CE - 010315000202305683001SENTENCIADECLARAIM20231026160848

Demandante: Miguel Ángel Ruiz Palacio Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05683-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05683-00

Demandante: MIGUEL ÁNGEL RUIZ PALACIO

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

Mediante escrito radicado el 28 de septiembre de 2023 en el Sistema de Recepción de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, el señor Miguel Ángel Ru iz Palacio, por conducto de apoderado judicial,

Mediante escrito radicado el 28 de septiembre de 2023 en el Sistema de Recepción de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, el señor Miguel Ángel Ru iz Palacio, por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Lo anterior, con ocasión de las providencias proferidas por las mencionadas autoridades judiciales el 13 de octubre de 2021 y 23 de mayo de 2023 , respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Di rección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), toda vez que se negaron las pretensiones de la demanda que se identificó con el radicado 41001-33-33-002-2020-00275-00/01.Demandante: Miguel Ángel Ruiz Palacio Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05683-00 2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2. Pretensiones

En consecuencia, solicitó lo siguiente:

6.1. QUE SE DECLARE qu e las autoridades judiciales accionadas, a través de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del expediente judicial No.41001333300220200027500, se encuentran vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia de la accionante.

través de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del expediente judicial No.41001333300220200027500, se encuentran vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia de la accionante.

6.2. QUE SE TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, que se encuentran lesionados por parte de las autoridades judiciales accionadas, a través de la providencia judicial referenciada.

6.3. QUE SE ORDENE al Tribunal Contencioso Administrativo del Huila proferir una nueva sentencia de segunda instancia mediante la cual se respeten los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, dejando sin efecto la decisión judicial controvertida, mediante la cual no se tuvo en cuenta el acervo probatorio allegado con la demanda.

6.4. QUE SE ADOPTEN las demás medidas que se estimen pertinentes para la protección de nuestros derechos fundamentales.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La parte accionante sostuvo que es comerciante de la ciudad de Neiva, dedicado a la compraventa de productos disolventes y pinturas, así como a la construcción de obras , y que el 8 de junio de 2016 presentó su declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2015.

Mencionó que, con ocasión a una denuncia de terceros, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), decidió iniciar una investigación en su contra y mediante el requerimiento especial 132382018000091 del 3 de octubre de 2020, notificado el 4 de octubre de 2018, le propuso modificar tal

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), decidió iniciar una investigación en su contra y mediante el requerimiento especial 132382018000091 del 3 de octubre de 2020, notificado el 4 de octubre de 2018, le propuso modificar tal declaración, pasando de un valor a pagar de $26.572.000 a $106.082.000

Señaló que, el 2 de enero de 2019, mediante el formulario 91000591454744, corrigió tal declaración, aceptando las respectivas glosas. Añadió que, mediante recibo oficial de pago 4910258335602 del 2 de enero de 2019, canceló el mayor valor gene rado en la corrección de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2015; incluyendo por concepto de sanción la suma de $737.000, por concepto de intereses de mora la suma de $2.800.000 y por concepto de impuesto la suma de $5.897.000, para un total pagado de $9.434.000. Por lo que, dioDemandante: Miguel Ángel Ruiz Palacio Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05683-00 3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respuesta al mencionado requerimiento especial, aportando la declaración corregida.

Precisó que la DIAN con la Liquidación Oficial 132412019000053 del 11 de junio de 2019, notificada el 13 de junio de 2019, decidió no aceptar la corrección de la declaración, aduciendo un error en una casilla y el indebido

junio de 2019, notificada el 13 de junio de 2019, decidió no aceptar la corrección de la declaración, aduciendo un error en una casilla y el indebido cálculo en los intereses de mora pagados, por lo cual confirmó los valores propuestos en el acto preparatorio; acto contra el cual presentó un recurso de reconsideración, el cual se confirmó con la Resolución 132012020000009 del 24 de agosto de 2020.

Agregó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demand ó a la aludida dirección , para que declar ara la nulidad de los precitados actos. Mencionó que, dicho proceso se identificó con el radicado 41001-33-33-002-2020-00275-01.

