CE - 010325000201900311001SENTENCIA20231211094428

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicado : 11001-03-25-000-2019-00311-00

Nº Interno : 2042-2019

Demandante : Andrés Mauricio Roldán Vásquez

Demandada : Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) Medio de control : Simple nulidad – Ley 1437 de 2011

Tema : Demanda de nulidad (parcial) del numeral 4.1. del artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, «por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama

Judicial».

En virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) , la Sala decide la demanda que, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del CPACA, presentó el señor Andrés Mauricio Roldán Vásquez, a través de la cual solicita la nulidad (parcial) del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, «por medio del cual se adelanta el proceso de selección

a través de la cual solicita la nulidad (parcial) del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, «por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Ju dicial», emitido por el Consejo Superior de la Judicatura.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1.

El ciudadano Andrés Mauricio Roldán Vásquez presentó demanda de nulidad (parcial) contra el numeral 4.1 del artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, «por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial », proferido el Consejo Superior de la

1 Folios 1 a 8 del cuaderno principal.2

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Demandante: Andrés Mauricio Roldán Vásquez

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Judicatura, concretamente en lo que atañe a la prueba de aptitudes ahí dispuesta.

El aparte censurado tiene el siguiente contenido:

ACUERDO PCSJA18-11077 16 de agosto de 2018

Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 256 de la Constitución Política y 85

funcionarios de la Rama Judicial

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 256 de la Constitución Política y 85 numerales 17 y 22, 162, 164, 165 y 168 de la Le y 270 de 1996, de conformidad con lo dispuesto en la sesión de 15 de agosto de 2018, y

CONSIDERANDO

Que con la creación del Consejo Superior de la Judicatura se implementó de manera efectiva la carrera judicial al asumir la responsabilidad de garantizar el acceso al servicio judicial en condiciones de concurrencia, participación profesional y regional, transparencia y solvencia profesional y ética, en beneficio del ejercicio independiente y autónomo de la función jurisdiccional y de la imparcialidad y calidad de las decisiones judiciales. Que esta función ha sido cumplida con la importancia y relevancia que merece, de manera que su ejecución se adelanta en forma planeada y de conformidad con el presupuesto asignado año a año por el Gobierno Nacional. Que es así como se está convocando al veintisieteavo proceso de selección, para invitar a participar dentro de esta convocatoria, a los ciudadanos colombianos, que reúnan los requisitos fijados por el legislador. Que la carrera judicial permite al Estado contar con servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación, contribuyan a alcanzar cada vez más, mejores índices de resultados, al contar también con las aptitudes para atender la alta responsabilidad de administrar justicia. Que a través de convocatoria pública y abierta se busca seleccionar a los abogados que se acerquen más y mejor al perfil de un juez

las aptitudes para atender la alta responsabilidad de administrar justicia. Que a través de convocatoria pública y abierta se busca seleccionar a los abogados que se acerquen más y mejor al perfil de un juez con las competencias necesarias para el óptimo desempeño de sus funciones, de manera que se evalúen además de las exigencias de formación y expe riencia, las características y rasgos o competencias comportamentales, así como los atributos profesionales, personales, éticos y gerenciales, que incluyen entre otros, cultura digital, razonamiento ético, liderazgo, trabajo en equipo, solución de conflictos, pensamiento conceptual y analítico.3

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Que conforme lo señala la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, artículos 162 y 164, al Consejo Superior de la Judicatura le compete reglamentar la forma, clase, contenido, alcances y demás aspectos de cada una de las etapas del proceso de selección y del concurso de méritos. Que por tanto, en el presente acuerdo se definen las etapas del proceso de selección y del concurso de méritos, bajo el entendido de que el proceso de selección para funcionarios comprende las etapas de concurso de méritos, conformación del registro nacional de elegibles, elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación y, por su parte, el concurso de méritos comprende dos etapas sucesivas, de selección y de clasificación. Que se definen los cargos a convocar, de conformidad con las especialidades fijadas en la ley, enmarcadas dentro de la correspondiente área.

