CE - 010324000201400606001SENTENCIASENTENCIA20231122095435

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre dos mil veintitrés (2023)

Número único de radicación: 11001032400020140060600

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Mafer International Holdings Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Fundación Mapfre y Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.

Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad –

Reglas de Cotejo. Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide 1, en única instancia, la demanda presentada por Mafer International Holdings Limited, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 59184 de 8 de octubre de 2013 y 31573 de 15 de mayo de 2014.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii ) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

1 Cfr. Folios 123 a 124. Este Despacho, mediante auto de 3 0 de noviembre de 2017 , declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.2

1 Cfr. Folios 123 a 124. Este Despacho, mediante auto de 3 0 de noviembre de 2017 , declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.2

Núm. único de radicación: 11001032400020140060600

La demanda

1. Mafer International Holdings Limited en adelante la parte demandante 2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 59184 de 8 de octubre de 2013, “Por la cual se niega un registro”5, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 31573 de 15 de mayo de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 6, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio.

2. A título de restablecimiento del derecho , solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marc a del signo mixto MAFER , para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasific ación

Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones7: “[…] Primera: Que se declare la nulidad de (sic) Resolución N. 59184 del 8 de

Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones7: “[…] Primera: Que se declare la nulidad de (sic) Resolución N. 59184 del 8 de octubre de 2013 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se niega a MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED el registro de la marca MAFER (mixta) para identificar servicios de la clase 35 de

la Clasificación Internacional de Niza.

Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución No 31573 del 15 de mayo de 2014, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y confirmó la Resolución N. 59184 del 8 de octubre de 2013 expedida por la Directora de

Signos Distintivos de la SIC.

2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 3 y 4 3 Cfr. Folios 35 a 46 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 5 Esta resolución negó el registro como marca del signo mixto MAFER, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 Esta resolución confirmó la Resolución núm. 59184 de 8 de octubre de 2013 que negó el registro como marca del signo mixto MAFER, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Cfr. Folio 363

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del signo mixto MAFER, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Cfr. Folio 363

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Tercera: Que como consecuencia de la nulidad declarada se ordene a la SIC conceder a MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED el registro de la marca MAFER (mixta) para identificar “exclusivamente servicios de valoración de negocios comerciales relacionados con la industria inmobiliaria y la construcción civil; organización de exposiciones y eventos de la industria inmobiliaria y de la construcción civil con fines comerciales o publicitarios”, servicios comprendidos en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cuarta: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso.

Quinta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la com unicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del C.P.A.C.A. […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. Solicitó, el 2 de abril de 2013 , el registro como marca del signo mixto MAFER para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó, el 15 de abril de 2013, en Gaceta de Propiedad Industrial núm. 665, sin ser objeto de oposición por parte de terceros.

Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó, el 15 de abril de 2013, en Gaceta de Propiedad Industrial núm. 665, sin ser objeto de oposición por parte de terceros.

4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 59184 de 8 de octubre de 2013, negó el registro como marca del signo m ixto MAFER , para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza , por ser similarmente confundible con la marca mixta MAPFRE.

4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 59184 de 8 de octubre de 2013.

4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 315734

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de 15 de mayo de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 59184 de 8 de octubre de 2013.

Norma violada

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 13 6 de la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación así8:

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación así8:

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

6.1. Sostuvo que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, desconoció el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 , comoquiera que, a su juicio, el signo mixto MAFER solicitado para identificar servicios específicos de Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza , no es similarmente confundible con la marca mixta previamente registrada MAPFRE, de titularidad del tercero con interés en el resultado del proceso.

6.2. Señaló que la parte demandada, al realizar el cotejo marcario, omitió aplicar las reglas jurisprudenciales consideradas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuarlo, como lo son, el no fraccionamiento de los signos distintivos para establecer similitudes y de consideración de las diferencias conceptuales existentes entre los mismos.

6.3. Advirtió que el signo mixto MAFER, visto en su conjunto, presenta diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales respecto de la marca mixta MAPFRE, lo que, a su juicio, descarta la posibilidad de que el consumidor los confunda y llegue a pensar, razonablemente, que está frente a un mismo signo distintivo que al adquirir

8 Cfr. Folios 37 a 455

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los servicios amparados por la primera esté adquiriendo aquellos amparados por la segunda.

