CE - 010315000202305768001SENTENCIA20231031144629

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05768-00

Demandante: ANA JOSEFA TORRES RIVERA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que la actora busca discutir aspectos netamente económicos.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Ana Josefa Torres Rivera contra el Tribunal Administrativo de Sucre.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 29 de septiembre de la presente anualidad1, la señora Ana Josefa Torres Rivera, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia2. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia proferida el día 16/03/2023, en el expediente rad. No.

de justicia2. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia proferida el día 16/03/2023, en el expediente rad. No. 70001333300220220009401, transgredió los derechos fundamentales: AL

DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN

1 Se advierte que, el 1 9 de octubre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 La accionante también consideró desconocidos los principios de seguridad jurídica, «situación más favorable en caso de duda en l a aplicación e interpretación de las fuentes formas de derecho» y perpetuatio jurisdictionis.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05768-00

Demandante: Ana Josefa Torres Rivera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2

MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA

APLICACIÓN E INTER PRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE

DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales

se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del

H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes

expedientes:

3.CORTE CONSTITUCIONAL N o.

RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES

1 Exp. T-6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T-5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332

/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T 7.182 -312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332

/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T 7.182 -312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS

GUIILLERMO

GUERRERO

PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 041

/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES 1 08001-23-33000-20130066601 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ESTADO

2 76001-23-3100020090086701, No. Interno: 4854-2014 24 de enero de 2019

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 3 11001-0315000-201804617-01 17 de junio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVASDr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUERadicación: 11001-03-15-000-2023-05768-00

Demandante: Ana Josefa Torres Rivera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3

4

SÁNCHEZ LUQUERadicación: 11001-03-15-000-2023-05768-00

Demandante: Ana Josefa Torres Rivera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3

4 11001-03-15000-201804679-01) 28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO

AUGUSTO

SERRATI

VALDÉS

DRA. NUBIA MARGOTH

PEÑA GARZÓN - DR.

HERNANDO SÁNCHEZ

SÁNCHEZ 5 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVASDr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 6 08001 23 33 000 2014 00173 -01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

- Dr. GABRIEL

VALBUENA 7 08001-23-33000-20140020801 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 8 08001-23-31000-20140025401 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 8 08001-23-31000-20140025401 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 9 08001-23-33000-20140013201 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 10 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS 11 08001-23-33000-20150033101 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

02(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 13 08001-23-33000-20140112701 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 14 40001-23-40000-20170013401 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 15 080001-23-40000-20159000801 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 16 080001-23-40000-20149002201 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

17

080001-23-33Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS 17 080001-23-33000-20170093101 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ VARGASRadicación: 11001-03-15-000-2023-05768-00

Demandante: Ana Josefa Torres Rivera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

4

18 080001-23-33000-20150007501 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 19 76001-23-33000-20130075601 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dra. SANDRA

LISETH IBARRA 20 080001-23-40000-20170079501 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ000-20170079501 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 21 47-001-23-33000-20190035901 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 22 47-001-2333000-20190037601 (4462-2021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 23 08001-23-33000-20150050901 (2140-2020) 22 de agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 24 08001-23-33000-20159012401 (2394-2020) 22 de septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 25 76001-23-31000-201200212-02

(4470-2021)

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM

HERNANDEZ

GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO SUAREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ 26 47001-23-33000-2018-023101 (0871-2020) 26 de enero 2023

DR. RAFAEL

FRANCISCO

GOMEZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL

VALBUENA

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

La señora Ana Josefa Torres Rivera labora como docente «con la entidad territorial certificada en educación del Departamento de Sucre». Además, se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio3 y es beneficiaria del régimen de cesantías anualizadas.

El 27 de julio de 2021, la hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educación del Departamento de Sucre y al Fomag el reconocimiento y pago de la sanción por la no consignación de cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses,

3 En adelante Fomag.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05768-00

Demandante: Ana Josefa Torres Rivera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3 En adelante Fomag.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05768-00

Demandante: Ana Josefa Torres Rivera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

5

con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1 975 y 50 de 1990 , petición que fue remitida a la Fiduprevisora S.A., sin que se le hubiera dado respuesta alguna.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora Ana Josefa Torres Rivera demandó al Ministerio de Educación Nacional – Fomag y a la Departamento de Sucre , con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó la petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantía s y la indemnización por el pago tardío de los intereses.

