CE - 010315000202306309001SENTENCIADECLARAIM20231116150013

Demandante: ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-06309-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-06309-00

Demandante: ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

Mediante escrito remitido vía electrónica el 11 de octubre de 2023 1, la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, a través de apoderado, presentó acción de

1.1. Petición de amparo constitucional

Mediante escrito remitido vía electrónica el 11 de octubre de 2023 1, la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, a través de apoderado, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Hui la, Sala Tercera de Decisión y el Juzgado Séptimo Administrativo de l Circuito Judicial de Neiva, con la finalidad de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, a la igualdad, a la seguridad jurídica, de acceso a la administración de justicia , así como a los principios de buena fe constitucional y legal.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con

1 Generación de tutela en línea 1705053.Demandante: ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-06309-00 2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ocasión de las providencias 10 de marzo y 25 de julio de 2023 2, dictadas por las mencionadas autoridade s judiciales, en el proceso ejecutivo identificado con el radicado 41001-33-33-001-2013-00056-00/03, que promovió en su contra la señora Raquel Alicia Cortés Ospina.

A través de la última decisión en cita se decretó medida cautelar para el pago de la sum a de setenta y siete millones doscientos cuatro mil ochocientos sesenta y cinco pesos m/cte . ($77.204.865), ya que, a juicio de la entidad

A través de la última decisión en cita se decretó medida cautelar para el pago de la sum a de setenta y siete millones doscientos cuatro mil ochocientos sesenta y cinco pesos m/cte . ($77.204.865), ya que, a juicio de la entidad demandante con dichos autos se desconoció el pago total de la obligación y la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Adicionalmente, la parte actora solicitó como medida provisional se le ordene al mencionado juzgado que se abstenga de librar los oficios a las entidades financieras, con ocasión del embargo y retención de dineros de la empresa social accionante , hasta tanto no se obtenga el correspondiente fallo de tutela. Lo anterior, con el fin de evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, solicitaron lo siguiente:

… solicito sean tutelados los derechos fundamentales de mi mandante al: DEBIDO PROCESO, DEFENSA, IGUALDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, BUENA FE CONSTITUCIONAL Y LEGAL, así como los demás que encuentren vulnerados directa o indir ectamente en su examen, con ocasión al auto de fecha 10 de marzo de 2023 proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva que libra mandamiento de pago sin determinar el valor sobre el cual se libra mandamiento ejecutivo y al auto del veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023) proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila mediante el cual decreta medida cautelar por la suma de SETENTA Y SIETE

se libra mandamiento ejecutivo y al auto del veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023) proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila mediante el cual decreta medida cautelar por la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($77.204 .865), desconociendo el pago total de la obligación y la inembargabilidad de los recursos del SGSSS.

2 Con el cual se decidió: “ PRIMERO: REVOCAR el auto del 14 de abril de 2023, proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DECRETAR la medida cautelar de embargo y retención de dineros que se encuentren depositados en CDTs, cuentas corrientes y cuentas de ahorro por la ejecutada ESE CARMEN EMILIA OSPINA con NIT. 813.500.265 -7, en los establecimientos financieros Bancolombia, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco BBVA, Banco Davivienda, Banco Popular, Banco Colpatria Scotiabank, Banco GNB Sudameris y Banco AV Villas. Para el efecto, el Despacho de origen librará los mensajes de datos correspondientes a las entidades financieras mencionadas…”Demandante: ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-06309-00

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Rad: 11001-03-15-000-2023-06309-00

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2. Como consecuencia de lo anterior, solicito que se deje sin efecto la providencia de fecha 10 de marzo de 2023 proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva que libra mandamiento de pago sin determinar el valor adeudado y del auto del 25 de julio de 2023 , proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión mediante la cual se decreta una medida cautelar sin el cumplimiento de los requisitos legales.

