CE - 010324000201100207001SENTENCIA20231201093032

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad Radicado: 11001-03-24-000-2011-00207-00

Demandante: Jorge Alonso Garrido Abad Demandado: Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor Tema: DERECHO DE AUTOR – Tarifas supletorias por la ejecución pública de música – Aplicación prevalente e inmediata del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que , en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 8 4 del Decreto 01 de 1984, instauró el señor Jorge Alonso Garrido Abad, actuando en nombre propio, en contra de la Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor , con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución núm. 315 de 11 de noviembre de 2010.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

I.1.1 Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 8 4 del Código Contencioso Administrativo – en adelante también CCA., y actuando en nombre

I.1. La demanda

I.1.1 Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 8 4 del Código Contencioso Administrativo – en adelante también CCA., y actuando en nombre propio, el señor Jorge Alonso Garrido Abad instauró demanda1 con el fin de obtener la nulidad de la Resolución núm. 315 de 11 de noviembre de 2010, expedida por el Director General de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, cuyo tenor

literal es el siguiente:

1 Folios 67 a 85 y folios 97 a 101.2

Radicado: 11001032400020110020700

Demandante: Jorge Alonso Garrido Abad

Primero. Derogar las Resoluciones 009 del 28 de enero de 1985 y 010 de 1º de marzo de 1985, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

I.1.2. Normas violadas y concepto de la violación

2. El actor sostuvo que el acto administrativo demandado vulnera el parágrafo del artículo 73 de la Ley 23 de 1982, el artículo 25 del Decreto 3116 de 1984, el artículo 32 de la Ley 457 de 1998 ‒ Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones y los artículos 4 º y 67 del Decreto 3942 de 2010, en sustento de lo cual formuló los cargos que se sintetizan a continuación:

1. Violación del parágrafo del artículo 73 de la Ley 23 de 1982

3. Argumentó que la Resolución núm. 315 de 2010 es manifiestamente ilegal ,

1. Violación del parágrafo del artículo 73 de la Ley 23 de 1982

3. Argumentó que la Resolución núm. 315 de 2010 es manifiestamente ilegal , «porque deroga unas Resoluciones contentivas de las tarifas fijadas por la entidad estatal competente, que deben existir necesariamente, porque si desaparecen exponen a los destinatarios del pago de los derechos de autor a lo que el Consejo de Estado señala como una eventual vulneración de su derecho fundamental al trabajo», considerando que el pago de dichas tarifas constituye un requisito «para el funcionamiento de establecimientos de comercio (Ley 232 de 1995, para poder celebrar un evento o concierto (artículo 160 de la ley 23 de 1982) o bien para la prestación del servicio de radiodifusión (artículo 162 de la ley 23 de 1982)».

4. Señaló que el acto demandado se sustentó en unas normas a las cuales se les dio un alcance que no tenían y que, en todo caso, son de inferior jerarquía respecto del parágrafo del artículo 73 de la Ley 23 de 1982 , disposición que facultó al Gobierno Nacional para fijar subsidiariamente el precio que se debe pagar por el uso de las obras protegidas por el derecho de autor, con el propósito de garantizar la protección de los derechos tanto de los titulares como de los usuarios de las obras, de manera que se eviten los abusos en el ejercicio de la libre empresa.

5. Arguyó que si esa intervención estatal no se materializa como consecuencia de la decisión de derogar las tarifas legales supletorias, las personas que deben pagar por la utilización de las obras protegidas pueden ser sometidas a abusos y arbitrariedades por parte de los titulares del derecho de autor.

la decisión de derogar las tarifas legales supletorias, las personas que deben pagar por la utilización de las obras protegidas pueden ser sometidas a abusos y arbitrariedades por parte de los titulares del derecho de autor.

1. Violación del artículo 25 del Decreto 3116 de 1984

6. Comentó que el artículo 25 del Decreto 3116 de 1984 fue derogado expresamente mediante el Decreto 162 de 1996, pero recuperó su vigencia al derogarse este último mediante el artículo 67 del Decreto 3942 de 2010.3

Radicado: 11001032400020110020700

Demandante: Jorge Alonso Garrido Abad

7. Indicó que el citado artículo 25 del Decreto 3116 de 1984 fue violado mediante el acto administrativo demandado, remitiéndose a los argumentos en los cuales fundó la violación del parágrafo del artículo 73 de la Ley 23 de 1982 toda vez que, «en esencia, desde el punto de vista jurídico, esta norma Superior, es desarrollo del parágrafo del articulo73 de la Ley 23 de 1982, también violada».

