CE - 010315000202305788001SENTENCIA20231031150800

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05788-00

Demandante: LIN FABIÁN MARTÍNEZ DE LA ESPRIELLA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que la actora busca discutir aspectos netamente económicos.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Lin Fabián Martínez de la Espriella contra el Tribunal Administrativo de Sucre.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 29 de septiembre de la presente anualidad 1, el señor Lin Fabián Martínez de la Espriella, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia2. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la

fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia2. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia proferida el día 20/04/2023, en el expediente rad. No. 70001333300220220011801, transgredió los derechos fundamentales: AL

DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN

MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE

DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de

1 Se advierte que, el 19 de octubre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 El accionante también consideró desconocidos los principios de seguridad jurídica, «situación más favorable en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho» y perpetuatio jurisdictionis.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05788-00

Demandante: Lin Fabián Martínez de la Espriella Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2

la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante

Demandante: Lin Fabián Martínez de la Espriella Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2

la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue sol icitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes

3.CORTE CONSTITUCIONAL N o.

RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES

1 Exp. T-6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T-5904426 y otros 24 de julio de 2019

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

098/2018 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T-5904426 y otros 24 de julio de 2019

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332

/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T 7.182 -312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS

GUIILLERMO

GUERRERO

PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 041

/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

No.

RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES 1 08001-23-33000-20130066601 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ESTADO

2 76001-23-3100020090086701, No. Interno: 4854-2014 24 de enero de 2019

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 3 11001-0315000-201804617-01 17 de junio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVASDr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE

4

04617-01 17 de junio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVASDr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01) 28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO

AUGUSTO

SERRATI

VALDÉS

DRA. NUBIA MARGOTH

PEÑA GARZÓN - DR.

HERNANDO SÁNCHEZ

SÁNCHEZ 5 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVASDr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 6 08001 23 33 000 2014 00173 -01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

• Dr. GABRIEL VALBUENARadicación: 11001-03-15-000-2023-05788-00

Demandante: Lin Fabián Martínez de la Espriella Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3

7 08001-23-33000-20140020801 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

3

7 08001-23-33000-20140020801 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 8 08001-23-31000-20140025401 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 9 08001-23-33000-20140013201 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 10 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS 11 08001-23-33000-20150033101 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 12 19001-23-33000-201500445PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 13 08001-23-33000-20140112701 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 14 40001-23-40000-20170013401 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 15 080001-23-40000-20159000801 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 16 080001-23-40000-20149002201 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 16 080001-23-40000-20149002201 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS 17 080001-23-33000-20170093101 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS 18 080001-23-33000-20150007501 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 19 76001-23-33000-20130075601 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dra. SANDRA

LISETH IBARRA 20 080001-23-40000-20170079501 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

20 080001-23-40000-20170079501 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 21 47-001-23-33000-20190035901 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTERRadicación: 11001-03-15-000-2023-05788-00

Demandante: Lin Fabián Martínez de la Espriella Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

4

22 47-001-2333000-20190037601 (4462-2021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 23 08001-23-33000-20150050901 (2140-2020) 22 de agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 24 08001-23-33000-20159012401 (2394-2020) 22 de septiembre de 2022

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 24 08001-23-33000-20159012401 (2394-2020) 22 de septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM

HERNANDEZ

GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO SUAREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ 26 47001-23-33000-2018-023101 (0871-2020) 26 de enero 2023

DR. RAFAEL

FRANCISCO

GOMEZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL

VALBUENA

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

El señor Lin Fabián Martínez de la Espriella labora como docente «con la entidad territorial certificada en educación del Departamento de Sucre». Además, se encuentra afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 3 y es beneficiario del régimen de cesantías anualizadas.

El 19 de agosto de 2021, el hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educación Departamental de Sucre y al Fomag el reconocimiento y pago de la sanción por la

beneficiario del régimen de cesantías anualizadas.

El 19 de agosto de 2021, el hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educación Departamental de Sucre y al Fomag el reconocimiento y pago de la sanción por la no consignación de cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses, con fundamento en el régimen estab lecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990 , petición que fue remitida a la Fiduprevisora S.A, sin que se le hubiera dado respuesta alguna.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Lin Fabián Martínez de la Espriella demandó al Ministerio de Educación Nacional – Fomag y al municipio de Sincelejo, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto derivado del silencio administrativo frente a la petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses.

Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo declaró la nulidad del acto administrativo fi cto, por considerar que el señor Martínez de la Espriella era beneficiario de la Ley 50 de

3 En adelante Fomag.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05788-00

Demandante: Lin Fabián Martínez de la Espriella Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

5

1990, en virtud de la sentencia SU -041 de 2020, proferida por la Corte

Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

5

1990, en virtud de la sentencia SU -041 de 2020, proferida por la Corte Constitucional, y de la providencia del 9 de mayo de 2020 ( radicado 2659 -2020), emitida por el Consejo de Estado , en las que, según la autoridad judicial accionada, aplicaron la Ley 50 de 1990 al sector docente.

Contra la anterior decisión, el Fomag interpuso recurso de apelación con fundamento en que los docentes oficiales afiliados al Fomag tienen un régimen especial, esto es, la Ley 91 de 1989 y, por tanto, no le es aplicable el régimen de sanción moratoria por la no consignación de las cesantías consagrado en la Ley 50 de 1990.

De igual modo, el municipio de Sincelejo solicitó que se le desvinculara de ese proceso, bajo el argumento de que la Ley 91 de 1989 no le otorgó ninguna facultad a los entes territoriales respecto a la transferencias de las cesantías a los docentes oficiales.

En providencia del 20 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de qu e el demandante, quien es docente oficial, se encuentra cobijado por el régimen especial de cesantías, esto es, la Ley 91 de 1989.

De otra parte, si bien el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 determinó la obligación de reconocer, liquidar y pagar las cesantías a un fondo privado de cesantías hasta el

De otra parte, si bien el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 determinó la obligación de reconocer, liquidar y pagar las cesantías a un fondo privado de cesantías hasta el 15 de febrero de cada año, generándose por el incumplimiento del plazo legal las sanciones establecidas en dichas normativas , lo cierto es que dicha disposición no es aplicable al sector docente, debido a que (i) dicho régimen especial fue expedida con posterioridad a la Ley 91 de 1989 y, además, (ii) las cesantías de los docentes oficiales son transferidas bajo el principio de unidad de caja.

Agregó que no existe identidad fáctica entre los casos estudiados en las sentencias citadas, emitidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, y el caso en concreto, debido a que allí los docentes no fueron afiliados al Fomag y, por ende, se les resultaba aplicable la Ley 50 de 1990, en virtud del principio de favorabilidad; sin embargo, aquí el accionante sí fue afiliado al Fomag.

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de Sucre desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018, así como en 2 6 sentencias del Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 deRadicación: 11001-03-15-000-2023-05788-00

Demandante: Lin Fabián Martínez de la Espriella Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

6

Demandante: Lin Fabián Martínez de la Espriella Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

6

julio de 2019 y la SU-2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba aplicable a los docentes oficiales.

Luego de hacer un recorrido histórico sobre el Fomag y su funcionamiento, adujo que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa de l régimen general que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto es, la Ley 50 de 1990.

De otra parte, el accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad por qué se apartó del precedente consagrado en las 2 6 sentencias emitidas por el Consejo de Estado, pues lo único que expresó es que «existía unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da del H.C.E .».

Agregó que, contrario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues, como se ha evidenciado, se aplica la norma de manera integra l favoreciendo al docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarlo con la norma más favorable.

se ha evidenciado, se aplica la norma de manera integra l favoreciendo al docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarlo con la norma más favorable.

Sostuvo que existe una sucesión de « irregularidades sustantivas » dentro de la decisión de segunda instancia emitid a por el Tribunal Administrativo de Sucre.

