CE - 010315000202305827001SENTENCIASENTENCIA20231213222435

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05827-00

Demandante: Wilmar Reyes Moreno y otros

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-05827-00

Demandante WILMAR REYES MORENO Y OTROS

Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Temas Acción de tutela contra providencia judicial de una alta Corporación. Causales de procedibilidad. Desconocimiento del precedente judicial. Violación directa a la Constitución. Medio de control de reparación directa-privación injusta de la libertad. Régimen de responsabilidad aplicable. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera instancia, la acción de tutela incoada por Wilmar Reyes Moreno y otros, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 29 de septiembre de 2023 1, por conducto de apoderado judicial, los señores Wilmar Reyes Moreno, Leyda Milena Moreno de Reyes, Nelson Reyes Arteaga y Harrison Reyes Moreno interpusieron acción de tutela contra la Subsección A de la

1. Pretensiones El 29 de septiembre de 2023 1, por conducto de apoderado judicial, los señores Wilmar Reyes Moreno, Leyda Milena Moreno de Reyes, Nelson Reyes Arteaga y Harrison Reyes Moreno interpusieron acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y el principio de seguridad jurídica, con ocasión a las sentencias del 28 de marzo del 2014 y del 31 de mayo de 2023 proferidas en el proceso de reparación directa Nro. 76001-23-31-000-201100490-00/01 (52268). En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones: «PRIMERA: Sírvanse señor Juez Constitucional, amparar los derechos fundamentales al

DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

JURISPRUDENCIAL (Sentencias de Unificación). A LA SEGURIDAD JURIDICA Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior déjese sin efectos las sentencias del 28 de marzo de 2014 del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y la sentencia del 27 de abril de 2023 del Consejo De Estado Sección Tercera Subseccion “C” (sic) dictadas dentro del radicado 76001 -23-31-000-2011-00490-00 y 01 primera y segunda instancia y se dicte sentencia de remplazo en la que se acceda a las pretensiones de la demanda inicial con especial aplicabilidad al Derecho a la Igualdad.

dentro del radicado 76001 -23-31-000-2011-00490-00 y 01 primera y segunda instancia y se dicte sentencia de remplazo en la que se acceda a las pretensiones de la demanda inicial con especial aplicabilidad al Derecho a la Igualdad.

TERCERA: ordénese al CONSEJO DE ESTADO, SECCION TERCERA; SUBSECCION “C”

(sic) que en el término que este lo disponga, se dicte un nuevo fallo teniendo en cuenta la SENTENCIA DE UNIFICACION. – del CONSEJO DE ESTADO. - SECCION TERCERA. – Magistrado ponente: MARTIN BERMUDEZ MUÑOZ del 29 de noviembre de 2021 dentro del radicado: 18001 -23-31-000-2006-00178-01(46681) (sic). Demandante: JOSE DIDIMO Y OTROS. –Demandados: NACION – FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y OTROS La cual tiene en cuenta las reglas de unificación vigentes, adoptadas en la sentencia de unificación del 28 de agosto 2014.

1 Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai (índice 2).Radicado: 11001-03-15-000-2023-05827-00

Demandante: Wilmar Reyes Moreno y otros

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTA: Que se dé aplicabilidad al derecho a la igualdad.

QUINTA: Lo que en derecho corresponda para que se le restablezcan los derechos.»2

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El señor Wilmar Reyes Moreno y algunos de sus familiares promovieron medio

QUINTA: Lo que en derecho corresponda para que se le restablezcan los derechos.»2

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El señor Wilmar Reyes Moreno y algunos de sus familiares promovieron medio de control de reparación directa contra la Nación, Rama judicial, la Fiscalía General de la Nación y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, representado por la Fiduprevisora SA, para que se declarara su responsabilidad a dministrativa y patrimonial por la privación de la libertad expuesta en los hechos de la demanda y se les condenara al pago de perjuicios materiales e inmateriales.