3. Que se ordene a las entidades accionadas subsanar los yerros advertidos desde el auto que libra mandamiento ejecutivo, disponiendo que se libre mandamiento de pago por la suma que se considera legal, según li quidación realizada en la que se tengan en cuenta los pagos realizados por la entidad.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La parte accionante sostuvo que mediante sentencia del 8 de febrero de 2022, el Tribunal Admini strativo del Huila revocó el fallo proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, calendado 26 de septiembre de 2017 y en su lugar condenó a la ESE Carmen Emilia Ospina, al pago de prestaciones sociales y aportes pensionale s a favor de Raquel Alicia Cort és Ospina, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 41001 -33-33-001-2013-0005600.

Ospina, al pago de prestaciones sociales y aportes pensionale s a favor de Raquel Alicia Cort és Ospina, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 41001 -33-33-001-2013-0005600.

Indicó que, la señora Cortés Ospina, por intermedio de apoderado judicial el día 19 de enero de 2023, solicitó al Juzgado Séptimo Administrativo de l Circuito Judicial de Neiva, librar mandamiento de pago con base en la sentencia en mención del 8 de febrero de 2022, por la suma de $141.456.469, más los intereses moratorios causados desde el 24 de febrero de 2022 hasta la fecha del pago total de la obligación; y que se liquiden los aportes pensionales y; las costas y agencias en derecho del proceso ejecutivo.

Manifestó que, l a entidad ejecutada ESE Carmen Emilia Ospina, el 20 de enero de 2023 realizó el pa go parcial de la sentencia por el valor correspondiente a prestaciones sociales reconocidas mediante sentencia judicial, suma que fue debidamente reajustada y sobre la cual se pagaron los intereses generados, tal y como se acredit ó con el comprobante de eg reso 0000029385 por la suma de cuarenta y seis millones doscientos sesenta mil cuatrocientos ochenta y tres pesos ($46.260.483) M/CTE, por concepto de prestaciones sociales ordenadas en la sentencia judicial.

Refirió que, según lo autoriz ó la Resolución 2 6 del 20 de enero de 2023, quedó pendiente el pago del porcentaje que le corresponda a la entidad como empleador por concepto de aportes a pensión hasta tanto

Refirió que, según lo autoriz ó la Resolución 2 6 del 20 de enero de 2023, quedó pendiente el pago del porcentaje que le corresponda a la entidad como empleador por concepto de aportes a pensión hasta tanto Colpensiones emitiera la respectiva factura, en atención a que, desde el 20Demandante: ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-06309-00 4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de abril de 2022, mediante radicación 2022_4861661 se solicitó la liquidación de la sentencia para dar le cumplimiento, sin que hasta la fecha se hubiese tenido respuesta a pesar de los múltiples requerimientos.

Afirmó que, el 20 de enero de 2023 se envió comunicación a la par te actora para que acudiera a la entidad a notificarse de la Resolución 26 del 20 de enero de 2023, mediante la cual se autoriz ó el pago y para hacerle entrega del cheque, quien solo compareció hasta el 30 de enero de 2023, fecha en la cual se realiz ó la notificación personal y se realiz ó la entrega del cheque al apoderado de la ejecutante, en atención a l poder que le fue otorgado con facultades para recibir.

Añadió que dicho apoderado al suscribir el respectivo paz y salvo por concepto de prestaciones soc iales, dej ó la siguiente anotación: “No puedo firmar paz y salvo porque la indexación está incorrecta. Recibí cheque por valor de $46.260.403 el 30-01/2023”.

concepto de prestaciones soc iales, dej ó la siguiente anotación: “No puedo firmar paz y salvo porque la indexación está incorrecta. Recibí cheque por valor de $46.260.403 el 30-01/2023”.

Manifestó que, en providencia del 10 de marzo de 2023, adicionada con auto del 14 de abril de 202 3, se libró mandamiento de pago con base en la sentencia del 8 de febrero de 2022, sin determinar la suma de dinero sobre la cual se adoptó dicha decisión, pues se argumentó que la sentencia que sirve de base como título ejecutivo no contempla un valor esp ecífico y, que la oportunidad para establecer el monto de la obligación es la liquidación del crédito.

Adujo que, e n igual sentido, en providencia de la misma fecha el juzgado denegó la solicitud de medida cautelar de embargo y retención de dineros depositadas en establecimientos financieros, al considerar lesivo para la entidad demandada su concesión atendiendo exclusivamente los valores señalados por el ejecutante, decisión que fue reiterada en el auto recurrido de fecha 14 de abril de 2023.

