CE - 010324000201500246001SENTENCIASENTENCIA20231005161842

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Título
CE - 010324000201500246001SENTENCIASENTENCIA20231005161842
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020150024600

Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros con interés: Marathon Distribuciones S.A.S. y Distribuidora Tropicana S.A.S Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad

– Reglas de Cotejo. Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Gaseosas Posada Tobón S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 73010 de 2 de diciembre de 2014 1, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Gaseosas Posada Tobón S. A.2 en adelante la parte demandante, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Gaseosas Posada Tobón S. A.2 en adelante la parte demandante, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte

1 Cfr. 268 a 281 En la Audiencia Inicial se determinó que la Resolución núm. 68229 de 22 de noviembre de 2013 no es objeto de control judicial y, en ese sentido, para todos los efectos se tendrá como acto administrativo acusado la Resolución núm. 73010 de 2 de diciembre de 2014 “por la cual se resuelve un recurso de apelación”. 2 Por intermedio de apoderado Cfr. Folios 2 a 3. 3 Cfr. Folios 24 a 472

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demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad4, que se adecuó a la acción de nulidad relativa5, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 73010 de 2 de diciembre de 2014 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta TROPI FRUT, para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

cancelar el registro de la marca mixta TROPI FRUT, para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones6:

“[…] I.I. PETICIONES

Solicito al Honorable Consejo de Estado que en la sentencia se hagan las siguientes declaraciones.

2.1 Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

2.1.1 Artículo primero de la Resolución No. 68229 de 22 de noviembre de 2013 mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por GASEOSAS POSADA TOBON S.A contra la solicitud de la marca TROPI FRUT (mixta).

2.1.2 Resolución No, 73010 de 02 de dici embre de 2014, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por GASEOSAS POSADA TOBON S.A. contra la Resolución 68229 de 22 de noviembre de 2013, revocándola en su integridad y en su lugar concediendo el registro de la marca TROPI FRUT a la La (sic) sociedad MARATHON DISTRIBUCIONES S.A.S, declarado agotada la vía gubernativa y omitiendo hacer un pronunciamiento expreso sobre la oposición presentada por GASEOS (sic) POSADA TOBON S.A.

2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración s e ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar en los registros de la propiedad industrial la inscripción del certificado de registro No, 505673 asignado a la marca

2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración s e ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar en los registros de la propiedad industrial la inscripción del certificado de registro No, 505673 asignado a la marca TROPI FRUT (mixta) en la clase 32 internacional según solicitud No. 13-126544.

2.3 Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”.

4 Cfr. Folio 24. Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones. Cfr. Folios 275 a 276 6 Cfr. Folios 32 a 333

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Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones7:

4.1. Marathon Distribuciones S.A.S., el 23 de mayo de 2013, solicitó el registro como marca del signo mixto TROPI FRUT, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó, el 28 de junio de 2013, en la Gaceta de Propiedad

marca del signo mixto TROPI FRUT, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó, el 28 de junio de 2013, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 620, siendo objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en sus marcas nominativas TROPI KOLA y TROPICOLA, que identifican productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 68229 de 20 de noviem bre de 2013, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y negó el registro como marca del signo mixto TROPI FRUT, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 68229 de 20 de noviembre de 2013.

4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 73010 de 02 de noviembre de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 68229 de 20 de noviembre de 2013 y, en su lugar, conceder el registro de la marca mixta TROPI FRUT para distinguir productos co mprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas

7 Cfr. Folios 27 a 29.4

Número único de radicación: 11001032400020150024600

Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas

7 Cfr. Folios 27 a 29.4

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5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 8 y del numeral 3 del artículo 87 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20119.

Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así10: Primer cargo: violación del numeral 3. ° del artículo 87 del Ley 1437 6.1. Manifestó que , a su juicio, la parte demandada, al expedir en la Resolución núm. 73010 de 2 de diciembre de 2014, violó el artículo 87 de la Ley 1437, comoquiera que no hizo referencia a lo que fue solicitado en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante dentro del procedimiento administrativo y excedió su competencia al revocar de oficio una resolución que no fue apelada por el solicitante del registro. Asimismo, comoquiera que, a su juicio, dicha decisión ya se encontraba en firme.

