CE - 010325000201100371001FALLO20230613000000

IMPORTANCIA JURÍDICA / PODER PREFERENTE DE LA PROCURADURÍA

GENERAL DE LA NACIÓN – Definición

Esta Corporación ha definido el poder preferente del Procurador General de la Nación como la facultad de ejercer el control disciplinario que prima o desplaza la competencia interna de cada entidad, para avocar el conocimiento, en cualquiera de las etapas de la actuación, indagación o investigación, comprendiendo también el ejercicio del poder sancionatorio.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 3

NOTA DE RE LATORÍA: Sobre el carácter preferente del poder atribuido a la Procuraduría General de la Nación, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Auto del 27 de noviembre de 2018, Rad. 11001 -03-06-000-201800185-00(C), C.P. Édgar González López

LEY PROCESAL DISCIPLINARIA EN EL TIEMPO – Aplicación inmediata / APLICACIÓN DE DISPOSICIONES FAVORABLES AL DISCIPLINADO – No constituye irregularidad sustancial

[E]l actor plantea que en la actuación disciplinaria no debió aplicarse la Ley 734 de 2002, como quiera que antes del 5 de mayo de 2002, fecha de su entrada en rigor, ya se había expedido el pliego de cargos. Por consiguiente, en su criterio, la decisión sancionatoria debió proferirse con fundamento en la Ley 200 de 1995. (…) La Corte Constitucional (…) consideró que en materia sancionatoria, por regla general, se debe aplicar la ley vigente para el momento de los hechos (art. 29 de la Constitución Política), en virtud del principio relativo a que nadie puede ser

(…) La Corte Constitucional (…) consideró que en materia sancionatoria, por regla general, se debe aplicar la ley vigente para el momento de los hechos (art. 29 de la Constitución Política), en virtud del principio relativo a que nadie puede ser procesado sino conforme a las leye s preexistentes. De donde se infiere que en este campo las normas no tienen efectos retroactivos; sin embargo, aclaró que en el ámbito procesal este principio se invierte, pues la regla general es la aplicación inmediata, de modo que la nueva ley cobija lo s procedimientos iniciados en la ley anterior, salvo en lo concerniente a las diligencias, términos y actuaciones que empezaron a correr o ejecutarse en la normativa derogada. (…) Para la Sala, el artículo 223 de la Ley 734 de 2002 no tiene el carácter res tringido que se le atribuye en la demanda, toda vez que, en virtud del principio de favorabilidad, las nuevas normas procesales se podían aplicar. Así las cosas, si bien, el artículo 223 de la Ley 734 de 2002 prescribe una pauta general, teniendo como pará metro el pliego de cargos, también es cierto que para la Procuraduría General de la Nación la garantía de presentar alegatos, luego de practicadas las pruebas, era una disposición novedosa de la Ley 734 de 2002, más favorable para el disciplinado; argumento que más fuerza adquiere para la Sala, en garantía d el derecho al debido proceso. (…) En consecuencia, la decisión de culminar el proceso bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002 no constituye una irregularidad sustancial, pues esta normativa le repres entó un beneficio al demandante, en la medida en

debido proceso. (…) En consecuencia, la decisión de culminar el proceso bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002 no constituye una irregularidad sustancial, pues esta normativa le repres entó un beneficio al demandante, en la medida en que gozó de una oportunidad adicional para ejercer sus derechos de defensa y contradicción; aunado a lo anterior el contenido del fallo cumple con los requisitos legales , el disciplinado en los alegatos de conclusión presentó sus argumentos sobre la valoración de los hechos y las pruebas y pudo interponer el recurso de reposición contra la sanción

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 223

NOTA DE RELATORÍA: Sobre l a aplicación de las normas procesales en eltiempo en materia sancionatoria, ver: Corte Constitucional, Sentencia C -328 de

2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA / SANCIÓN DISCIPLINARIA – Se entiende impuesta con la expedición y notificación del acto sancionatorio principal / PRESCRIPCIÓN – Principio de favorabilidad

