CE - 010315000202305681001SENTENCIADECLARAIM20231026160508

Demandante: Luis Hernando Ortiz Rosero Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-05681-00

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05681-00

Demandante: LUIS HERNANDO ORTIZ ROSERO

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN B Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

Mediante acta de reparto del 29 de septiembre de 2023, se radicó la acción

de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

Mediante acta de reparto del 29 de septiembre de 2023, se radicó la acción de tutela promovida por el señor Luis Hernando Ortiz Rosero , en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecció n B y el Tribunal Administrativo del Caquetá, con la finalidad de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso “…dentro de los componentes de la equivocada valoración del material probatorio, desconocimiento de un estado de derecho al repud iar la obediencia al imperio de la ley, conjuntamente con la denegación de acceso a la administración de justicia.”

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de las providencias del 2 de octubre de 2014 y del 1° de ma rzo deDemandante: Luis Hernando Ortiz Rosero Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-05681-00

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2023 dictadas por las autoridades judiciales demandadas, con las que se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida por la parte actora junto con otras personas en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional , Ejército Naciona l, proceso que se identificó con el radicado 18001-23-33-000-2012-00049-01 (53650).

1.2. Pretensiones

En consecuencia, solicitaron lo siguiente:

Defensa Nacional , Ejército Naciona l, proceso que se identificó con el radicado 18001-23-33-000-2012-00049-01 (53650).

1.2. Pretensiones

En consecuencia, solicitaron lo siguiente:

PRIMERO.-) Que, se declare que los señores magistrados de la Sub Sección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado con ponencia del Dr. Martin Bermúdez Muñoz y del tribunal contencioso administrativo del Caquetá con ponencia de la Dra. María Teresa Leyes Bonilla han violado los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO dentro de los componentes de la equivocada valoración del material probatorio, desconocimiento de un estado de derecho al repudiar la obediencia al imperio de la ley, conjuntamente con la denegación de acceso a la administración de justicia.

SEGUNDO.-) Que, como consecuencia de la a nterior declaración se nos tutelen los derechos fundamentales invocados.

TERCERO.-) Que se declare a la NACIÓN - MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, administrativamente responsables de los perjuicios materiales, morales y fisiológicos ( vida en relación) – Afectación en las condiciones de la existencia (hoy afectación a derechos fundamentales) causados a CARLOS ANDRÉS ORTIZ ROSERO (Victima), a su esposa EDIT DEL ROSARIO LÓPEZ CORAL, a sus hijos CARLOS MIGUEL ORTIZ LÒPEZ y CARLOS ANDRÉS OR TIZ LÓPEZ (menor); a su querido padre SEGUNDO PEREGRINO ORTIZ; a sus queridos hermanos BERTHA ORTIZ ROSERO,

LUZ BEATRIZ ORTIZ ROSERO, LUIS HERNANDO ORTIZ ROSERO,

PEREGRINO ORTIZ; a sus queridos hermanos BERTHA ORTIZ ROSERO,

LUZ BEATRIZ ORTIZ ROSERO, LUIS HERNANDO ORTIZ ROSERO,

VICTORIA ALEJANDRINA ORTIZ ROSERO, EDUARDO SANTOS ORTIZ

ROSERO, RODRIGO HERNAN ORTIZ ROSERO, R UTH DEL CARMEN ORTIZ ROSERO, IMELDA DEL CARMEN ORTIZ ROSERO y HECTOR WILLINTONG ORTIZ ROSERO; a sus cuñadas (os) REBECA CECILIA HENRIQUEZ CALDERON, AURA ESPERANZA LUNA GALLARDO, SEGUNDO ADAN SAPUYES, JAIRO HERNANDO VELASQUEZ TABARES y ADRIANA ISABEL PINZÒN MUÑOZ; a sus queridos sobrinos ROBERTO CARLOS ORTIZ GIRALDO (discapacitado -antes interdicto), CLAUDIA

