CE - 010315000202305853001SENTENCIADECLARAIM20231123152445

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Demandante: Liliana Patricia Espinosa Angulo Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera Oral de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-05853-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05853-00

Demandante: LILIANA PATRICIA ESPINOSA ANGULO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE - SALA

PRIMERA ORAL DE DECISIÓN

Tema: Tutela contra providencia judicial. Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Declara improcedencia por falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991

I. ANTECEDENTES

1.1 Solicitud de amparo

La señora Liliana Patricia Espinosa Angulo , a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala

I. ANTECEDENTES

1.1 Solicitud de amparo

La señora Liliana Patricia Espinosa Angulo , a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera Oral de Decisión, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a los principios constitucionales de la perpetuatio jurisdictionis, a la seguridad jurídica y al desconocimiento de precedente judicial vertical.

Consideró vulneradas dichas garantías con ocasión de la providencia del 21 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera Oral de Decisión , que revocó la sentencia del 8 de noviembre de 2022 dictada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo (Sucre) que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar , negarlas. Ello dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la actora contra la NaciónMinisterio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFomagy el municipio de Sincelejo - radicado con el número 70001-33-33-002-2022-00223-00/01.ls

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1.2. Pretensiones

En concreto, solicitó lo siguiente:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia proferida el día 21/6/2023, en el expediente rad. No. 70001333300220220022301, transgredió los derechos fundamentales: AL

DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN

MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA

APLICACIÓN E INTE RPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE

DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en

contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes, (…)

La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes:

1.3. Hechos

La señora Espinosa Angulo labora como docente con la ent idad territorial certificada en educación del Departamento de Sucre después del año de 1990.

Afirmó, que a l 15 de febrero de 2021, no fueron consignadas por parte del Ministerio de Educación Nacional al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, las cesantías que le corresponden por los servicios prestados durante el año 2020.

Indicó, que el día 5 de agosto de 2021 , solicitó a l municipio de SincelejoSecretaría de Educación, además de su pago, también el reconocimiento de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la ley 50 de 1990 , reiterada en jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda.

Informó que la Secretaría de Educación del municipio de Sincelejo remitió la solicitud a la Fiduciaria La Previsora S.A., sin que hubiera dado respuesta.ls

reiterada en jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda.

Informó que la Secretaría de Educación del municipio de Sincelejo remitió la solicitud a la Fiduciaria La Previsora S.A., sin que hubiera dado respuesta.ls

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En consecuencia, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fomagy el municipio de Sincelejo, para que se dejara sin efecto el acto administrativo ficto negativo configurado .

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo en sentencia del 8 de noviembre de 2022 declaró la nulidad parcial del acto administrativo ficto en lo referente al reconocimiento de la sanción por mora derivada del no pago oportuno de las cesantías de conformidad con lo establecido en la Ley 50 de 1990, ordenando a título de restablecimiento al pago de un día de salario desde el 15 de febrero de 2 021 hasta cuando su cancelación se realizara, negando las demás pretensiones.

Expuso con fundamento en la sentencia SU - 41 de 2020 de la Corte Constitucional acogida en la providencia del 9 de mayo de 2022 1 proferida por el Consejo de Estado, Sección Seg unda, Subsección A, que al haber

Expuso con fundamento en la sentencia SU - 41 de 2020 de la Corte Constitucional acogida en la providencia del 9 de mayo de 2022 1 proferida por el Consejo de Estado, Sección Seg unda, Subsección A, que al haber ingresado la demandante como docente al departamento de Sucre en el año 2000 le aplica lo dispuesto en la Ley 50 de 1990 para la consignación antes del 15 de febrero del año siguiente de las cesantías causadas en el año anterior. En cuanto a los intereses e indexación consideró que no había lugar a su reconocimiento por haberse realizado el pago de los primeros en el término de que trata el Acuerdo 39 de 1998 y que la sanción moratoria no es un mecanismo de indexación que pr oteja el valor adquisitivo, por tratarse de una penalidad por el no pago oportuno de las cesantías.