Mediante sentencia del 2 de septiembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo accedió parcialmente las súplicas de la demanda , por considerar que la señora Torres Rivera era beneficiari a de la Ley 50 de 1990, en virtud de la sentencia SU-041 de 2020, proferida por la Corte Constitucional, y de la providencia del 9 de mayo de 2020 ( radicado 2659 -2020), emitida por el Consejo de Estado , en las que, según dicha autoridad judicial, aplicaron la Ley 50 de 1990 al allí accionante..

Contra la anterior decisión, el Fomag interpuso recurso de apelación con fundamento en que los docentes oficiales afiliados al Fomag tienen un régimen

al allí accionante..

Contra la anterior decisión, el Fomag interpuso recurso de apelación con fundamento en que los docentes oficiales afiliados al Fomag tienen un régimen especial, esto es, la Ley 91 de 1989 y, por t anto, no le es aplicable el régimen de sanción moratoria por la no consignación de las cesantías consagrado en la Ley 50 de 1990. Agregó que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por cuanto el Fomag fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja.

El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante providencia del 16 de marzo de 2023, revocó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que no era posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al caso de la demandante, quien había ocupado el cargo de docente oficial al servicio del Departamento de Sucre y se encontraba cubiert a por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

Indicó que no existe identidad fáctica entre el caso estudiado en la sentencia SU 098 de 2018 y el caso en concreto, debido a que, entre otras razones, la aquí demandante sí fue afiliada al Fomag.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05768-00

Demandante: Ana Josefa Torres Rivera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

6

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el

Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

6

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de Sucre desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018, así como en 2 6 sentencias del Consejo de Estado, entre las cuales se dest acan la sentencia de tutela del 29 de julio de 2019 y la SU-2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba aplicable a los docentes oficiales.

Luego de hace r un recorrido histórico sobre el Fomag y su funcionamiento, adujo que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general que consagra la sanc ión moratoria por la no consignación de las cesantías, esto es, la Ley 50 de 1990.

De otra parte, la accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad por qué se apartó del precedente consagrado en las 2 6 sentencias emitidas por el Consejo de Estado, pues lo único que expresó es que «existía unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da del H.C.E .».

Agregó que, contrario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990

despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da del H.C.E .».

Agregó que, contrario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues, como se ha evidenciado, se aplica la norma de manera int egral favoreciendo al docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarlo con la norma más favorable.

Sostuvo que existe una sucesión de « irregularidades sustantivas » dentro de la decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Sucre.

Finalmente, citó 1 0 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se recon oció la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05768-00

Demandante: Ana Josefa Torres Rivera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 3 de octubre de 2023, el despacho de la magistrada ponente admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Sucre, como parte demandada, y, como terceros con interés, a la ministra de Educación Nacional, a la Fiduprevisora, en calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

integran el Tribunal Administrativo de Sucre, como parte demandada, y, como terceros con interés, a la ministra de Educación Nacional, a la Fiduprevisora, en calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag y al gobernador del Departamento de Sucre. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 2.2. El Tribunal Administrativo de Sucre indicó que no existe un criterio unificador que obligue a las autoridades judiciales a aplicar, en virtud del principio de favorabilidad, la Ley 50 de 1990 al sector docente. Además, solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo, por considerar que se incumplió el requisito de relevancia constitucional, debido a que la parte actora pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001-33-33-002-2022-00094-01.

2.3. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , manifestó que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por cuanto el Fomag fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que « ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

Sostuvo que la señora Ana Josefa Torres Rivera realizó una indebida interpretación de la jurisprudencia relacionada con las cesantías del Fomag, pues re clamó la

primer mes de cada vigencia».

Sostuvo que la señora Ana Josefa Torres Rivera realizó una indebida interpretación de la jurisprudencia relacionada con las cesantías del Fomag, pues re clamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por el pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual es «imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado».