1. Violación del artículo 32 de la Ley 457 de 1998 y del precedente de la Sección Primera del Consejo de Estado sobre falt a de competencia para interpretar la ley andina

8. Expuso que, al expedir la Resolución núm. 315 de 2010, el Director General de la Dirección Nacional de Derecho de Autor fijó el alcance del artículo 54 de la Decisión Andina 351 de 1993, lo que constituye una vulneración del artículo 32 de la Ley 457 de 1998 2, según el cual el único órgano autorizado para precisar el

la Dirección Nacional de Derecho de Autor fijó el alcance del artículo 54 de la Decisión Andina 351 de 1993, lo que constituye una vulneración del artículo 32 de la Ley 457 de 1998 2, según el cual el único órgano autorizado para precisar el alcance de la normativa comunitaria es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

9. En ese sentido, afirmó que la demandada se abrogó la función de interpretar el alcance de una norma comunitaria andina , sin que existiera interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, incurriendo en una vía de hecho que impregna de manifiesta ilegalidad el acto cuestionado.

10. Agregó que la demandada desconoció igualmente el «Precedente Horizontal o Autoprecedente», toda vez que los argumentos que se esgrimieron para derogar las Resoluciones 009 y 010 de 1985 se apartan de lo expuesto por la Sección Primera del Consejo de Estado en auto de 19 de febrero de 2009, mediante el cual negó la suspensión de los efectos jurídicos de las mismas resoluciones –dentro de un proceso promovido por Sayco y Acinpro –, por considerar que cuando se alega la violación de normas comunitarias no es posible decretar la suspensión del acto acusado sin la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina.

1. Violación del artículo 4º del Decreto 3942 de 2010 y del precedente que sobre su alcance fijó la Sección Primera del Consejo de Estado

11. Refirió que, conforme a las consideraciones de la Resolución núm. 315 de 11 de noviembre de 2010, se requería derogar las Resoluciones 009 y 010 de 1985 como

11. Refirió que, conforme a las consideraciones de la Resolución núm. 315 de 11 de noviembre de 2010, se requería derogar las Resoluciones 009 y 010 de 1985 como quiera que el Estado ya no podía fijar las tarifas legales supletorias de la voluntad de la partes, debido a la entrada en vigencia del Decreto 3942 de 2010, el cual estableció en el parágrafo 2 del artículo 4º que ni nguna persona diferente a las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos podrá

2 Mediante la cual Colombia se adhirió al Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia.4

Radicado: 11001032400020110020700

Demandante: Jorge Alonso Garrido Abad

fijar tarifas por la utilización de obras, interpretaciones, ejecuciones artísticas o fonogramas.

12. Aseveró que tal consideración resulta manifiestamente ilegal, porque la Sección Primera del Consejo de Estado, en el auto admisorio de la demanda de la acción de nulidad contra el aludido artículo 4º del Decreto 3942 de 2010, dictado el 25 de febrero de 2011, «expresó que no era cierto que esa norma estuviera otorgando a las sociedades de gestión colectiva la potestad de fijar el precio por el uso de las obras, sino una base para su negociación».

1. Violación del artículo 67 del Decreto 3942 de 2010

13. Manifestó que las razones expuestas en la parte motiva de la Resolución núm. 315 de 2010 «son manifiestamente ilegales, porque no existe una interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia en donde señale que las Resoluciones

13. Manifestó que las razones expuestas en la parte motiva de la Resolución núm. 315 de 2010 «son manifiestamente ilegales, porque no existe una interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia en donde señale que las Resoluciones derogadas son violatorias del orden comunitario, ni tampoco el artículo 4 del Decreto 3942 del 25 de octubre de 2010, expedido por el Presidente de la República, otorga a las sociedades de gestión colectiva a fijar (sic) el precio de la tarifa que se ha de pagar por el uso de las obras».

14. Indicó que lo anterior significa «que la derogatoria es manifiestamente ilegal, porque no está probado que las Resoluciones derogadas contraríen las normas en que se sustenta su derogación y mucho menos, si el proceso de acción de nulidad ante esa Sección Primera, que se promueve contra las Resoluciones derogadas, todavía se encuentra en etapa probatoria».