Interpuesto recurso de apelación por la Nación -Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fomagy el municipio de Sincelejo , el Tribunal Administrativo de Sucre , Sala Primera Oral de Decisión en sentencia del 21 de junio de 2023 revocó el fallo de primera instancia, para negar la totalidad de las pretensiones.

Consideró el ad quem, que la sanción moratoria que contempla la Ley 50 de 1990 por la no consignación oportuna de las cesantías no es aplicable , por cuanto los docentes cuentan con un régimen especial previsto en la Ley 91 de 1989 y en el Acuerdo 39 de 1998, el cual funciona bajo el concepto de unidad de caja, sin que proceda la consignación de la citada prestación a cada docente en cuenta individual.

de 1989 y en el Acuerdo 39 de 1998, el cual funciona bajo el concepto de unidad de caja, sin que proceda la consignación de la citada prestación a cada docente en cuenta individual.

Concluyó que a los docentes oficiales solo le s es aplicable la Ley 91 de 1989, normativa que establece de manera clara el reconocimiento de la prestación y sus intereses, sin que exista un precedente consolidado para su obligatoria aplicación, ni extender el principio de favorabilidad empleado por el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa para presupuestos diferentes al aquí debatido.

1 Radicación 8001-23-33-000-2017-00795-01( 2659-2020)ls

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1.4. Sustento de la petición

A juicio de la tutelante, la autoridad judicial cuestionada incurrió en defecto sustantivo por indebida interpretación de las leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y 344 de 1996, toda vez que en estas sí se prevé la posibilidad de r econocer la sanción moratoria y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías a favor de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Puntualizó que el Ministerio de Educación Nacional debe acog erse a los

cesantías a favor de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Puntualizó que el Ministerio de Educación Nacional debe acog erse a los postulados que garanti zan los derechos laborales de los profesores, pues si bien es cierto que de la evolución normativa se desprende la descentralización del servicio educativo en cabeza de las entidades territoriales, también lo es que ninguna ley despojó a la Nación de la obligación que tiene de consignar al respectivo f ondo las prestacione s correspondientes.

Cuestionó el hecho de que en la providencia objeto de reproche se indicara que en la unidad de caja que posee e l Fondo Nacional de Pre staciones Sociales del Magisterio para el manejo de los recursos de la salud, las pensiones y las cesantías , también existen recursos del Ministerio de Educación Nacional y de la entidad, pues esto no es cierto. Afirmó, que el tribunal al aplicar la postu ra del Consejo de Estado de no hacer extensivo el régimen general en materia de sanción moratoria por el pago tardío de la s cesantías a las personas amparadas por un régimen especial como son los docentes del sector oficial, incurrió en violación directa de la Constitución, al desconocer el principio de favorabilidad del trabajador contenido en el artículo 53 de la Carta, para el evento de duda en la interpretación de las fuentes formales del derecho. Refirió que el tribunal accionado desconoció el preceden te fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 y por la Sección Segunda del Consejo de Estado 2, que aunque existían dos posiciones en torno al tema controvertido, actualmente se ha acogido una interpretación favorable, según

Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 y por la Sección Segunda del Consejo de Estado 2, que aunque existían dos posiciones en torno al tema controvertido, actualmente se ha acogido una interpretación favorable, según la cual, a los educadores oficiales vinculados después del 1º de enero de 1990 les resulta aplicable la Ley 50 de 1990.

1.5. Trámite e intervenciones

Mediante auto del 4 de octubre de 20233, el despacho admitió la acción de tutela, ordenó notificar esta decisión a la parte actora y como demandado al Tribunal Administrativo de Sucre.