Refirió que el 21 de marzo de 2023 en calidad de ejecutada interpuso recurso de reposición contra el auto que libr ó mandamiento ejecutivo, argumentando principalmente la falta de cuantificación del valor sobre el cual se libra el mandamiento ejecutivo y el desconoc imiento del pago parcial que la entidad realizó por concepto de prestaciones sociales.

Señaló que, e l 17 de abril de 2023, la parte ejecutante presentó recurso de apelación contra el auto que negó el decreto de la medida cautelar, el cual fue concedido e n el efecto devolutivo ante el Tribunal Contencioso

Señaló que, e l 17 de abril de 2023, la parte ejecutante presentó recurso de apelación contra el auto que negó el decreto de la medida cautelar, el cual fue concedido e n el efecto devolutivo ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila.

Manifestó que, la entidad ejecutada el 29 de mayo de 2023, procedió a realizar la consignación de aportes a pensión en favor de la ejecutante en el Banco de Bogotá, en atención a la respuesta y factura emitida porDemandante: ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-06309-00 5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Colpensiones, para con ello da r cumplimiento total al fallo judicial . Para tal efecto, se allegaron todos los soportes con la contestación de la demanda ejecutiva, en la que se propuso como excepción de mérito el cobro de lo no debido por pago total de la obligación.

Expuso que, el Tribunal Administrativo del Huila mediante auto del 25 de julio de 2023 , notificado electrónicamente el 28 de julio de 2023, al resolver el recurso de apelación decid ió revocar el auto del 14 de abril de 2023 y , en consecuencia, decretó la medida cautelar de embargo y retención de dineros que se encuentren depositados en CDTs, cuentas corrientes y cuentas de ahorro por la ejecutada ESE Carmen Emilia Ospina , limitándola hasta la suma de setenta y siete millones doscientos cuatro mil ochocientos sesenta y

que se encuentren depositados en CDTs, cuentas corrientes y cuentas de ahorro por la ejecutada ESE Carmen Emilia Ospina , limitándola hasta la suma de setenta y siete millones doscientos cuatro mil ochocientos sesenta y cinco pesos M/CTE ($77.204.865).

Afirmó que, c ontra la decisión anterior no procede recurso alguno al tratarse de un auto por medio del cual se res olvió una apelación. Mencionó que, el 1° de agosto de 2023, la entidad ejecutada presentó una solicitud de control de legalidad de lo actuado en el proceso de la referencia, de conformidad con el artículo 132 del Código General del Proceso , con el fin de corregir y sanear los graves errores en los qu e se incurrió el tribunal al decretar una medida cautelar sobre una suma de dinero que no se adeuda.

Informó que, con providencia del 9 de agosto de 2023, el tribunal se pronunció frente a la solicitud de control de legalidad invocada por la parte ejecutada, para lo cual indicó que en virtud de lo reglado en el artículo 132 del estatuto procesal, es el juez natural el competente para realizar dicho control para corregir o sanear vicios u otras irregularidades y , por lo tanto, en su parte resolutiva se abst uvo de emitir pronunciamiento de fondo frente a la solicitud de control de legalidad ordenando remitir de inmediato al juzgado de origen.

Manifestó que, e l juzgado en cita mediante providencia del 6 de octubre de 2023, notificada el 9 de octubre de la mi sma anualidad, res olvió declarar el control de legalidad de todo lo actuado, sin realizar pronunciamiento alguno

Manifestó que, e l juzgado en cita mediante providencia del 6 de octubre de 2023, notificada el 9 de octubre de la mi sma anualidad, res olvió declarar el control de legalidad de todo lo actuado, sin realizar pronunciamiento alguno con ocasión a las irregularidades advertidas, limitándose a indicar: “sería del caso entrar a resolver el control de legalidad deprecado por la apoderada de la entidad accionada, contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo el 25 de julio de 2023, que decretó la medida cautelar, sino es porque dentro de nuestro ordenamiento jurídico está vedado que el inferior cuestione las decisiones del superior jerárquico lo que llevaría al traste la seguridad jurídica y el principio de la doble instancia.”