I.2.- Contestación de la demanda

15. La Dirección Nacional de Derecho de Autor no contestó la demanda dentro del término de fijación en lista3.

I.3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

16. Mediante providencia de 30 de septiembre de 20164, el despacho sustanciador corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al agente del Ministerio Público delegado ante la Sección Primera del Consejo de Estado para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 del Código Contencio so Administrativo. La parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 del Código Contencio so Administrativo. La parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

3 Constancia secretarial que obra en folio 142. 4 Folio 206.5

Radicado: 11001032400020110020700

Demandante: Jorge Alonso Garrido Abad

1. La Dirección Nacional de Derecho de Autor

17. La Dirección Nacional de Derecho de Autor, a través de apoderado judicial, presentó escrito de alegatos de conclusión 5 solicitando que se nieguen las pretensiones de la demanda , con sustento en los argumentos que se resumen a

continuación:

18. Señaló que, en virtud del artículo 54 de la Decisión Andina 351 de 1993, la determinación de las tarifas está causada exclusivamente por la concertación entre los titulares de obras o prestaciones o quienes los representen y los usuarios, de manera que ni siquiera la autoridad administrativa competente podrá autorizar la utilización de dichas obras o prestaciones, ni fijar el valor de l as tarifas por tal utilización.

19. Anotó que la Resolución núm. 315 de 2010 fue expedida por el Director General de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en ejercicio de las facultades legales, y en especial las conferidas por los Decretos 2041 de 1991 y 4835 de 2008, que establecen las funciones y competencias de la entidad y su director, entre las cuales se encuentra la de dictar las providencias necesar ias en aras de obtener el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de autor en Colombia, a saber:

establecen las funciones y competencias de la entidad y su director, entre las cuales se encuentra la de dictar las providencias necesar ias en aras de obtener el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de autor en Colombia, a saber: los convenios internacionales, el derecho comunitario y la legislación interna.

20. Expresó que las Resoluciones 009 y 010 de 1985 se fundamentaron en el parágrafo del artículo 73 de la Ley 23 de 1982, norma que, aunque está vigente, se encuentra suspendida de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Decisión Andina 351 de 1993, comoquiera que las normas comunitarias son de aplicación preferente, directa e inmediata, lo que significa que cuando una norma interna entra en contradicción total o parcial respecto de una norma del ordenamiento andino se produce la suspensión y no la derogatoria, por lo que la norma continúa vigente pero no se puede aplicar.

21. Adujo que, en razón a que las tarifas supletorias eran incompatibles con lo dispuesto en el artículo 54 de la Decisión Andina 351 de 1993, norma de carácter prevalente y preeminente en el ordenamiento jurídico colombiano, se hizo necesaria la expedición de la Resolución núm. 315 del 11 de noviembre de 2010 por parte de la Dirección Nacional de Derecho de Autor a efectos de derogar las Resoluciones núms. 009 y 010 de 1985.

1. Concepto del Ministerio Público

22. El agente del Ministerio Público emitió el concepto núm. 209 de 8 de noviembre de 20166, manifestando que, a su juicio, la Resolución núm. 315 de 2010 no está

22. El agente del Ministerio Público emitió el concepto núm. 209 de 8 de noviembre de 20166, manifestando que, a su juicio, la Resolución núm. 315 de 2010 no está

5 Folios 207 a 210. 6 Folios 219 a 236.6

Radicado: 11001032400020110020700

Demandante: Jorge Alonso Garrido Abad

viciada de nulidad, toda vez que está acorde con la Decisión Andina 351 de 1993, razón por la cual no están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda.

23. En ese sentido, explicó que las Resoluciones núms. 009 y 010 de 1985, derogadas mediante el acto administrativo demandado, tenían como fundamento el parágrafo del artículo 73 de la Ley 23 de 1982 y anotó que con posterioridad a la expedición de esa Ley fue proferida la Decisión Andina 351 de 1993, que en su artículo 54 dispone expresamente que para la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica, emisión de la radiodifusión o prestación de apoyo para su utilización se debe contar siempre con la autorización previa y expresa del titular del derecho o su representante , convirtiéndose este en un requisito esencial para el efecto.

24. Expuso que «a partir de la Decisión Andina que dentro de su s características tiene que es de aplicación inmediata –lo que significa que no requirió de una norma de trasposición para incorporarse al derecho interno – y en atención al principio de irretroactividad que rige en el derecho internacional, por ser palpable su

tiene que es de aplicación inmediata –lo que significa que no requirió de una norma de trasposición para incorporarse al derecho interno – y en atención al principio de irretroactividad que rige en el derecho internacional, por ser palpable su contradicción con Decisión Andina 351 de 1993, tanto la Ley 23 de 1982 y los actos expedidos con fundamento en esa Ley resultan inaplicables».