En los antecedentes del caso se lee que, con ocasión a la investigación penal que se adelantó en contra del señor Wilmar Reyes Moreno por los delitos de falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir, la Fiscalía General de la Nación le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su residencia, el 23 de junio de 2007. Al procesado se le imputó por presuntamente pertenecer a una red de funcionarios del DAS que vendía citas a los ciudadanos para alterar la información sobre antecedentes judiciales que aparece en la base de datos de esa entidad. Al final, fue acusado solo por el delito de falsedad material en documento público. Posteriormente, el 14 de diciembre de 2007 el Juzgado 14 Penal del Circuito de Cali ordenó la libertad inmediata del actor, por vencimiento de términos y el 2 de septiembre de 2009, el Juzgado 13 Penal del Circuito de Cali, a solicitud de la Fiscalía, decr etó la preclusión a favor del actor, por imposibilidad de

2 de septiembre de 2009, el Juzgado 13 Penal del Circuito de Cali, a solicitud de la Fiscalía, decr etó la preclusión a favor del actor, por imposibilidad de desvirtuar su presunción de inocencia. El señor Wilmar Reyes Moreno permaneció privado de la libertad en su residencia desde el 23 de junio hasta el 14 de diciembre de 2007. 2.2. El conocimiento del asunto, en primera instancia, correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca bajo el radicado 76001-23-31-000-201100490-00. En sentencia del 28 de marzo de 2014, la autoridad judicial declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del extinto DAS y negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su determinación indicó que la causa petendi relativa a la privación injusta de la libertad solo se podía atribuir a las autoridades judiciales, sin que el DAS tuviera tal calidad. En todo caso, precisó que en el marco de la Ley 906 de 2004 solo el juez con funciones de control de garantías puede imponer medida de aseguramiento y, en este caso, se acreditó que esa autoridad contaba con la evidencia física que le permitía inferir la participación del actor en los delitos por los cuales se le investigó. 2.3. La parte actora apeló la sentencia de primera instancia. Destacó que el a quo desconoció los medios de convicción que acreditaban la falla en el servicio al momento de imponer la medida de aseguramiento y que el archivo del proceso penal en favor del señor Wilmar Reyes Moreno configuró el daño antijurídico, consistente en la privación injusta de la libertad que no estaba en la obligación de soportar.

momento de imponer la medida de aseguramiento y que el archivo del proceso penal en favor del señor Wilmar Reyes Moreno configuró el daño antijurídico, consistente en la privación injusta de la libertad que no estaba en la obligación de soportar.

2 Páginas 2 y 3 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05827-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.4. En sentencia del 31 de marzo de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia. La autoridad judicial argumentó que la medida de aseguramiento de detención preventiva estuvo ajustada a derecho y fue proporcional y razonable, lo que descarta la concreción de una falla en el servicio atribuible al ente investigador. Aclaró que la declaratoria de preclusión en el proceso penal no conlleva una falla al momento de decretar la medida de aseguramiento, pues la decisión obedeció a la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia del actor, pero no a que los hechos no hubieran existido. La sentencia se notificó a través de edicto electrónico que se registró el 28 de abril de 20233.

3. Fundamentos de la acción La parte actora considera que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció el precedente judicial fijado en la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 (Exp. 23354) y en la sentencia de unificación del 29 de noviembre

La parte actora considera que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció el precedente judicial fijado en la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 (Exp. 23354) y en la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2022 (Exp. 46681). Los tutelantes alegaron que las autoridades de instancia desconocieron su derecho a la igualdad debido a que otras personas que fueron investigadas por los mismos hechos y cuyo proceso penal terminó por preclusión, sí fueron indemnizados por el Estado con ocasión a la privación injusta de la libertad de la que fueron objeto. Relacionaron los siguientes procesos en los que se emitió decisión a favor de los demandantes en idéntico escenario fáctico: (i) Proceso nro. 76001-23-31-000-2011-01364-00 (53969), sentencia del 15 de febrero de 2018, con ponencia de la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico, actora: Renata Andrea Prado. (ii) Proceso nro. 76001-23-31-000-2011-01359-01 (51543), sentencia del 19 de junio de 2020, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico (e), actor: Alexander Horacio Ojeda Canchala. (iii) Proceso nro. 76001-23-31-000-2011-01229-01 (49.684), sentencia del 6 de febrero de 2023. M.P. Alberto Montaña Plata, actor: Luz Esperanza Vargas Muñoz (iv) Proceso nro. 76001-23-31-000-2011-00928-01 (51627), sentencia del 14 de diciembre de 2022. M.P. Nicolás Yepes Corrales.