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora consideró que con las providencias demandadas se incurrió en los siguientes:Demandante: ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-06309-00 6

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Sostuvo que, si la entidad accionada hubiera realizado una valoración probatoria de las pruebas allegadas al expediente se hubiera percatado del pago total de la obligación y en consecuencia al existir un conflicto entre el valor pagado y el valor cobrado por la parte ejecutante, previo a librar mandamiento de pago y decretar la medida cautelar debió realizar una liquidación en la cual se indique si existe o no valor adeudado a favor del

valor pagado y el valor cobrado por la parte ejecutante, previo a librar mandamiento de pago y decretar la medida cautelar debió realizar una liquidación en la cual se indique si existe o no valor adeudado a favor del ejecutante y sobre ésta suma decretar la medida cautelar en c aso de encontrarla procedente.

Indicó que, e l auto que decret ó la medida cautelar desconoce los valores pagados por la entidad, motivo suficiente para tutelar las garantías fundamentales del debido proceso, defensa y ordenar dejar sin efecto el auto que decreta la medida cautelar, debiendo realizar una liquidación de la condena ajustada a lo ordenado en la providencia que sirve de base para la ejecución, en la cual se determinen los valores exactos que reflejen la realidad y descontando el valor pagado po r la entidad ejecutada, para así determinar si es la parte actora quien tiene la razón en la liquidación o contrario sensu, es la parte ejecutada la que liquidó y pagó correctamente le sentencia judicial.

Mencionó que, e n el caso concreto, la sentencia qu e sirv ió como título de recaudo no estableció una suma numérica precisa frente a la condena establecida y en el auto que libr ó mandamiento de pago tampoco se dispuso los valores sobre los cuales se dictó dicha decisión , adicionalmente, el despacho antes de librar mandamiento conoció el pago de prestaciones sociales que realizó la entidad ejecutada, motivo por el cual de manera previa debió liquidar de manera provisional la suma de dinero que considera que se adeuda, a efectos de identificar las diferencias con las sumas reclamadas por la ejecutante, en atención a que la decisión judicial que funge como título

debió liquidar de manera provisional la suma de dinero que considera que se adeuda, a efectos de identificar las diferencias con las sumas reclamadas por la ejecutante, en atención a que la decisión judicial que funge como título ejecutivo (sentencia del 8 de febrero de 2022), cuenta con los elementos para su cuantificación.

Resaltó que, al decretar la medida cautelar se pasó por alto que en el asunto: i) no concurren los requisitos para que proceda la medida del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011; ii) l a ejecutante no se encuentra ante un perjuicio irremediable; iii) p ara la fecha en que se decretó la medida, la entidad ejecutada ya había dado cumplimiento total a la obligación siendo conocedor de dicha situación la autoridad judicial accionada ; iv) no existen motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios por cuanto ya la en tidad dio cumplimiento total al fallo y; v) n o existe un juicio de ponderación de intereses, en el cual se indique que resulta más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.Demandante: ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-06309-00 7

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Señaló que, a pesar d e que la sentencia establece los parámetros para liquidarla de manera abstracta, el juez de conocimiento libró mandamiento de

www.consejodeestado.gov.co 1.4.2. Defecto procedimental

Señaló que, a pesar d e que la sentencia establece los parámetros para liquidarla de manera abstracta, el juez de conocimiento libró mandamiento de pago, sin precisar ni indicar el valor sobre el cual se realiza el mandamiento, y mucho menos, tener en cuenta el valor pagado por la entidad ejecutada.

Indicó que, el t ribunal demandado al resolver el recurso de apelación revoc ó el auto que niega la medida cautelar y en consecuencia decretó el embargo y retención de los dineros de la ejecutada ; con lo cual, se incurrió en un defecto de tal naturaleza s e omitió: i) tener en cuenta los valores pagados y ii) realizar una liquidación de acuerdo a lo ordenado en la providencia judicial descontando los valores pagados tanto por concepto de prestaciones sociales como por concepto de aportes pensionales.