25. Seguidamente, señaló que el Director General de la Dirección Nacional de Derecho de Autor expidió la demandada Resolución núm. 315 de 2010 con el fin de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, ello de conformidad con el artículo 1º numeral 4 del Decreto 4835 de 2008 , que le asignó la función de dictar las providencias necesarias para obtener el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de autor en Colombia . Por ende, consideró, que no se advierte la vulneración del artículo 32 de la Ley 457 de 1998, alegada por el actor.

26. Asimismo, estimó que «la Resolución 315 de 2010 no vulnera el parágrafo 2 del artículo 4º del Decreto 3942, toda vez que dentro del mismo lo que se hace es derogar las Resoluciones 009 y 010 de 1 985 en donde se fijan tarifas supletorias por la ejecuci ón pública de la m úsica, de emisoras de radios y programaci ón de televisión; actos que van en contra de lo indicado en el Decreto 3942 de 2010».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. Competencia

televisión; actos que van en contra de lo indicado en el Decreto 3942 de 2010».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. Competencia

27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 numeral 1° del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.7

Radicado: 11001032400020110020700

Demandante: Jorge Alonso Garrido Abad

II.2. Problema jurídico

28. La Sala debe determinar si la Resolución núm. 315 de 11 de noviembre de 2010, expedida por el Director General de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, «[p]or la cual se derogan las Resoluciones 009 del 28 de enero de 1985 y 010 d el 1º de marzo de 1985», está viciada de nulidad por infringir el parágrafo del artículo 73 de la Ley 23 de 1982, el artículo 25 del Decreto 3116 de 1984, el artículo 32 de la Ley 457 de 1998 y los artículos 4º y 67 del Decreto 3942 de 2010, al eliminar las tarifas supletorias aplicables ante la inexistencia o pérdida de vigencia de contrato entre los titulares del derecho de autor y los usuarios por la ejecución pública de obras o prestaciones musicales, y por desconocer el precedente judicia l de la

Sección Primera del Consejo de Estado.

II.3. El acto administrativo demandado

29. El demandante pretende la nulidad d e la Resolución núm. 315 de 11 de

Sección Primera del Consejo de Estado.

II.3. El acto administrativo demandado

29. El demandante pretende la nulidad d e la Resolución núm. 315 de 11 de

noviembre de 2010, que dispone:

Resolución 315 11 nov. 2010

Por la cual se derogan las Resoluciones 009 del 28 de enero de 1985 y 010 del 1º de marzo de 1985

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE

AUTOR

En ejercicio de sus facultades legales y en especial de aquellas conferidas por los Decretos 2041 de 1 991, 4835 de 2008, y el Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:

[…]

RESUELVE:

PRIMERO: Derogar las Resoluciones 009 del 28 de enero de 1985 y 010 del 01 de marzo de 1985, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

[…]

II.4. Interpretación Prejudicial – acto aclarado

30. El Despacho sustanciador del proceso solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del artículo 54 de la Decisión Andina 351 de 1993, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina7.

7 Índice 52 del aplicativo para la gestión judicial Samai.8

Radicado: 11001032400020110020700

Demandante: Jorge Alonso Garrido Abad

31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante providencia de 27 de julio de 2023 8, expuso que , conforme al criterio jur ídico interpretativo del acto

Demandante: Jorge Alonso Garrido Abad

31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante providencia de 27 de julio de 2023 8, expuso que , conforme al criterio jur ídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

32. En ese contexto, determinó que el artículo 5 4 de la Decisión Andina 351 constituye un acto aclarado, en los términos de las sentencias de Interpretación Prejudicial 383-IP-2021 y 156-IP-2021, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5186 de 22 de mayo de 2023 y 5136 del 23 de febrero de 2023, respectivamente.

33. Sobre ese supuesto, declaró que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, e instó a esta Sección, como autoridad consultante, a remitirse a los criterios jurídico s interpretativos contenidos en las aludidas providencias, particularmente, especificó, a lo señalado en los párrafos 3.1. a 3.5. de la Interpretación Prejudicial 156-IP-2021.