Esperanza Vargas Muñoz (iv) Proceso nro. 76001-23-31-000-2011-00928-01 (51627), sentencia del 14 de diciembre de 2022. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Invocaron otras providencias en las que se conoció el mismo escenario fáctico, pero fueron revocadas en segunda instancia por la Sección Tercera del Consejo de Estado por considerar que la medida de aseguramiento impuesta fue razonable. Destacaron que la decisión de casos con igual escenario fáctico garantiza el principio de seguridad jurídica, pues la previsibilidad de las decisiones judiciales da certeza sobre el contenido de los derechos y su garantía. Reprocharon que los procesos de reparación directa por privación injusta de la libertad dentro de la denominada «Operación Sultana» sean resueltos de manera disímil. En suma, insisten que se está teniendo un entendimiento desbordado del principio de autonomía y del arbitrio judicial para decidir los casos.

3 Samai, índice 45. Proceso nro. 76001233100020110049001Radicado: 11001-03-15-000-2023-05827-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 9 de octubre de 2023, el despacho sustanciador requirió a la parte demandante para que subsanara la acción de tutela en los siguientes aspectos: (i) identificar las providencias judiciales acusadas, señalar quien las

4.1. En auto del 9 de octubre de 2023, el despacho sustanciador requirió a la parte demandante para que subsanara la acción de tutela en los siguientes aspectos: (i) identificar las providencias judiciales acusadas, señalar quien las profirió y aportarlas en copia simple; (ii) argumentar cómo se acreditan los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales en cada caso; (iii) y hacer algunas precisiones sobre los accionantes y su legitimación y representación para actuar en el proceso constitucional. 4.2. El requerimiento se cumplió en memorial del 17 de octubre de 2023, por lo que el despacho ponente admitió la acción de tutela interpuesta por Wilmar Reyes Moreno, Leyda Milena Moreno de Reyes, Nelson Reyes Arteaga y Harrison Reyes Moreno, quienes actúan a través de apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Además, vinculó, en calidad de terceros, a la Nación, Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, a la Fiduprevisora S.A. (vocera de la defensa jurídica del extinto DAS), y a las señoras Yesika Reyes Moreno y Evelyn Reyes Moreno. Esta vinculación obedeció al interés que les asiste dada su calidad de sujetos procesales en el medio de control de reparación directa nro. 76001-2331-000-2011-00490-01 (52268). 4.3. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado , por conducto del magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, solicitó que esa Sala de decisión sea desvinculada de la acción de tutela. Advirtió que el actor

4.3. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado , por conducto del magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, solicitó que esa Sala de decisión sea desvinculada de la acción de tutela. Advirtió que el actor se equivocó al mencionar en la demanda que la sentencia acusada fue proferida por esa Subsección, pues en realidad la sentencia del 31 de marzo de 2023 dentro del expediente 52268 fue proferida por la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico, quien hace parte de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. 4.4. Por auto del 30 de octubre de 2023, el despacho corrigió un error de digitación del radicado del proceso ordinario de reparación directa objeto de análisis y vinculó a la acción de tutela a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado comoquiera que fue la autoridad que profirió sentencia de segunda instancia dentro del proceso 76001-23-31-000-2011-00490-00/01. 4.5. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado , por conducto de la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque no se acreditó un escenario de vulneración ius fundamental ni la configuración de los defectos por desconocimiento del precedente judicial o violación directa a la Constitución. Precisó que el marco jurídico para decidir la segunda instancia del proceso de reparación directa estaba determinado por las sentencias SU072 de 2018 y SU363 de 2021, cuyos efectos son retrospectivos. Las reglas de decisión en estas sentencias establecen q ue no existe un régimen de responsabilidad

