CE - 010315000202306386001SENTENCIA20231123155931

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00

Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho Demandada: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , porque, a su2

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00

Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

juicio, al proferir la sentencia de 4 de mayo de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identifica do con el número

Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

juicio, al proferir la sentencia de 4 de mayo de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identifica do con el número único de radicación 110013343060202000027-01, vulneró su derecho fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , con el fin de que se declar ara administrativamente responsable y fuera condenada al pago de los perjuicios que le fueron ocasionados por el presunto error judicial contenido en la providencia del 7 de febrero de 2018, proferida por el Juzgado Sesenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, mediante la cual se declaró la terminaci ón del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 110014003067201500299-00 por encontrar probada la excepción de pago sin que existieran pruebas que así lo acreditaran.

4. Señaló que, el Juzgado Sesenta Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 25 de junio de 2021 , resolvió negar las pretensiones de la demanda.

5. Manifestó que, l a Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , mediante sentencia de 4 de mayo de 2023 ,

resolvió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR el numeral SEGUNDO de la sentencia proferida el 25 de

Administrativo de Cundinamarca , mediante sentencia de 4 de mayo de 2023 , resolvió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR el numeral SEGUNDO de la sentencia proferida el 25 de junio de 2021 por el Juzgado 60 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida el 25 de junio de 2021 por el Juzgado 60 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia […]”.3

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00

Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Para el Juzgado 60 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá no se demostró que la providencia del 7 de febrero de 2018 causara algún daño antijurídico al señor Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho o que la decisión adoleciera de error jurisdiccional debido a que no se aportó el audio de la audiencia de instrucción y juzgamiento donde la Juez 67 Civil Municipal de Bogotá señaló las razones por las cuales declaró probada la excepción de pago total de la obligación, razón por la cual no advertía que la misma fuera caprichosa o arbitraria.

Por su parte, el apelante único consideró que sí se había acreditado el daño antijurídico que le fue ocasionado con la providencia judicial contentiva de error judicial debido a que se demostró que la Juez 67 Civil Municipal de Bogotá declaró

Por su parte, el apelante único consideró que sí se había acreditado el daño antijurídico que le fue ocasionado con la providencia judicial contentiva de error judicial debido a que se demostró que la Juez 67 Civil Municipal de Bogotá declaró probada la excepción de pago total de la obligación sin tener prueba de ello, lo que desconoció las normas aplicables al asunto y lesionó sus derechos e intereses.

Analizados los hechos y las pretensiones de la demanda, advierte la Subsección que el daño por el cual se persigue indemnización administrativa se concreta en la lesión patrimonial que presuntamente sufrió el señor Sarmiento Cristancho por la imposibilidad de cons eguir el pago de la suma de dinero contenida en el Booking Change Notification (BCN), en virtud de la decisión emitida por el Juzgado 67 Civil Municipal de Bogotá mediante la cual se declararon infundadas las pretensiones de la demanda ejecutiva y probada la excepción de pago presentada por la ejecutada (1.1.22 y 1.1.23).

Ahora bien, aunque se probó que el señor Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho no obtuvo el pago de la suma que contenía el presunto título valor que sirvió de soporte para librar mandamiento ejecutivo contra la EF Educación Internacional Ltda. (6.337 USD), lo cierto es que dentro del proceso no se acreditó que ello constituyera un verdadero daño antijurídico susceptible de ser indemnizado por vía judicial, toda vez que no se probó que la p rovidencia emitida el pasado 7 de febrero de 2018 fuera contraria a la Ley o constitutiva de vía de hecho que la víctima no estuviera en el deber jurídico de soportar por las razones que pasan a exponerse […]”.

[…]

contraria a la Ley o constitutiva de vía de hecho que la víctima no estuviera en el deber jurídico de soportar por las razones que pasan a exponerse […]”.

[…]

“[…] el hecho de que a través del proce so ejecutivo se pretenda el pago de obligaciones claras, expresas y exigibles que ya fueron declaradas y se encuentran contenidas en verdaderos títulos ejecutivos, no supone que la contraparte y el Juez de la ejecución estén desprovistos de herramientas ju rídicas para debatir y desestimar la existencia del título o de alguno de sus elementos […]”.