etapas sucesivas, de selección y de clasificación. Que se definen los cargos a convocar, de conformidad con las especialidades fijadas en la ley, enmarcadas dentro de la correspondiente área. Que para participar en el proceso de selección se requiere acreditar el cumplimiento de los requisitos míni mos señalados en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Sin embargo, previa a su verificación -que se llevará a cabo con posterioridad a la presentación de las pruebas de aptitudes, conocimientos y psicotécnica-, los aspirantes tendrán que ma nifestarlo bajo la gravedad del juramento, con el objeto de que queden habilitados para la aplicación de las pruebas previstas en la convocatoria. Que la etapa de selección está comprendida por las fases de i) pruebas de aptitudes y conocimientos; ii) verificación de requisitos mínimos y iii) curso de formación judicial inicial, los cuales tienen carácter eliminatorio, en tanto que la etapa clasificatoria del concurso de méritos está dada, además de los puntajes obtenidos en la prueba de conocimientos, apti tudes y curso de formación judicial inicial, que revisten el carácter eliminatorio y clasificatorio, por los obtenidos en la prueba psicotécnica, experiencia y capacitación adicional, que se encuentran estos últimos, orientados al perfil del mejor juez posible.

ACUERDA […] ARTÍCULO 3. […]

[…]

4. ETAPAS DEL CONCURSO El concurso de méritos comprende dos (2) etapas: Selección y Clasificación. 4.1 Etapa de Selección Comprende la Fase I - Prueba de Aptitudes y Conocimientos, la

[…]

4. ETAPAS DEL CONCURSO El concurso de méritos comprende dos (2) etapas: Selección y Clasificación. 4.1 Etapa de Selección Comprende la Fase I - Prueba de Aptitudes y Conocimientos, la Fase II – Verificación de requisitos mínimos y la Fase III – Curso de Formación Judicial Inicial, las cuales ostentan carácter eliminatorio.

(Artículos 164 - 4 y 168 LEAJ). Fase I. Prueba de aptitudes y conocimientos Los aspirantes inscritos al concurso serán citados a presentar las pruebas, en la forma indicada en el numeral 5.1 del presente acuerdo, las cuales evaluarán los siguientes atributos: (i) aptitudes y (ii) conocimientos. La prueba de conocimientos se encuen tra constituida por dos componentes: uno general y otro específico relacionado con la especialidad seleccionada.4

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En esta etapa, la calificación de las pruebas de aptitudes y conocimientos se hará a partir de una escala estándar entre 1 y 1.000 puntos. La prueba de aptitudes se calificará entre 1 y 300 puntos y la de conocimientos entre 1 y 700 puntos. Para aprobar se requerirá obtener un mínimo de 800 puntos, sumando los puntajes de las dos pruebas. Los puntajes de aptitudes y conocimientos serán determinad os mediante Resolución expedida por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por delegación. Posteriormente, para valorar la etapa clasificatoria, a los concursantes que hayan obtenido 800 puntos o más, se les aplicará

mediante Resolución expedida por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por delegación. Posteriormente, para valorar la etapa clasificatoria, a los concursantes que hayan obtenido 800 puntos o más, se les aplicará una nueva escala de calificación según se explica en el acápite 4.2 de este Acuerdo. El diseño, administración y aplicación de las pruebas serán los determinados por el Consejo Superior de la Judicatura. Al momento de presentar las pruebas, los aspirantes suscribirán declaración juramentada de cumplir los requisitos mínimos para el desempeño del cargo seleccionado y así recibir el correspondiente cuadernillo. Las pruebas se llevarán a cabo en el lugar escogido al momento de la inscripción, no obstante los aspirantes podrán solicitar el cambio de sede para la presentación de las mismas, solamente dentro de los tres días siguientes a su citación. Una vez vencido el término, no se autorizarán cambios de sede para la presentación de la prueba. La presentación y aprobación de las pruebas de aptitudes y conocimientos no garantiza la permanencia en el concurso, se requiere adicionalmente la acreditación, en debida forma, del cumplimiento de los requisitos mínimos. […] (sic para toda la cita).