34. En efecto, en la Interpretación Prejudicial 156-IP-2021, el Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina señaló:

[…]

3. La responsabilidad solidaria a la que se refiere el Artículo 54 de la Decisión

351

[…]

la Comunidad Andina señaló:

[…]

3. La responsabilidad solidaria a la que se refiere el Artículo 54 de la Decisión

351

[…]

3.2. El Artículo 54 de la Decisión 351 dispone que ninguna autoridad pública, ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante. En caso de incumplimiento, dicha autoridad pública, o la persona natural o jurídica de que se trate, será solidariamente responsable.

3.3. Tratándose del incumplimiento de una autoridad pública, en una anterior interpretación prejudicial el Tribunal señaló lo siguiente:

«Igualmente, es solidariamente responsable la autoridad judicial o administrativa que estando en conocimiento de la violación de los referidos derechos, tolere o haga caso omiso de ésta, debiendo entenderse tal hecho una prestación de apoyo para su utilización, toda vez que 'apoyo' es amparo, respaldo, asistencia, cooperación y colaboración, razón por la cual debe

8 índice 161 del aplicativo para la gestión judicial Samai.9

Radicado: 11001032400020110020700

Demandante: Jorge Alonso Garrido Abad

considerarse que la prestación de apoyo no solo incluye actos positivos o de acción, sino también actos negativos o de omisión

En tal sentido, todo proceder o comportamiento dirigido a secundar, respaldar, proteger o permitir usos no autorizados de obras amparadas por el derecho de autor, y en este caso, de programas de ordenador, aun cuando

En tal sentido, todo proceder o comportamiento dirigido a secundar, respaldar, proteger o permitir usos no autorizados de obras amparadas por el derecho de autor, y en este caso, de programas de ordenador, aun cuando se trate d e conductas omisivas, encuadran dentro del supuesto de hecho contenido en el Artículo 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena».

3.4. La responsabilidad solidaria que nace del incumplimiento previsto en el Artículo 54 de la Decisión 351 se aplica a las respectivas responsabilidades que emergen del referido incumplimiento, las que pueden tener tanto naturaleza civil como administrativa.

3.5. En efecto, la responsabilidad solidaria a la que se refiere el Artículo 54 de la Decisión 351 implica el deber de satisfacer las remuneraciones debidas por el uso, el resarcimiento de los da ños y perjuicios causado con la explotación ilícita y, de ser el caso, el pago de las multas emergentes de la responsabilidad administrativa aplicable.

[…]

II.5. Análisis de los cargos formulados

35. Pese a que el demandante formuló cinco (5) cargos, tras analizar la sustentación de los mismos la Sala entiende que giran en torno a i) la violación de normas superiores en que debió fundamentarse el acto administrativo demandado y ii) la omisión de consulta obligatoria ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como el desconocimiento del precedente de la Sección Primera del Consejo de Estado. Por lo tanto, los cargos serán analizados en ese orden y de manera conjunta, según las coincidencias de los argumentos en que se sustentan.

así como el desconocimiento del precedente de la Sección Primera del Consejo de Estado. Por lo tanto, los cargos serán analizados en ese orden y de manera conjunta, según las coincidencias de los argumentos en que se sustentan.

1. Violación del parágrafo del artículo 73 de la Ley 23 de 1982 , del artículo 25 del Decreto 3116 de 1984 y del artículo 67 del Decreto 3942 de 2010

36. En criterio del actor, la Resolución núm. 315 de 2010 es manifiestamente ilegal toda vez que: i) derogó unas resoluciones que contenían unas tarifas subsidiarias por la utilización de las obras protegidas por derecho de autor, fijadas en virtud de la intervención estatal prevista en el parágrafo del artículo 73 de la Ley 23 de 1982, con el fin de evitar abusos en el ejercicio de la libre empresa por parte de los titulares de derechos y ii) se fundamentó en unas normas de inferior jerarquía en relación con el parágrafo del artículo 73 de la Ley 23 de 1982 a las cuales, por lo demás, les dio un alcance que no tenían.

37. En efecto, mediante la Resolución núm. 315 de 2 010, el Director General de la Dirección Nacional de Derecho de Autor dispuso derogar la Resoluci ón núm. 00910

Radicado: 11001032400020110020700

Demandante: Jorge Alonso Garrido Abad

de 28 de enero de 1985 9, por la cual se fijaron tarifas supletorias por ejecución pública de la música, así como la Resolución núm. 010 de 01 de marzo de 198510,

de 28 de enero de 1985 9, por la cual se fijaron tarifas supletorias por ejecución pública de la música, así como la Resolución núm. 010 de 01 de marzo de 198510, por la cual se fijaron tarifas supletorias por ejecución pública de la música, de emisoras de radio y programadoras de televisión. El tenor literal de las resoluciones derogadas era el siguiente:

RESOLUCIÓN NÚMERO 009 DE 28 ENE. 1985

Por la cual se fijan las tarifas supletorias por ejecución pública de la música.