MILENA ARAUJO ORTIZ, ALVARO HERNANDO ORTIZ GIRALDO,

HERNANDO JOSE ORTIZ MEJIA, LUZ MARY ARAUJO ORTIZ, JOSE

FERNANDO ARAUJO ORTIZ, MARIA ISABEL ORTIZ MEJI A, MONICA

ELIZABETH VELASQUEZ ORTIZ, JESUS ALBERTO ORTIZ MEJIA,

RODRIGO HERNAN ORTIZ YEPES, LUZ MARIA ORTIZ YEPES, DIANA

MARIA ZAPUPES ORTIZ, DAGOBERTO VELASQUEZ ORTIZ, CARLA

SOFIA ORTIZ HENRIQUEZ, LUIS ALEJANDRO SAPUYES ORTIZ, JULIETH

PAOLA VELASQUEZ ORTI Z, DAYANA ANGELIN VELASQUEZ ORTIZ,

SOFIA ORTIZ HENRIQUEZ, LUIS ALEJANDRO SAPUYES ORTIZ, JULIETH PAOLA VELASQUEZ ORTI Z, DAYANA ANGELIN VELASQUEZ ORTIZ, MARIA FERNANDA ORTIZ HENRIQUEZ (menor), ANDREA SOFIADemandante: Luis Hernando Ortiz Rosero Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-05681-00

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VELASQUEZ ORTIZ (menor), SARA LUCIA ORTIZ HENRIQUEZ (menor) y JANA VICTORIA ORTIZ ACOSTA (menor) y en general a toda la familia de la víctima, por falla o falta de serv icio del Ejercito Nacional de Colombia; derivados todos ellos como consecuencia directa de las graves lesiones sufridas por el primero de los actores (Carlos Andrés Ortiz Rosero), a quien siendo oficial activo del Ejército Nacional de Colombia en el grado de Teniente y sin que existiera justificación alguna y estando en vacaciones, un superior el CORONEL MARIO ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ, en su calidad de comandante del Comando Operativo No 5 lo retuvo en el área (zona Rural), negándose a evacuarlo muy a pesar de haberle notificado la orden administrativa de sacarlo a vacaciones y fue precisamente en el periodo de sus vacaciones que infortunadamente piso una mina anti personas con las consecuencias por todos ahora lamentadas.

CUARTA.-) condenar, en consecuenci a a LA NACION - MINISTERIO DE LA

sus vacaciones que infortunadamente piso una mina anti personas con las consecuencias por todos ahora lamentadas.

CUARTA.-) condenar, en consecuenci a a LA NACION - MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL a pagar a los actores, o a quien represente legalmente sus derechos y a título de reparación, los perjuicios a ellos ocasionados de carácter material, moral – objetivos y subjetivados – fisiológicos y daño vida en relación – afectación en las condiciones de la existencia actuales y futuros; los cuales se estiman como mínimo en una suma liquida de dinero de TRES MIL SETECIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/L ($3.703.650.841,60), de conformidad con lo que resulte probado en el curso del presente proceso.

QUINTA.-) La condena respectiva será actualizada de conformidad para con lo señalado en los artículos 192 y 195 del C. P. A. C. A. y se reconocerán los intereses legales desde la fecha de ejecutoria del fallo e indexación desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta cuando se le dé cabal cumplimiento a la sentencia que le ponga fin al proceso o hasta cuando quede ejecutor iado el fallo que le dé fin al proceso.

SEXTA.-) La parte demandada, NACION - MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, darán cumplimiento a la sentencia en los términos de los Artículos 192, 193 y 195 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Honorable

NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, darán cumplimiento a la sentencia en los términos de los Artículos 192, 193 y 195 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C -188, de fecha 29 de marzo de 1999, con ponencia del Magistrado Doctor José Gregorio Hernández Galindo. El valor del salario mínimo mensual aplicable en este a sunto será el que estuviere vigente para el momento de proferida la sentencia con la correspondiente actualización al momento de hacerse efectiva la indemnización.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La parte accionant e sostuvo que el señor Carlos Andrés Ortiz Rosero se desempeñaba como teniente del Ejército Nacional y prestaba sus serviciosDemandante: Luis Hernando Ortiz Rosero Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-05681-00

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el Batallón de Contraguerrillas 1 “Muiscas” – Puesto de Mando Adelantado de Guayabal, Caquetá.

Indicó que, e n el mes de julio de 2010 la Dirección de Personal del Ejército Nacional autorizó al teniente Ortiz Rosero para que disfrutara sus vacaciones en el octavo turno correspondiente a agosto de 2010.

Mencionó que, las vacaciones fueron concedidas por el término de 30 días a

Nacional autorizó al teniente Ortiz Rosero para que disfrutara sus vacaciones en el octavo turno correspondiente a agosto de 2010.