Para las fechas en que fueron proferidos los actos administrativos demandados, 7 de octubre de 2003, 30 de noviembre de 2004, 28 de enero de 2005 y 22 d e febrero de 2005, y para el 7 de abril de 2006, momento en que la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, suspendió provisionalmente los efectos de la sanción disciplinaria, no existía unidad de criterio sobre la prescripción de la acción dis ciplinaria al interior de esta Corporación. (…) Luego,

Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, suspendió provisionalmente los efectos de la sanción disciplinaria, no existía unidad de criterio sobre la prescripción de la acción dis ciplinaria al interior de esta Corporación. (…) Luego, por importancia jurídica, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 29 de septiembre de 2009, acogió el criterio que sostenía que la sanción disciplinaria se entiende “impuesta” con la expedición y notificación del acto sancionatorio principal; ello con el fin de aclarar el momento en que se configura la prescripción de la facultad sancionatoria de la administración. (…) Dicha sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009 marca la línea de interpretación sobre la prescripción de la acción disciplinaria de esta Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sin embargo, los actos administrativos expedidos por la Procuraduría antes de referido fallo contienen una tesis más favo rable sobre la prescripción que la expuesta allí . En efecto, al aplicar al sub judice el criterio unificado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, dado que el acto administrativo de única instancia del 7 de octubre de 2003, proferido por la Procuraduría General de la Nación, que sancionó al ahora demandante, se notificó personalmente a su apoderado el 8 de octubre de 2003, ese día se entendería “impuesta” la sanción; de ahí que al contarse el término de prescripción de cinco años, la acción dis ciplinaria no se habría extinguido frente a las conductas realizadas por el disciplinado del 8 de octubre de 1998 hasta el 24 de diciembre de

años, la acción dis ciplinaria no se habría extinguido frente a las conductas realizadas por el disciplinado del 8 de octubre de 1998 hasta el 24 de diciembre de 1999, fecha en la que entregó el cargo de Comandante del Gaula de Medellín. Entonces el estudio de la prescripción realizado por parte de la Procuraduría es más benigno para el actor que el expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación, pues en los actos acusados se indicó que la imposición de la sanción fue el 21 de dicie mbre 2004, fecha de ejecutoria material de la sanción (cuando se notificó al accionante el auto que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el auto del 7 de octubre de 2003), es así que solamente se sancionaron las conductas relativas a las 33 interceptaciones ilegales que no estaban desconectadas para el 21 de diciembre de 1999, respecto a las que no se decretó la prescripción de la acción disciplinaria. (…) Es clara entonces la favorabilidad para el disciplinado del análisis de la prescripción realizado por la Procuraduría General de la Nación en los actos administrativos del 7 de octubre de 2003, 30 de noviembre de 2004 y 28 de enero de 2005, fechas para las que, se insiste, el Consejo de Estado no había unificado la interpretación sobre la prescripción de la acción disciplinaria

FUENTE FORMAL: LEY 25 DE 1974 – ARTÍCULO 12 / LEY 13 DE 1984 –

ARTÍCULO 6

NOTA DE RELATORÍA: En este pronunciamiento se hace un recuento del desarrollo normativo que ha tenido el fenómeno de la prescripción

ARTÍCULO 6

NOTA DE RELATORÍA: En este pronunciamiento se hace un recuento del desarrollo normativo que ha tenido el fenómeno de la prescripción

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la aplicación de la prescripción en el régimen sancionatorio disciplinario, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009, Rad.11001-03-15-000-2003-00442-01, C.P. Susana Buitrago Valencia

DERECHO DISCIPLINARIO - Finalidad

[L]a Sala resalta que la función del juez en el Estado Social de Derecho obedece a los postulados de justicia material consistentes en la garantía del derecho sustancial y de búsqueda de la ve rdad. De tal suerte que frente al control de legalidad de las sanciones administrativas no puede perderse de vista que la finalidad del derecho disciplinario consiste en asegurar que la conducta de quienes detentan funciones públicas esté demarcada por la marcha efectiva y el buen nombre de la administración, y por asegurar que la función pública sea ejercida para beneficiar a la comunidad, protegiendo los derechos y libertades de los asociados.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 20

