CE - 010315000202305790001SENTENCIA20231123155728

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202305790-00

Actor: Darwin Efrén Acevedo Contreras Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de

Administración de Bogotá1

Temas: Derecho fundamental de petición/alcance

Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de procedibilidad de subsidiariedad

Derecho Fundamental Invocado: Petición

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Darwin Efrén Acevedo Contreras contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Unidad de Administración de Carrera Judicial.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202305790-00

Actor: Darwin Efrén Acevedo Contreras

I. ANTECEDENTES

La solicitud

en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202305790-00

Actor: Darwin Efrén Acevedo Contreras

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial y la Unidad de Administración de Carrera Judicial , porque, a su juicio, i) el Consejo Superior y la Dirección Ejecutiva, al no resolver la petición de 4 de septiembre de 2023, mediante el cual solicitó información sobre los “[…] concursos públicos de méritos para proveer mediante el sistema de carrera judicial […]” ; y ii) la Unidad, con ocasión al O ficio CJO23 -5327 de 26 de septiembre de 2023, vulneraron su derecho fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela,

en síntesis, son los siguientes:

3. Expresó que, “[…] El día 4 de septiembre de 2023 elevé una petición ante las accionadas […]”.

4. Indicó que, “[…] Únicamente la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL, juiciosamente y en término, a través de su directora emitió respuesta frente a las peticiones que eran de su competencia, mediante oficio CJO23-5327, no así las hoy accionadas […] con la respuesta de la UNIDAD DE C ARRERA JUDICIAL se desprende una palmaria vulneración del principio constitucional del mérito y de la confianza legítima […]”.

accionadas […] con la respuesta de la UNIDAD DE C ARRERA JUDICIAL se desprende una palmaria vulneración del principio constitucional del mérito y de la confianza legítima […]”.

5. Señaló que, “[…] Desde la fecha de presentación transcurrió más del término legal (15 días hábiles) que la Ley y la jurisprudenc ia han señalado para que se resuelvan las peticiones, sin que la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL ni el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA3

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Actor: Darwin Efrén Acevedo Contreras

me hayan dado respuesta clara, congruente y oportuna, hecho que vulnera sin duda mi derecho fundamental de petición […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Se tutelen mis derechos fundamentales de petición y los principios de confianza legítima y de mérito, vulnerados por la DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, […] y por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, presidente […] ordenándole a las mismas:

1. Responder de manera clara, congruente y de fondo las peticiones de fecha 4 de septiembre de 2023, ya señaladas en el acápite de hechos, para que se respondan lo que es de su competencia y están pendientes de respuesta:

1. “Se me informe el número de cargos de planta, temporales, transitorios, en descongestión, supernumerarios, y demás denominaciones, que a la fecha tiene la

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

1. “Se me informe el número de cargos de planta, temporales, transitorios, en descongestión, supernumerarios, y demás denominaciones, que a la fecha tiene la

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

2. Se me informe de ese número de cargos señalados en el numeral anterior, cuantos

se encuentran proveídos u ocupados en carrera judicial y cuantos en provisionalidad.

3. Se me informe cuantos cargos de carrera se encuentran a la fecha en vacancia definitiva, por no existir lista de elegibles vigente.

4. Se me informe si de los cargos creados mediante Acuerdos: PCSJA20 -11604 de 2020, que creó 131 cargos permanentes, Acuerdos PCSJA20 -11571, PCSJA2011587, PCSJA20 -11620 de 2020, PCSJA21 - 11743, PCSJA21-11767, PCSJA2111798 y PCSJA21-11866 de 2021 que dispusieron la creación de unos cargos con carácter transitorio en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (entre otras), y sus acuerdos que han prorrogado dichas medidas, Acuerdo PCSJA22-11977, que en su artículo cuarto dispuso crear 20 cargos permanentes en la DEAJ; Acuerdo PCSJA2211992 DE 2022 que prorrogó unas medidas transitorias y Acuerdo PCSJA2312069 que creó unas medidas transitorias en la DEAJ (entre otras), se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, aplicable por remisión del numeral 2 del Art. 3 de la misma (ante el vacío de la Ley 270 de 1996), referente a nombrar en encargo, o mediante licencia no remunerada hasta por dos años a los

numeral 2 del Art. 3 de la misma (ante el vacío de la Ley 270 de 1996), referente a nombrar en encargo, o mediante licencia no remunerada hasta por dos años a los servidores de carrera, conforme al Art. 24 de la Ley 909 de 2004: “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente.”4

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Actor: Darwin Efrén Acevedo Contreras

5. Se me informe cual ha sido el sistema o mecanismo que ha utilizado la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL para proveer los cargos creados en el numeral anterior, y cuales han sido los criterios objetivos.