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los servicios amparados por la primera esté adquiriendo aquellos amparados por la segunda.

6.4. Añadió que el hecho que las marcas se caractericen por tener denominaciones que faciliten la pronunciación de cada una, no implica ni justifica que la parte demandada no les haya dado relevancia a sus elementos figurativos, sobre todo cuando representan conceptos o ideas que son disimiles y que, por lo tanto, tienen relevancia distinta y favorecen la diferenciación y la prevención del riesgo de confusión.

6.8. Afirmó que la parte demandada erró al hacer una indebida comparación de los servicios a ser identificados por el signo y la marca en aparente conflicto, pues comparó servicios ajenos al tema de la controversia.

6.9. Concluyó afirmando que, teniendo en cuenta la ausencia de una verdadera relación competitiva entre los servicios a ser identificados por l as marcas comparadas, así como las diferencias conceptuales, fonéticas y gráficas existentes entre éstos, se puede concluir que el signo mixto MAFER, no está incurs o en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y que , en ese sentido, los actos administrativos acusados violaron lo previsto en dicha norma.

Contestaciones de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada9 contestó la demanda 10 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente:

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión

Parte demandada

7. La parte demandada9 contestó la demanda 10 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente:

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

9 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 72 10 Cfr. Folios 62 a 716

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7.1. Sostuvo que no se vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los signos distintivos estudiados en conjunto , de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes que generan confusión o inducen a error al público consumidor.

7.2. Explicó que el signo solicitado reproduce en gran parte del elemento gramatical y ortográfico de la marca previamente registrada, presentando similitudes fonéticas en su parte nominativa , a saber, MAFER/MAPFRE, y que solo su gráfico no es suficiente para permitir esta blecer una clara diferenciación entre los signos distintivos en conflicto. Por lo expuesto anteriormente, se puede derivar en que los consumidores crean que están adquiriendo servicios que comparten el mismo origen empresarial y, por obvias razones, las mismas características, especialmente su calidad, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

7.3. Añadió que el signo solicitado pretende identificar servicios que no se encuentran en la misma clase que los servicios distinguidos por la marca registrada. No obstante , dichos servicios presentan una relación de complementariedad, en

7.3. Añadió que el signo solicitado pretende identificar servicios que no se encuentran en la misma clase que los servicios distinguidos por la marca registrada. No obstante , dichos servicios presentan una relación de complementariedad, en tanto que los servicios que distinguen la marca registrada pueden llegar a prestar los servicios que se pretenden distinguir. Ello, en tanto que entre la marca registrada presta servicios de seguros y el signo se solicita para amparar la prestación de servicios de valoración de negocios comerciales relacionados con la industria inmobiliaria, presentándose de esta manera una relación género especie.

7.4. Concluyó que el signo mixto MAFER está incurs o en las causales de irregistrabilidad de registro previstas en las normas comunitarias, por cuanto carece de suficiente distintividad debido a las semejanzas y al nexo de competitividad antes descritos, coligiéndose así que el principio de la especialidad se rompe, dado que existe una conexión competitiva, al asociarse con los productos que identifica e induciendo al público consumidor a error respecto de su origen empresarial.

Terceros con interés directo en el resultado del proceso

8. Mafre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., el tercero con interés directo en el7

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resultado del proceso 11, en la contestación de la demanda 12 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente:

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

resultado del proceso 11, en la contestación de la demanda 12 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente:

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

8.1. Indicó que la parte demandada no vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que aplicó de manera correcta los criterios que se deben tener en cuenta para hacer un análisis de confundibilidad entre dos signos distintivos de naturaleza mixta en donde predomina el elemento denominativo.

8.2. Mencionó que el signo solicitado reproduce gran parte del elemento gramatical y ortográfico de la marca previamente registrada, presentando similitudes fonéticas en su parte nominativa , a saber, MAFER/ MAPFRE, por lo que , sólo su elemento gráfico no es suficiente para permitir establecer una clara diferenciación entre los mismos, lo cual puede derivar en que los consumidores crean que están adquiriendo servicios que comparten el mismo origen empresarial y , por obvias razones , las mismas características.