2 Trajo a colación, entre otras, las sentencias proferidas el 6 de agosto de 2020, rad. 0800123-33-000-2013-00666-01; 24 de enero de 2019, rad. 76001-23-31-000-2009-00867-01; 2 de diciembre de 2019, rad. 08001 -23-33-000-2014-00173-01; 10 de junio de 2020, rad. 0800123-33-000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, rad. 08001 -23-31-000-2014-00254-01; 2 de noviembre de 2020, rad. 08001 -23-33-000-2014-00132-01 y 17 de junio de 2 021, rad. 08001-23-31-000-2014-00815-01. 3 Notificado mediante correo electrónico el 6 de octubre. Actuación 8 Samails

Demandante: Liliana Patricia Espinosa Angulo

Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera Oral de Decisión

08001-23-31-000-2014-00815-01. 3 Notificado mediante correo electrónico el 6 de octubre. Actuación 8 Samails

Demandante: Liliana Patricia Espinosa Angulo Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera Oral de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-05853-00

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Además, vinculó al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo , al Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magister io y al departamento de S ucre, como terceros por tener interés en el resultado del presente mecanismo constitucional.

A través de providencia del 26 de octubre de 2023 se ordenó la vinculación del municipio de Sincelejo4 como tercero por tener interés en la resultas de la presente acción constitucional.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones , se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Sucre-Sala Primera Oral de Decisión

El Presidente del Tribu nal Administrativo de Sucre mediante escrito del 6 de octubre enviado a la Secretaría General del Conserjo de Estado dio respuesta a la tutela instaurada , por encontrarse de permiso el titular del despacho que profirió la sentencia cuestionada por la actora .

Explicó que la accionante pretende utilizar la acción constitucional como una tercera instancia con el fin de que se estudie nuevamente la aplicación del

despacho que profirió la sentencia cuestionada por la actora .

Explicó que la accionante pretende utilizar la acción constitucional como una tercera instancia con el fin de que se estudie nuevamente la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes para el pago de la sanción moratoria por el no pa go oportuno de las cesantías y sus respectivos intereses.

Expuso, que la sanción moratoria derivada por la no consignación de las cesantías del año 2020 no es aplicable a la accionante dado que sus cesantías se vienen reportando al FOMAG desde su afiliaci ón en cumplimiento del régimen especial consagrado en la Ley 91 de 1989, que funciona bajo el concepto de unidad de caja, sin que haya lugar a consignación en cuenta individual .

Asi mismo relató que no existe precedente o sentencia de unificación que obligue a los Tribunales y a los Juzgados Administrativos a aplicar por favorabilidad la sanción moratoria, de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a los docentes afiliados al FOMAG cuyas cesantías se han venido reportando en el fondo en alusión desde su afiliación.

En consecuencia, solicitó se declare improcedente la acción constitucional por falta de relevancia constitucional.

4 Notificado el 27 de octubre de 2023 mediante correo electrónico. Anotación 20 Samails

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1.6.2. NaciónMinisterio de Educación Nacional

Mediante escrito enviado al correo electrónico de la secretaría gener al del Consejo de Estado5 por el jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio, manifestó que la presente acción de amparo es improcedente por que carece de relevancia constitucional , conforme a lo considerado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -573 de 2019 al tratarse de un debate de carácter legal y/o económico.

Concluyó que la pretensión de la accionante no es susceptible de revisión constitucional en sede de tutela , pues carece de mérito constitucional para ser abordada y, especialmente, para in fringir los principios de autonomía e independencia judicial que cobija al funcionario que profiri ó la decisión atacada.

1.6.3. Fiduprevisora S.A.

En calidad de vocera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en virtud del cumplimiento del contrato de fiducia mercantil suscrito con la Nación –Ministerio de Educación -, manifestó que la tutela es improcedente por no haber incurrido en vulneración de las garantías fundamentales de la accionante, los funcionarios judiciales que conocieron del proceso ordinario, por el contrario, aplicaron la normativa establecida y los precedentes judiciales pertinentes para el objeto del proceso.

fundamentales de la accionante, los funcionarios judiciales que conocieron del proceso ordinario, por el contrario, aplicaron la normativa establecida y los precedentes judiciales pertinentes para el objeto del proceso.

