CE - 010315000202305931001SENTENCIA20231215152528

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05931-00

Accionante: Filadelfo Antonio Rivera Palacio

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicado número: 11001-03-15-000-2023-05931-00.

Accionante: Filadelfo Antonio Rivera Palacio

Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: Acción de tutela.

Tema: tutela contra providencia judicial.

Subtema 1: requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 2: procedibilidad de la acción de tutela/relevancia constitucional/subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide , en primera instancia , la acción de tutela in coada por Filadelfo Antonio Rivera Palacio en contra del Tribunal Administrativo de Sucre.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela Filadelfo Antonio Rivera Palac io actuando por medio de apoderado 1 y en ejercicio de la acción de tutela 2, solicitó la protección de sus derechos fundamentales “al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interp retación de las fuentes formales de derecho,

de la acción de tutela 2, solicitó la protección de sus derechos fundamentales “al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interp retación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdicitonis , seguridad jurídica, al desconocimiento del precedente judicial vertical”3, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión con ocasión de la sentencia que dictó el 26 de julio de 2023, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número 7 0-001-33-33-002-202200352-014. 1.2. Hechos probados

De lo narrado por el accionante en el escrito de tutela y de las pruebas allegadas al expediente la Sala resume los siguientes:

1.2.1. El señor Filadelfo Antonio Rivera Palacio adujo el ejercicio de la labor docente con Departamento de Sucre, con posterioridad al 1 de enero de 1990, por lo que tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías anualizadas, con pago de intereses anuales.

Expuso que, el 15 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación Nacional no consignó al FOMAG, las cesantías causadas a su favor, por servicios prestados en el año 2020, p or lo que, el 13 de septiembre de 2021 , solicitó el pago y el

1 Archivo electrónico identificado con certificado 2F789CD1AB0ED4F4 DFA892C603BE6220

en el año 2020, p or lo que, el 13 de septiembre de 2021 , solicitó el pago y el

1 Archivo electrónico identificado con certificado 2F789CD1AB0ED4F4 DFA892C603BE6220 05C02F5530A89DAF DFCB40FC9EA2A325, ubicado en el índice 2 del expediente digital. 2 Archivo electrónico identif icado con certificado 7E5DE00F2A0709A2 9EDF0A0F97E98F4C 82001C20F18BE437 87945A8523C758B9, ubicado en el índice 2 del expediente digital. 3 Página 1 del archivo electrónico identificado con certificado 7E5DE00F2A0709A2 9EDF0A0F97E98F4C 82001C20F18BE437 879 45A8523C758B9, ubicado en el índice 2 del expediente digital . Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original. 4 Archivo electrónico identificado con certificado 2E14DFA0EF8C227C 34A94B4AFC4BB38C D9F42AAED38846C2 6515FACDAE52FD14, ubicado en el índice 2 del expediente digital.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05931-00

Accionante: Filadelfo Antonio Rivera Palacio

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

reconocimiento de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

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reconocimiento de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

No obstante, no recibió respuesta y el Ministerio remitió la solicitud a la Fiduciaria La Previsora S.A., para que, como la encargada de los recursos del FOMAG, procediera a definir la petición, sin embargo, a la fecha de interponer la acción, no existía pronunciamiento alguno.

1.2.2. Formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho orientada a obtener la nulidad del acto ficto configurado respecto de la petición que presentó el 13 de septiembre de 2021 y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se le reconociera y pagara la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 , la indemnización por pa go tardío de los intereses a las cesantías dispuesta en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el D ecreto 1176 de 1991.

1.2.3. El proceso lo conoció, en primera instancia , el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo que, mediante sentencia del 13 de diciembre de 20225, accedió parcialmente a las pretensiones 6. Al respecto adujo en síntesis que7:

“(…)no accederá a las pretensiones de la demanda referente a la indexación e indemnización por el pago tardío del interés de cesantía, y accederá a la pretensión de la sanción moratoria, por la no consignación de las cesantías de la parte demandante antes del 15 de febrero de 2021, teniendo en cuenta que no se

pretensión de la sanción moratoria, por la no consignación de las cesantías de la parte demandante antes del 15 de febrero de 2021, teniendo en cuenta que no se probó por parte de las entidades demandada la consignación de la prestación, así mismo, no hay otra afirmación diferente a que la parte demandada no está acogiendo la tesis tomada por el H. Consejo de Estado Sala de lo ContenciosoAdministrativo Sección Segunda, Subsección A, el nueve (9) de mayo de dos mil veintidós (2022) Radicación: 08001-23-33-000-2017-00795-01 (2659-2020).”8.

1.2.4. Inconformes con la decisión de primera inst ancia, los apoderados de la Nación - Ministerio de Educación - FOMAG y el Departamento de Sucre en calidad de partes demandadas interpusieron recursos de apelación , en los que

5 Archivo electrónico nombrado “1 6SENTENCIAANTICIPADA” en la carpeta que contiene el expediente del proceso ordinario de primera instancia, ubicado en el índice 1 5 del exped iente digital de tutela, en el aplicativo SAMAI, identificad o con certificado BDA20D282C7FD7C4 B0D9FA70D22DD66F 6AD3BAEBE433FF2F EB2B6EE432058A8D. 6 “PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del Acto ficto o presunto negativo, producto de la falta de respuesta de la entidad demandada al derecho de petición de 13 de septiembre de 2021, en lo referente al reconocimiento de la sanción por mora derivada del no pago oportuno de las cesantías

de respuesta de la entidad demandada al derecho de petición de 13 de septiembre de 2021, en lo referente al reconocimiento de la sanción por mora derivada del no pago oportuno de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990, articulo 99 numeral 3°, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desd e el 15 de febrero de 2021 , por lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y el DEPARTAMENTO DE SUCRE al reconocimiento y pago de sanción moratoria que se causaron a favor de la parte demandante, consistente en un (1) día de salario por cada día de retardo, prevista en la Ley 50 de 1990, articulo 99 numeral 3°, desde el 15 de febrero de 202 1 hasta la fecha en que se acredite el pago, la cual se liquidará con base en la asignación básica devengada por el actor para la anualidad del 2021, se dividirá entre treinta (30), multiplicando su resultado por los días que corresponden en mora, por lo dicho en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: NIEGUESE las demás pretensiones, según se motivó.

CUARTO: Declarar no prospera las excepciones planteadas, según se motivó.

QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia, según lo expuesto.

SEXTO: La entidad demandada deberá dar cumplimiento a la presente sentencia, en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

SEPTIMO: Ejecutoriada esta sentencia, si la misma no fuere apelada, ARCHÍVESE el

SEXTO: La entidad demandada deberá dar cumplimiento a la presente sentencia, en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

SEPTIMO: Ejecutoriada esta sentencia, si la misma no fuere apelada, ARCHÍVESE el expediente.”.

7 Página 17 del archivo electrónico nombrado “15SENTENCIAANTICIPADA” en la carpeta que contiene el expediente del proceso ordinario de primera instancia, ubicado en el índice 11 del expediente digital de tutela, en el aplicativo SAMAI, ide ntificado con certificado A1F171A3EB3AE07A BC6A6BA09D93FA65 CA7CE41E87E8C6CA 1DBB1B43329D732B. 8 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05931-00

Accionante: Filadelfo Antonio Rivera Palacio

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manifestaron su inconformidad con la decisión dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo e insistieron que las cesantías e intereses fueron consignadas conforme al régimen especial del que hace parte el demandante en su condición de docente afiliado al FOMAG conforme a lo dispuesto en la Ley 91 de 1989, por lo que no era procedente aplicar el régimen general establecido en la Ley 50 de 1990 en concordancia con las exclusiones de la Ley 344 de 1996 . También cuestionaron el análisis probatorio realizado por el a quo9.

general establecido en la Ley 50 de 1990 en concordancia con las exclusiones de la Ley 344 de 1996 . También cuestionaron el análisis probatorio realizado por el a quo9.

El recurso fue desatado por el Tribunal Administrativo de Sucre que, por medio de sentencia del 26 de julio de 202310 revocó la decisión de primera instancia y en su lugar negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión planteó varios argumentos relacionados con la normatividad, el régimen especial aplicable a los docentes afiliados al FOMAG y otros que la Sala resalta:

1.2.4.1. Expuso que los docentes afiliados al FOMAG disfrutan de un régimen especial para el reconocimiento del auxilio de cesantías dispuesto en la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo 039 de 1998 que no indica la consignación de la referida prestación el 15 de febrero del año siguiente ni la sanción moratoria derivada de la omisión de consignar en la referida fecha.