reparación directa estaba determinado por las sentencias SU072 de 2018 y SU363 de 2021, cuyos efectos son retrospectivos. Las reglas de decisión en estas sentencias establecen q ue no existe un régimen de responsabilidad específico que deba aplicarse a casos de privación injusta de la libertad, sino que corresponde al juez en cada caso determinarlo en aplicación del principio iura novit curia, pero aclararon que, en cada asunto debe estudiarse si la medida restrictiva de la libertad fue manifiestamente irrazonable y desproporcionada, pues no puede predicarse como regla general una responsabilidad objetiva. Sobre los casos con supuesta identidad fáctica en la que se declaró la responsabilidad del Estado, la magistrada advirtió que en el curso del procesoRadicado: 11001-03-15-000-2023-05827-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co penal hubo un rompimiento de la preclusión, de manera que con ese hecho se desvirtúa la similitud entre los eventos y se justifican las decisiones disímiles. 4.6. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos, expuso que el asunto no cumple con el requisito de relevancia constitucional, porque lo que pretende la parte actora es retrotraer las actuaciones procesales de un asunto que ya surtió su trámite, lo cual desconoce la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela. En la misma línea de improcedencia, advirtió que la acción de tutela no supera el presupuesto de subsidiariedad, dado que los accionantes cuentan con

lo cual desconoce la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela. En la misma línea de improcedencia, advirtió que la acción de tutela no supera el presupuesto de subsidiariedad, dado que los accionantes cuentan con recursos ordinarios y extraordinarios para cuestionar la decisión judicial y procurar la protección de sus derechos, pero no los incoaron. Agregó que, tampoco se expuso un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez constitucional. Finalmente, dijo que de la providencia acusada se extracta que el juzgador fundamentó su decisión en el marco jurídico y jurisprudencial pertinente y vigente, y realizó la debida y motivada valoración de los medios de prueba del proceso, por lo que no se acreditó la ocurrencia de los defectos invocados. 4.7. El Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica del Extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y su Fondo Rotatorio, cuyo vocero es la Previsora S.A., en adelante PAP Fiduprevisora S.A. , por conducto de apoderado judicial, en primera medida, precisó que a quien le corresponde asumir la representación jurídica del DAS por este caso es a la Fiscalía General de la Nación. Acto seguido, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque no supera los requisitos generales de procedibilidad. Dijo que la cuestión discutida no tiene relevancia constitucional en razón a que no existe un escenario de violación de derechos fundamentales. Agregó que se superó el término de inmediatez comoquiera que han transcurrido más de 7 meses desde que cobró ejecutoria la sentencia acusada. Finalmente destacó que no

un escenario de violación de derechos fundamentales. Agregó que se superó el término de inmediatez comoquiera que han transcurrido más de 7 meses desde que cobró ejecutoria la sentencia acusada. Finalmente destacó que no se acreditó la configuración de una irregularidad procesal ni se supera el requisito de subsidiariedad debido a que no se interpuso el recurso extraordinario de revisión ni la solicitud de extensión de jurisprudencia. 4.8. El Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , por conducto de abogado de la División de Procesos, solicitó que se analice la posible temeridad entre la acción de tutela objeto de análisis y la incoada por el señor Hader Hernán Ramírez, identificada con la radicación Nro. 11001-03-15-000-2023-04902-00. De otra parte, advirtió que las decisiones judiciales acusadas se emitieron de conformidad con el marco jurídico aplicable y el análisis de las pruebas del proceso, premisas que permitieron concluir a la accionada que la medida de aseguramiento no fue ilegal ni injusta, sino más bien razonable. También destacó que la acción de tutela no se interpuso en un plazo razonable debido a que transcurrieron más de siete meses desde la notificación de la sentencia cuestionada. Manifestó que la acción de tutela se interpuso para reabrir el debate jurídico debidamente clausurado en el proceso ordinario por el juez contencioso, sin que de su decisión pueda predicarse el desconocimiento del precedente vigente. Indicó que las sentencias que fueron relacionadas como precedente en la

