CE - 010324000201400230001SENTENCIA20231211094602

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicado : 11001-03-24-000-2014-00230-00

Nº Interno : 2278-2014

Demandante : Freddy Rolando Pérez Huertas Demandados : Nación – Ministerios del Trabajo , de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y el Derecho y de Educación Nacional y Departamento Administrativo de la Función Pública Terceros interesados : Administradora Colombiana de Pensiones

(Colpensiones), Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecón)1

Medio de control : Simple nulidad – Ley 1437 de 2011

Tema : Demanda de nulidad del Decreto 753 de 1974, «por el cual se reglamenta el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 50 de 1886»

La Sala decide la demanda que , en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), presentó el señor Freddy Rolando Pérez Huertas, por cuyo conducto solicita la nulidad del Decreto 753 de 30 de abril de 1974, «por el cual se reglamenta el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 50 de 1886».

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.

El ciudadano Freddy Rolando Pérez Huertas incoó demanda de nulidad contra

el cual se reglamenta el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 50 de 1886».

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.

El ciudadano Freddy Rolando Pérez Huertas incoó demanda de nulidad contra el Decreto 753 de 1974 , por medio del cual se reg lamenta el trámite de acreditación de los textos de enseñanza para obtener la homologación pensional prevista en la Ley 50 de 1886.

La norma censurada se encuentra establecida así:

DECRETO 753 DE 1974[2]

(abril 30)

1 Vinculados mediante auto de 28 de julio de 2014 (folios 19 y 20). 2 Publicado en el Diario oficial de 21 de mayo de 1974.2

Número interno: 2278-2014

Demandante: Freddy Rolando Pérez Huertas

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por el cual se reglamenta el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 50 de 1886.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades de que confiere el artículo 120, numeral 3 de la Constitución, y

CONSIDERANDO:

Que el inciso segundo del artícul o 13 de la Ley 50 de 1886 no ha tenido aplicación uniforme, lo que constituye un inconveniente para el reconocimiento igualitario de la prestación a que se refiere, y

Que la producción de textos de enseñanza en todos los niveles, así como la publicación d e revistas y periódicos pedagógicos o didácticos, son actividades necesarias que deben fomentarse en la lucha del Estado por la cultura elemental, profesional y

Que la producción de textos de enseñanza en todos los niveles, así como la publicación d e revistas y periódicos pedagógicos o didácticos, son actividades necesarias que deben fomentarse en la lucha del Estado por la cultura elemental, profesional y especializada como lo exige el desarrollo de la República.

DECRETA:

Artículo 1º. Los institutores o profesores que puedan aprobar los textos de enseñanza, según el inciso 2º del artículo 13 de la Ley 50 de 1886, deben acreditar su título con las certificaciones oficiales correspondientes y rendir declaración jurada ante un juez de la residencia del autor del texto. En estas declaraciones harán constar el contenido de las obras a que se refieren, el establecimiento o los establecimientos educativos en donde se hayan adoptado, el tiempo durante el cual hayan servido para la enseñanza, el número de pá ginas del libro o de los libros, en caso de ser varios, y las razones que tenga para haberles dado aprobación o para recomendarlos.

Artículo 2º. La aprobación o recomendación pueden estar a cargo de dos rectores o directores de escuelas, colegios, universidades, institutos de especialización o de enseñanza diversificada, oficiales o privados, o de los decanos de las facultades, con el visto bueno del rector. En ese caso bastará la certificación correspondiente.

Artículo 3º. Cada libro adoptado y recomendado conforme indican las anteriores disposiciones, equivaldrá a dos años de servicio público, para los efectos exclusivos de la pensión de jubilación a que tiene derecho el autor, cualquiera que fuere el número de tomos publicados. Son requisitos para hacer el reconocimiento por parte de la entidad asistencial respectiva:

público, para los efectos exclusivos de la pensión de jubilación a que tiene derecho el autor, cualquiera que fuere el número de tomos publicados. Son requisitos para hacer el reconocimiento por parte de la entidad asistencial respectiva:

a) Que el libro o libros sean impresos y su propiedad intelectual registrada [declarado nulo a través de sentencia de 24 de mayo de 1977 del Consejo de Estado].

b) Que expresen el nombre del autor, el pie de imprenta y el año de edición [declarado nulo por medio de fallo de 24 de mayo de 1977 del Consejo de Estado].3

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c) Que en el caso de ser varios tomos de una misma obra, cada uno de ellos no tenga menos de doscientas páginas, con dimensión no menor de 20 x 15 cms [declarado nulo en providencia de 15 de marzo de 1979 del Consejo de Estado3].

d) Que si se trata de obra escrita y publicada en un solo tomo, éste no tenga menos de 200 páginas de la dimensión mínima precedente [declarado nulo por sentencia de 15 de marzo de 1979 del Consejo de Estado].