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

El actor expone como normas violadas las siguientes: De la Constitución Política, el artículo 125. De la Ley 270 de 1996, los artículos 128, 156, 161 y 164. De la Ley 906 de 2004, el artículo 3. Del Código General del Proceso (CGP), el artículo 7. Del CPACA, el artículo 3.

El accionante considera que se vulnera la normativa antes indicada al

De la Ley 906 de 2004, el artículo 3. Del Código General del Proceso (CGP), el artículo 7. Del CPACA, el artículo 3.

El accionante considera que se vulnera la normativa antes indicada al desconocer las habilidades dispuestas para acceder por mérito a la Rama Judicial como funcionario judicial, las que solo pueden ser establecidas por el legislador, según mandato constitucional, por lo que no le era dable al Consejo Superior de la Judicatura fijarlas.5

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En los exámenes para concursos de empleados se puede n incluir componentes diferentes al jurídico para seleccionar el personal más apto para ejercer cargos en la Rama Judicial, conforme lo permite el artículo 161 de la Ley 270 de 1996; sin embargo, no ocurre lo mismo para los funcionarios, pues el legislador ha determinado un conocimiento y competencias ligadas exclusivamente al ordenamiento jurídico.

1.3. Trámite procesal.

A través de auto de 8 de septiembre de 2020 2, se admitió la demanda, se ordenó notificar esa decisión a la accionada y se le corrió traslado para que la contestara; igualmente, se notificó al representante del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.4. Intervención de la parte accionada3.

La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) contestó la demanda con oposición a sus pretensiones.

1.4. Intervención de la parte accionada3.

La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) contestó la demanda con oposición a sus pretensiones. Aseveró que no existió irregularidad en la convocatoria acusada, pues se cumplió con las formalidades que prevén las normas que regulan la materia ; sumado a ello , se determinó en el acuerdo de convocatoria que el examen estaría compuesto por la prueba aptitudes, conocimientos g enerales y específicos y psicotécnica; por lo tanto, se incluyó el componente de aptitudes con el fin de evaluar , además de los conocimientos, las aptitudes de los aspirantes, a través de ítems de comprensión de lectura, razonamiento verbal y análisis numérico o matemático, ya que las habilidades se asientan en un conjunto de procesos psicológicos básicos y de capaci dades que son relevantes para el desempeño de los funcionarios, dado el valor intrínseco e imprescindible de las aptitudes requeridas para los cargos, en todos los niveles de desempeño y la alta responsabilidad que conlleva la administración de justicia.

Es así como la comprensión de información escrita implica la capacidad de acceder y obtenerla de textos y de comprender la coherencia de los mismos, en tanto que el razonamiento lógico matemático permite focalizar los factores

2 Folio 54 ibidem. 3 Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai, índice 39.6

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esenciales de un problema, s eguir argumentos y considerar sus consecuencias con la finalidad de darle una solución ; habilidades que deben ser exigidas para el buen desempeño de la actividad de administrar justicia.

Por último, formula las excepciones denominadas «inexistencia de infracción de las disposiciones en que debía fundarse el acto» e «inexistencia de falta de competencia del Consejo Superior de la Judicatura en la expedición del Acuerdo PCSJA1811077 de 2018».