FALTAS GRAVÍSIMAS – Reduce margen de discrecionalidad / PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN NORMATIVA – En tipificación de las faltas / PRINCIPIO DE

TIPICIDAD / PRINCIPIO DE LEGALIDAD

[L]a noción de falta gravísima de la Ley 200 de 1995 redujo el margen de discrecionalidad de la a utoridad disciplinaria al momento de sancionar al actor,

TIPICIDAD / PRINCIPIO DE LEGALIDAD

[L]a noción de falta gravísima de la Ley 200 de 1995 redujo el margen de discrecionalidad de la a utoridad disciplinaria al momento de sancionar al actor, constituyendo entonces una garantía para el disciplinario el hecho de realizar la integración normativa con la citada ley, máxime cuando se respetó el límite de la sanción más gravosa del Decreto 258 4 de 1993. En este orden, se determina que la Procuraduría no desconoció los principios de tipicidad y legalidad porque el accionante fue sancionado por las faltas existentes en el régimen especial (Decreto 2584 de 1993), concretamente en los artículos 39 y 40 del estatuto de disciplina de la Policía Nacional; la sanción se graduó según el artículo 41 ídem; se configuraron las circunstancias de agravación del artículo 42 ídem y las faltas se calificaron como gravísimas, acorde con la clasificación del artículo 24 de la Ley 200 de 1995 (norma vigente para la época de los hechos), en virtud del principio de integración normativa. (…) La Procuraduría acertó al calificar las faltas imputadas al actor como gravísimas, en atención del principio de integración normativa; primero, porque el reglamento especial de disciplina de la Policía Nacional no excluía la aplicación de la clasificación de las faltas prevista en el artículo 24 la Ley 200 de 1995; segundo, porque, como empleado público, el señor Santoyo Velasco también estaba cobijado por esta norma del régimen general de disciplina; y, tercero, porque la aplicación de esta disposición no desmejoraba su

artículo 24 la Ley 200 de 1995; segundo, porque, como empleado público, el señor Santoyo Velasco también estaba cobijado por esta norma del régimen general de disciplina; y, tercero, porque la aplicación de esta disposición no desmejoraba su situación, comoquiera que las circunstancias de agravación y los criterios para graduar la sanción previstos en e l Decreto 2584 de 1993, determinaron que sus faltas fueron de la mayor entidad, por omitir, aprobar y consentir que se tramitaran interceptaciones telefónicas ilegales y que se utilizaran indebidamente bienes y equipos de la Policía Nacional, en perjuicio del derecho a la intimidad de los ciudadanos. (…) Lo anterior sumado al hecho que se trató de una conducta reiterada, que se ejecutó, en conjunto, por los miembros del Grupo Gaula bajo sus órdenes, con ostensible preparación, organización y planificación d e la falta; que se violaron varias normas disciplinarias y que el actor detentaba un alto cargo en la Policía Nacional, Institución cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades pública s, y para asegurar que los habitantes de Colombia vivan en paz (art. 218 de la Constitución Política). Por ello, la Procuraduría General de la Nación válidamente impuso al actor la sanción de destitución e inhabilidad, en los términos de los artículos 31, 36 y 98 del Decreto 2584 de 1993, sin desconocer los principios de favorabilidad, tipicidad y legalidadFUENTE FORMAL: LEY 200 DE 1995 – ARTÍCULO 24 / LEY 200 DE 1995 – ARTÍCULO 42 / DECRETO 2584 DE 1993 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA –

favorabilidad, tipicidad y legalidadFUENTE FORMAL: LEY 200 DE 1995 – ARTÍCULO 24 / LEY 200 DE 1995 – ARTÍCULO 42 / DECRETO 2584 DE 1993 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA –

ARTÍCULO 218

PRINCIPIO D E CONGRUENCIA EN MATERIA DISCIPLINARIA – Noción / PLIEGO DE CARGOS – Puede variarse por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente

El principio de congruencia refleja la concreción del derecho a la defensa para quien ha sido investigado, de modo que tenga la certeza sobre los extremos fácticos, subjetivos y jurídicos, a partir de los cuales se estructuró el proceso disciplinario y que fueron el fundamento de la sanción. La congruencia constituye a la vez una garantía del sujeto pasivo de la acción y un límite para quien detenta la potestad disciplinaria, pues la decisión no puede referirse a conductas que no hicieron parte de la imputación fáctica. (…) En el ámbito disciplinario, conforme al inciso 5 del artículo 165 de la Ley 734 de 2002 el pliego de cargos puede ser variado, por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente, luego de la práctica de pruebas y antes del fallo de primera o de única instancia.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 165

NOTA DE RELATORÍA : S obre la justificación de la calificación provisional del pliego de cargos, ver: Corte Constitucional, Sentencia C -1076 de 2002, M.P. Clara

Inés Vargas

CONCURSO DE FALTAS DISCIPLINARIAS – Clases / PRINCIPIOS DEL

pliego de cargos, ver: Corte Constitucional, Sentencia C -1076 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas

CONCURSO DE FALTAS DISCIPLINARIAS – Clases / PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL – Aplicación en el derecho dis ciplinario / CONCURSO

REAL HOMOGÉNEO DE CONDUCTAS PUNITIVAS – Definición / CONCURSO

MATERIAL HETEROGÉNEO DE CONDUCTAS PUNITIVAS – Definición

En cuanto a la variación del concurso, se precisa que según la Corte Constitucional se pueden presentar tres varie dades de concurso de faltas disciplinarias. (…) Por su parte, la jurisprudencia penal, cuyos principios se aplican en el derecho disciplinario con mayor flexibilidad, ha definido el concurso real homogéneo de conductas punitivas, cuando existe unidad del s ujeto activo y pluralidad de acciones con las cuales se infringe varias veces el mismo tipo penal, por ello, se entiende que cada una de las acciones está revestida de sus propias características objetivas, materiales, subjetivas y jurídicas; mientras que el concurso material heterogéneo se da cuando una misma persona realiza una pluralidad de acciones e incurre en diversos tipos penales

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 21

NOTA DE RELATORÍA: Sobre las clases de concurso de faltas disciplinarias, ver: Corte Constitucional, Sentencia C -1076 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas

Hernández

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la clasificación de los concursos, ver: Corte

Constitucional, Sentencia C-464 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos

Hernández

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la clasificación de los concursos, ver: Corte

Constitucional, Sentencia C-464 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la dife rencia entre concursos, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, s entencia del 25 de octubre de 2017, Rad.

47.459, SP 17711-2017, M.P. Patricia Salazar Cuéllar

PRINCIPIO NON BIS IN I DEM EN MATERIA DISCIPLINARIA – Alcance /CONCURRENCIA DE C ONDENA PENAL Y SANCIÓN DISCIPLINARIA – No desconoce el principio non bis in idem / DERECHO PENAL Y DERECHO DISCIPLINARIO – Diferencias

En el ámbito disciplinario, la Ley 734 de 2002, en consonancia con el principio de rango constitucional, prescribe en el artículo 11 que el destinatario de la ley disciplinaria cuya situación esté decidida mediante acto administrativo ejecutoriado no será sometido a una nueva investigación y juzgamiento dis ciplinario por el mismo hecho. (…) Por otra parte, el inciso tercero del artículo 2 de la Ley 734 de 2002 señala que la acción disciplinaria es “independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta”. (…) De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que una sola conducta puede generar diversas consecu encias jurídicas, siendo objeto de diferentes juicios y sanciones . (…) Así las cosas, se incurriría en violación de la prohibición de juzgar dos veces por el mismo hecho, si una persona es sancionada disciplinariamente, por supuestos fácticos y faltas disc iplinarias que