[…]

“[…] la Subsección advierte que, en primer lugar, el Juzgado 67 Civil Municipal de Bogotá sostuvo que debían negarse las pretensiones de la demanda por “el incumplimiento del principio de la carga de la prueba” que le correspondía a la parte ejecutante, al advertir que debía cuestionarse si “el documento traído a colación en la demanda (…) tenía efecto jurídico suficiente para ser tenido en cuenta como título valor”, como quiera que para esta autoridad judicial no se conformó el título ejecutivo complejo que resultaba necesario para seguir adelante con la ejecución y demostrar la exigibilidad de la obligación de pago de 6.337 USD, al advertir que el señor Sarmiento Cristancho no aportó suficientes pruebas que demostraran la exigibilidad de esta obligación, en ese valor y con esas características. Especialmente, indicó que no aportó el contrato suscrito con la ejecutada dentro de las oportunidades4

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00

Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

que no aportó el contrato suscrito con la ejecutada dentro de las oportunidades4

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Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

procesales pertinentes para la conformación del mismo, esto es; durante el traslado del recurso de reposición interpuesto por la ejecutada contra el auto admisorio de la demanda y/o en el traslado de las excepciones propuestas por esta misma sociedad (1.1.23).

De igual forma, para la Subsección, la Juez 67 Civil Municipal de Bogotá sustentó de forma razonable y suficiente el motivo por el cual encontró acreditada la excepción de pago total de la obligación que se encontraba a cargo de EF Educación Internacional Ltda., lo que desvirtúa la presunta ausencia de los elementos materiales probatorios requeridos para declarar su prosperidad […] lo que evidencia este Tribunal es que el señor Sarmiento Cristancho está en desacuerdo con la valoración jurídica y probatoria adoptada por la Juez 67 Civil Municipal de Bogotá, lo cual no constituye fundamento alguno para encontrar probado el error judicial en la providencia cuestionada. Sobre todo, porque el medio de control de reparación directa no es una nueva instancia para reabrir el debate jurídico que tuvo lugar dentro del proceso ejecutivo con Rad. No. 11001-40-03067-2015-00299-00, ni tiene el Juez de la reparación directa las mismas facultades del superior jerárquico o funcional del Juez natural que le permitan realizar una nueva valoración probatoria de los medios de convicción que fueron puestos a su conocimiento, por lo que advirtiéndose que la decisión judicial contenida en providencia del 7 de febrero de 2018 es razonable, se

Juez natural que le permitan realizar una nueva valoración probatoria de los medios de convicción que fueron puestos a su conocimiento, por lo que advirtiéndose que la decisión judicial contenida en providencia del 7 de febrero de 2018 es razonable, se encuentra debidamente sustentada y está soportada tanto en las normas aplicables, como en las pruebas debidamente recaudadas en el proceso, para la Sala no se probó que la misma adoleciera de error jurisdiccional y, por ende, tampoco se demostró que causara un daño antijurídico al demandante que aquél no se encontrara en el deber jurídico de soportar […]”.

[…]

“[…] al no demostrarse un actuar temerario o u na conducta de mala fe del demandante dentro del proceso, en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia de la parte vencida, esta Sala revocará la decisión proferida por el Juzgado 60 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá re lativa a condenar en costas al señor Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 4.1. Solicito muy comedidamente tutelar los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C al proferir el fallo de segunda instancia, al incurrir en error judicial por defecto factico (sic) y sustantivo.

4.2. Solicito muy comedidamente se deje sin valor ni efecto la sentencia de segunda instancia proferida por el por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección

sustantivo.

4.2. Solicito muy comedidamente se deje sin valor ni efecto la sentencia de segunda instancia proferida por el por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C. y, en consecuencia, proferir un fallo con base en las consideraciones que se realicen en esta providencia constitucional, teniendo en cuenta las normas sustantivas y procedimentales derogadas, antes señaladas y aplicables al caso concreto […]”.5

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00

Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

7. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló lo siguiente:

“[…] Por medio de esta acción constitucional excepcionalísima demuestro que el despacho accionado incurre en defecto fáctico por indebida valoración probatoria y sustantivo por inaplicación de normas de orden público, vulnerando el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva al afirmar que está demostrado el pago total de la obligación por valor de ($6.337 USD) sin estarlo y derogando las normas que regulan lo relativo al pago de las obligaciones dinerarias […]”.

[…]

“[…] Dentro del proceso no existe pr ueba del pago total de la obligación por (6.337 UDS), razón por la cual es imposible física y jurídicamente que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C, concluya que el “pago” por valor de (4.299 USD) extingue la obligac ión de (6.337 UDS), si la diferencia entre estos valores es de (2.038 USD) […]”.

[…]

“pago” por valor de (4.299 USD) extingue la obligac ión de (6.337 UDS), si la diferencia entre estos valores es de (2.038 USD) […]”.