Pidió que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial accionada decidió la controversia conforme a la normativa establecida y observ ó las garantías procesales.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05768-00

Demandante: Ana Josefa Torres Rivera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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2.4. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, toda vez que la parte accionante centró la discusión en un debate de carácter legal y de naturaleza indudablemente económica, amén de que tampoco agotó los mecanismos ordinarios y extraordinarios de def ensa previstos en la ley para tal fin, como el «incidente de nulidad».

2.5. Los demás vinculados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia constitucional. De cumplirse, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si la sentencia proferida el 16 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001-33-33-002-2022-00094-01 incurrió en los defectos endilgados y, de paso, vulneró los derechos fundamentales de la señora Ana Josefa Torres Rivera.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, par a determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello « [n]o basta,Radicación: 11001-03-15-000-2023-05768-00

Demandante: Ana Josefa Torres Rivera

derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello « [n]o basta,Radicación: 11001-03-15-000-2023-05768-00

Demandante: Ana Josefa Torres Rivera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judicia les».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principi os de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 16 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, por medio del cual revocó la sentencia dictada el 2 de septiembre de 2022 , por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo.

En el fondo, la accionante alega que tiene derecho al reconocim iento y pago de la

la sentencia dictada el 2 de septiembre de 2022 , por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo.

En el fondo, la accionante alega que tiene derecho al reconocim iento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de sus cesantías, pues, en su criterio, se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha sanción.

La Sala anticipa que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por la señora Torres Rivera carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que la controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e indudablemente se direcciona a un debate económico, pues se pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia d e unificación SU573 de 2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su lugar,Radicación: 11001-03-15-000-2023-05768-00

Demandante: Ana Josefa Torres Rivera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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declararlas improcedentes por falta de relevancia constituciona l, precisamente, porque consideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional. Así lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un

porque consideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional. Así lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo” 4 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes mantienen vigente su vínculo laboral con el Departamento del Atlántico5

Asimismo, en varias oportunidades, el Consejo de Estado ha considerado que la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías es un asunto netamente económico. Por ejemplo, esta Subsección, en la sentencia del 18 de marzo de 20226, indicó lo siguiente:

sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías es un asunto netamente económico. Por ejemplo, esta Subsección, en la sentencia del 18 de marzo de 20226, indicó lo siguiente:

La accionante discute que tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a partir del acto administrativo que ordenó la liquidación de sus cesantías para cancelar dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.

En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una cuestión netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó se limita al pago de un derecho patrimonial -pago de la sanción moratoriay no se orienta a la protección de los derechos fundamentales invocados en la demanda de tutela.

Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que:

33. [E]sta Sala otorga relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no obstante, en asuntos como el caso en concreto, se ha sostenido que las pretensiones que versen sobre derechos de índole estrictamente económico, al n o encontrarse ligados a la satisfacción de una garantía de naturaleza fundamental, se tornan improcedentes frente al amparo constitucional.

34. El anterior lineamiento acogido por la Sala se ha construido en estricto seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 del año 2019, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el

34. El anterior lineamiento acogido por la Sala se ha construido en estricto seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 del año 2019, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el

4 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017. 5 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 11001-03-15-000-2021-09117-01.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05768-00

Demandante: Ana Josefa Torres Rivera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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asunto examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo contra decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

35. En la sentencia en mención, el máximo Tribunal Constitucional señaló que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza como prestación patronal de rango legal, cuya f inalidad es el auxilio de la persona que se quede temporalmente en situación de desempleo y, por tanto, “solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador”.

36. De acuerdo con lo anterior, señaló la Corte Constitucional en aquella

devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador”.

36. De acuerdo con lo anterior, señaló la Corte Constitucional en aquella sentencia unificadora que todo pago adicional no correspondiente con la finalidad buscada por las cesantías, sino relacionado con una penalidad impuesta al empleador por el no pago o pago tardío de las mismas, cuenta con una naturaleza estrictamente patrimonial cuyo reconocimiento, por tanto, no requiere la intervención del juez de tutela […].

En esa misma línea, la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha pron