudió de fondo la solicitud de amparo.

Enseguida, hizo referencia a varios pronunciamientos judiciales sobre la naturaleza y fin del auxilio de cesantías5 y posteriormente se refirió a la aplicación del régimen anualizado de éstas a los docentes vinculados después de 1990 y 1996, así como al derecho a la sanción moratoria por su pago tardío.

Indicó que, los docentes se encuentran en la categoría de empleados públicos, razón por la cual, no era admisible la distinción con los demás servidores públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo, como lo es, el auxilio de cesantías «así, una interpretación contraria, conllevaría una restricción en la posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del auxilio de cesantías y, a su vez, de las protecciones ya mencionadas que se derivan de esa prestación, lo que conlleva una connotación de relevancia constitucional, ya que se está vulnerando el derecho a la igualdad de los docentes, respecto de otros servidores públicos».

Manifestó que se desconocieron las reglas fijadas por la sentencia SU -098 del 17 de octubre 2018, pues, en su sentir, a partir de dicha providencia, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han señalado reiteradamente que, en

Manifestó que se desconocieron las reglas fijadas por la sentencia SU -098 del 17 de octubre 2018, pues, en su sentir, a partir de dicha providencia, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han señalado reiteradamente que, en virtud del principio de favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las disposiciones consagradas en la Ley 5 0 de 1990, en particular, las referidas a la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anuales.

Frente a la providencia cuestionada, la tutelante le endilgó la configuración de los defectos sustantivo, violación directa de la Con stitución y desconocimiento de precedente, el primero por la inaplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el segundo por desatención del artículo 53 Superior, referido a la interpretación de la situación más favorable para el trabajador y, el último por ignorar las sentencias 6 sobre este tema de la Sección Segunda del Consejo de Estado7.

Señaló que, de la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de cesantías a los docentes y, con base en la jurisprudencia constitucional, era dable concluir que (i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es protegida por la Constitución y que (ii) los docentes oficiales son empleados púb licos, teniendo en cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento, «por lo tanto tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción

son empleados púb licos, teniendo en cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento, «por lo tanto tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías».

5 Al respecto transcribió in extenso las sentencias C-432 y C-171 de 2020 de la Corte Constitucional. 6 Identificó varios fallos dictados por las Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado de los años 2019 a 2022. 7 La parte actora en la mayor parte del escrito se refirió al régimen anualizado de las cesantías, para lo cual en acápites extensos se refirió a los antecedentes históricos sobre la obligación del Ministerio de Educación Nacional de consignar las cesantías causadas de los docentes vinculados antes y después del 1.° de enero de 1990 y la posición del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en torno al estudio de las Leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y 344 de 1996.Demandante: Guillermo León Uribe Gallo Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Radicado: 11001-03-15-000-2023-05564-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 2 de octubre de 2023 el despacho admitió la acci ón de tutela, ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia en calidad de accionado , y dispuso la notificación en calidad de terceros con interés

Mediante auto de 2 de octubre de 2023 el despacho admitió la acci ón de tutela, ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia en calidad de accionado , y dispuso la notificación en calidad de terceros con interés del Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Medellín, de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, del departamento de Antioquia y de la Fiduprevisora S.A.

De igual forma, ordenó a la oficina de sistemas del Consejo de Estado que realizara una publicación en la página web de la corporación, con la información de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió a las autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso ordinario donde se dictó la providencia censurada.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Ministerio de Educación Nacional

A través de comunicación presentada el 6 de octubre de 2023, el representante judicial de la entidad, luego de exponer alguna jurisprudencia relativa a la procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, precisó que en este caso no se satisfacen los requisitos generales y especiales que dan lugar al estudio de fondo de este mecanismo constitucional. En ese orden, solicitó que se declare improcedente el asunto de la referencia «o en su defecto desvincular al Ministerio de Educación».

1.6.2. Tribunal Administrativo de Antioquia

Mediante documento allegado el 5 de octubre de 2023, el magistrado ponente de la

de Educación».

1.6.2. Tribunal Administrativo de Antioquia

Mediante documento allegado el 5 de octubre de 2023, el magistrado ponente de la decisión cuestionada resaltó que la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU-573 de 2019 indicó que la discusión sobre la aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 versa sobre una cuestión meramente legal y con una connotación de contenido patrimonial que no implica la vulneración de garantías fundamentales, razón por la que el debate no trasciende la esfera de lo constitucional.

Adicionó que , en la sentencia reprochada se destacó que no existe un pronunciamiento de unificación del Consejo de Estado en la materia, por lo tanto, en virtud del principio de la autonomía judicial se acogió la postura consistente en que los docentes afiliados al Fomag tiene un régimen especial contenido en la Ley 91 de 1989.

Por último, precisó que esta acción de tutela se empleó con la intención de agotar una tercera instancia del proceso ordinario. En ese orden, precisó que esta solicitud de amparo carece de relevancia constitucional.Demandante: Guillermo León Uribe Gallo Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Radicado: 11001-03-15-000-2023-05564-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.3. Fiduciaria La Previsora S.A.