En todo caso se acompañará un ejemplar y éste se conservará en la biblioteca de la entidad que hace el reconocimiento.

Artículo 4º . En ningún caso podrán reconocerse más de dos (2) obras, para los efectos a que se contrae el artículo anterior [declarado nulo mediante fallo del Consejo de Estado de 19 de junio de 19744].

Artículo 5º. Tienen derecho al reconocimiento de dos años de

obras, para los efectos a que se contrae el artículo anterior [declarado nulo mediante fallo del Consejo de Estado de 19 de junio de 19744].

Artículo 5º. Tienen derecho al reconocimiento de dos años de servicio público quienes hayan editado una revista o un periódico, al menos durante un año continuo, siempre que el material sea exclusivamente pedagógico o didáctico, cualquiera que sea la especialidad y la publicación se haya sometido a las normas sobre circulación de impresos, que se indique al pie de imprenta y se hayan impreso no menos de quinientos ejemplares cada vez.

Artículo 6º. El interesado precisará los lugares en donde se haya distribuido la publicación, o los establecimientos o centros en que ha tenido acogida, así como el número de páginas de que se compone cada entrega, las que no pueden ser menos de 20 con dimensión mínima de 30 X 20 cm. Las entregas del periódico o la revista deben ser quincenales, por lo menos.

Artículo 7º. El reconocimiento se hará aunque la publicación haya circulado con distintos nombres y formatos, siempre que cumpla un año, que se trate del mismo autor y que satisfaga los fines exclusivos previstos en la Ley y en este Decreto.

Artículo 8º. El Ministerio de Educación calificará y certificará si el periódico o la revista contiene materiales exclusivamente pedagógicos o didácticos. El interesado acompañará los materiales que deben ser objeto de calificación.

Artículo 9º. Con la petición de la jubilación deberá presentarse, además, a fin de que pueda hacerse el reconocimiento de los años de servicio para cada tomo o por cada periódico publicado, una

que deben ser objeto de calificación.

Artículo 9º. Con la petición de la jubilación deberá presentarse, además, a fin de que pueda hacerse el reconocimiento de los años de servicio para cada tomo o por cada periódico publicado, una certificación del Ministerio de Hacienda en la cual conste que ni el interesado, ni quien editó el libro o libros, o los periódicos o revistas, según el caso, han recibido ningún auxilio del tesoro nacional para la obra de que se trata. Con tal objeto, se especificará en el

3 Consejo de Estado, sección segunda, sentencia de 15 de marzo de 1979, consejero ponente: Álvaro Orejuela Gómez, actor: Alfredo Porras Rojas. Declaró la nulidad de las letras c y d del artículo 3° del Decreto 753 de 1974, por extralimitación de la potestad reglamentaria conferida al presidente de la República. 4 El Consejo de Estado, sección segunda, en fallo de 19 de junio de 1974, consejero ponente: Eduardo Aguilar Vélez, actor: Gustavo Humberto Rodríguez, declaró la nulidad del artículo 4º del Decreto 753 de 1974, por exceso de la facultad reglamentaria.4

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certificado el título de la obra, su autor, año de impresión, pie de imprenta, y se indicará el nombre del gerente o propietario de ésta.

Artículo 10º . El presente Decreto rige desde la fecha de su expedición.

Por otra parte, el texto del artículo 13 de la Ley 50 de 11 de noviembre de

Artículo 10º . El presente Decreto rige desde la fecha de su expedición.

Por otra parte, el texto del artículo 13 de la Ley 50 de 11 de noviembre de 18865 (que aquel Decreto reglamenta) es el que sigue:

Las tareas del Magisterio privado quedan asimiladas a los servicios prestados a la Instrucción Pública, y serán estimadas para los efectos legales en los términos del artículo anterior.

