CE - 010324000201700208001SENTENCIA20231005161336

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020170020800

Demandante: Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A. Didetexco S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Sutex S.A.S.

Temas: Riesgo de confusión entre marcas mixtas . Términos de uso común.

Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala 1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A. Didetexco S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 61774 de 20 de septiembre de 2016 y 2505 de 30 de enero de 2017 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1 Mediante auto de 12 de diciembre de 2017, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de

de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1 Mediante auto de 12 de diciembre de 2017, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.2

Número único de radicación: 11001032400020170020800

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A. Didetexco S.A. 2, en adelante la parte demandante, presentó demanda 3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de l m edio de control de nulidad4, adecuado a la acción de nulidad relativa5, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 61774 de 20 de septiembre de 2016 , “Por la cual se decide la solicitud de un registro”, expedida por la Directora de Signos Distintivo s de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 2505 de 30 de enero de 2017 , “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” , expedida por el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixt a COQUILLE BEACHWEAR , que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de la marca, en adelante, Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

cancelar el registro de la marca mixt a COQUILLE BEACHWEAR , que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de la marca, en adelante, Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones6:

“[…] PETITUM

1. Que es nula la Resolución núm. 61774 del 20 de septiembre de 2016, proferida por la Directora de Signos Distintivos mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A. ("Didetexco S.A."), y se concedió el registro de la marca COQUILLE BEACHWEAR mixta, para identificar "Vestuario, calzado, sombrerería" en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de Sutex S.A.S.

2. Que es nula la Resolución núm. 2505 del 30 de enero de 2017 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de apelación presentado por Distribuidora de Textiles y Confecciones S .A. ("Didetexco S.A."), y confirmó la Resolución núm. 61774 del 20 de septiembre de 2016, declaró infundada la oposición presentada por Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A. ("Didetexco S.A.") y concedió el registro de la marca mixta COQUILLE BEACH WEAR para amparar productos de la clase 25 a nombre de Sutex S.A.S.

3. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el

amparar productos de la clase 25 a nombre de Sutex S.A.S.

3. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el

2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 15. 3 Cfr. Folios 55 a 71 4 Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, “Régimen Común de Propiedad Industrial”. Cfr. Folios 81 a 84 6 Cfr. Folios 56 a 573

Número único de radicación: 11001032400020170020800

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

certificado de registro núm. 546.257 asignado a la marca mixta COQUILLE BEACHWEAR en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.

5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. […]”.

Presupuestos fácticos

de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones7:

4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el día 30 de septiembre de 201 5, el registro como marca del signo mixto COQUILLE BEACHWEAR, para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó , el 30 de octubre de 2015, en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 743, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento de sus marcas mixtas COQUI, que identifican productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 61774 de 20 de septiembre de 2016, declaró infundada la oposición y concedió la marca mixta COQUILLE BEACHWEAR para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 61774 de 20 de septiembre de 2016.

4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 2505 de 30 de enero de 2017 ,

61774 de 20 de septiembre de 2016.

4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 2505 de 30 de enero de 2017 , decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 61774 de 20 de septiembre de 2016.

7 Cfr. Folios 57 a 604

Número único de radicación: 11001032400020170020800

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Norma violada

5. La parte demandante indicó la vulneración de l literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000.

Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación, así8:

Único cargo: violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Señaló que la parte demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por falta de aplicación, al haber concedido el registro de la marca mixta COQUILLEWEAR para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza , a pesar de la existencia de derechos previos de la parte demandante sobre la marca COQUI. 6.2. Manifestó que la denominación COQUILLE es el elemento de mayor dimensión característica de la marca solicitada , ello teniendo en cuenta que es la que genera mayor recordación dentro del conjunto marcario. Agregó que BEACHWEAR es un

6.2. Manifestó que la denominación COQUILLE es el elemento de mayor dimensión característica de la marca solicitada , ello teniendo en cuenta que es la que genera mayor recordación dentro del conjunto marcario. Agregó que BEACHWEAR es un término de uso común y descriptivo para referirse a prendas de vestir para la playa. 6.3. Adujo que la comparación se debe realizar entre los términos COQUILLE y COQUI, lo cual conlleva a evidenciar claras semejanzas entre los signos. Agregó que COQUI es un término de fantasía y que COQUILLE l o reproduce en su totalidad , agregándole únicamente las letras LLE, por lo que son similares gramaticalmente. 6.4. Precisó que existen varias marcas de distintos titulares que contienen el elemento nominativo BEACHWEAR y que identifican productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.5. Señaló que, desde la perspectiva fonética, las marcas se pronuncian de manera casi idéntica, sin que las letras LLE de COQUILLE puedan eliminar las semejanzas en la pronunciación.