Explicó que el FOMAG es una cuenta especial de la Nación cuyos recursos son administrados por la Fiduprevisora S.A. a través de subcuentas independientes para recursos de pensiones, cesantías y salud, que por regla general son girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito a través del Sistema General de Participaciones manejados por el concepto de “unidad de caja”.

Agregó que los entes territoriales tienen la obligación de afiliar a los docentes del sector público vinculados a su plan de personal al FOMAG conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 3752 de 2003.

Aclaró que la Ley 50 de 1990 introdujo reformas al Código Sustantivo de Trabajo

sector público vinculados a su plan de personal al FOMAG conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 3752 de 2003.

Aclaró que la Ley 50 de 1990 introdujo reformas al Código Sustantivo de Trabajo en materia de liquidación de cesantías de tal forma que la no consignación oportuna de estas daría lugar al que el empleador pague una sanción m oratoria por cada día de retardo. No obstante, este régimen que inicialmente fue establecido para trabajadores del sector privado, fue extendido al sector público a partir de la vigencia de la Ley 344 de 1996 sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1582 de 1998 que reglamentó el articulo 13 de la Ley 344 de 1996.

Así, estimó que no existía una norma que hubiere extendido la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 a los docentes beneficiarios del régimen especial de la Ley 91 de 1989 cuyas prestaciones sociales son administradas por el FOMAG.

De otra parte, adujo que la Corte Constitucional en la sentencia SU -098 del 17 de octubre de 2018 anali zó un caso en que el ente territorial omitió afiliar al docente demandante al FOMAG u a otro fondo de cesantías, por lo que era procedente la sanción moratoria prevista en la ley 50 de 1990.

Indicó que “ el criterio actual apunta a que a partir del 1º de enero de 1990 a los docentes le es aplicable el régimen de cesantías anualizado s consagrado en la Ley 50 de 1990, así como la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, en

docentes le es aplicable el régimen de cesantías anualizado s consagrado en la Ley 50 de 1990, así como la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, en aquellos casos que I) los entes territoriales omitieron afiliar al docente al FOMAG

9 Archivo electrónico que contiene el expediente del proceso ordinario de primera instancia, ubicado en el índice 1 5 del expediente digital de tutela, en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado BDA20D282C7FD7C4 B0D9FA70D22DD66F 6AD3BAEBE433FF2F EB2B6EE432058A8D. 10 Archivo electrónico que ubicad o en el índice 2 del expediente digital de tutela en el apli cativo SAMAI, identificado con certificado 2E14DFA0EF8C227C 34A94B4AFC4BB38C D9F42AAED38846C2 6515FACDAE52FD14.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05931-00

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en cumplimiento a lo reglado en el Decreto 3752 de 2003, trayendo ello, c omo consecuencia que no se consignaron sus cesantías en el FOMAG, y cuando II) los entes territoriales realizan la afiliación, pero omiten trasladar al citado fondo las cesantías causadas a favor del docente antes de su vinculación al FOMAG, siempre que la s mismas no hubieran sido consignadas de manera oportuna en otro fondo o reconocidas y pagadas al interesado”11.

cesantías causadas a favor del docente antes de su vinculación al FOMAG, siempre que la s mismas no hubieran sido consignadas de manera oportuna en otro fondo o reconocidas y pagadas al interesado”11.

1.2.4.2. Respecto del caso concreto encontró probado que el señor Filadelfo Antonio Rivera Palacio fue vinculado como docente adscrito a la ent idad territorial demandada y afiliado al FOMAG, por lo que su régimen de cesantías es anualizado y conforme a los extractos de intereses a las cesantías, estos fueron consignados a ese fondo desde el año 2006.

Agregó que, en el plenario consta la liquidac ión de intereses por un valor de $1.455.137 con base en las cesantías acumuladas desde los años 2016 hasta el 2020, según el extracto expedido por el FOMAG.

Explicó que conforme al régimen normativo y la jurisprudencia, los docentes afiliados al FOMAG son beneficiarios de un régimen especial para la consignación y liquidación de sus cesantías que está previsto en la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo 39 de 1998, que funciona bajo el concepto de “unidad de caja” por lo que, no es procedente la consignación de la p restación a cada docente en una cuenta individual, dado que los recursos destinados para su pago son girados de forma global e incorporados con una periodicidad mensual durante todo el año.

Aclaró que, la sentencia SU-098 de 2018 no resultaba aplicable al caso en estudio ya que la situación fáctica y jurídica era distinta a la estudiada y que en ese orden la sentencia SU-573 de 2019 aclaró este punto y agregó que aquella, se refería a

ya que la situación fáctica y jurídica era distinta a la estudiada y que en ese orden la sentencia SU-573 de 2019 aclaró este punto y agregó que aquella, se refería a un docente nombrado en provisionalidad que fue vinculado desde el año 2 003 pero no fue afiliado al FOMAG oportunamente.

Expuso que no había lugar a la aplicación del principio de favorabilidad porque en el asunto en estudio no era viable establecer la existencia de una duda respecto de las normas que regulan el reconocimient o prestacional de los docentes, ni un vacío legal que permitiera la remisión a las disposiciones de la Ley 50 de 1990, en la medida en que, la Ley 344 de 1996 al regular el régimen de cesantías para los empleados públicos, dispuso expresamente que tal regu lación tenía lugar sin perjuicio de lo ya establecido en la Ley 91 de 1989. En consecuencia, estimó pertinente revocar la decisión dictada en primera instancia y negar las pretensiones de la demanda.

1.3. Pretensiones y argumentos de tutela

1.3.1. El accionante Filadelfo Antonio Rivera Palacio por medio de su apoderado , pidió12: i) declarar que el Tribunal Administrativo de Sucre vulneró sus derechos fundamentales al proferir una decisión que no se ajusta a los postulados de ley y la jurisprudencia; ii) c omo consecuencia de la anterior declaración, dejar sin efectos la providencia del 26 de julio de 2023 ; y iii) ordenar al Tribunal Administrativo d e Sucre proferir una decisión que se ajuste a l o dictado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de l 17 de octubre de 2018 y los

Administrativo d e Sucre proferir una decisión que se ajuste a l o dictado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de l 17 de octubre de 2018 y los diferentes pronunciamientos sobre el tema dictados por la Corte Constitucional y la Sección Segunda del Consejo de Estado relacionadas en el escrito de tutela y en

11 Páginas 35 a 36 del archivo electrónico que ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 2E14DFA0EF8C227C 34A94B4AFC4BB38C D9F42AAED38846C2 6515FACDAE52FD14. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original. 12 Páginas 2 a 5 del archivo electrónico que contiene el escrito d e tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 7E5DE00F2A0709A2 9EDF0A0F97E98F4C 82001C20F18BE437 87945A8523C758B9.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05931-00

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las que se ha ordenado el reconocimiento y pago de la sanción moratoria como fue solicitada en la demanda.

1.3.2. El señor Rivera Palacio afirmó que su solicitud cumple los requisitos de la tutela contra providencias judiciales en la medida que el asunto a tratar es de

fue solicitada en la demanda.

1.3.2. El señor Rivera Palacio afirmó que su solicitud cumple los requisitos de la tutela contra providencias judiciales en la medida que el asunto a tratar es de relevancia constitucional dado que el pago rec lamado tiene alcance con el derecho fundamental a la seguridad social, no versa sobre una irregularidad procesal ni busca la solución del asunto como una tercera instancia y tampoco cuestiona una sentencia de tutela.

Agregó que la decisión cuestionada fue injusta y contraria a los pronunciamientos de la Corte Constitucional y la Sección Segunda del Consejo de Estado en relación con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria dispuesta en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por lo que , a su juicio, aplicó una postura restrictiva desconociendo el art ículo 53 de la Constitución Política y por ende los principios de favorabilidad e in dubio pro operatio al no tener en cuenta el criterio de la condición mas beneficiosa para el trabajador o beneficiario.

También expuso la normatividad relacionada al asunto ordinario y sostuvo que la solicitud no estaba dirigida a que el juez constitucional estudiara el caso como una tercera instancia.

