CE - 010315000202306262001SENTENCIA20231117160313

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202306262-00

Actor: Juan Pablo Gómez Cano

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia1

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) acceso a la administración de justicia, iii) debido proceso y iv) seguridad social

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado2, presentó acción de tutela contra la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 29 de junio de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado en forma digital.

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado en forma digital. 2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202306262-00

Actor: Juan Pablo Gómez Cano

de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 050013333023202200326-01, vulneró su s derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Adujo que, present ó demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 202130493694 de 6 de noviembre de 2021 , por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora, por la no consignación oportuna de las cesantías en los términos de la Ley 50 de 28 de diciembre de 19903.

4. El Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín profirió sentencia de primera instancia el 2 de diciembre de 2022, mediante la cual negó las pretensiones

diciembre de 19903.

4. El Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín profirió sentencia de primera instancia el 2 de diciembre de 2022, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

5. La Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia, en segunda instancia, el 29 de junio de 2023, mediante la cual resolvió

lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintitrés (23) Administrativo Oral del Circuito de Medellín el día 2 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia proferida por el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito de Medellín, y en su lugar, no se condena en costas.

TERCERO: NO SE CONDENA EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO en segunda instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. […]”.

6. La Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que:

3 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.3

Núm. único de radicación: 110010315000202306262-00

Actor: Juan Pablo Gómez Cano

“[…] Así las cosas, para resolver el asunto materia de estudio, debe en primer lugar, advertir esta Sala que pese a que no existe una posición unificada del Consejo de Estado frente al tema que hoy se estudia, presentándose una disparidad de

“[…] Así las cosas, para resolver el asunto materia de estudio, debe en primer lugar, advertir esta Sala que pese a que no existe una posición unificada del Consejo de Estado frente al tema que hoy se estudia, presentándose una disparidad de pronunciamientos, los suscritos y quienes conformamos la Sala Sexta de Oralidad de esta Corporación, en providencias anteriores y proferidas con ponencia de la Dra Martha Nury Velásquez Bedoya se discutió y acordó un criterio al respecto, en los mismos términos hoy contemplados en esta sentencia, motivados y fundamentados en el ordenamiento jurídico y en el estudio e interpretación que como funcionarios judiciales estamos obligados a hacer de la normatividad que impera frente a una situación fáctica determinada.

Ahora, de la documentación obrante en el expediente, se advierte que el señor Gómez Cano es un docente Municipal vinculado con posterioridad al 1° de enero de 1990, esto es, en el año 2019, según certificado de afiliación que se encuentra en el documento 8 folio 26 d el expediente digital, afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y con un régimen anualizado de cesantías, por lo tanto, tiene derecho a la liquidación anual de estas y al reconocimiento de un interés sobre el saldo de este auxilio existente a 31 de diciembre de cada año.

De igual manera, se advierte tal y como quedó plasmado en los apartes anteriores, que al tratarse de un docente, es imperiosa su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como lo dispone la Ley 91 de 1989, de ahí que su régimen de cesantías se encuentre regulado por esta norma y por otras de carácter

Prestaciones Sociales del Magisterio como lo dispone la Ley 91 de 1989, de ahí que su régimen de cesantías se encuentre regulado por esta norma y por otras de carácter especial dirigida a esta población, no contando el señor Gómez Cano con una cuenta individual como opera en los fondos privados, y por el contrario, el trámite de consignación de cesantías es general, es decir, existe por parte de la entidad territorial una liquidación anual de cesantías que debe ser reportada a la Oficina Regional del Fondo del Magisterio que, a su vez, una vez verificada la información debe remitirla a la entidad fid uciaria que administre los recursos, mismos que se encontrarán disponibles una vez el docente, en este caso, el señor Gómez Cano lo solicite, lo cual se encuentra claramente descrito en el Acuerdo 039 de 1998.

En consecuencia con lo anterior, es claro que no existe fundamento legal alguno que obligue a las entidades demandadas a acogerse, tratándose de docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al régimen de cesantías consagrado en la Ley 50 de 1990, pues como ya se ha venido exponiendo a lo largo de esta providencia, para esta población existe un régimen exceptuado que contempla lo relativo al reconocimiento de las cesantías, no previendo una cuenta individual para el docente […]”.

[…]

“[…] Sumado a que no es proceden te, como lo solicita la parte demandante, el reconocimiento y pago de indemnización alguna por su no consignación oportunaartículo 1 de la Ley 52 de 1975-, no siendo otra la razón de esto, que la afiliación de los docentes al Fondo y su régimen especial.

reconocimiento y pago de indemnización alguna por su no consignación oportunaartículo 1 de la Ley 52 de 1975-, no siendo otra la razón de esto, que la afiliación de los docentes al Fondo y su régimen especial.