violación de la prohibición de juzgar dos veces por el mismo hecho, si una persona es sancionada disciplinariamente, por supuestos fácticos y faltas disc iplinarias que ya dieron lugar a imponerle una sanción, comoquiera que el Estado ya ha perd ido la potestad disciplinaria. 160. Pero si dichos hechos ocasionaron también una decisión penal condenatoria, este principio no se desconoce, pues el derecho penal y disciplinario, si bien emanan de la potestad punitiva del Estado, difieren en cuanto a la finalidad, los bienes jurídicos e intereses jurídicos tutelados. Dicha diferencia también radica en que en materia disciplinaria se juzga la conducta de los destinatarios frente a normas administrativas éticas que protegen la eficiencia, eficacia y moralid ad de la administración pública , mientras que el objeto del derecho penal es la protección del orden jurídico social (…). 161. De lo anterior se desprende que si una persona incurre en una conducta ilegal puede ser procesada penal y disciplinariamente, ya que se trata de acciones autónomas con naturaleza jurídica diferente, cuyas decisiones no atan, entre sí, a los operadores jurídicos. (…) [E]l derecho disciplinario se centra en el incumplimiento de los deberes de quien detenta la función pública y su propósito es garantizar el adecuado funcionamiento de la administración.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 2 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 11

PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL – Afectación / AFECTACIÓN DEL

PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL – Presupuesto de configuración

2002 – ARTÍCULO 2 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 11

PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL – Afectación / AFECTACIÓN DEL

PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL – Presupuesto de configuración

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, para demostrar la afectación del principio de i nvestigación integral, se requiere acreditar, en un alto grado de probabilidad, que, de haberse practicado las pruebas que en criterio del afectado se omitieron, el sentido de la decisión sería favorable a sus intereses, ya que solamente bajo estos supuest os la irregularid ad procesal sería trascendental . Así las cosas, para establecer el desconocimiento de este principio se necesita el señalamiento de las pruebas que se dejaron de practicar, con su valor probatorio y transcendencia respecto de la decisión. 168. Esta Corporación ha sostenido que la obligación del juzgador disciplinario de realizar una investigación integral no exonera al demandante y a su apoderado de “la carga de presentar y/o solicitar dentro de la oportunidad legal las pruebas que pretenda hacer valer, en ese sentido no comporta una conducta respetuosa del principio de lealtad procesal el guardar silencio en la etapa probatoria de la actuación disciplinaria, para posteriormente en el Juicio Contencioso invocar falencias procesales del trámi te administrativo”. (…) Frente a la violación del principio de investigación integral, y aunque el accionante tiene la carga de argumentar cómo se incumplió la obligación de investigar lo favorable y desfavorable, la Sala considera que, para garantizar los derechos al debido proceso y a la justicia material, se debe analizarsi en la actuación administrativa se respetó el derecho de contradicción, mediante

obligación de investigar lo favorable y desfavorable, la Sala considera que, para garantizar los derechos al debido proceso y a la justicia material, se debe analizarsi en la actuación administrativa se respetó el derecho de contradicción, mediante la petición de pruebas y la interposición de recursos y si se cumplió con el principio de imparcialidad.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 94

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de investigación integral, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de mayo de 2013,

Rad. 11001-03-25-000-2011-00571-00(2196-11), C.P. Bertha Lucía Ramírez Páez

MEDIDAS CAUTELARES – Finalidad / ESTUDIO DE LA MEDIDA CAUTELAR – El operador judicial debe tener en cuenta la apariencia de buena fe del derecho

[L]a Sala advierte que el propósito de las medidas cautelares es garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, de modo que, ante la posible dilación de los procesos, se evite que el demandante sufra perjuicios de difícil reparación en el evento de una decisión judicial absolutoria tardía (…).Por ello, se exige que el operador judici al, en el estudio de la medida cautelar, tenga en cuenta la apariencia de buena fe del derecho.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 229 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 230 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 231 / LEY 1437 DE 2011 –