Mencionó que, las vacaciones fueron concedidas por el término de 30 días a partir del 2 de agosto de 2010. No obstante , lo anterior, el coronel Mario Alberto Hernández López, comandante del Comando Operativo 5 que pertenecía al Batallón de Contraguerrillas 1 “Muiscas”, le ordenó al teniente Ortiz Rosero permanecer en la zona de ope raciones bajo el argumento de que “lo necesitaba para un operativo”, a pesar de que “ello no era cierto”.

Agregó que, e l 13 de agosto de 2010, mientras prestaba sus servicios al mando de una contraguerrilla en jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), Carlos Andrés Ortiz Rosero activó accidentalmente una “minas antipersonas”, lo cual provocó una explosión que ocasionó una “…fractura del Calcáneo, conminuta en cuarto y Quinto dedos del piez (sic) izquierdo falanges proximales, otras l esiones en el brazo izquierdo y afectación del oído del mismo lado…”.

Consideró que, l as lesiones padecidas por Carlos Andrés Ortiz Rosero generaron una disminución de su capacidad laboral del 89.44%, lo que conllevó a que el Ministro de Defensa lo retira r del servicio activo mediante Resolución 0080 del 13 de enero 20121.

Señaló que, e l daño antijurídico padecido por la víctima es imputable al Estado porque para el momento en que ocurrió el accidente debía estar disfrutando sus vacaciones y no en la zon a de operaciones, como lo ordenó

Señaló que, e l daño antijurídico padecido por la víctima es imputable al Estado porque para el momento en que ocurrió el accidente debía estar disfrutando sus vacaciones y no en la zon a de operaciones, como lo ordenó el coronel Mario Alberto Hernández López en completo desconocimiento del acto administrativo que le otorgó el derecho.

Precisó que, por lo anterior, junto con otros familiares, presentó una demanda de reparación directa2 y que el Tribunal Administrativo del Caquetá mediante sentencia del 2 de octubre de 2014 , negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el daño antijurídico no era imputable al Estado puesto que las lesiones padecidas por la víctima directa se prod ujeron en razón del servicio y como consecuencia de la acción directa del enemigo , la víctima directa del daño aceptó los riesgos propios de la actividad militar al ingresar voluntariamente al Ejército Nacional.

1 Esta información se indica en la providencia demandada. 2 Proceso que se identificó con el radicado 18001-23-33-000-2012-00049-01 (53650).Demandante: Luis Hernando Ortiz Rosero Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-05681-00

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Agregó que, en dicho proceso no estaba demostrada una falla en el servicio , la interrupción o suspensión de las vacaciones de Carlos Andrés Ortiz

www.consejodeestado.gov.co Agregó que, en dicho proceso no estaba demostrada una falla en el servicio , la interrupción o suspensión de las vacaciones de Carlos Andrés Ortiz Rosero y, la consecuente, retención en la zona de operaciones obedeció a la necesidad del servicio. Por lo anterior, existió una justa causa que no podrí a constituir una falla en el servicio ; no estaba acreditado que la víctima directa hubiera sido expuesta a un riesgo excepcional frente a sus demás compañeros y l as pruebas que obran en el expediente evidencian que las lesiones padecidas por la víctima directa obedecieron a un hecho exclusivo y determinante de un tercero.

Manifestó que, presentó recurso de apelación en contra de la decisión anterior, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B con providencia del 1° de marzo de 2023 la confirmó, en los términos de la imputación objetiva, el daño solo puede ser imputado a la acción u omisión de las autoridades cuando estas hayan creado un riesgo excepcional jurídicamente relevante para producirlo.

Añadió que, en dicho proveído e n el proceso está dem ostrado que la Dirección de Personal del Ejército Nacional autorizó a la víctima directa del daño el disfrute del derecho de vacaciones para el mes de agosto de 2010. No obstante , lo anterior, no obran pruebas que demuestren que el coronel Mario Alberto He rnández López hubiera suspendido injustificada y arbitrariamente este derecho. Tampoco fueron allegados medios probatorios que dieran cuenta de las razones por las cuales Carlos Andrés Ortiz Rosero permaneció en la zona de operaciones en vez de ser evacuad o para que

arbitrariamente este derecho. Tampoco fueron allegados medios probatorios que dieran cuenta de las razones por las cuales Carlos Andrés Ortiz Rosero permaneció en la zona de operaciones en vez de ser evacuad o para que disfrutara sus vacaciones.