EL DIRECTOR NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

en uso de las facultades conferidas en el parágrafo del Artículo 73 de la Ley 23 de 1982 y del Artículo 25 del Decreto 3116 de 1984, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el parágrafo del Artículo 73 de la Ley 23 de 1982 y el Artículo 25 del Decreto 3115 de 1984 corresponde a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, fijar las tarifas en los casos en que no exista contrato, acuerdo o concertación entre los titulares del derecho de ejecución pública y sus usuarios o estos hayan perdido vigencia.

Que para la fijación de tales tarifas se debe tener en cuenta, entre otros factores, la categoría de los establecimientos, sitios o lugares donde se ejecute música.

Que de conformidad con lo expuesto anteriormente se debe proceder a fijar las tarifas supletorias por derechos de autor y conexos.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. - Las tarifas supletorias por concepto de ejecución pública,

Que de conformidad con lo expuesto anteriormente se debe proceder a fijar las tarifas supletorias por derechos de autor y conexos.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. - Las tarifas supletorias por concepto de ejecución pública, representación, o exhibición a que se refiere el parágrafo del Artículo 73 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 25 del Decreto 3116, serán las siguientes:

a) Para discotecas, casetas de baile, griles, cabarets, coreográficos, whyskerías, bares, cantinas, cafés, tabern as, estaderos, cafés concierto, hoteles de 5 y 4 estrellas y similares: el 80% sobre el impuesto de industria y comercio determinado en la correspondiente declaración, del año inmediatamente anterior.

b) Para hoteles de 3 estrellas sin clasificación, moteles amoblados, residencias apartahoteles, cafeterías, restaurantes, fuentes de soda, clubes sociales, saunas, baños turcos, salas de belleza, peluquerías, supermercados, supertiendas, circos, ferias, espectáculos musicales, toros, hipódromos, autódromos y similares el 70% sobre el impuesto de industria y comercio determinado en la correspondiente declaración del año inmediatamente anterior.

9 Folios 125 y 126. 10 Folios 123 y 124.11

Radicado: 11001032400020110020700

Demandante: Jorge Alonso Garrido Abad

c) Para los establecimientos, sitios o lugares no contemplados en los literales a) y b) el 30% sobre el impuesto de industria y comercio determinado en la

Demandante: Jorge Alonso Garrido Abad

c) Para los establecimientos, sitios o lugares no contemplados en los literales a) y b) el 30% sobre el impuesto de industria y comercio determinado en la correspondiente declaración del año inmediatamente anterior.

d) Para los establecimientos sitios o lugares en donde se ejecute públicamente la música, exentos del pago del impuesto de industria y comercio, pagarán anualmente una tarifa de mil pesos ($1.000).

[…]

RESOLUCIÓN NÚMERO 0010 (1 MAR. 1985)

Por la cual se fijan tarifas supletorias por ejecución pública de la música, de emisoras de radio y programadoras de televisión.

EL DIRECTOR NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

en uso de las facultades conferidas en el parágrafo del Artículo 73 de la Ley 23 de 1982 y del Artículo 25 del Decreto 3116 de 1984, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el parágrafo del Artículo 73 de la Ley 23 de 1982 y el Artículo 25 del Decreto 3116 de 1984 corresponde a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, fijar las tarifas por ejecución pública de la música en los casos en que no exista contrato, acuerdo o concertación entre los titulares del derecho y sus usuarios, o estos hayan perdido vigencia

Que para la fijación de las tarifas supletorias se tomó como referencia las concertadas por los titulares del derecho de ejecución y los usuarios.

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto se debe proceder a fijar las tarifas supletorias por ejecución pública de emisoras y programadoras de televisión.

RESUELVE

concertadas por los titulares del derecho de ejecución y los usuarios.

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto se debe proceder a fijar las tarifas supletorias por ejecución pública de emisoras y programadoras de televisión.

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Las tarifas supletorias por concepto de ejecución pública, a que se refiere el parágrafo del Artículo 73 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 25 del Decreto 3116, serán las s