ARTÍCULO 233

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 233

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00371-00(IJ)

Actor: MAURICIO ALFONSO SANTOYO VELASCO

Demandado: NACIÓN - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y

NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Asunto: Sanción disciplinaria. Destitución

ASUNTO

1. La Sala Plena de lo Contencioso Administr ativo del Consejo de Estado decide en única instancia las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada por el señor Mauricio Alfonso Santoyo Velasco contra laNación - Procuraduría General de la Nación y Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por la sanción impuesta de destitución e inhabilidad por el término de cinco años.

ANTECEDENTES

La demanda y su corrección

2. El señor Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó la nulidad de los siguientes actos proferidos por el Procurador General de la Nación:

• Acto administrativo de única instancia del 7 de octubre de 2003 que lo sancionó disciplinariamente con destitución de l cargo de Teniente Coronel de la

siguientes actos proferidos por el Procurador General de la Nación:

• Acto administrativo de única instancia del 7 de octubre de 2003 que lo sancionó disciplinariamente con destitución de l cargo de Teniente Coronel de la Policía Nacional e inhabilidad por el término de cinco años.

• Auto del 30 de noviembre de 2004 que resolvió el recurso de reposición contra la decisión de única instancia, negó las solicitudes de nulidad de la actuación disciplinaria y declaró la prescripción de la acción disciplinaria frente a algunas conductas.

• Auto del 28 de enero de 2005 que decretó la prescripción de la acción disciplinaria respecto de algunas conductas.

• Auto del 22 de febrero de 2005 que negó por improcedentes las solicitudes de revocatoria parcial contra el auto del 28 de enero de 2005.

3. Igualmente, pidió la declaratoria de nulidad del Decreto 1235 del 21 de abril de 2005, dictado por el Gobierno Nacional, que lo retiró del servicio1.

4. Como restablecimiento del derecho reclamó que se ordene su reintegro sin solución de continuidad al cargo que ejercía y que sea llamado al concurso de ascenso al grado inmediatamente superior.

5. A título de indemnización, requirió el pago de todos los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir, con la respectiva indexación, intereses corrientes y moratorios en los términos de los artículos 177 y 178 del Código

1 Folios 178-303 cuaderno principal 2 y 435-439 cuaderno principal 3Contencioso Administrativo, que la sentencia se cumpla acorde con lo dispu esto

corrientes y moratorios en los términos de los artículos 177 y 178 del Código

1 Folios 178-303 cuaderno principal 2 y 435-439 cuaderno principal 3Contencioso Administrativo, que la sentencia se cumpla acorde con lo dispu esto en los artículos 176 y 177 ídem, y que se condene a la entidad demandada a cancelar las costas.

6. Solicitó que la Nación le pague los perjuicios morales que estimó en el monto de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes o al tope máximo conc edido en sede judicial.

7. En acápite separado pidió la suspensión provisional de los actos administrativos demandados.

8. En los hechos de la demanda se narró que el señor Mauricio Alfonso Santoyo Velasco ingresó a la Policía Nacional como cadete el 2 2 de febrero de 1977; que el 1 de noviembre de 1978 obtuvo el grado de oficial, y que del 25 de julio de 1996 al 24 de diciembre de 1999 fue Comandante del Grupo UNASE y del Grupo GAULA de la Policía de Medellín.

9. Manifestó que el actor ascendió a Coro nel, por disposición del Decreto 2475 del 28 de noviembre de 2000 y que desde el año 2002 ejerció como Secretario para la Seguridad del Presidente de la República, pero que fue retirado del servicio por destitución mediante el Decreto 1235 del 21 de abril de 2005.