1.3.2.1. Luego insistió que e xiste una abierta discordancia entre lo expr esado por la Corte Constitucional, la Sección Segunda del Consejo de Estado y la decisión del 26 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, en torno a la aplicación favorable del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para los docentes vinculados después del 1 de enero de 1990 a los que no se le hayan consignado

a la aplicación favorable del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para los docentes vinculados después del 1 de enero de 1990 a los que no se le hayan consignado las cesantías en el Fondo al que se encuentra afiliado.

Al respecto, adujo que el desconocimiento de las sentencias proferidas por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, expone una contradicción a los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y favorabilidad, así como una vulneración del derecho a la igualdad.

En ese orden enumeró alrededor de 26 providencias dictadas por el Consejo de Estado y citó algunos de sus apartes textuales respecto de los que, consideró tenían similitud con el asunto de su interés 13 y a agregó que, la autoridad cuestionada al sustentar que no existe una posición unificada respecto del asunto bajo estudio debió explicar con claridad y suficiencia su decisión de apartarse de del precedente referido.

También adujo que en el régimen especial que aplica al caso concreto, existe una ausencia de regulación respecto de “la sanción moratoria por la no consignación de cesantías, existiendo lo que se ha denominado un vacío normativo o ANOMIA, mientras que el régimen general si se encuentra contemplado claramente. En ese sentido podría aplicarse, de manera competa la norma especial, excepto en caso de vacío normativo, en donde es posible acudir al régimen general, lo que determina la aplicación a los docentes de la ley 50 de 1990, sin realizar una dificultosa interpretación normativa, en virtud del principio de igualdad y de favorabilidad como lo ha expuesto el H. Consejo de Estado”14.

determina la aplicación a los docentes de la ley 50 de 1990, sin realizar una dificultosa interpretación normativa, en virtud del principio de igualdad y de favorabilidad como lo ha expuesto el H. Consejo de Estado”14.

13 Páginas 63 a 81 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 7E5DE00F2A0709A2

9EDF0A0F97E98F4C 82001C20F18BE437 87945A8523C758B9.

14 Página 81 del archivo ele ctrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el ín dice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 7E5DE00F2A0709A2 9EDF0A0F97E98F4C 82001C20F18BE437 87945A8523C758B9 . Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05931-00

Accionante: Filadelfo Antonio Rivera Palacio

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Luego enumeró y citó apartes textuales de varias providencias dictadas por la Corte Constitucional15, en relación con la aplicación del principio de favorabilidad respecto de las Leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y 344 de 199616.

Insistió que, si bien el artículo 8 de la Ley 91 de 1989 dispone que los recursos

respecto de las Leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y 344 de 199616.

Insistió que, si bien el artículo 8 de la Ley 91 de 1989 dispone que los recursos con los que se financia el FOMAG pueden ser administrados bajo el principio de unidad de caja para el pago de sus prestaciones, lo cierto es que, el Mini sterio de Educación Nacional no está exento de trasladar los recursos de las cesantías de los docentes vinculados después del 1 de enero de 1990, el 15 de febrero de cada anualidad al FOMAG dado que es una obligación dictada por la norma.

Sostuvo que el Tribunal confunde los regímenes de c esantías aplicables a los docentes con la obligación del Ministerio de Educación Nacional o el ente territorial correspondiente, de pagar o consignar oportunamente las cesantías al Fondo que se encuentra afiliado.

1.3.2.2. Expuso que el Tribunal cuestion ado erró en su análisis al considerar que el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 excluyó del reconocimiento de la sanción moratoria de manera expresa a los docentes por estar vinculados a nivel territorial y que no tuvo en cuenta las sentencias que fueron di ctadas por el Consejo de Estado en las que claramente la referida Corporación expuso que en virtud del derecho a la igualdad aquellos también son acreedores a la sanción por mora cuando no se han consignado las cesantía s al 15 de febrero del año siguiente al causado a la entidad o fondo, sea al FOMAG para el caso en estudio o cualquier otro, ya que es una obligación a cargo del Ministerio de Educación.

Agregó que, conforme a lo planteado por la normatividad vigente para el caso y lo

causado a la entidad o fondo, sea al FOMAG para el caso en estudio o cualquier otro, ya que es una obligación a cargo del Ministerio de Educación.