En consecuencia, se hace necesario por esta Sala proceder a CONFIRMAR por los motivos aquí expuestos la sentencia proferida por el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito de Medellín el día 02 de diciembre de 2022. […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, atendiendo el criterio reiterado por el Consejo de Estado, esto es, que solo hay lugar a la condena en costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación, de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedi miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso y al no haberse comprobado, en el presente asunto, el pago de gastos ordinarios y que la actividad4

Núm. único de radicación: 110010315000202306262-00

Actor: Juan Pablo Gómez Cano

efectivamente realizada por el aboga do haya generado otro tipo de gastos para la parte demandante, la Sala revocará la condena en costas de primera instancia y no condena en costas y agencias en derecho en esta instancia. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia proferida el día 04/07/2023 (sic), en el expediente rad. No.

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia proferida el día 04/07/2023 (sic), en el expediente rad. No. 05001333302320220032601, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A

LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCION AL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL , de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos

de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes:

3. CORTE CONSTITUCIONAL

No. RADICADO

EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE

MAGISTRADOS

1 Exp. T6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 098/2018

DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019 Dr. GLORIA STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332/2019

DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

3 Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO

PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 041/2020

DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

No.

RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE CONSEJEROS

FIRMANTES5

Núm. único de radicación: 110010315000202306262-00

Actor: Juan Pablo Gómez Cano

1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16)

6 de agosto de 2020

Actor: Juan Pablo Gómez Cano

1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16)

6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ESTADO

2 76001-23-31000200900867-01, No.

Interno: 4854-2014

24 de enero de 2019

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

3 11001-03-15000-201804617-01

17 de junio de 2019

Dr. NICOLAS YEPES CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS –

Dr. GUILLERMO

SANCHEZ LUQUE

4 11001-03-15000-201804679-01

28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO

VALDÉS

Dra. NUBIA MARGOTH

PEÑA GARZÓN – Dr.

HERNANDO SANCHEZ

SÁNCHEZ

5 11001-0315000-201803499-01

29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVASDr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE

6 08001 23 33

2019

Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVASDr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE

6 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16)

2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

7 08001-23-33000-201400208-01

10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017)

22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

9

08001-23-33000-201400132-01

12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

10

08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017)

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

10

08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017)

17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

11 08001-23-33000-201500331-01

17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

12 19001-23-33000-20150044502(048320)

4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

13 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021)

25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

14 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020)

25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

CUÉTER

14 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020)

25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ6

Núm. único de radicación: 110010315000202306262-00

Actor: Juan Pablo Gómez Cano

15 080001-23-40000-201590008-01 (2387-2020)

11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

16 080001-23-40000-201490022-01 (5154-2016)

11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

17 080001-23-33000-201700931-01 (1001-2021)

20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

18 080001-23-33000-2015Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

18 080001-23-33000-201500075-01 (2660-2020)

3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

19 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020)

28 de abril de 2022

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dra.

SANDRA LISETH

IBARRA

20 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020)

9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

21 47-001-23-33000-201900359-01 (4004-2021)

19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 47-001-23-33000-201900376-01

(4462-2021)

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 47-001-23-33000-201900376-01 (4462-2021) 1 de julio de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

23 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020)

22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

24 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020)

22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021)

19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO SUAREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ

26 47001-23-33000-2018-023101 (0871-2020)

26 de enero 2023

DR. RAFAEL FRANCISCO GOMEZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL

000-2018-023101 (0871-2020)

26 de enero 2023

DR. RAFAEL FRANCISCO GOMEZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ

[…]”. (Resaltado del texto original)

8. El actor en su escrito de tutela señaló que la Sala Sexta de Decisión del Tribunal de Antioquia incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; y ii) en la causal de violación directa de la Constitución.7

Núm. único de radicación: 110010315000202306262-00

Actor: Juan Pablo Gómez Cano

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 17 de octubre de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Sexta de Decisión del T ribunal Administrativo de Antioquia; y iii) vinculó al Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a la Fiduciaria La Previsora S.A 4., en calidad de tercero s con interés legítimo , concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. La Fiduciaria La Fiduprevisora S.A., solicitó su desvinculación del presente

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. La Fiduciaria La Fiduprevisora S.A., solicitó su desvinculación del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

11. La Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia consideró

que:

“[…] En consecuencia con lo anterior, es claro que no existe fundamento legal alguno que obligue a las entidades demandadas a acogerse, tratándose de docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al régimen de cesantías consagrado en la Ley 50 de 1990, pues como ya se ha venido exponiendo a lo largo de esta providencia, para esta población existe un régimen exceptuado que contempla lo relativo al reconocimiento de las cesantías, no previendo una cuenta individual para el docente.