Precisó que, dicha sentencia se notificó por vía electrónica y por estado el 29 de marzo de 2023.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora consideró que las autoridades judiciales demandadas vulneraron e l de bido proceso por la equivocada valoración del material probatorio conjuntamente con la inobservancia al principio del juez natural y de la cosa juzgada; con lo cual se configuró un defecto fáctico.

Sostuvo que, el señor Carlos Andrés Ortiz Rosero fue víctima de una mina antipersonas, pues estando en vacaciones, el coronel Mario Alberto Hernández López sin ser el comandante del Ejército se negó a relevarlo y a evacuarlo, muy a pesar de estar enterado del plan de vacaciones y del acto administrativo que reconoció el derecho y ordenó su disfrute.

Consideró que, t odo estaría dentro de lo normal, sino fuera porque el señor Ortiz Rosero, al momento de su accidente en el cual por poco pierde la vida,Demandante: Luis Hernando Ortiz Rosero Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-05681-00

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tenía decretadas sus vacaciones por parte del comando del Ejér cito Nacional

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tenía decretadas sus vacaciones por parte del comando del Ejér cito Nacional (Dirección de Recursos Humanos), vacaciones que iniciaban desde el 1. ° de agosto de 2010 y que se prolongarían por un mes.

Adujo que, el responsable directo de su permanencia en el área de contra guerrilla fue el señor Hernández López, un c oronel efectivo comandante en ese momento del comando operativo 5, unidad operativa a la cual pertenecía en donde prestaba sus servicios. Agregó que, dicho coronel a sabiendas de que el teniente Ortiz Rosero “estaba en vacaciones” se negó a relevarlo y a evacuarlo en los helicópteros ordenándole que permanezca en el área como ellos llaman a los espacios de contraguerrilla.

Agregó que, el único que está autorizado para variar el periodo de disfrute de vacaciones según los reglamentos vigentes para la época (directiva de personal 0188 de 2009), es el comandante del Ejército, no el comandante de una división, ni de una brigada, ni de un comando operativo, ni el de un batallón.

El señor Ortiz Rosero manifestó que, al no poder salir a disfrutar sus vacaciones, llamó personalmente al coronel Mario Alberto Hernández López, para ponerle de presente la situación de las vacaciones y la respuesta fue abusiva, prepotente, arrogante con un rotundo “ no” como respuesta, arguyendo que lo necesitaba para un operativo.

Indicó que, con el accionar por parte del comandante del comando operativo

abusiva, prepotente, arrogante con un rotundo “ no” como respuesta, arguyendo que lo necesitaba para un operativo.

Indicó que, con el accionar por parte del comandante del comando operativo 5, unidad operativa a la cual pertenecía el batallón de contraguerrillas, el coronel Hernández López, quien se negó a cumplir el acto administrativo a través del cual se le concedieron las vacaciones al señor Ortiz Rosero, no solo increment ó el peligro para la vida misma y la tranquilidad de los demandantes, sino que además truncó y dio al traste con su carrera militar.

1.5. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto del 2 de octu bre de 2023 se admitió la acción de tutela y, en consecuencia, se dispuso la notificación de los magistrados que integran el integran el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y el Tribunal Administrativo del Caquetá.

A su vez, se ordenó la vinc ulación del ministro de Defensa Nacional, Ejército Nacional, así como al grupo familiar del demandante (Carlos Andrés Ortiz Rosero, Edit del Rosario López Coral, Carlos Miguel Ortiz López y Carlos Andrés Ortiz López; Segundo Peregrino Ortiz, Bertha Ortiz R osero, Luz Beatriz Ortiz Rosero, Victoria Alejandrina Ortiz Rosero, Eduardo Santos Ortiz Rosero, Rodrigo Hernán Ortiz Rosero, Ruth del Carmen Ortiz Rosero, Imelda del Carmen Ortiz Rosero y Héctor Willington Ortiz Rosero; Rebeca CeciliaDemandante: Luis Hernando Ortiz Rosero Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-05681-00

7

Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-05681-00

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Henríquez Calderón, Aura Esperanza Luna Gallardo, Segundo Adán Sapuyes, Jairo Hernando Velásquez Tabares, Adriana Isabel Pinzón Muñoz; Roberto Carlos Ortiz Giraldo, Hernando José Ortiz Mejía, Luz Mary Ara újo Ortiz, José Fernando Araujo Ortiz, Jesús Alberto Ortiz Mejía, Rodrig o Hernán Ortiz Yepes, Luz María Ortiz Yepes, Diana María Zapuyes Ortiz, Dagoberto Velásquez Ortiz, Carla Sofía Ortiz Henríquez, Luis Alejandro Sapuyes Ortiz, Julieth Paola Velásquez Ortiz, Dayana Angelín Velásquez Ortiz, María Fernanda Ortiz Henríquez, And rea Sofía Velásquez Ortiz, Sara Lucía Ortiz Henríquez y Jana Victoria Ortiz Acosta, quienes promovieron la demanda ordinaria3.