10. Indicó que la Procuraduría General de la Nación, en el proceso por la desaparición de dos integrantes de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos ASFADDES, observó que se realizaban interceptaciones ilegales

10. Indicó que la Procuraduría General de la Nación, en el proceso por la desaparición de dos integrantes de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos ASFADDES, observó que se realizaban interceptaciones ilegales en las Empresas Públic as de Medellín, en cuya responsabilidad estaban comprometidos miembros del Gaula de la referida ciudad y que, en razón del citado hecho, la Inspección General de la Policía Nacional, en auto del 16 de febrero de 2001, dispuso la indagación preliminar para determinar la responsabilidad de los funcionarios adscritos a la Policía Nacional de Medellín; sin embargo, el Procurador General de la Nación, en ejercicio del poder preferente, en auto del 2 de marzo de 2001, solicitó al Inspector Delegado Dos de la Poli cía Nacional la suspensión de la actuación y su remisión a dicha entidad.11. El 8 de octubre de 2001 se formuló pliego de cargos al actor, por cuanto las órdenes de la Fiscalía de interceptación y desinterceptación de líneas telefónicas de los años 1997 a 1999, allegadas por el Gaula a las Empresas Públicas de Medellín eran falsas; incurriendo presuntamente en las siguientes faltas

disciplinarias del Decreto 2584 de 1993:

“ARTÍCULO 39. ENUMERACIÓN. Constituyen faltas contra el ejercicio de la profesión las siguientes: (…)

22. Respecto de documentos que puedan servir de prueba:

a. Omitir la verdad o consignar hechos contrarios a la misma. b. Sustituir, alterar, mutilar, destruir, ocultar, desaparecer o falsificarlos. (…)

22. Respecto de documentos que puedan servir de prueba:

a. Omitir la verdad o consignar hechos contrarios a la misma. b. Sustituir, alterar, mutilar, destruir, ocultar, desaparecer o falsificarlos. (…)

40. Respecto de los bienes y equip os de la Policía Nacional o de los de carácter particular puestos bajo su responsabilidad, violar la ley, reglamentos o instrucciones superiores mediante las siguientes conductas.

(…) d. Darles aplicación o uso diferentes.

ARTÍCULO 40. OTRAS FALTAS. Además de las definidas en el artículo anterior, constituyen faltas disciplinarias, la violación de las prohibiciones, el abuso de los derechos o el incumplimiento de los deberes contemplados en la Constitución Política, en las leyes y en los diferentes actos administrativos”.

12. El Procurador General de la Nación, a través del acto administrativo del 7 de octubre de 2003, sancionó al señor Santoyo Velasco con destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de cinco años, contra el cual, el actor interpuso recurso de reposición, resuelto por auto del 30 de noviembre de 2004, que confirmó la sanción y declaró la prescripción frente a algunas conductas.

13. El 28 de enero de 2005 el Procurador General de la Nación accedió parcialmente a la solicitud del accionante de ser incluido como beneficiario de la prescripción declarada en el acto administrativo del 30 de noviembre de 20042.

14. Contra esa decisión interpuso recurso de reposición, el cual fue negado por improcedente por el Procurador General de la Nación, en auto del 22 de febrero

prescripción declarada en el acto administrativo del 30 de noviembre de 20042.

14. Contra esa decisión interpuso recurso de reposición, el cual fue negado por improcedente por el Procurador General de la Nación, en auto del 22 de febrero de 2005.

2 Folio 186 del cuaderno principal 215. Las normas violadas y el concepto de violación se desarrollaron a tráves de doce cargos, que para su mejor comprensión se resumirán en la parte motiva de esta providencia, con su analisis en concreto. Estos cargos se refieren a los siguientes cuestionamientos: prescripción de la acción disciplinaria; violación del derecho a la defensa; falsa motivación; violación del principio non bis in ídem; violación de los principios de favorabilidad y legalidad; violación del derecho al debido proceso y de defensa; violación del principio de presunción de inocencia; indebida aplicación del artículo 223 de la Ley 734 de 2002 y falta de competencia.

Trámite procesal

16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sec