1.5. Alegatos de conclusión.

Mediante auto 14 de diciembre de 2022 4, se dispuso: i) dar aplicación a la figura de sentencia anticipada, por configurarse las causales contempladas en las letras a y c del numeral 1 del artículo 182A del CPACA ; ii) tener por contestada en tiempo la demanda y como med ios de prueba los documentos allegados por las partes; iii) fijar el litigio en que se examinará la legalidad del numeral 4.1 del artículo 3 del Acuerdo PCSJA18 -11077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura , «por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial », al estimar el demandante que quebranta los artículos 125 de la Constitución Política; 128, 156, 161 y 164 de la Ley 270 de 1996, 3 de la Ley 906 de 2004, 7 de la Ley 1564 de 2012 y 3 del CPACA, por cuanto en la respectiva prueba de ingreso

156, 161 y 164 de la Ley 270 de 1996, 3 de la Ley 906 de 2004, 7 de la Ley 1564 de 2012 y 3 del CPACA, por cuanto en la respectiva prueba de ingreso se incluyó una de aptitudes, que contiene conocimientos diferentes para acceder a la carrera judicial como funcionario, no dispuestos por el legislador, que es el único competente para realizarlo; y iv) se ordenó correr traslado por el término de diez (10) días a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que conceptuara sobre el asunto, si lo estimaba pertinente.

La parte demandante , en el término para presentar sus alegatos de conclusión, guardó silencio, según constancia secretarial de 2 7 de marzo de 20235.

4 Folios 59 a 61 vuelto del cuaderno principal. 5 Folio 62 ibidem.7

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La entidad accionada6, en sus alegatos de conclusión, sostuvo que el acto administrativo acusado es norma obligatoria y reguladora del proceso de selección y , por consiguiente , de obligatorio cumplimiento tanto para la Administración como para los participantes, quienes al momento de inscribirse aceptan las condiciones y términos allí señalados.

En consecuencia, a través de convocatoria pública y abierta se busca seleccionar a los abogados que se acerquen más y mejor al perfil de un juez con las competencias necesarias para el óptimo desempeño de sus funciones,

En consecuencia, a través de convocatoria pública y abierta se busca seleccionar a los abogados que se acerquen más y mejor al perfil de un juez con las competencias necesarias para el óptimo desempeño de sus funciones, de manera que se evalúen , además de las exigencias de formación y experiencia, las características y rasgos o competencias comportamentales, así como los atributos profesionales, personales, éticos y gerenciales, que incluyen, entre otros, cultura digital, razonamiento ético, liderazgo, trabajo en equipo, solución de conflictos y pensamiento conceptual y analítico.

1.6. Concepto del Ministerio Público.

El agente del Ministerio Público , también durante el plazo concedido para rendir concepto, guardó silencio, conforme a constancia secretarial de 27 de marzo de 20237.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 149 del CPACA, en armonía con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20198, expedido por la sala plena de esta Corporación, la sección segunda es competente para conocer en única instancia de los actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional y de naturaleza laboral.

2.2. Problema jurídico.

La Sala, en el presente asunto, debe responder el siguiente problema jurídico:

6 Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai, índice 56. 7 Folio 62 del cuaderno principal. 8 «Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que

6 Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai, índice 56. 7 Folio 62 del cuaderno principal. 8 «Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Segunda: 1 . Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos laborales».8

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¿Si es nulo parcialmente el numeral 4.1 del artículo 3 del Acuerdo PCSJA1811077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, «por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial», en cuanto tiene que ver con la prueba de aptitudes, pues el demandante estima que quebranta los artículos 125 de la Constitución Política; 128, 156, 161 y 164 de la Ley 270 de 1996, 3 de la Ley 906 de 2004, 7 de la Ley 1564 de 2012 y 3 del CPACA, dado que dicha prueba contiene conocimientos no jurídicos, diferentes a los dispuestos por el legislador para acceder a la carrera judicial como funcionario?

Con el propósito de dar respuesta al problema jurídico planteado, metodológicamente se emprenderá el análisis de los siguientes aspectos: 2.3.

acceder a la carrera judicial como funcionario?

Con el propósito de dar respuesta al problema jurídico planteado, metodológicamente se emprenderá el análisis de los siguientes aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial, que comprenderá: 2.3.1. La potestad reglamentaria del Consejo Superior de la Judicatura y 2.3.2. El sistema especial de carrera judicial y 2.4. El caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. La potestad reglamentaria del Consejo Superior de la Judicatura.