1.6. Contestaciones

Surtidas las notificaciones, se recibieron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Esta autoridad judicial manifestó que no participaría en la acción de tutela de la referencia como parte ni como tercero y , que acat aría estrictamente las disposiciones que se adopten en ella.

Aclaró que las piezas del expediente del proceso ordinario fueron devueltas a la autoridad de origen el 27 de abril de 2023, según consta en el índice 51 del expediente digital en SAMAI.

disposiciones que se adopten en ella.

Aclaró que las piezas del expediente del proceso ordinario fueron devueltas a la autoridad de origen el 27 de abril de 2023, según consta en el índice 51 del expediente digital en SAMAI.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Caquetá

Esta autoridad judicial allegó el expediente objeto de demanda.

1.6.3. Ministerio de Defensa Nacional

Esta entidad solicitó que se nieguen las pretensiones del accionante al “resultar [que] esta acción [es] improcedente”, al considerar que las autoridades judiciales demandadas realizaron un estudi o t anto de las pruebas que fueron allegadas en debida forma al expediente como de las normas aplicables al presente caso, lo que motivó la decisión adoptada por el superior.

Expuso que con las sentenci as dictadas en el proceso ordinario no se vulneró ningún derecho fundamental como lo quiere hacer ver la parte actora, toda vez que se ha respetado todo lo contemplado en la ley para el caso en estudio.

3 Los cuales intervinieron luego de su notificación.Demandante: Luis Hernando Ortiz Rosero Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-05681-00

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Destacó que, la acción de tutela no cumple con los r equisitos para habilitar el estudio de fondo, porque el actor no realizó un análisis de los requisitos específicos de procedencia ni tampoco acredit ó la presunta vulneración de

Destacó que, la acción de tutela no cumple con los r equisitos para habilitar el estudio de fondo, porque el actor no realizó un análisis de los requisitos específicos de procedencia ni tampoco acredit ó la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados, sino que solo mencionó una vulneración a derechos fundamentales por parte de lo fallado por las autoridades judiciales accionadas, pero en ninguno de sus acápites argumentó y justificó tal aseveración.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si se cumplen los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si la autoridad judicial demandada incurrió en el defecto específico invocado, al confirmar la sentencia que negó las pretensiones indemnizatorias en el proceso de reparación directa al considerar que l a irregularidad imputada (el soldado debía estar disfrutando de vacaciones cuando ocurrió la explosión de la mina) no puede tenerse c omo causa jurídica del daño en el proceso 1800123-33-000-2012-00049-01 (53650).

Al respecto, se precisa que , si bien la parte accionante cuestionó tanto la sentencia d e primera como la segunda instancia dictadas en el proceso

23-33-000-2012-00049-01 (53650).

Al respecto, se precisa que , si bien la parte accionante cuestionó tanto la sentencia d e primera como la segunda instancia dictadas en el proceso ordinario, lo cierto es que, el siguiente análisis recaerá sobre la sentencia de segunda instancia demandada, pues le puso fin a la controversia ordinaria.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentenc ia de 31 de julio de 20124, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:

4 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela - Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.Demandante: Luis Hernando Ortiz Rosero Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-05681-00

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co …si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción

tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.5

Conforme al anterior precedente, es cl aro que la corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún der echo fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la s entencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la a cción de tutela, sin

procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la a cción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.6

En ese orden, primero se verifica que la s olicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requis itos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

5 Ibídem. 6 Entre otras, en las sentencias T -949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.Demandante: Luis Hernando Ortiz Rosero Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-05681-00

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:

1. que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Relevancia constitucional

En relación con la relevancia constitucional, la sala cita como antecedente la sentencia de tutela del 29 de septiembre de 2022 7, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la causa.

La Corte Constitucional, al m omento de estudiar los requisitos de procedibilidad en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía de relevancia constitucional.

En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las

procedibilidad en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía de relevancia constitucional.

En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsit o a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “… el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adela ntar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’.

Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…”.

El alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra providenc