Afirmó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 430 del C ódigo General del Proceso , a dicha autoridad judicial le correspondía librar mandamiento en la forma que considerara legal previa cuantificación de la condena y descuento del valor pagado por la entidad accionada.

Consideró que tanto el juzgado como el tribunal incurrieron en un defecto procedimental por no “…imprimir el trámite correspondiente al control de legalidad interpuesto por la entidad ejecutada, pues no se tuvo en cuenta que el objeto del procedimiento es la protección de los derechos de asociados.”

Manifestó que, ambas autoridades judiciales tuvieron conocimiento de los yerros cometidos al decretar la medida cautelar, sin embargo, decidieron abstenerse de real izar pronunciamiento alguno frente al control de legalidad interpuesto por la entidad ejecutada.

Manifestó que, ambas autoridades judiciales tuvieron conocimiento de los yerros cometidos al decretar la medida cautelar, sin embargo, decidieron abstenerse de real izar pronunciamiento alguno frente al control de legalidad interpuesto por la entidad ejecutada.

Expuso que existe vulneración al debido proceso, pues a pesar que las entidades accionadas tienen la facultad de levantar, modificar y/o revocar la medida cau telar ya sea de oficio o a petición de parte (art ículo 235 del CPACA), simplemente se han abstenido de realizar el control de legalidad solicitado rehusándose a subsanar los errores advertidos y puestos en conocimiento de cada despacho judicial, causando c on ello un perjuicio irremediable a la empresa demandante.

Recordó que, al decretar medida de embargo sobre los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), no solo se vulnera el ordenamiento jurídico colombiano, sino que se afecta g ravemente el patrimonio público y el orden económico y social del Estado de una parte y de otra la prestación del servicio de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para los habitantes de la población del municipio de Neiva.Demandante: ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-06309-00 8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que, con el decreto de la medida cautelar ordenada por el tribunal demandado se desconoce el pr ecedente constitucional aplicable y vulneró con ello el derecho al debido proceso de la entidad de salud actora. Lo

www.consejodeestado.gov.co Manifestó que, con el decreto de la medida cautelar ordenada por el tribunal demandado se desconoce el pr ecedente constitucional aplicable y vulneró con ello el derecho al debido proceso de la entidad de salud actora. Lo anterior, por cuanto la Corte Constitucional ha explicado que los recursos del SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud) que tienen como fuente las cotizaciones de los afiliados al sistema son públicos, tienen destinación específica y ostentan la calidad de inembargables, sin que respecto de ellos res ulten predicables las excepciones a la inembargabilidad definidas por la jurisprudencia constitucional. Citó la s entencia T - 053 de 2022.

Destacó que, e n el caso concreto es evidente que al decretar la medida cautelar, el tribunal demandado realizó una i ncorrecta interpretación del alcance del principio de inembargabilidad de los recursos del sistema de salud y sus excepciones y por ello accede a su decreto; adicionalmente, desconoce la finalidad y proporcionalidad de la medida cautelar, pues la decretó tal medida sin tener en cuenta el pago total de la obligación.

Agregó que, con el decreto de la medida cautelar sobre recursos de la salud, la entidad accionada “…desconoce preceptos de orden constitucional (Art, 63 y 48 de la C.P.) de orden legal (art. 9 y 182 de la Ley 100 de 1993, art. 19 del Decreto 111 de 1996, art. 91 de la Ley 715 de 2001, art. 21 del Decreto Ley 28 de 2008 art. 25 de la Ley 1751 de 2015 y en el artículo 2.6.4.1.4 y

Decreto 111 de 1996, art. 91 de la Ley 715 de 2001, art. 21 del Decreto Ley 28 de 2008 art. 25 de la Ley 1751 de 2015 y en el artículo 2.6.4.1.4 y 2.6.1.2.7 del Decreto 780 de 2016, art 594 del CGP) así como el prec edente jurisprudencial que en reiterados pronunciamiento ha establecido la inembargabilidad de los recursos asignados al sector salud, desconociendo consigo los derechos fundamentales al debido proceso de la ESE CARMEN

EMILIA OSPINA.”