La producción de un texto de e nseñanza que tenga la aprobación de dos Institutores o Profesores, lo mismo que la publicación durante un año de un periódico exclusivamente pedagógico o didáctico, siempre que en ninguno de los dos casos el autor o editor haya recibido al efecto auxilio d el Tesoro Público, equivaldrán respectivamente a dos años de servicios prestados a la Instrucción Pública.

Los periódicos de amena literatura no tienen el carácter de didácticos.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

La parte actora expone como normas violadas los artículos 29 de la Carta Política, 91 del CPACA y 12 y 13 de la Ley 50 de 1886.

El accionante considera que la normativa censurada quebranta el derecho constitucional fundamental al debido proceso, la potestad reglamentaria y los principios de legalidad, oportunidad, especialidad o relatividad, transparencia, unidad y sostenibilidad presupuestal, por las siguientes razones:

Que los artículos 12 y 13 de la Ley 50 de 1886 regulan de manera específica y especial la situación de los maestros de instrucción pública o privada, por lo que un decreto reglamentario debe hacer referencia exclusiva a sus

Que los artículos 12 y 13 de la Ley 50 de 1886 regulan de manera específica y especial la situación de los maestros de instrucción pública o privada, por lo que un decreto reglamentario debe hacer referencia exclusiva a sus prerrogativas pensionales especiales , que no se extendieron a todos los servidores estatales.

Que no era dable reglamentar la aludida Ley 50, porque, amén de que ninguno de sus apartes así lo prevé, en todo caso es «demasiado casuística», lo que hacía innecesario aquello; además, el Decreto enjuiciado fue emitido 88 años

5 «que fija reglas sobre concesión de pensiones y jubilación».5

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después (1974) de la expedición esa Ley (1886), lo que denota que no resultaba imperativa su regulación.

Que el presidente de la República excedió la potestad reglamentaria cuando generalizó las consecuencias de la Ley 50 de 1886, cuyo alcance era particular y concreto, toda vez que e l artículo 13 ibidem hace referencia exclusiva a la condición jurídica de los prestadores de instrucción pública y a los miembros del magisterio privado, pero el Decreto guardó silencio sobre esto y discurrió de manera general sobre los efectos pensionales que se habrían de seguir de la publicación de textos de enseñanza, revistas y periódicos pedagógicos o didácticos, sin importar que se tratara o no de profesores de los sectores oficial y privado.

Que el acto cuestionado transgrede (i) el « Postulado Constitucional de la

didácticos, sin importar que se tratara o no de profesores de los sectores oficial y privado.

Que el acto cuestionado transgrede (i) el « Postulado Constitucional de la Sostenibilidad Presupuestal», comoquiera que la homologación de los dos (2) años de servicio deja sin determinar a quién le corresponde asumir la cuota parte correspondiente ; y (ii) el artículo 91 del CPACA, por cuanto los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentaban habían desaparecido cuando se expidió.

1.3. Trámite procesal.

A través de auto de 28 de julio de 2014 6, se admitió la demanda, se ordenó notificar esa decisión a l os accionados, a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecón) 7, y se le s corrió traslado para que la contestara n; igualmente, se notificó al representante del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.4. Intervención de la parte accionada.

1.4.1. La Nación – Ministerio del Trabajo contestó la demanda con oposición a las pretensiones8. Aseveró que la Ley 50 de 1886 fue derogada tácitamente por la reforma que el artículo 2.º de la Ley 797 de 2003 hizo a la letra l del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 9, que prohibió que se sustituyeran para

6 Folios 19 y 20. 7 Al considerar que «[…] tienen interés directo en el resultado del proceso […]». 8 Folios 85 a 88.

artículo 13 de la Ley 100 de 1993 9, que prohibió que se sustituyeran para

6 Folios 19 y 20. 7 Al considerar que «[…] tienen interés directo en el resultado del proceso […]». 8 Folios 85 a 88. 9 «Artículo 13. Características del sistema general de pensiones. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características: […] l) En ningún caso a partir de la vigencia de esta ley, podrán sustituirse semanas de6

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efectos pensionales tiempos de servicios o semanas de cotización por otros requisitos. En el mismo sentido, el artículo 48 de la Carta Política, de acuerdo con la modificación realizada por el artículo 1.º del Acto legislativo 1 de 2005, preceptúa que «Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones»; por consiguiente, sostuvo que «carece de objeto hacer un estudio de fondo [del Decreto demandado], por cuanto los derechos adquiridos bajo el imperio de [esta] no pueden ser menoscabados y actual mente […] no tienen ninguna aplicabilidad en virtud de la expedición de la Ley 797 de 2003».