8.3. Afirmó, en cuanto a la conexión competitiva entre los servicios identificados por los signos distintivos cotejados, que la gran mayoría de los negocios inmobiliarios y de la construcción, van acompañados de un seguro , especialmente si se habla de adquisición de vivienda a crédito, en donde no se desembolsa e ste si el inmueble no está amparado por una póliza para amparar un eventual siniestro . En ese sentido, no se puede hablar de ausencia de conexidad entre los “servicios de seguros y fianzas” comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de

no está amparado por una póliza para amparar un eventual siniestro . En ese sentido, no se puede hablar de ausencia de conexidad entre los “servicios de seguros y fianzas” comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, con los servicios de “valoración de negocios comerciales relacionados con la industria inmobiliaria y la construcción civil, organización de exposiciones y eventos de la industria inmobiliaria y de la con strucción civil con fines comerciales y publicitarios”, servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

11 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 112 12 Cfr. Folios 97 a 1108

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8.4. Añadió que los servicios identificados por los signos distintivos cotejados, aunque no correspondan a la misma clase , comparten los mismos canales de comercialización y los mismos medios publicitario s, pues existe una relación complementaria entre los servicios de negocios inmobiliarios y la construcción de obra civil y los seguros.

9. Fundación Mapfre, como tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público silencio en esta etapa procesal.

Audiencia Inicial

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de mayo de 201913: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 15 de mayo de 201914, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre

y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 15 de mayo de 201914, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 30 de agosto de 201915, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de la norma comunitaria andina aplicable.

12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 492 -IP-2019 de 25 de mayo de 2020 16, en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que indicó:

13 Cfr. Folios 140 a 141 14 Cfr. Folios 156 a 170 15 Cfr. Folios 179 y 180 16 Cfr. Folios 192 a 2049

Núm. único de radicación: 11001032400020140060600

“[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual procede por ser pertinente. De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 151 de

“[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual procede por ser pertinente. De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión Andina, con el fin de tratar el tema de conexión entre los servicios de la Clasificación Internacional de Niza […]”17.

13. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Audiencia de pruebas

14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de agosto de 2019 18, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas y declaró saneado el proceso.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión

15. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 2 5 de noviembre de 2020 19, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada : i) decretó la reanudación del proceso ; y ii) consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y ordenó a las partes e intervinientes la pres entación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía.

16. Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma.

17. Los terceros con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal20.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

la contestación de la misma.

17. Los terceros con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal20.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

17 Cfr. Folio 194 18 Cfr. Folios 181 y 182 19 Cfr. Folios 207 y 208 20 Cfr. Folio 23010

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18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; ii i) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 492-IP-2019 de 25 de mayo de 2020; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y, viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

19. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 21, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

21. Los actos administrativos acusados son los siguientes22:

21.1 La Resolución núm. 59184 de 8 de octubre de 2013 23, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto MAFER para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

21.2. La Resolución núm. 31573 de 15 de mayo de 2014 24, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 59184 de 8 de octubre de 2014.

21 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 22 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 23 Cfr. Folios 7 a 12 24 Cfr. Folios 13 a 1611

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El problema jurídico

22. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar:

22.1 Si las Resoluciones núms. 59184 de 8 de octubre de 2013 y 31573 de 15 de

de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar:

22.1 Si las Resoluciones núms. 59184 de 8 de octubre de 2013 y 31573 de 15 de mayo de 2014 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto MAFER para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, determinar si hay o no lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados. 22.2 En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo mixto solicitado y la marca mixta MAPFRE, que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Mapfre Familiar - Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., hoy Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

23. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el artículo 151 ibidem.

24. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de12

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Cartagena25, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200026 de la Comisión de la Comunidad Andina27.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina28

25 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 26 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones qu e contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de

artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas ,

denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas , ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 27 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembr os y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 28 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron

el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “ Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produc iendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.13

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26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina29.

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obli