[…]

“[…] Lo que si ocurrió fue que, en el proceso ejecutivo, el excepcionante NO propuso excepción de pago parcial. El pago parcial NO consta en el cuerpo del título valor. El demandado formuló excepción de pago total sin demostrarlo y el juez natural encontró probado el pago total de la obligación por valor de (6.337 USD) sin la aprueba (sic) del pago […]”.

[…]

“[…] el artículo 225 del C.G.P. establece un principio de prueba por escrito, el cual se tenía que haber apreciado por el Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Tercera - Subsección C, como un indicio grave de la inexistencia del respectivo pago total de la obligación por val or de (6.337 USD) […] el artículo 442 del C.G.P. establece que para que prospere la excepción de pago, como regla: debe “acompañar las pruebas relacionadas con ellas” es decir: estar probada dentro del proceso. Y como lo hemos afirmado y demostrado reitera das veces y así se puede verificar dentro del proceso: NO existe prueba del pago total de la obligación por valor de (6.337 USD) […]”.

[…]

“[…] Si el excepcionante en el proceso ejecutivo primigenio, alegó el pago total de la obligación, conforme con el artículo en cita, tenía la obligación legal de aportar la prueba del pago. Ya que está alegando la extinción de la obligación. Lo que no hizo. Lo mismo ocurre con la Rama Judicial, cuando afirmó que en el proceso ejecutivo primigenio existía la prueba del pago total de la obligación, siendo deber legal de la

prueba del pago. Ya que está alegando la extinción de la obligación. Lo que no hizo. Lo mismo ocurre con la Rama Judicial, cuando afirmó que en el proceso ejecutivo primigenio existía la prueba del pago total de la obligación, siendo deber legal de la Rama Judicial, identificar dentro del proceso ejecutivo, la prueba del pago total de la obligación […]”.

[…]

“[…] Así como exigir prueba de una afirmación indefinida y no desvirtuar la presunción de la existencia de la deuda por falta de prueba por escrito conforme lo establecido en el artículo 877 del Código de Comercio […]”. (Resaltado por la Sala)6

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00

Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 23 de octubre de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés legítimo, al Juzgado Sesenta Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar

que:

“[…] Desde esta perspectiva debe determinarse si es procedente la acción de tutela

9. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar

que:

“[…] Desde esta perspectiva debe determinarse si es procedente la acción de tutela contra la sentencia del pasado 4 de mayo de 2023 emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección T ercera – Subsección C por presunta vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso y la tutela judicial efectiva del señor Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho por los presuntos defectos fáctico y sustantivo o material, al haber incurrido en “indebida valoración probatoria e inaplicación de normas de orden público” por los mismos argumentos discutidos por el tutelante en relación con la sentencia emitida dentro del proceso ejecutivo con Rad. No. 201500299 que fueron examinados en el juicio d e responsabilidad patrimonial del Estado y en relación con el cual no se formula reparo alguno.

Para el Magistrado Ponente la respuesta a dicho interrogante debe ser negativa debido a que la presente acción de tutela es improcedente como quiera que, frente a los requisitos generales se incumple con el requisito de la relevancia constitucional del asunto y, en relación con los requisitos especiales; no se probó el defecto fáctico, ni el material o sustantivo pues ni siquiera se presentan argumentos constitucionales suficientes, claros y pertinentes que debatan la constitucionalidad de la sentencia de reparación directa del 4 de mayo de 2023, sino que se pretende reabrir el debate que surgió en el proceso ejecutivo.

Entonces, la acción de tutela es improcedente porque a) el tutelante utiliza la acción

reparación directa del 4 de mayo de 2023, sino que se pretende reabrir el debate que surgió en el proceso ejecutivo.

Entonces, la acción de tutela es improcedente porque a) el tutelante utiliza la acción constitucional para debatir un asunto de mera legalidad que ya fue resuelto por el Juez natural del asunto o, lo que es lo mismo, utiliza la acción de tutela como tercera instancia del proceso de reparación directa con Rad. No. 2020 -00027 e, incluso, del proceso ejecutivo con Rad. No. 2015 -00299 y b) lo advertido es que el señor Sarmiento Cristancho no comparte los argumentos expuestos por esta Corporación para desestimar la responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional, sin que ello suponga la configuración de alguno de los defectos específicos de procedencia de la acción constitucional. Sobre todo, porque, se reitera, c) el accionante presenta los mismo s argumentos legales utilizados para atacar la7

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00

Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

sentencia ejecutiva del 7 de febrero de 2018 por presunto error jurisdiccional, pero no formula reparos constitucionales contra la sentencia del 4 de mayo de 2023 que determinó la ausencia de configuración de los elementos de responsabilidad patrimonial del Estado por este título de imputación […]”.

10. El Juzgado Sesenta Administrativo Oral del Circuito de Bogotá solicitó negar

la acción de tutela, por las siguientes razones:

“[…] la interpretación que hace el accionante del contenido de las decisiones son subjetivas por el hecho de no corresponder a sus intereses queriendo comportar la

la acción de tutela, por las siguientes razones:

“[…] la interpretación que hace el accionante del contenido de las decisiones son subjetivas por el hecho de no corresponder a sus intereses queriendo comportar la acción de tutela como una tercera instancia, sin embargo solo son consecuencia del análisis juicioso de cada uno de los elementos que estructuran la responsabilidad del estado por error judicial que término (sic) en la definición denegatoria de las pretensiones de la demanda por ausencia de pruebas de la falla del servicio, sin que por ello se vulnere el derecho al acceso a la administración de justicia y debido proceso como se pretende hacer ver como se explicará más adelante […]”.

[…]

“[…] Respecto de la sentencia de primera instancia es preciso indicar que en sede de tutela pretende el actor debatir decisiones propias del proceso ejecutivo y la carga probatoria en el mismo y ello no es procedente en el proceso de reparación directa por error jurisdiccional, pues en el declarativo ante esta jurisdicción debe probar que el pago no estaba acreditado o que fue parcial o lo que afirmó en la demanda, pero el actor incumplió su carga de la prueba para acreditar la falla del servicio y así se dispuso en sentencia del 25 de junio de 2021.

Ahora bien, el actor cuestiona la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por indebida valoración probatoria pero resalta este despacho que en la sentencia de segunda instancia además de enlistar y trascribir (sic) las pruebas aportadas, tiene un capítulo de análisis probatorio y en el juicio de responsabilidad se concluyó que no se acreditó la existencia de un daño antijuridico toda vez que no se probó que la providencia cuestionada fuera contraria

juicio de responsabilidad se concluyó que no se acreditó la existencia de un daño antijuridico toda vez que no se probó que la providencia cuestionada fuera contraria a la ley o constitutiva de una vía de hecho, pues señalo que la parte acto ra no estableció de forma concreta y rigurosa el error que endilgaba y explicó de manera detallada el proceso ejecutivo, por lo que no se puede predicar ni el error factico (sic) ni el sustantivo como pretende el accionante […]”.

11. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial rindió informe en los

siguientes términos:

“[…] De entrada, se solicita negar, por improcedente, la acción de tutela, ya que no se reúne el requisito de inmediatez. En efecto la sentencia de segunda instancia se profirió el 4 de mayo de 2023 y la acción de tutela se radicó el 17 de octubre de 2023, según se advierte en el sistema de consulta SAMAI, por lo cual se superó el lapso prudente para atacar una providencia judicial por vía de tutela, lo que a todas lu ces trata de derruir el principio de seguridad jurídica […]”.

[…]8

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00

Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

“[…] En la presente solicitud tutelar se echa de menos el análisis de esos requisitos generales y especiales de procedibilidad […] el amparo constitucional no puede abrirse camino, so pena de atentar contra otros principios constitucionales como son la cosa juzgada, la seguridad jurídica, el juez natural y la autonomía judicial, que también hacen parte del debido proceso.

abrirse camino, so pena de atentar contra otros principios constitucionales como son la cosa juzgada, la seguridad jurídica, el juez natural y la autonomía judicial, que también hacen parte del debido proceso.

La Sala de la Subsección C, Sección Tercera del Tribunal Administrat ivo de Cundinamarca, profirieron sus decisiones observando las reglas que rigen el estudio y decisión del medio de control de reparación directa, haciendo un análisis fáctico y procesal del asunto que fue sometido a control, valorando todas y cada una de l as pruebas aportadas […]”.

[…]

“[…] En conclusión, no se advierte que se haya configurado siquiera alguno de los requisitos especiales de procedencia de tutela contra providencia judicial, por lo cual el amparo, sin dubitación alguna, debe ser negado, NO puede convertirse este mecanismo especial de protección como si se tratara de una nueva instancia, que en últimas es lo que pretende el tutelante, pues NO trae a colación algún hecho, argumento o prueba nueva que así lo demuestre […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 1, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 2021 2 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20193, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

6 de abril de 2021 2 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20193, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 2 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 3 Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00

Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

14. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.

procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.

15. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii ) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; procediendo posteriormente a iv) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

16. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en u n asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena4, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.10

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.10

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00

Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

17. Esta Sección adoptó 5 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005 6, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

18. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

19. De lo expues to, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una

19. De lo expues to, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar , debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”7 que encaje en dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 6 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 7 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.11

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00

Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

21. El criterio expuesto fue reite