1.4.2. Colpensiones depreca que se acceda a las súplicas invocadas10, en la medida en que la homologación de dos (2) años de servicio público por la «mera publicación de un texto », sin realizar aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, es un atentado al principio constitucional y legal de solidaridad que orienta dicho sistema y del cual depende su estabilidad

«mera publicación de un texto », sin realizar aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, es un atentado al principio constitucional y legal de solidaridad que orienta dicho sistema y del cual depende su estabilidad financiera.

Arguyó que la norma en estudio no tiene razón de ser en la hora actual, por lo que se torna «INNECESARIA, SEGREGACIONISTA e INÚTIL para los fines que fue instituida», pues la posibilidad de homologar tiempo de servicio con la publicación de textos con fines pensionales es inequitativa y favorece de manera ilegítima a un grupo reducido de individuos.

Que la seguridad social es un derecho fundamental, lo que evidencia que el Gobierno nacional desbordó sus competencias constitucionales al expedir el Decreto atacado, dado que reguló temas reservados a leyes estatutarias, como lo estipula el artículo 152 de la Carta Política.

Precisó que la homologación prevista en la ley desarrollada por el Decreto 753 de 1974 no puede aplicarse como parte del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comoquiera que este y la jurisprudencia que lo desarrolla han decantado que «la intención del legislador fue salvaguardar las expectativas legitimas [sic] de quienes estaban próximos a pensionarse, pero solo en lo que se refiere a la edad, el monto y el tiempo de servicios, entendido como aquel efectivamente laborado o cotizado».

cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de servicios con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento de la pensión». 10 Folios 51 a 68.7

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cotizaciones efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento de la pensión». 10 Folios 51 a 68.7

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Por último, expresó que de aplicarse la homologación de tiempos de servicio con la publicación de textos de enseñanza, se generarían varias lagunas en la aplicación de la norma, las cuales no podrían suplirse con los principios generales del sistema de seguridad social.

1.4.3. Fonprecón, por intermedio de apoderado, se pronunció en oposición a las pretensiones de la demanda 11, al estimar que el acto impugnado no sobrepasa los límites de la potestad reglamentaria, porque la Ley 50 de 1886 también regula asuntos distintos a la instrucción pública o privada.

Adujo que el actor no sustentó ni desarrolló el cargo respecto de la supuesta vulneración del debido proceso y del principio de especialidad, sino que se limitó «[…] a afirmar lo que a su juicio constituyó el querer del legislador de 1886 al expedir la Ley 50 […]».

Se opuso a la tesis propuesta por el accionante, en el sentido de que era necesario que la Ley 50 de 1886 contuviera una orden expresa para que fuera posible emitir decretos reglamentarios en su desarrollo, puesto que la Corte Constitucional, en sentencia C-805 de 2001, concluyó que esa facultad (reglamentaria) es inherente al ejercicio de las funciones del ejecutivo.

1.4.4. Por su parte, la Nación – Ministerio de Educación Nacional guardó

Constitucional, en sentencia C-805 de 2001, concluyó que esa facultad (reglamentaria) es inherente al ejercicio de las funciones del ejecutivo.

1.4.4. Por su parte, la Nación – Ministerio de Educación Nacional guardó silencio en esta oportunidad procesal12.

1.5. Alegatos de conclusión.

Mediante proveídos de 27 de febrero de 2019 13, se dispuso: (i) tener por saneado el proceso ; (ii) declarar de oficio probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda respecto de los cargos denominados violación «[…] del debido proceso», «[…] del principio de unidad » y «[…] del artículo 91 del nuevo Código Contencioso Administrativo »; (iii) fijar el litigio en torno a determinar si es legal o no el Decreto 753 de 1974, por (a) la supuesta carencia de potestad reglamentaria del ejecutivo frente a la Ley 50 de 1886 , (b) la infracción de los artículos 12 y 13 ibidem, consistente en que el Decreto debió haber hecho referencia exclusiva a los docentes y a la instrucción pública o privada; (c) la existencia de una falsa motivación, comoquiera que el decreto

11 Folios 92 a 96. 12 Folio 88 vuelto. 13 Dictados dentro de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA (folios 208 a 217).8