Precisó que la menci onada autoridad judicial se limitó a establecer que “…como la parte ejecutante en su recurso de apelación, previa aplicación del pago por $46.260.483 realizó por la ejecutada, determinó como saldo insoluto de la obligación a corte 30 de enero de 2023, la s uma de $51.469.910, bajo el principio de la buena fe, se decretará la medida limitándola en el monto de $77.204.865…”.

Indicó que, el tribunal tampoco discutió si la liquidación de la parte ejecutante se ajustó o no a derecho, o si por el contrario el pag o realizado por la parte pasiva es el que corresponde, lo que desemboca en una distinción irrazonable, por lo que, solicitó se deje sin efecto el auto que res olvió el recurso de apelación y decret ó la medida cautelar . Esto, con la finalidad de que se tomen medidas afirmativas, tendientes a establecer un orden justo, en donde se pueda concluir sin lugar a equívocos el valor adeudado –en caso de que existiere, pues la entidad ya realizó el pago total de la obligación-.Demandante: ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva

donde se pueda concluir sin lugar a equívocos el valor adeudado –en caso de que existiere, pues la entidad ya realizó el pago total de la obligación-.Demandante: ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-06309-00 9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Consideró que, en virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 430 del C ódigo General del Proceso , le correspondía al despacho librar mandamiento en la forma que considerara legal previa cuantificación de la condena y descuento del valor pagado por la entidad accionada.

Adujo que, el Consejo de Estado ha establecido que el juez tiene la potestad de realizar el control de legalidad de cada etapa procesal y puede en el marco de dicha facultad de levantar, modificar o revocar en forma oficiosa el mandamiento de pago, en atención al contenido del artículo 132 ibidem; por lo tanto, el a quo pudo haber realizado la liquidación de la sentencia y aplicado el pago, para emitir la orden de pago en la forma que legamente correspondía y, en iguales términos debió proceder el tribunal acusado al decretar la medida cautelar.

Reiteró que, ambas entidades a pesar de la solicitud del control de legalidad que se les realizó y a pesar de contar con las pruebas que acredita ron el pago total de la obligación , decidieron abstenerse de r ealizar pronunciamiento de fondo sobre las irregularidades advertidas ; pasando por alto la facultad que tiene a la luz de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley

pago total de la obligación , decidieron abstenerse de r ealizar pronunciamiento de fondo sobre las irregularidades advertidas ; pasando por alto la facultad que tiene a la luz de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 1437 de 2011 de levantar, modificar o revocar la medida cautelar cuando no se cumplen los requisitos para su otorgamiento como el en caso en cuestión.

1.5. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto del 17 de octubre de 2023 se admitió la acción de tutela y, en consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión y del juez Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.

A su vez, se dispuso la vinculación de la señora Raquel Alicia Cortés Ospina. Se requirió el expediente objeto de demanda, se denegó la medida cautelar solicitada y, entre otros asuntos, se reconoció personería a la abogada de la parte actora.

1.6. Contestaciones

Surtidas las notificaciones, se recibieron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión

Manifestó que no ha vulnerado ni desconocido derecho fundamental alguno de la parte accionante, toda vez que la providencia objeto de la presente acción, está sujeta a razones puntuales fácticas y jurídicas (sustantivas y adjetivas), que conllevaron a tomar la decisión adoptada.Demandante: ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-06309-00 10

adjetivas), que conllevaron a tomar la decisión adoptada.Demandante: ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-06309-00 10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.2. Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva

Este despacho aportó copia digital del proceso objeto de demanda.

1.6.3. Raquel Alicia Cortés Ospina

Pese a su notificación, guardó silencio.

1.7. Intervención posterior de la parte actora

Allegó el auto que libr ó mandamiento ejecutivo en el proceso con rad icado 41001-23-33-000-2014-00540-00, para que sea tenido como prueba, en atención a que, en el escrito de tutela se argumentó la trasgresión al derecho a la igualdad, a la confianza legítima y al principio de seguridad jurídica teniendo en cuenta que en un proceso ejecutivo con similares fundamentos fácticos y jurídicos el tribunal demandado con ponencia del magistrado Miguel Augusto Medina Ramírez (el mism