Indicó que, mediante sentencia del 13 de octubre de 2021 , el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, negó las pretensiones de la demanda al considerar que, en las correcciones provocadas establecidas en los artículos 709 y 713 del E statuto Tributario , interviene previamente el fisco, que se restringen exclusivamente a la aceptación total o parcial de las glosas propuestas y/o determinadas fiscalmente, con el propósito específico de reducir la sanción por inexactitud en proporción al monto aceptado y de acuerdo con la etapa del proceso en que se encuentre.

La parte demandante presentó una solicitud de complementa ción y adición de la sentencia de primera instancia . Mediante providencia del 24 de noviembre de 2021, el togado decidió negar la solicitud de adición de la sentencia de primera instancia

Añadió que promovió un recurso de apelación en contra de la anterio r

noviembre de 2021, el togado decidió negar la solicitud de adición de la sentencia de primera instancia

Añadió que promovió un recurso de apelación en contra de la anterio r decisión, al considerar que la discusión que correspondía decidir por parte del a quo, era si la corrección de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2015 efectuada cuando se aceptaron unas glosas en la respuesta al requerimiento especial era correcta, y luego, si los demás cambios realizados por la DIAN a la declaración privada , rechazo de otros costos y gastos, se ajustaban a derecho o no.

Expuso que, a través de providencia del 23 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que, el demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados y mediante los cuales la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la re nta y complementarios del año gravable 2015 presentada por el actor, en tanto que la corrección presentada dentro de la oportunidad legal que correspondía no cumpl ía con los requisitos legales suficientes para enervar o anular la liquidación oficial decretada por laDemandante: Miguel Ángel Ruiz Palacio Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05683-00 4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandada.

Precisó que, dicho fallo se notificó a través de correo electrónico enviado el 15 de junio de 2023, la cual cobró ejecutoria el 23 del mismo mes y año1.

www.consejodeestado.gov.co demandada.

Precisó que, dicho fallo se notificó a través de correo electrónico enviado el 15 de junio de 2023, la cual cobró ejecutoria el 23 del mismo mes y año1.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora sostuvo que el juzgado acusad o so lo analizó el cargo relacionado con la validez de la corrección de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2015 presentada con ocasión de la respuesta al requerimiento especial, que era uno de los siete cargos de n ulidad esbozados en el escrito inicial de demanda ; pero que la solicitud de complementación y adición por tal motivo también le fue negada.

Indicó que, en segunda instancia, el tribunal demandado decidió abstenerse de valorar las pruebas aportadas en el p roceso ordinario , que servían de soporte a los hechos alegados por el demandante, argumentando que no se podía incluir nuevo material probatorio en sede judicial que no se haya anexado en sede administrativa.

Precisó que, con las mencionadas decisiones ju diciales se incurrió en un defecto fáctico por la falta de valoración del material probatorio, aspecto frente al que, hizo referencia a la posibilidad de aportar nuevas pruebas en sede judicial que no se allegaron en el trámite administrativo . Al respecto, el actor señaló:

… se configura el defecto fáctico, entre otras, cuando la autoridad judicial no valora íntegramente el acervo probatorio allegado, pasando por alto los hechos probados con las pruebas que no se tuvieron en cuenta, mismas que daban lugar a una decisión sustancialmente diferente.

no valora íntegramente el acervo probatorio allegado, pasando por alto los hechos probados con las pruebas que no se tuvieron en cuenta, mismas que daban lugar a una decisión sustancialmente diferente.

Para el caso en concreto, a efectos de probar la omisión en la valoración probatoria, se debe dilucidar primero, la posibilidad de aportar nuevas pruebas en sede judicial que no se allegaron en el trámite adminis trativo con la intención de identificar y demostrar los yerros de juicio de los Jueces accionados.

Destacó que, siendo válido y procedente la inclusión de nuevas y mejores pruebas en sede judicial que no se hayan agregado en sede administrativa, en las pr ovidencias acusadas se configuró un vicio de tal naturaleza puesto que, desconocieron totalmente el valor determinante de la prueba contable anexada en la demanda y los soportes de los costos y gastos desconocidos al contribuyente, los cuales tenían la vir tualidad de desvirtuar los argumentos de la DIAN. Al respecto, sostuvo:

1 Según datos que se registraron en el aplicativo Samai.Demandante: Miguel Ángel Ruiz Palacio Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05683-00 5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Este desconocimiento niega directamente la (i) ampliación del debate jurídico en la etapa judicial; (ii) afecta la igualdad de oportunidades de las partes en presentar nuevas pruebas a l proceso judicial; (iii) cercena directamente el derecho a la defensa de mi prohijado omitiendo el estudi o

jurídico en la etapa judicial; (ii) afecta la igualdad de oportunidades de las partes en presentar nuevas pruebas a l proceso judicial; (iii) cercena directamente el derecho a la defensa de mi prohijado omitiendo el estudi o de las nuevas pruebas y (iv) difumina la búsqueda de la verdad material dentro del proceso judicial fallando de manera injusta e inequitativa.