En lo atinente a la potestad reglamentaria, en términos generales, debe hacerse referencia a la clasificación según el ámbito en el que los reglamentos tienen efectos, conforme a la cual serán normativos, cuando crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas frente a los derechos y deberes particulares, o de organización, si los profiere la Administración al ejercer su facultad de organización interna o con ocasión de las denominadas relaciones especiales de sujeción, distintas de la relación de sujeción común y general, que rigen hacia el interior de la Administración9.

En tal sentido, las materias sobre las cuales recaen los reglamentos serán variadas, por lo que se le dará esa denominación a las no rmas generales, impersonales y abstractas que emanen de la Administración con base en las facultades que les sean otorgadas.

9 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, sentencia de 14 de agosto de 2008, expediente 16.230, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.9

Número interno: 2042-2019

expediente 16.230, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.9

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Esta sección 10 indicó que la Constitución Política de 1991 distribuyó la potestad reglamentaria entre las distintas autoridades y o rganismos administrativos: por una parte, estableció una regla general dentro de las competencias del presidente de la República, de acuerdo con el numeral 11 del artículo 189, por cuanto en su condición de suprema autoridad administrativa le corresponde « ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes »; y, por otra, consagró unas reglas de excepción, en cabeza de otras autoridades, en diferentes disposicione s de la Carta Política.

Amén de la Constitución Política, debe tenerse en cuenta que también el legislador expide normas que permiten la potestad normativa o reglamentaria a otros sujetos o autoridades encargadas de ejercer la función administrativa. Sobre este particular, esta Corporación determinó11:

Cuando la ley ordena que determinada materia sea regulada por un Ministerio, con ello quiere dar a entender el legislador que se hace innecesario hacer uso de la potestad reglamentaria consagrada en el artíc ulo 189, numeral 11, de la Carta Política, adscrita al Presidente (sic) de la República, quien la ejercita con el Ministro (sic) o el Director (sic) del Departamento Administrativo respectivo. Sabido es que una cosa es hablar del Gobierno, entendiendo éste

Presidente (sic) de la República, quien la ejercita con el Ministro (sic) o el Director (sic) del Departamento Administrativo respectivo. Sabido es que una cosa es hablar del Gobierno, entendiendo éste como presidente y Ministro (sic) o Director (sic) del Departamento Administrativo respectivo, conforme lo prevé el inciso 3o. del artículo 115 de la Carta Política, y otra muy diferente es hablar de una función administrativa que le corresponde únicamente al Ministro por mandato de la ley, porque aquí juega papel importante uno de los principios que rigen la actuación administrativa, como es el de la desconcentración de funciones.

A partir de ese entendimiento, la tipología de reglamento es variada y en cada caso, el alcance del control que le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo es diferente. En ese sentido, la sección tercera 12 de este alto Tribunal realizó la siguiente clasificación:

a. Reglamentos expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria constitucionalmente atribuida al presidente de la República: se trata de la regla general a la que se hizo referencia, es decir, de los reglamentos proferidos por

10 Sentencia de 3 de septiembre de 2018, expediente 1060-2013, C. P. Cesar Palomino Cortés. 11 Sala de lo contencioso administrativo, sección primera, sentencia de 26 de febrero de 1998, expediente 4500, C.

P. Ernesto Rafael Ariza. 12 Sentencia de 14 de agosto de 2008, expediente 16.230, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.10

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Demandante: Andrés Mauricio Roldán Vásquez

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ese funcionario, en virtud del numeral 11 del artículo 189 de la Const itución Política, en el cual se le faculta para expedir los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. Cabe destacar que al realizar el control de los decretos reglamentarios expedidos en ejercicio de esta facultad se debe tener en cuenta que se encuentran subordinados tanto a la Constitución como a la ley.