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habría sido expedido 88 años después para favorecer a ciertas personas; y (d) la supuesta vulneración del principio de sostenibilidad financiera, consagrado

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habría sido expedido 88 años después para favorecer a ciertas personas; y (d) la supuesta vulneración del principio de sostenibilidad financiera, consagrado en el artículo 48 de la Carta Política, por tratarse de una prebenda pensional no justificada, sobre la cual no hay claridad en relación con la entidad que debería asumir la respectiva cuota parte ; (iv) tener como pruebas los documentos aportados por las partes, prescindiendo de un mayor t érmino probatorio; y (v) se ordenó correr traslado por el término de diez (10) días a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público, para que conceptuara sobre el asunto, si lo estimaba pertinente.

1.5.1. La parte demandante 14, en sus alegatos de conclusión, además de insistir en los argumentos planteados en el escrito inicial, anotó que el Decreto cuya nulidad se solicita (i) fue expedido de manera poco técnica y sin atender a su eventual impacto presupuestal , (ii) desconoce «el principio de la partida doble», « el orden de los gastos de la administración pública », « la correspondencia o equilibrio presupuestal », « el principio de que no habrá obligaciones irredimibles » y el artículo 208 de la Constitución Nacional de 1886, y (iii) quebranta la Ley 33 de 1985, al «[…] activa[r] la bomba pensional y pulveriza[r] El Postulado de la Sostenibilidad Presupuestal» (sic).

1.5.2. Fonprecón dijo que «[…] la norma impugnada no desborda los límites de la potestad reglamentaria, en tanto no se trata de una materia

y pulveriza[r] El Postulado de la Sostenibilidad Presupuestal» (sic).

1.5.2. Fonprecón dijo que «[…] la norma impugnada no desborda los límites de la potestad reglamentaria, en tanto no se trata de una materia sustancialmente diferente»15.

1.5.3. La Nación – Ministerio del Trabajo presentó alegaciones finales 16, para pedir de esta Corporación declararse inhibida para emitir pronunciamiento, toda vez que el Decreto censurado fue derogado por la Ley 797 de 2003.

1.5.4. La Nación – Ministerio de Educación Nacional aseveró que al presidente de la República le está proscrito ampliar o restringir el sentido de la ley y, con el Decreto 753 de 1974, no lo ha hecho ; además, las pretensiones están basadas en « apreciaciones subjetivas y situaciones hipotéticas », insuficientes para sustentar sus reclamos17.

14 Folios 264 a 268. 15 Folios 269 a 271. 16 Folios 272 a 274. 17 Folios 275 a 277.9

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1.5.5. Colpensiones reproduce la posición sostenida en el escrito de contestación18.

1.6. Concepto del Ministerio Público19.

El agente del Ministerio Público solicitó que se nieguen las súplicas del libelo introductorio, con fundamento en las siguientes razones:

El Decreto cuya nulidad se depreca no hace parte del ordenamiento jurídico,

El agente del Ministerio Público solicitó que se nieguen las súplicas del libelo introductorio, con fundamento en las siguientes razones:

El Decreto cuya nulidad se depreca no hace parte del ordenamiento jurídico, puesto que se trata de un reglamento de la Ley 50 de 1886, que fue derogada, en los artículos pertinentes, por la Ley 91 de 1989, que sometía el régimen de los instructores oficiales al de las normas entonces vigentes para los empleados públicos (Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978), que no permitían una homologación como la descrita en la Ley 50 y el Decreto 753.

La potestad reglamentaria del presidente de la República es de origen constitucional (artículos 189 de la Carta Política de 1991 y 120 de la Constitución Nacional de 1886) y no requiere autorización legal, y del texto de la Ley 50 de 1886 no se desprende que fuera imposible materialmente proceder a precisarla por medio de decretos reglamentarios.

En lo atinente a decretos reglamentarios, su texto debe ser interpretado dentro del marco de la ley que le es superior. En consecuencia, si el artículo 13 de la Ley 50 de 1886 «se refirió a la instrucción pública y la privada, no hay lugar a extender los efectos del cuerpo reglamentario a otros beneficiarios diferentes a aquellos», de manera que la correcta interpretación del Decreto excluye que otro tipo de trabajadores accedan al beneficio del artículo 13 y, por ende, no ha habido exceso en la reglamentación. Distinto es «[…] que algunas Cajas o

a aquellos», de manera que la correcta interpretación del Decreto excluye que otro tipo de trabajadores accedan al beneficio del artículo 13 y, por ende, no ha habido exceso en la reglamentación. Distinto es «[…] que algunas Cajas o Fondos de Previsión Social, como el caso reconocido del Fondo de Previsión Social del Congreso, y otros, hayan decidido, de manera ilegal aplicar estas disposiciones a los Congr esistas de la República […] sin que de manera alguna aparezca la menor posibilidad legal de que se pueda aplicar a cualquier otro servidor público o privado» (sic).

Respecto de la supuesta falsa motivación y la violación del principio de

18 Folios 228 a 231. 19 Folios 221 a 228.10

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sostenibilidad presupuestal, el interesado no aportó ningún elemento de juicio para sustentar sus apreciaciones.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 149 del CPACA, en armonía con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201920, expedido por la sala plena de esta Corporación, la sección segunda es competente para conocer en única instancia de los actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional y de naturaleza laboral.

2.2. Problemas jurídicos.

La Sala, en el presente asunto, debe responder los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿la Ley 50 de 1886 era susceptible de ser reglamentada en atención a su contenido o, por el contrario, materialmente existía prohibición

La Sala, en el presente asunto, debe responder los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿la Ley 50 de 1886 era susceptible de ser reglamentada en atención a su contenido o, por el contrario, materialmente existía prohibición para expedir decretos reglamentarios?; (ii) ¿el Decreto 753 de 1974 extendió ilegalmente el supuesto de hecho de la homologación pensional a sujetos distintos a los instructores públicos y privados ?, (iii) ¿el Decreto 753 de 1974 fue expedido con falsa mo tivación? y (iv) ¿la existencia de la posibilidad de homologación infringe el principio de sostenibilidad financiera, consagrado en el artículo 48 de la Carta Política?

Con el propósito de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, metodológicamente se emprenderá el análisis de los siguientes aspectos: 2.3. Asunto preliminar — Vigencia del Decreto 753 de 1974 ; 2.4. Primer cargo. Exceso en la potestad reglamentaria por parte del Gobierno nacional ; 2.5. Segundo cargo. Extensión del b eneficio de homologación de tiempo de servicio por medio de la producción de textos de enseñanza a sujetos distintos a los instructores públicos y privados ; 2.6. Tercer cargo. Falsa motivación del acto administrativo ; y 2.7. Cuarto cargo. Violación del principio de sostenibilidad financiera.

2.3. As unto preliminar — Vigencia del Decreto 753 de 1974. Antes de

20 «Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de

20 «Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Segunda: 1 . Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos laborales».11

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abordar los problemas jurídicos que remiten al fondo del asunto, la subsección procede a determinar si la demanda que originó este proceso tiene o no objeto material, en la medida en que el Ministerio del Trabajo advirtió que el Decreto 753 de 1974 se encuentra derogado y, por tanto, debe dictarse fallo de carácter inhibitorio.

Ciertamente, como se puso de presente en el sub lite, el artículo 13, letra l, de la Ley 100 de 199321, tal como fue modificado por el artículo 2.º de la Ley 797 de 2003, ha prohibido la sustitución de semanas de cotización o tiempo de servicios con el cumplim iento de requisitos distintos a aportes o lapsos laborados con anterioridad al reconocimiento de la pensión. En tal virtud, por lo menos desde esa fecha, resulta imposible jurídicamente que un empleado obtenga los beneficios planteados en el artículo 13 de la Ley 50 de 188622.

Además, este artículo ya había sido derogado por el 289 23 de la Ley 100 de 1993, de modo que su vigencia solo subsistía en el marco de las excepciones y regímenes de transición concebidos de cara a la creación del sistema de

Además, este artículo ya había sido derogado por el 289 23 de la Ley 100 de 1993, de modo que su vigencia solo subsistía en el marco de las excepciones y regímenes de transición concebidos de cara a la creación del sistema de seguridad social integral.

Acerca de este asunto, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación24 dijo:

El artículo 13 de la ley 50 de 1886 fue derogado tácitamente por el artículo 289 de la ley 100 de 1993.

Sin embargo, se encuentra vigente para los servidores públicos exceptuados de la aplicación del sistema de seguridad social integral de la ley 100 de 1993 en el artículo 279 de la misma, y para los servidores públicos que se encuentran en el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de d icha ley, esto es,