Expuso lo atinente a las causales de nulidad que se endilgaron en contra de los actos enjuiciados y que , presuntamente fueron desechadas por su aparente falta de prueba.

Agregó que, también se configuró un desconocimiento del precedente señalado en el “capítulo anterior”2, pues el “…fallo de segunda instancia no explicó con suficiente capacidad argumentativa el porqué del apartamiento judicial. Dejando así la inclusión, procedencia y validez del nuevo acerbo probatorio en desuso y los cargos que este respaldab a sin ninguna base probatoria, lo que sin lugar a duda materializó el defecto explicado.”

Mencionó que, con las providencias demandadas se incurrió en una violación directa de la Constitución, toda vez que, no era el escenario de la sentencia de segunda i nstancia aquel en el que se podía debatir si había lugar o no a aportar nuevas pruebas en sede judicial, no solo porque en aquella instancia el demandante no tenía como defender sus intereses, sino, además, porque ello redund ó en una decisión que desbordó por completo el principio de la cosa juzgada, el principio de congruencia y la competencia del ad quem; lo cual condujo a una vulneración directa al derecho a la defensa.

Concluyó que, se evidenció la palmaria transgresión de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y

cual condujo a una vulneración directa al derecho a la defensa.

Concluyó que, se evidenció la palmaria transgresión de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el desconocimiento del precedente jurisprudencial por parte de las autoridades judiciales demandadas, al desconocer el valor probatorio de las nuevas pruebas aportadas.

1.5. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto del 2 octubre de 2023, se admitió la acción de tutela y, en consecuencia, se dispuso la notificación de los magistrados que integran el

2 “Valga destacar, que han sido innumerables los pronunciamientos de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de los que se pueden destacar las sentencias del 19 de octubre de 2006, exp. 15147, C.P. María Inés Ortiz Barbosa; del 3 de diciembre de 2009, exp. 16183, C.P. Héctor J. Romero Díaz: del 16 de septiembre de 2010, exp. 16691, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 3 de marzo de 2011, exp. 16184, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; y del 12 de agosto de 2014, exp. 19036, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; en los que se ha mantenido incólume la inveterada línea jurisprudencial antes retratada, en la que se defiende la tesis que permite que en el medio de control de nulidad con restablecimiento del derecho se alleguen nuevas pruebas para desvirtuar la legalidad del acto demandado siempre que se soliciten en las oportunidades procesales consagradas en

retratada, en la que se defiende la tesis que permite que en el medio de control de nulidad con restablecimiento del derecho se alleguen nuevas pruebas para desvirtuar la legalidad del acto demandado siempre que se soliciten en las oportunidades procesales consagradas en el CPACA, independientemente a que no se hubieran aportado en sede administrativa. ”Demandante: Miguel Ángel Ruiz Palacio Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05683-00 6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tribunal Administrativo del Huila y el juez Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.

A su vez, se ordenó la vinculación como tercero con interés al director de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y al director de la Seccional Neiva.

1.6. Contestaciones

Surtidas las notificaciones, se recibió la siguiente intervención:

1.6.1. DIAN

Dicha entidad se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, al considerar que la parte actora consideró que la autoridad judicial accionada no vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante debido a que el simple hecho de profer ir una sentencia contraria a los intereses de este no materializa por sí solo una vulneración a este derecho fundamental.

Agregó que, es imprescindible demostrar que el administrador de justicia actuó sin ningún fundamento jurídico o probatorio al moment o de tomar la decisión, además de impedir el derecho de defensa y contradicción, para acreditar la violación al debido proceso y demás garantías fundamentales.

actuó sin ningún fundamento jurídico o probatorio al moment o de tomar la decisión, además de impedir el derecho de defensa y contradicción, para acreditar la violación al debido proceso y demás garantías fundamentales.