b. Reglamentos constitucionales autónomos: comporta disposiciones de carácter general, impersonal y abstracto expedidas por una pluralidad de autoridades a las cuales les ha sido asignada una competencia normativa directamente por la Constitución y sin sujeción a la ley; dicho en otros términos, desarrollan el texto constitucional de manera directa, por lo que en el sistema de fuentes ostentan una jerarquía igua l a la de la ley. Esta competencia está tanto en cabeza del presidente de la República (por ejemplo, en el artículo 355 se le atribuye la competencia para reglamentar la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con e l fin de impulsar programas y actividades de interés público), como a otros órganos del Estado (por ejemplo, el Banco de la República, el contralor general de la República, las corporaciones públicas de elección popular, entre otros). Para estos casos, el parámetro de control se encontrará directamente en la Constitución Política.

c. Reglamentos que desarrollan leyes marco: En el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política se atribuyó al Congreso de la República la

el parámetro de control se encontrará directamente en la Constitución Política.

c. Reglamentos que desarrollan leyes marco: En el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política se atribuyó al Congreso de la República la competencia para dictar las n ormas generales e indicar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre otros. Para este tipo de reglamentos, hay un reparto de comp etencias concurrentes y equilibradas entre el legislativo y el ejecutivo, por lo que el primero establece los parámetros generales y el segundo desarrolla la materia en el nivel de detalle y con exhaustividad. En este esquema, las autoridades referidas se deben abstener de invadir el espacio de competencia que le corresponde a cada una, de manera tal que el Gobierno no puede usurpar la función del legislador concerniente al establecimiento de objetivos y criterios propios de la ley marco, pero este tiene qu e cuidarse de no vaciar la competencia que le corresponde al ejecutivo. En este caso, el parámetro de control se encuentra principalmente en la ley marco y en la Constitución Política.11

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d. Reglamentos que desarrollan leyes habilitantes: En ocasiones la Constitución Política atribuye a una autoridad una competencia que puede conllevar el ejercicio de actividad normativa, pero sometida a una habilitación legal, por lo que comporta las hipótesis en las que en la Carta Política se recurre a la fórmula «de conformidad con la ley». Para este tipo, el parámetro

conllevar el ejercicio de actividad normativa, pero sometida a una habilitación legal, por lo que comporta las hipótesis en las que en la Carta Política se recurre a la fórmula «de conformidad con la ley». Para este tipo, el parámetro de control lo constituye principalmente la ley de habilitación, así como la Constitución Política.

e. Reglamentos residuales: Son aquellos a través de los cuales el Gobierno nacional efectúa la regulación d e un asunto que, en principio, se encuentra dentro de la competencia normativa propia del legislador, no obstante, ante la falta de ejercicio de dicha atribución por parte del Congreso de la República, por ministerio de la Constitución Política, se le atri buye de manera residual al ejecutivo, que solo puede proferir la regulación de la cual se trate, tal como ocurre, por ejemplo, con los eventos en los cuales el Gobierno debe poner en vigencia el plan de desarrollo cuando el Congreso no lo aprueba dentro de los tres meses siguientes a su presentación, conforme al artículo 341 constitucional. El parámetro de control en este caso se encuentra principalmente en la Carta Política.

f. Reglamentos expedidos por otras autoridades administrativas, en asuntos especializados relativos a la órbita de sus competencias: Se trata de los que profiere cualquier autoridad administrativa en ejercicio de la facultad que le asiste para regular la ejecución de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, por medio de reglamentaciones que estarán sometidas a la Constitución, a la ley, a los reglamentos expedidos por el presidente de la República (según la facultad que a este le atribuye el artículo 189 -11 constitucional) y, cuando sea el caso, a las reglamentaciones expedidas por otras autoridades o instancias administrativas de superior jerarquía o a las

República (según la facultad que a este le atribuye el artículo 189 -11 constitucional) y, cuando sea el caso, a las reglamentaciones expedidas por otras autoridades o instancias administrativas de superior jerarquía o a las cuales se deba acatamiento, que también constituyen su parámetro de control. Esta facultad reglamentaria se halla subordinada a la del presidente de la República y e nfoca