Segundo Cargo: Violación por falta de aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.2. Señaló que la parte demandada , con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez, que

de la Decisión 486 de 2000 6.2. Señaló que la parte demandada , con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez, que el análisis efectuado carece de fundamento legal válido , por cuanto el mismo tiene como punto de partida el indebido fraccionamiento de las marcas cotejadas. 6.3. Sobre lo anterior, mencionó que, el estudio efectuado por la parte demandada se contrae sólo a afirmar que la partícula TROPI es de uso común, para concluir que, por tal razón, y habida cuenta de la diferencia en el sufijo de las marcas comparadas, no se presentan similitudes capaces de generar confusión y real riesgo de asociación. 6.4. Explicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado señala que dos marcas similares pueden coexistir solo cuando estén dirigidas a consumidores especializados

8 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 9 “Por medio del cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 10 Cfr. Folios 29 a 44.5

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lo cual, a su juicio, no se da en el presente caso, pues los productos que las marcas en conflicto pretenden identificar, están dirigidos a un consumidor promedio. 6.5. Sostuvo que el elemento denominativo común en las marcas opositoras es la expresión TROPI, la cual tiene una importante connotación visual tanto en la marca

en conflicto pretenden identificar, están dirigidos a un consumidor promedio. 6.5. Sostuvo que el elemento denominativo común en las marcas opositoras es la expresión TROPI, la cual tiene una importante connotación visual tanto en la marca solicitada como en las marcas mixtas previamente registradas por su tamaño, ubicación y distribución. 6.6. Aseguró que la marca concedida mediante el acto administrativo acusado ha reproducido la porción denominativa principal de las marcas opositoras, sin que los elementos adicionales que en ella se han incluido, permitan inferir que la misma posee una fuerza distintiva que le permita diferenciarse de las marcas opositoras 6.7. Finalmente, indicó que los productos identificados por las marcas en conflicto comparten los mismos canales de comercialización , pues, estos productos no solo son comercializados en los mismos establecimientos de comercio, sino que también se pueden encontrar lado a lado en las góndolas donde se exhiben.

Contestaciones de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada 11 contestó la demanda 12 y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

Respecto del cargo de violación del artículo 87 de la Ley 1437 7.1. Indicó que, de conformidad con lo previ sto en el artículo 87 de la Ley 1437, los actos administrativos quedan en firme desde el día siguiente del vencimiento del término para interponer recursos, situación que no ocurrió en el presente caso , comoquiera que, a su juicio, la parte demandante presentó recurso de apelación contra la Resolución núm. 68229 del 22 de noviembre de 2013.

Respecto del cargo de violación por falta de aplicación del literal a) del artículo

comoquiera que, a su juicio, la parte demandante presentó recurso de apelación contra la Resolución núm. 68229 del 22 de noviembre de 2013.

Respecto del cargo de violación por falta de aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

11 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 182 12 Cfr. Folios 175 a 1816

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7.2. Expresó que, a su juicio, la expresión TROPI FRUT se puede constituir como una marca ya que tiene las cualidades para distinguirse en el mercado y no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

7.3. Señaló que, si bien es cierto que la marcas en disputa comparten la similitud ortográfica en lo que respecta a la palabra de uso común “TROPI”, la marca concedida TROPI FRUT goza de distintividad, toda vez que la palabra TROPI, la cual es de uso común, va acompañada de las palabras FRUT, generándose con ello una distintividad que no da lugar alguno a equívocos ni confusiones que pudiesen conducir o inducir a error al consumidor.

7.4. Mencionó que entre las marcas analizadas no se observan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que puedan generar confusión.

7.5. Afirmó que las marcas confrontadas no deben generar confusión al consumidor

7.4. Mencionó que entre las marcas analizadas no se observan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que puedan generar confusión.

7.5. Afirmó que las marcas confrontadas no deben generar confusión al consumidor promedio, ya que, la marca posteriormente registrada, se ha concedido para identificar bebidas elaboradas a base de frutas y las marcas previamente concedidas a la parte demandante son para identificar productos como gaseosas, sodas y kolas.

7.6. Concluyó que el acto administrativo acusado se ajusta a las disposiciones legales vigentes y no trasgrede normas de carácter transnacional como lo afirma la parte demandante.