Solicitó su desvinculación por actuar como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

1.6.4. Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo

El despacho judicial remitió el enlace del expediente digital sin pronunciamiento alguno a la acción constitucional.

El departamento d e Sucre y el municipio de Sincelejo a pesar de haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente conocer de la presente acción de tutela presentada por la parte demand ante contra la providencia del 21 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera Oral de Decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el numeral 5 del

5 12 de octubre de 2023. Anotación 10 Samails

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artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

La Sala negará la solicitud de desvinculación efectuada por la entidad Fiduprevisora S.A. , por cuanto su convocatoria fue realizada en calidad de tercero, por tener interés en el resultado del presente mecanismo constitucional.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera Oral de Decisión vulneró los derechos fundamentales de la señora Liliana Patricia Espinosa Angulo al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a los principios constit ucionales de la perpetuatio jurisdictionis , a la seguridad jurídica y al desconocimiento de precedente judicial vertical , al incurrir presuntamente en defecto sustantivo , desconocimiento del precedente y violación de la Constitución.

Para el efecto, se e studiará: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) el estudio sobre la relevancia constitucional y, iii) el caso concreto.

precedente y violación de la Constitución.

Para el efecto, se e studiará: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) el estudio sobre la relevancia constitucional y, iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencios o Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20126, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado postu ras diversas sobre el tema7.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias judiciales8.

6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 7 El recuento de esos criterios se encuentra en las p áginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 8 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.ls

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providencia.ls

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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “ fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

2.5. Estudio sobre la relevancia constitucional

En relación con la relevancia constitucional, la Sala cita como antecedente la sentencia de tutela del 29 de septiembre de 2022 10, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción por no super ar el requisito de relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la causa.

La Cort e Constitucional, en la sentencia SU -573 del 2019, al momento de estudiar los requisitos de procedibilidad en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía de relevancia constitucional.

En el citado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las

estudiar los requisitos de procedibilidad en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía de relevancia constitucional.

En el citado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “… el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señ alados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teni endo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…”.

El Tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. Por lo que, no se p uede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que las finalidades de este requisito son las siguientes:

9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramír ez. 10 Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001 -03-15-000-2022-03365-01.

actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramír ez. 10 Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001 -03-15-000-2022-03365-01.

Demandante: Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.ls

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“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal11” (Énfasis de la Sala)

El alto tribunal en mención, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este postulado, puesto que:

1. No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,

1. involucraba un debate eminentemente legal,

tutela no cumplía con este postulado, puesto que:

1. No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,

1. involucraba un debate eminentemente legal,

1. planteaba una discusión preponderantemente económica y,

1. no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

2.6. Caso concreto

La parte actora cuestion ó la providencia del 21 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera Oral de Decisión que revocó el fallo del 8 de noviembre de 2022 emitido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo (Sucre), que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda , para en su lugar negarlas, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la actora contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Sucre, radicado con el número 70-001-33-33-004-202200055-00/01.

El requisito de la relevancia constitucional como presupuesto genera l de la acción de tutela tiene tres finalidades, a saber:

… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional12 y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad 13; (ii) restringir el

… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional12 y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad 13; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales 14 y, finalmente, (iii) impedir que la acción

11 Sentencia SU 573 de 2019. 12 Sentencia C-590 de 2005. 13 Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008. 14 Sentencia C-590 de 2005.ls

Demandante: Liliana Patricia Espinosa Angulo Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera Oral de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-05853-00

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de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.

Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de tutela debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario, el juez constitucional tendría que inmiscuirse en cu estiones que desbordan su competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la solicitud de amparo.

La Sala observa que, la discusión esbozada por la actora versa sobre una cuestión de interpretación meramente legal, que no impact a la garantía de

de la solicitud de amparo.

La Sala observa que, la discusión esbozada por la actora