Finalmente, citó 1 0 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 4 de octubre de 2023, el despacho de la magistrada ponente admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Sucre, como parte demandada, y, como terceros con interés, a la ministra de Educación Nacional, a la Fiduprevisora, en calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag, y al alcalde del municipio de Sincelejo. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05788-00

Demandante: Lin Fabián Martínez de la Espriella Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

7

2.2. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declarara improcedente la

Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

7

2.2. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo, debido a que (i) la sentencia SU 098 de 2018 no guarda identidad fáctica con el caso sub lite, pues allí el docente no fue afiliado al Fomag por un error inter no y (ii) tampoco acreditó la vulneración de los derechos fundamentales alegados en la solicitud de amparo

2.3. El Tribunal Administrativo de Sucre indicó que no existe un criterio unificador que obligue a las autoridades judiciales a aplicar, en virtud del principio de favorabilidad, la Ley 50 de 1990 al sector docente. Además, solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo, por considerar que se incumplió el requisito de relevancia constitucional, debido a que la parte actora pretende convertir la sede de tutela en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001-33-33-002-2022-00118-01.

2.4. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio manifestó que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por cuanto el Fomag fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja. En ese sentido, los valores que co rresponden a las cesantías no se consignan, sino que « ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

Sostuvo que el señor Martínez de la Espriella realizó una indebida interpretación de

consignan, sino que « ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

Sostuvo que el señor Martínez de la Espriella realizó una indebida interpretación de la jurisprudencia relacionad a con las cesantías del Fomag, pues reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por el pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual es «imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado».

Pidió que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial accionada decidió la controversia conforme a la normativa establecida y observó las garantías procesales.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevanciaRadicación: 11001-03-15-000-2023-05788-00

Demandante: Lin Fabián Martínez de la Espriella Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

8

constitucional. De cumplirse, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si la sentencia proferida el 20 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

constitucional. De cumplirse, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si la sentencia proferida el 20 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001-33-33-002-2022-00118-01, incurrió en los defectos endilgados y, de paso, vulneró los derechos fundamentales de l señor Lin Fabián Martínez de la Espriella.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1 990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla s u carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello « [n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumpl ir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales ».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda

requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales ».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 20 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, por medio del cual revocóRadicación: 11001-03-15-000-2023-05788-00

Demandante: Lin Fabián Martínez de la Espriella Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

9

la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2022, por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo.

En el fondo, el accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de sus cesantías, pues, en su

Administrativo de Sincelejo.

En el fondo, el accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de sus cesantías, pues, en su criterio, se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consag ra dicha sanción.

La Sala anticipa que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por el señor Martínez de la Espriella carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que la controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e indudablemente se circunscribe a un asunto económico, pues se pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no c onsignación de sus cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU - 573 de 2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus ces antías, para, en su lugar, declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente, porque consideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional. Así lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de

derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo” 4 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de l os antecedentes de los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes mantienen vigente su vínculo laboral con el Departamento del Atlántico5

Asimismo, en varias oportunidades, el Consejo de Estado ha considerado que la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías es un asunto netamente económico. Por ejemplo, esta Subsección, en la sentencia del 18 de

4 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017. 5 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05788-00

4 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017. 5 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05788-00

Demandante: Lin Fabián Martínez de la Espriella Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

10

marzo de 20226, indicó lo siguiente:

La accionante discute que tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a partir del acto administrativo que ordenó la liquidación de sus cesantías para cancelar dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.

En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una cuestión netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó se limita al pago de un derecho patrimonial -pago de la sanción moratoriay no se orienta a la protecció n de los derechos fundamentales invocados en la demanda de tutela.

Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que:

33. [E]sta Sala otorga relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no obstante, en asuntos como el caso en concreto, se ha sostenido que las pretensiones que versen sobre derechos de índole estrictamente económ ico, al no encontrarse ligados a la satisfacción de una garantía de naturaleza fundamental, se tornan improcedentes frente al amparo constitucional.

pretensiones que versen sobre derechos de índole estrictamente económ ico, al no encontrarse ligados a la satisfacción de una garantía de naturaleza fundamental, se tornan improcedentes frente al amparo constitucional.

34. El anterior lineamiento acogido por la Sala se ha construido en estricto seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 del año 2019, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el asunto examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo contra decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

35. En la sentencia en mención, el máximo Tribunal Constitucional señaló que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza como prestación patronal de rango lega l, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se quede temporalmente en situación de desempleo y, por tanto, “solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador”.

36. De acuerdo con lo anterior, señaló la Corte Constitucional en aquel