6. Se me informe en cuales de esos c argos y a que servidores, se les ha dado la posibilidad de ascender o mejorar laboral y salarialmente, dando cumplimiento al numeral 2, Art. 3 y al Art. 24 de la Ley 909 de 2004.

2. Se emita por parte del Juez Constitucional un pronunciamiento amplio con el objeto de proteger los principios constitucionales de confianza legítima y del mérito, para la

provisión de cargos de carrera en la Rama Judicial, su Dirección Ejecutiva, las Direcciones Seccionales y las Altas Cortes, con base a la respuesta (y sus ane xos) emitida por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL y que allego como prueba […]”.2

Direcciones Seccionales y las Altas Cortes, con base a la respuesta (y sus ane xos) emitida por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL y que allego como prueba […]”.2

7. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló lo siguiente:

“[…] con la respuesta de la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL se desprende una palmaria vulneración del principio constitucional del mérito y de la confianza legítima […] Conforme a lo anterior, lo que da a entender la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL es que NO solamente respecto de estos, sino de cualquier concurso de méritos para los cargos vacantes en la Rama Judicial, N O va ser posible ahora adelantarlos, en tanto que su vigencia, desde la etapa de publicación del Acuerdo de convocatoria, la convocatoria como tal, la verificación de requisitos, la realización de las pruebas, la emisión de resultados, la valoración de exp eriencia, la calificación de la prueba comportamental, la realización de curso-concurso (como sucede en las convocatorias a empleados de Alta Corte y de Funcionarios de la Rama Judicial) porque como sabemos ello implica en muchos de los casos varios años ( ejemplo la tropezada y eterna convocatoria No. 27) y, si no pueden comprometerse vigencias futuras para tal fin, amén que ello es casi que imposible adelantarlas en un solo año conforme a la directriz del DNP, pues irá en detrimento del principio constitucional del mérito.

Es oportuno, anotar lo sostenido reiteradamente por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C -1119 de primero (1) de noviembre de 2005 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, respecto de los nombramientos de cargos en provisionalidad […] En la sentencia T -682 de 2016 la Corte Constitucional llamó la atención al

Alfredo Beltrán Sierra, respecto de los nombramientos de cargos en provisionalidad […] En la sentencia T -682 de 2016 la Corte Constitucional llamó la atención al Consejo Superior de la Judicatura, en el entendido que: “1) la carrera judicial tiene en el principio del mérito el fundamento principal para su ingreso; 2) el artículo 164 de la Ley 270 de 1996 tiene como objetivo garantizar la existencia de un registro de elegibles, motivo por el cual se establece un término para la realización de las convocatorias; 3) la Ley 270 de 1996 propugna por la vinculación de los servidores más idóneos y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, los aspirantes deben haber superado satisfactoriamente el proceso de selección, así como aprobar las evaluaciones previstas por la ley y, 4) las normas que regulan los tipos de nombramientos en la rama ju dicial, establecen un término que no podrá exceder de seis meses para la provisionalidad de sus funcionarios, mientras se designa al titular por el sistema de selección. En resumen, todo el diseño legislativo se inclina a proveer los cargos de la rama judi cial con el personal que ha superado los procesos de selección.” […]”.

[…]

2 Transcripción literal del texto.5

Núm. único de radicación: 110010315000202305790-00

Actor: Darwin Efrén Acevedo Contreras

“[…] Desde la fecha de presentación transcurrió más del término legal (15 días hábiles) que la Ley y la jurisprudencia han señalado para que se resuelvan las peticiones, sin que la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL ni

“[…] Desde la fecha de presentación transcurrió más del término legal (15 días hábiles) que la Ley y la jurisprudencia han señalado para que se resuelvan las peticiones, sin que la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL ni el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA me hayan dado respuesta clara, congruente y oportuna, hecho que vulnera sin duda mi derecho fundamental de petición […]”.