Agregó que, conforme a lo planteado por la normatividad vigente para el caso y lo dictado por la Corte C onstitucional en la sentencia C -506 de 2006, la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990 no solo opera para los docentes afiliados al FOMAG dado que, el Ministerio de Educación Nacional debe conocer la afiliaci ón de cada docente para determinar a qué fondo debe consignar los rubros causados por cesantías.

1.3.2.3. Finalmente relacionó y citó varios apartes textuales del precedente judicial dictado por los tribunales 17 y juzgados administrativos durante los años 2022 y 202318, respecto del pago de la sanción moratoria.

15 Páginas 53 a 63 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 7E5DE00F2A0709A2 9EDF0A0F97E98F4C 82001C20F18BE437 87945A8523C758B9. 16 Enunció las siguientes: Sentencia de Unificación 098 del 17 de octubre de 2018, expediente T6.736-200, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Sentencia de Unificación 332 del 25 de julio de 2019, expediente T-5904426 y otros, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y Sentencia de Unificación 041 del 6 de febrero de 2020, expediente T-7.182.312 y otros, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

expediente T-5904426 y otros, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y Sentencia de Unificación 041 del 6 de febrero de 2020, expediente T-7.182.312 y otros, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 17 Tribunal Administrativo de Sucre, sentencia del 21 de julio de 2022, e xpediente 70001 -23-33000-02018-00097-00, M.P. Andrés Medina Pineda; Tribunal Administrativo de Boyacá, sentencia del 24 de enero de 2023, expediente 15001-33-33-007-2019-00046-01, M.P. Mariela Aurora García García; Tribunal Administrativo del Valle del Ca uca, sentencia del 31 de mayo de 2019, M.P. Beatriz Diáfana Caicedo. Páginas 9 2 a 94 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 7E5DE00F2A0709A2 9EDF0A0F97E98F4C 82001C20F18BE437 87945A8523C758B9. 18 Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira, sentencia del 23 de junio de 2022, expediente 66001 -33-33-001-2022-00020-00; Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo, senten cia del 9 de septiembre de 2022, expediente 7001 -33-33-002-2022-0011500;Juzgado Diecinueve Administrativo Oral de Medellín, sentencia del 21 de septiembre de 2023, expediente 05001 -33-33-019-2022-00085-00; Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de

00;Juzgado Diecinueve Administrativo Oral de Medellín, sentencia del 21 de septiembre de 2023, expediente 05001 -33-33-019-2022-00085-00; Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga, sentencia del 27 de septiembre de 2022, expediente 76001 -33-33-002-2022-00095-00; Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buga, sentencia del 28 de septiembre de 2022, expediente 76111 -33-33-003-2022-00066-00; Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, sentencia del 28 de septiembre de 2022, expediente 68001 -33-33-002-2022-0006500; Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, sentencia del 30 de septiembre de 2022, expediente 68001 -33-33-009-2022-00109-00;Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, sent encia del 6 de octubre de 2022, expediente 2700133-33-002-2022-00072-00; Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Quibdó, sentencia del 25Radicado: 11001-03-15-000-2023-05931-00

Accionante: Filadelfo Antonio Rivera Palacio

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

1.4. Trámite de tutela e intervenciones

1.4.1. El Despacho del magistrado ponente, con auto del 6 de octubre de 202319, admitió la acción, vinculó como terceros con interés al Juzgado Segundo

1.4. Trámite de tutela e intervenciones

1.4.1. El Despacho del magistrado ponente, con auto del 6 de octubre de 202319, admitió la acción, vinculó como terceros con interés al Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo , a la Nación -Ministerio de Educación Nacional, al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, al Departamento de Sucre y a los demás sujetos que hubieren participado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 70-001-33-33-0022022-00352-00/01.

1.4.2. Enviadas las notificaciones de rigor, recibió respuesta del Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo que, anexó el expediente del proceso ordinario , sin embargo, no se pronunció sobre el asunto en estudio20, del Tribunal Administrativo de Sucre21, de la Fiduprevisora S.A.22 y el Ministerio de Educción 23. Los demás vinculados guardaron silencio.

1.4.2.1. El Tribunal Administrativo Sucre a través de la magistrada titular del Despacho que dictó la sentencia objeto de tute la manifestó que, la decisión fue debidamente sustentada por lo que no se configuró la vulneración de las garantías fundamentales del accionante.

Exp