Terceros con interés directo en el resultado del proceso

8. Marathon Distribuciones S.A.S. en adelante, tercero con interés directo en el resultado del proceso, a pesar de haber sido debidamente notificad o guardó silencio en esta etapa procesal13.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

13 Cfr. Folio 2337

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9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de marzo de 201914, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación

proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 399-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019, en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que consideró:

“[…] 1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y literal a) del Artículo136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación del Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente.

2. No procede realizar la interpretación del artículo 13 4 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina , por cuanto no es objeto de controversia central el concepto de marca.

3. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Literal g) del Artículo 135 y del Artículo 152 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina, para tratar el tema de las marcas conformadas por denominaciones de uso común y la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. […]”

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Audiencia Inicial y reanudación del proceso

12. El Despacho Sustanciador , mediante auto de 11 de octubre de 20 1915: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia

12. El Despacho Sustanciador , mediante auto de 11 de octubre de 20 1915: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el día 21 de octubre de 201916, resolvió adecuar el trámite del medio de control de nulidad a la acción de nulidad relativa; tuvo por acusado el acto administrativo la Resolución núm. 73010 de 2 de diciembre de 2014; vinculó a Distribuidora Tropicana S.A.S. como tercero con interés directo en el resultado del proceso y suspendió la audiencia.

13. Distribuidora Tropicana S.A.S. en adelante, tercero con interés directo en el resultado del proceso, a pesar de haber sido debidamente notificado, guardó silencio en esta etapa procesal17.

14 Cfr. Folios 241 a 242 15 Cfr. Folios 257 a 258 16 Cfr. Folios 268 a 281 17 Cfr. Folio 3028

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14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 21 de mayo de 202118: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial; y ii) en la realización de la continuación audiencia inicial realizada el 31 de mayo de 2021 19: reanudó el proceso; declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de

realización de la continuación audiencia inicial realizada el 31 de mayo de 2021 19: reanudó el proceso; declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; se declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad.

Alegatos de conclusión

15. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de febrero de 202220, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía.

16. Durante el término legal, las partes demandante y demandada, presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la s contestaciones de la demanda, respectivamente.

17. Los terceros con interés directo en el resultado del proceso y e l Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico;

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 399-IP-2019 proferida el 19 de noviembre de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

18 Cfr. Índice 50 aplicativo web SAMAI. 19 Cfr. Índice núm. 37 aplicativo web SAMAI. 20 Cfr. Índice núm. 67 aplicativo web SAMAI.9

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Competencia de la Sala

19. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201121, sobre competencia del Consejo de Estado , en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 22, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir

entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.

Acto administrativo acusado

21. El acto administrativo acusado es el siguiente23:

21.1. La Resolución núm. 73010 de 2 de diciembre de 201 4, mediante la cual el Superintendente Delegad o para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 68229 de 22 de noviembre de 2013, y conceder el registro de la marca mixta TROPI FRUT.

Problema jurídico

22. De acuerdo con la demanda, la s contestaciones de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar:

22.1. Si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida; y las marcas nominativas TROPI KOLA y TROPICOLA, que identifican productos de la Clase 32 de la Clasificación de Internacional de Niza , cuyo titular es la parte demandante.

22.2. Asimismo, si la parte demandada , al expedir el acto administrado acusado, resolvió los argumentos propuestos en el recurso de apelación interpuesto dentro del

21 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 22 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 23 Cfr. Folios 60 a 6210

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22 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 23 Cfr. Folios 60 a 6210

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procedimiento administrativo, y si excedió su competencia al resolver el mismo y, en consecuencia, si revocó indebidamente la Resolución núm. 68229 de 22 de noviembre de 2013.

23. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136, el literal g) del artículo 135 y el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000; y no interpretó el artículo 134 ibidem, al considerar que no es objeto de controversia central el concepto de la marca.

24. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena24, la cual sucedió al Pa cto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en

24 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C -231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del

24 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C -231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.11

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la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 25 de la Comisión de la Comunidad Andina26.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina27

26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina28.

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico

25 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros

El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994,

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decis ión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el proced imiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 26 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 27 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el

Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “ Protocolo de Cochabamba ”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 28 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisi ón 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.12

Número único de radicación: 11001032400020150024600

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros29.

28. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “ […] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países

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