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de octubre de 2023: i) admitió la acción de tutela; y ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial y a la Directora de la

Unidad de Administración de Carrera Judicial, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada

9. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó negar la solicitud de amparo. Para tal efecto, consideró que:

“[…] Ahora bien, el Consejo Superior de la Judicatura se encuentra integrada por diferentes Unidades, de la cual hace parte la Unidad de Administración de Carrera Judicial, la cual es la encargada de supervisar y gestionar todo lo relacionado con la carrera judicial. Su función principal es velar por el correcto funcionamiento y desarrollo de la carrera de los funcionarios judiciales en el país. Esto incluye aspectos como la selección, ingreso, ascenso, traslado, capacitación y evaluación de los funcionarios judiciales.

Quiere decir lo anterior, de acuerdo con la unidad institucional, el actor yerra al afirmar

como la selección, ingreso, ascenso, traslado, capacitación y evaluación de los funcionarios judiciales.

Quiere decir lo anterior, de acuerdo con la unidad institucional, el actor yerra al afirmar que el Consejo Superior de la Judicatura no le ha brindado respuesta a su petición radicada el pasado 4 de septiembre de 2023, puesto debe entenderse, que la respuesta brindada a través de oficio CJO23 -5327 por la Unidad de Administración de Carrera Judicial representa la manifestación no solo de dicha dependencia, sino también de toda la Corporación.

De otro lado, con relación a la inconformidad con la respuesta brindada por el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Unidad de Administración de Carrera Judicial, la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha manifestado que la respuesta de fondo no implica tener que otorgar necesariamente lo solicitado por el interesado […]”.

10. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial rindió informe en los siguientes términos:6

Núm. único de radicación: 110010315000202305790-00

Actor: Darwin Efrén Acevedo Contreras

“[…] De conformidad con lo expuesto en la demanda, se solicitó dar respuesta a la petición radicada ante la D.E.A.J.

En atención a dicha solicitud, la Unidad de Recursos Humanos de la D.E.A.J. dio cumplimiento mediante correo electrónico de la siguiente manera:

“De manera atenta, me permito remitir copia del oficio DEAJRHO23-C22, con el cual se da respuesta al derecho de petición presentado por el señor DARWIN EFREN ACEVEDO CONTRERAS, así como la notificación del mismo.

“De manera atenta, me permito remitir copia del oficio DEAJRHO23-C22, con el cual se da respuesta al derecho de petición presentado por el señor DARWIN EFREN ACEVEDO CONTRERAS, así como la notificación del mismo.

Adicionalmente remito el oficio DEAJRHO23-2270, con el cual se dio traslado de a la Unidad de Administración de Carrera Judicial, por ser el competente de dar respuesta a los numerales 7 y 8 del escrito.” […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, en el caso que aquí nos ocupa, la respuesta a la petición sobre la cual se solicita medida de amparo fue otorgada de forma previa a la admisión del presente trámite constitucional, debe decretarse LA CARENCIA DE OBJETO QUE TUTELAR, pues cualquier pronunciamiento respecto de los hechos resulta improcedente al no e xistir hecho violatorio alguno que deba conjurarse mediante orden constitucional […]”.

11. La Unidad de Administración de Carrera Judicial solicitó negar la acción de

tutela, al advertir lo siguiente:

“[…] Es preciso advertir, que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, ejerce la funciones en materia de carrera judicial por la delegación autorizada en el parágrafo del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 y es por esta razón que la respuesta a la petición presentada al presidente del Consejo Superior de la Judicatura fueron suscritas por la directora de la Unidad de Carrera de Administración Judicial y en el caso específico en cumplimiento de la función determinada en el manual de funciones previsto en el Acuerdo PSAA05-2961 de 2005, atinente a dirigir y coordinar el estudio, evaluación y solución de consultas sobre aspectos técnicos, administrativos y operativos de carrera

en cumplimiento de la función determinada en el manual de funciones previsto en el Acuerdo PSAA05-2961 de 2005, atinente a dirigir y coordinar el estudio, evaluación y solución de consultas sobre aspectos técnicos, administrativos y operativos de carrera judicial que formulen los servidores de la Rama Judicial, lo anterior actuando en representación del Consejo Superior de la Judicatura.