Señaló que, las providencias dictadas por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva y el Tribu nal Administrativo del Huila se fundamentaron en las normas aplicables al caso, por ende, se respetó el trámite señalado en la ley para el medio de control interpuesto.

Consideró que, dentro de las circunstancias alegadas por la parte accionante no se log ra establecer algún tipo de vulneración al debido proceso u otro derecho fundamental, puesto que, el actuar de las autoridades judiciales estuvo ajustado a derecho y fue realizado de manera motivada ; de modo que, no se incurrió en el defecto fáctico alegado por la parte accionante.

Agregó que, c ontrario a lo manifestado por el tutelante, se evidencia que en la sentencia de segunda instancia s í se valoraron las pruebas aportadas, las cuales en la demanda de amparo solo se enuncian y no se establece la finalidad y utilidad de la prueba.

1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva

Esta autoridad judicial se opuso a la prosperidad de la acci ón de tutela, al considerar que el accionante pretende reabrir mediante la acción constitucional un debate me ramente legal y probatorio, que surtió las instancias que el ordenamiento jurídico prevé y en las cuales se le garantizaron todos los derechos y garantías pro cesales. Por lo que, en talDemandante: Miguel Ángel Ruiz Palacio Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

instancias que el ordenamiento jurídico prevé y en las cuales se le garantizaron todos los derechos y garantías pro cesales. Por lo que, en talDemandante: Miguel Ángel Ruiz Palacio Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05683-00 7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sentido, no cumple con la relevancia constitucional.

Consideró que, el mecanismo de amparo promovido es improcedente o, en su defecto, debe ser negado porque no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor, sino que por el contrario , los ha garantizado irrestrictamente. Aportó copia del expediente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si se cumplen los presupuestos generales de pro cedencia de la acción de tutela y, de ser así, si la autoridad judicial demandada incurrió en el defecto específico invocado, al confirmar la sentencia de instancia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la parte actora en contra de la

demandada incurrió en el defecto específico invocado, al confirmar la sentencia de instancia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la parte actora en contra de la DIAN, con ocasión de la Liquidación Oficial de Revisión 132412019000053 del 11 de junio de 2019, y de la Resolución 132012020000009 del 24 de agosto de 2020, por medio de las cuales se modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2015 , presentada por el contribuyente.

Al respecto, se precisa que , si bien la parte accionante cuestionó tanto la sentencia d e primera como la segunda instancia dictadas en el proceso ordinario, lo cierto es que, el siguiente análisis recaerá sobre la sentencia de segunda instancia demandada, pues le puso fin a la controversia ordinaria.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20123, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:

3 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela - Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.Demandante: Miguel Ángel Ruiz Palacio Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05683-00 8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05683-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co …si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala P lena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expedien te AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providenci a, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.4

Conforme al anterior preced ente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulnera n algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 cons titucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de proceden cia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.5

En ese orden, primero se verifi ca que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

4 Ibídem. 5 Entre otras, en las sentencias T -949 de 16 de octubre de 2003, T -774 de 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.Demandante: Miguel Ángel Ruiz Palacio

4 Ibídem. 5 Entre otras, en las sentencias T -949 de 16 de octubre de 2003, T -774 de 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.Demandante: Miguel Ángel Ruiz Palacio Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05683-00 9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirm en vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:

1. que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Relevancia constitucional

En relación con la relevancia constitucional, la sala cita como antecedente la sentencia de tutela del 29 de septiembre de 2022 6, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción por no superar el re quisito de relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía

declaró la improcedencia de la acción por no superar el re quisito de relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la causa.

La Corte Consti tucional, al momento de estudiar los requisitos de procedibilidad en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía de relevancia constitucional.

En el mencionado fallo de unificación la corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “… el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…”.

La citada corte consideró que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una

6 Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001 -03-15-000-2022-03365-01.

Demandante: Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.Demandante: Miguel Ángel Ruiz Palacio Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro

Demandante: Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.Demandante: Miguel Ángel Ruiz Palacio Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05683-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal7 (Énfasis de la sala).

El alto tribunal en mención, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este postulado, puesto que:

1. No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,

1. involucraba un debate eminentemente legal,

tutela no cumplía con este postulado, puesto que:

1. No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,

1. involucraba un debate eminentemente legal,

1. planteaba una discusión preponderantemente económica y,

1. no cu mplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los de