reabrir el debate jurídico debidamente clausurado en el proceso ordinario por el juez contencioso, sin que de su decisión pueda predicarse el desconocimiento del precedente vigente. Indicó que las sentencias que fueron relacionadas como precedente en la acción de tutela no tienen vocación unificadora como las citadas por laRadicado: 11001-03-15-000-2023-05827-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co accionada en su decisión, sino que se trata de providencias con efectos interpartes. 4.9. Yesika Reyes Moreno y Evelyn Reyes Moreno , terceras vinculadas, manifestaron su adhesión a la acción de tutela por considerar que las sentencias acusadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 4, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La contra providencias judiciales de altas corporaciones La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La contra providencias judiciales de altas corporaciones La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5 y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 7 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso. Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de

4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su

4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión pro ferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.

7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05827-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional. Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico 3.1. Previo a plantear el problema jurídico, debe la Sala señalar que se encuentran cumplidos en este caso todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, comoquiera que la petición de amparo: (i) comporta relevancia constitucional en tanto se alega la configuración de defectos por desconocimiento del precedente y violación directa a la Constitución en una sentencia judicial de una alta Corporación; (ii) se hizo una descripción clara de los hechos y pretensiones de la demanda de tutela; ( iii) contra la providencia no proceden recursos ordinarios ni extraordinarios a través de los cuales puedan procurar la protección de sus derechos; (iv) la petición de amparo se hizo en un plazo razonable si se considera que la sentencia acusada se notificó a través de edicto electrónico que se registró el 28 de abril de 2023; y (v) no se discute una sentencia de tutela.

Relativo a la relevancia constitucional, conviene agregar que la acción de tutela no se toma como una tercera instancia, pues en el proceso ordinario la apelación se fundamentó en la indebida valoración de los medios de prueba que en consideración de la ac tora acreditaban los elementos del daño antijurídico e imputación. De otra parte, en este mecanismo constitucional se discute la aplicación de varias sentencias de unificación al caso particular y la vulneración del derecho a la igualdad de los accionantes en relación con sentencias emitidas en procesos con identidad fáctica en las que la Sección

discute la aplicación de varias sentencias de unificación al caso particular y la vulneración del derecho a la igualdad de los accionantes en relación con sentencias emitidas en procesos con identidad fáctica en las que la Sección Tercera del Consejo de Estado sí condenó a las demandadas. 3.2. También se precisa que el análisis de los argumentos de la acción de tutela se restringirá a la sentencia de segunda instancia proferida en el curso del proceso de reparación directa nro. 76001-23-31-000-2011-00490-01 (52268). Esta delimitación del problema jurídico obedece a que las inconformidades contra la sentencia de primera instancia se deben presentar ante la autoridad competente en ejercicio del recurso idóneo, para este caso, el de apelación. En esa medida, es en la seg unda instancia donde se define la controversia y en la que corresponde al juez de tutela concentrar el análisis de la alegada vulneración ius fundamental. 3.3. Adicional a lo anterior, conviene en este punto aclarar que no se encuentra configurada la actuación temeraria alegada por la Rama Judicial en su respuesta al auto admisorio, pues la acción de tutela nro. 11001-03-15-0002023-04902-00 y la que ahora se estudia son diferentes en cuanto a sujeto, objeto y pretensiones. En el proceso constitucional citado por la Rama Judicial obra como demandante el señor Hader Hernán Ramírez, como demandada la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y se pretende que se deje sin efectos la sentencia del 31 de octubre de 2022, proferida dentro delRadicado: 11001-03-15-000-2023-05827-00

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se deje sin efectos la sentencia del 31 de octubre de 2022, proferida dentro delRadicado: 11001-03-15-000-2023-05827-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Co