Inaplicabilidad de la Ley 50 de 1990 que fue expuesta por el Consejo de Estado en sentencia del 24 de agosto de 2018 y radicado interno N° 1653 de 2016, en la cual, con ponencia de la Consejera Dra. Sandra Lisset Ibarra manifestó: […]”

[…]

“[…] Por otro lado, en lo relativo a los intereses a las cesantías es claro también que de conformidad con el Acuerdo 039, esta consignación debe hacerse en el mes de marzo de cada anualidad, como fue demostrado que efectivamente se hizo en el caso del demandante, pues así fue ilustrado en el extracto de cesantías aportado, así: […]”

[…]

“[…] En este orden de ideas, la providencia anteriormente referenciada y que hoy

caso del demandante, pues así fue ilustrado en el extracto de cesantías aportado, así: […]”

[…]

“[…] En este orden de ideas, la providencia anteriormente referenciada y que hoy asegura la parte actora vulnera el derecho al debido proceso, fue proferida con el

4 Como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.8

Núm. único de radicación: 110010315000202306262-00

Actor: Juan Pablo Gómez Cano

debido fundamento normativo y de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, es decir, de forma legal.

Razones las anteriores por las cuales considera el Despacho que no hay lugar a atender favorablemente las pretensiones constitucionales. […]”

12. El Ministerio de Educación Nacional señaló que:

“[…] Lo anterior conduce a dos conclusiones preliminares que deberían servir de base para desestimar la presente acción de tutela: (i) la decisión adoptada por el tribunal administrativo accionado no comporta una violación a derecho fundamental alguno pues respondió a la legítima interpretación judicial que realizó acerca de un asunto sometido a su consideración; (ii) la teoría propuesta por la parte accionante no es aceptada pacíficamente y su imposi ción o no como criterio unificado se encuentra pendiente de ser decidido por esta corporación, pero no como juez constitucional sino como juez contencioso administrativo, o lo que es lo mismo, como juez natural.

El resolver la aplicación de la norma pretendida por la parte accionante, pero por la vía de tutela, comportaría una violación a la independencia y autonomía judicial,

juez natural.

El resolver la aplicación de la norma pretendida por la parte accionante, pero por la vía de tutela, comportaría una violación a la independencia y autonomía judicial, máxime cuando el verdadero debate no ha sido resuelto de fondo por la jurisdicción competente.

b) Ausencia de relevancia constitucional del asunto de tutela […]”.

[…]

“[…] Por el contrario, se comparte el criterio establecido en la SU 573 de 2019, pues los criterios adoptados en la sentencia de 2018 respondieron a unos hechos particulares en los que los maestros no fueron afiliad os al FOMAG y por tal motivo era procedente la aplicación de los presupuestos de la Ley 50 de 1990; mientras que en la SU 573 de 2019 se estableció la improcedencia de la mencionada norma cuando los docentes sí se encontraban afiliados al FOMAG. Aunado a l o anterior, se evidenció que en este último caso, el examen de procedencia no superaba el factor de relevancia constitucional.

Las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018 no corre sponden a las mismas en las que se fundan las pretensiones de la demandada, ya que, en este caso concreto, no se cuestiona una afiliación inoportuna al FOMAG que haya devenido en el retardo de la consignación de las cesantías. En este caso puntual, la part e demandante reclama la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual, como se ha venido señalando, es imposible que se cause una demora

en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual, como se ha venido señalando, es imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado. […]”.

[…]

“[…] En suma, los operadores judici ales deben ser autónomos e independientes, pues sólo así los casos puestos a su conocimiento podrán ser resueltos de manera imparcial, aplicando a ellos los mandatos abstractamente definidos por el legislador, de tal modo que verdaderamente se cumpla la es encia de la misión constitucional de administrar justicia.9

Núm. único de radicación: 110010315000202306262-00

Actor: Juan Pablo Gómez Cano

Tomando en cuenta que en el caso en concreto no se evidencia violación alguna a los derechos del accionante, nos encontramos ante una evidente causal de improcedencia de la acción constitucional […]”.

13. El Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín allegó copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 050013333023202200326-01.

14. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con

silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 3 33 de 6 de abril de 20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20197, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indic ados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.10

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.10

Núm. único de radicación: 110010315000202306262-00

Actor: Juan Pablo Gómez Cano

Cuestión previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

17. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

18. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

19. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 20068, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en

los siguientes términos:

hubiere hecho la solicitud […]”.

19. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 20068, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en

los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con el lo no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o

8 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.11

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Actor: Juan Pablo Gómez Cano

de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,

Núm. único de radicación: 110010315000202306262-00

Actor: Juan Pablo Gómez Cano

de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[9]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

20. La Sala advierte que la Fiduciaria La Fiduprevisora S.A solicitó su desvinculación de la solicitud de amparo, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

21. Al respecto, es preciso indicar que el actor presentó solicitud de tutela contra la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque al proferir

pasiva.

21. Al respecto, es preciso indicar que el actor presentó solicitud de tutela contra la Sala Sexta de Decisió