Aclarado lo anterior, debe precisarse, que en el presente caso no se ha vulnerado el derecho fundamental de petición por parte del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial, en atención a que mediante oficio CJO23-5327 de 26 de septiembre de 2023, esta Unidad resolvió la petición del accionante en lo que es de nuestra competencia y le informó que los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la consulta se remitieron por competencia de conformidad con el artículo 21 de l a ley 1755 de 2015 a través del oficio CJO23 -5326 de 26 de septiembre de 2023 a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para lo correspondiente […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, respecto del reproche efectuado sobre la contestación dada por esta Unidad mediante oficio CJO23CJO23-5327 de 26 de septiembre de 2023, respecto de la realización de próximos concursos de méritos, lo consultado fue resuelto de7

Núm. único de radicación: 110010315000202305790-00

Actor: Darwin Efrén Acevedo Contreras

fondo y congruente, exponiéndose las razones de carácter presupuestal que impiden en esta vigencia efectuar los concursos de méritos, pero ello no significa que en las

Actor: Darwin Efrén Acevedo Contreras

fondo y congruente, exponiéndose las razones de carácter presupuestal que impiden en esta vigencia efectuar los concursos de méritos, pero ello no significa que en las próximas anualidades no se desarrollen las convocatorias planificadas. Para el año 2024 se van a adelantar convocatorias de empleados de Altas Cortes, empleados de carrera de los consejos, Superior y seccionales de la Judicatura, Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, direcciones, Ejecutiva y seccionales de administración judicial […]”.

12. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá solicitó su desvinculación al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 3 33 de 6 de abril de 20214 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20195, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Proced e, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.8

Núm. único de radicación: 110010315000202305790-00

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Cuestión previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

15. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

16. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

alcance del contenido de la sentencia.

16. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se deci da en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o auto ridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

17. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 2006 6, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva

en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

6 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.9

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Actor: Darwin Efrén Acevedo Contreras

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto ."[7]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma

fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto ."[7]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

18. La Sala advierte q ue la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá solicitó su desvinculación de la solicitud de amparo, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

19. Al respecto, es preciso indicar que, de conformidad con el auto admisorio de 6 de octubre de 2023, dicha Seccional no fue vinculada al proceso de la referencia, razón por la cual esta Sala se abstendrá de pronunciarse al respecto.

Problemas jurídicos

20. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: i) es procedente la acción de tutela para efectos de cuestionar el Oficio CJO23-5327 de

26 de septiembre de 2023 expedido por la Unidad de Administración de Carrera Judicial; ii) es procedente o no declarar la carencia actual de objeto por hecho superado; si la respuesta al anterior interrogante es negativa, corresponde establecer iii) si se debe proteger el derecho fundamental de petición invocado por el actor, el cual considera vulnerado por el Consejo Superior y la Dirección Ejecutiva,

superado; si la respuesta al anterior interrogante es negativa, corresponde establecer iii) si se debe proteger el derecho fundamental de petición invocado por el actor, el cual considera vulnerado por el Consejo Superior y la Dirección Ejecutiva,

7 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T -213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T -562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.10

Núm. único de radicación: 110010315000202305790-00

Actor: Darwin Efrén Acevedo Contreras

al no resolver la petición de 4 de septiembre de 2023, mediante el cual solicitó información sobre los “[…] concursos públicos de méritos para proveer mediante el sistema de carrera judicial […]”.

21. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas: i) el requisito general de procedibilidad de subsidiariedad de la solicitud de tutela; ii) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela; iii) marco normativo y jurisprudencial d el derecho fundamental de petición; iv) análisis del caso concreto; y finalmente v) las conclusiones de la Sala.

Requisito general de procedibilidad de subsidiariedad de la solicitud de tutela

22. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos 86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 8, indica que la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone

la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

23. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir la causa de la presunta vulneración de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de sus derechos.

24. Asimismo, esta Sección 9 respecto de este requisito general de

procedibilidad de subsidiariedad ha considerado:

8 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 1100103150002017030060011

Núm. único de radicación: 110010315000202305790-00

Actor: Darwin Efrén Acevedo Contreras

“[…] la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201310, advirtió que al analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha culminado o

“[…] la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201310, advirtió que al analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha culminado o está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesari a para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.

La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite11; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios 12; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos e n el ordenamiento jurídico”13”.14 […]”.

25. De lo anterior se colige la competencia subsidiaria y residual del juez de tutela para la protección de los derechos constitucionales, salvo que no exista otro medio de defensa judicial de comprobada eficacia para log rar que cese inmediatamente la vulneración. Al respecto la Corte Constitucional ha

considerado15:

“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no

de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable […]”.

26. Así las cosas, de