En escrito enviado por mensaje electrónico el 5 de octubre de 2023, la entidad pidió

www.consejodeestado.gov.co 1.6.3. Fiduciaria La Previsora S.A.

En escrito enviado por mensaje electrónico el 5 de octubre de 2023, la entidad pidió que se declarara improcedente la tutela por cuanto no se presentó por parte de la autoridad judicial accionada violación a algún derecho fundamental del accionante. Por último, solicitó su desvinculación del presente trámite por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.4. Departamento de Antioquia

Con memorial aportado el 6 de octubre de 2023, el representante judicial del ente territorial hizo un recuento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial con el fin de precisar que, en este caso, no se supera el análisis de la relevancia constitucional en atención a que lo pretendido se limita a reabrir un de bate zanjado por el juez ordinario y frente a lo cual no se advierte alguna vulneración o irregularidad.

Luego, invocó el marco normativo que delimita el campo funcional del departamento para asegurar que lo que se procura con este mecanismo no está dentr o de sus competencias, razón por la que solicitó su desvinculación.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela presentada por el señor Guillermo León Uribe Gallo contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

Las solicitudes de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional, del departamento de Antioquia y de la Fiduciaria La Previsora S.A. serán denegadas por cuanto tales entidades fueron llamadas a esta acción constitucional en calidad de tercero s por tener un eventual interés en la decisión que se adopte . Ello, en atención a que intervinieron en el proceso ordinario en el cual se dictó la sentencia controvertida. En ese sentido, es necesario mantener la debida integración del contradictorio.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a esta Sección determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales del accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia de 25 de agosto de 2023 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se confirmó la decisión de primera instancia de 7 de diciembre de 2022, a través de la cual el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Medellín negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que inició contra la Nación – Ministerio de EducaciónDemandante: Guillermo León Uribe Gallo Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Radicado: 11001-03-15-000-2023-05564-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Antioquia.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia constitucional y, en caso de encontrase superados; (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 8, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y ella misma habían adoptado posturas diversas sobre el tema9.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales10.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, e n virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 11, la referida Sala Plena, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

referida Sala Plena, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la referencia, para lo cual resulta pertinente recordar que en principio esta colegiatura otorgaba relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede de tutela, estuviera relacionada con una controversia en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no obstante, en asuntos como el caso en concreto, se ha sostenido que las pretensiones que versen sobre derechos de índole estric tamente económico, al no encontrarse ligados a la

8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 10 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. 11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. 11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Demandante: Guillermo León Uribe Gallo Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Radicado: 11001-03-15-000-2023-05564-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co satisfacción de una garantía de dicha naturaleza, se tornan improcedentes frente al amparo constitucional12.

El anterior lineamiento acogido por esta magistratura se ha construido en estricto seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 del año 201913, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el asunto examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo contra decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

En el fallo en mención, el máximo tribunal Constitucional señaló que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza como prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se quede temporalmente en situación de desempleo y, por tanto, «solo en la medida en que

irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza como prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se quede temporalmente en situación de desempleo y, por tanto, «solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador».

De acuerdo con lo anterior, precisó la referida Corte en aquella sentencia unificadora que todo pago adicional no correspondiente con la finalidad buscada por las cesantías, sino relacionado con una penalidad impuesta al empleador por el no pago o pago tardío de las mismas, cuenta con una naturaleza estrictamente patrimonial cuyo reconocimiento, por tanto, no requiere la acción del juez de tutela.

En efecto, con e ste precedente establecido por dicha autoridad judicial , el reconocimiento y pago de las cesantías constituye un derecho de carácter irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago se traduce en la transgresión de garantías constitucionales de rango f undamental, como bien podrían ser los derechos al mínimo vital y a la seguridad social; no obstante, aclaró la Corte que no ocurre lo mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción moratoria cuando el empleador no consigna en tiempo tale s cesantías, toda vez que, tal monto tiene el carácter de ser una simple prestación adicional de naturaleza eminentemente patrimonial que no da lugar a la intervención del juez constitucional14.

La anterior posición es reitera da por la misma corporación en la SU-215 de 16 de junio de 2022, en la cual se unificaron los criterios respecto al requisito de la

constitucional14.

La anterior posición es reitera da por la misma corporación en la SU-215 de 16 de junio de 2022, en la cual se unificaron los criterios respecto al requisito de la relevancia constitucional en los casos de tutela contra providencia judicial , para lo cual se indicó:

12 Ver fallos del 20 de febrero de 2020, proferido en el trámite del proceso N°11001-03-15-000-201904788-01, y 7 de mayo de 2020, dictado en el expediente 11001 -03-15-000-2019-04762-01, ambos con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate. 13 Corte Constitucional, Sentencia SU-573, 27.11.19, M.P. Carlos Bernal Pulido. 14 Así lo señaló el alto tribunal: «La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado se a dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalid ad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela.».Demandante: Guillermo León Uribe Gallo

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela.».Demandante: Guillermo León Uribe Gallo Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Radicado: 11001-03-15-000-2023-05564-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates merame nte legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que