8 Cfr. Folios 60 a 675

Número único de radicación: 11001032400020170020800

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6.6. Manifestó que los productos id entificados por las marcas cotejadas guardan conexidad competitiva, por cuanto son los mismos productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.7. Señaló que , dada la gran semejanza entre las marcas, mayor debe ser la

conexidad competitiva, por cuanto son los mismos productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.7. Señaló que , dada la gran semejanza entre las marcas, mayor debe ser la diferencia entre los productos que amparan. Agregó que , ante la identidad de los productos amparados por las marcas cotejadas y la similitud de estas, podría generarse riesgo de confusión en los consumidores.

Contestaciones de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada 9 contestó la demanda 10 y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

7.1. Señaló que, si bien la marca mixta concedida reproduce parcialmente la parte nominativa de las marcas opositoras, en la revisión en conjunto , los elementos nominativos y gráficos adicionales permiten su individualización, ya que la marca que se concedió cuenta con má s sílabas, lo que la hace más extensa y le confiere una pronunciación diferente. Asimismo, desde el punto de vista gráfico, hay elementos disímiles tales como la fuente de la letra y la imagen, que tiene forma de concha.

7.2. Indicó que la marca concedida no induce a error a los consumidores ya que los productos protegidos son totalmente diferentes, encaminados a consumidores diferentes, puesto que, si bien se encuentran en la misma Clase 25, no generan ningún riesgo de asociación comoquiera que manejan public idad y canales de comercialización totalmente diferentes, por esta razón no existen presupuestos para que se dé la conexidad competitiva.

9 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 108 a 111

comercialización totalmente diferentes, por esta razón no existen presupuestos para que se dé la conexidad competitiva.

9 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 108 a 111 10 Cfr. Folios 96 a 1076

Número único de radicación: 11001032400020170020800

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8. Sutex S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso, notificado en debida forma11, no contestó la demanda.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 24 de octubre de 201912, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretac ión Prejudicial 584-IP-201913 de 28 de febrero de 202 0, en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que consideró:

“[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de l Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Literales e) y g) del artículo 135 y del Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad A ndina, para tratar el tema de las marcas conformadas por denominaciones de uso común

De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Literales e) y g) del artículo 135 y del Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad A ndina, para tratar el tema de las marcas conformadas por denominaciones de uso común y descriptivas, así como el tema sobre la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto […]”14

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Audiencia Inicial

12. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 3 de julio de 201915 convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 10 de julio de 2019 16, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio;

11 Cfr. Folio 87 12 Cfr. Folios 201 a 202 13 Cfr. Folios 214 a 228 14 Ibidem 15 Cfr. Folios 121 a 122 16 Cfr. Folios 138 a 1537

Número único de radicación: 11001032400020170020800

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas ; y realizó el respectivo

www.consejodeestado.gov.co

declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas ; y realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 24 de octubre de 201917, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión

14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 202318: i) resolvió sobre la reanudación del proceso; y ii) resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía.

15. Durante el término legal, las partes demandante y demandada presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda, respectivamente.

16. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico;

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 584-IP-2019 proferida el 28 de febrero de 2020;

17 Cfr. Folios 199 a 200 18 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI”8

Número único de radicación: 11001032400020170020800

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

18. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201119, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 20, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.

Actos administrativos acusados

20. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.

Actos administrativos acusados

20. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

20.1. La Resolución núm. 61774 de 20 de septiembre de 2016 , mediante la cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixt a COQUILLE BEACHWEAR, para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

20.2. La Resolución núm. 2505 de 30 de enero de 2017 , mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 61774 de 20 de septiembre de 2016.

Problema jurídico

21. De acuerdo con la demanda, la contestaci ón de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar:

19 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 20 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.9

Número único de radicación: 11001032400020170020800

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

21.1. Si las resoluciones núms. 61774 de 20 de septiembre de 2016 y 2505 de 30 de enero de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante

www.consejodeestado.gov.co

21.1. Si las resoluciones núms. 61774 de 20 de septiembre de 2016 y 2505 de 30 de enero de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta COQUILLE BEACHWEAR a Sutex S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar "vestuario, calzado, sombrerería", productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

21.2. En este sentido, se analizará, si con los actos administrativos acusados existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y las marcas mixtas COQUI, identificadas con certificados de registro núm. 493328, 375440 y 377361 para identificar productos de la misma clase, cuyo titular es la parte demandante.

22. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 , los literales e) y g) del artículo 135 y el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000.

23. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización

de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena21, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en

21 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C -231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.10

Número único de radicación: 11001032400020170020800

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000 22 de la Comisión de la Comunidad Andina23.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24

25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir

Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los

Estados Miembros26.

22 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 23 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 24 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “ Protocolo de Cochabamba ”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 25 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exterio res, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 26 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35.11

la interpretación prejudicial. 26 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35.11

Número único de radicación: 11001032400020170020800

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

27. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “ […] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

28. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

29. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”.

no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”.

30. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

31. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “ […] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”

Interpretación Prejudicial 584-IP-2019 de 28 de febrero de 2020

32. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso27:

27 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI”12

Número único de radicación: 11001032400020170020800

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“[…] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo