CE - 010325000201900700001SENTENCIA20230524150122

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2019-00700-00 (5399-2019) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Luz Stella Márquez Ramírez Temas: Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de

2003. Reliquidación de pensión de jubilación __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo de l Meta, del 26 de octubre de 2017, a través de la cual se confirmó parcialmente la providencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, el 12 de octubre de 201 6, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP), por conducto de apoderad o judicial, solicita infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta, del 26 de octubre de 2017, a través de la cual se confirmó parcialmente la providencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, el 12 de octubre de 2016, que accedió a las pretensiones de la demanda formulada por la señora Luz Stella Márquez Ramírez contra la UGPP, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento2

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00700-00 (5399-2019) Demandante: UGPP del derecho de radicado 50 001 33 33 001 2015 00107 02.

Con fundamento en lo anterior, pretende i) revocar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Meta, del 26 de octubre de 2017 , que confirmó parcialmente la providencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, el 12 de octubre de 2016; ii) declarar que la señora Luz Stella Márquez Ramírez, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedora de un derecho adquirido amparado por la legislación colombiana; iii) ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación de la demandada, teniendo el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° o 21 de la Ley 100 de 1993 y

reliquidación de la pensión de jubilación de la demandada, teniendo el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° o 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C258 de 2013, SU230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU -395 de 2017, SU -631 de 2017 y T -039 de 2018 y en los Autos 326 de 2014 y 227 de 2017 ; y iv) condenar a la demandada a reintegrar los dineros, debidamente indexados, recibidos en exceso por virtud de la reliquidación pensional contenida en la sentencia objeto de revisión.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente señaló los siguientes:

1. El 12 de octubre de 1951, nació la señora Luz Stella Márquez Ramírez . Prestó sus servicios en las siguientes entidades y períodos:

• Desde el 15 de noviembre de 1975 hasta el 30 de junio de 1976, en el Hospital Departamental de Granada. - Desde el 1.° de julio de 1976 hasta el 14 de mayo de 1977, en el Hospital de Camaral, Meta. - Desde el 15 de mayo de 1977 hasta el 1.° de febrero de 1982, en el Hospital de Villavicencio, Meta. - Desde el 26 de enero de 1982 hasta el 1.° d e febrero de 1982, en el departamento del Vaupés.3

de Villavicencio, Meta. - Desde el 26 de enero de 1982 hasta el 1.° d e febrero de 1982, en el departamento del Vaupés.3

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00700-00 (5399-2019) Demandante: UGPP - Desde el 26 de enero de 1982 hasta el 1.° de febrero de 1982, en el Hospital de Villavicencio, Meta. - Desde el 2 de febrero de 1982 hasta el 6 de abril de 1984, en el departamento del Vaupés. - Desde el 5 de marzo de 1984 hasta el 30 de diciembre de 2010, en el Hospital

de Villavicencio, Meta.

1. El 12 de octubre de 2006, la señora Márquez Ramírez adquirió el estatus jurídico de pensionada.

1. El 9 de septiembre de 2010, por medio de la Resolución 0494 la hoy demandada fue retirada del servicio.

1. El 1.° de noviembre de 2007, a través de la Resolución 52559 la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) le reconoció una pensión de jubilación en cuantía de $ 984.584,84, a partir del 1.° de mayo de 2007, condicionada al retiro definitivo del servicio. Para tal efecto, la autoridad pensional liquidó la prestación con una tasa de reemplazo del 80 % del promedio del salario devengado ent re el 1.° de mayo de 1997 y el 30 de abril de 2007.

1. El 21 de junio de 2012, la UGPP expidió la Resolución RDP 004114 mediante la

1997 y el 30 de abril de 2007.

1. El 21 de junio de 2012, la UGPP expidió la Resolución RDP 004114 mediante la cual reliquidó la pensión de jubilación de la señora Márquez Ramírez, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1 993, en el equivalente al 79.20 % sobre el promedio de los salarios percibidos entre el 1.° de enero de 2001 y el 30 de diciembre de 2010. En consecuencia, la cuantía de la prestación ascendió a $ 1.058.812, a partir del 1.° de enero de 2011.

1. El 20 de junio de 2013, por medio de la Resolución RDP 028199 la UGPP negó la solicitud de reliquidación elevada por la hoy demandada.

1. El 12 de octubre de 2016, el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder a las pretensiones4

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00700-00 (5399-2019) Demandante: UGPP de la demanda interpuesta por la señora Márquez Ramírez contra la UGPP. En ese orden, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:1

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones No. 52559 del 01 de noviembre de 200 7 y No. 004114 del 21 de junio de 2012 y la nulidad total de la Resolución No. 028199 del 20 de junio de 2013 y el auto No. 007624 del 28 de julio de

noviembre de 200 7 y No. 004114 del 21 de junio de 2012 y la nulidad total de la Resolución No. 028199 del 20 de junio de 2013 y el auto No. 007624 del 28 de julio de 2014, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPPa reliquidar la pensión de jubilación de la señora LUZ STELLA MÁRQUEZ RAMÍREZ, conforme a los dispuesto en el artículo 1 de la [L]ey 33 de 1985, incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, tales como asignación básica, festivos, recargos nocturnos, bonificación por servicios, prima de va caciones, prima semestral, prima de servicios y prima de navidad en los porcentajes y doceavas partes correspondientes, debiéndose descontar los aportes que no se hayan hecho respecto de los factores salariales a incluir, conforme se indicó en precedencia.

TERCERO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción, en consecuencia, se ordena a la entidad demandada reconocer y pagar las diferencias de mesadas pensionales con sus respectivos reajustes de ley a partir del 1 de enero de 2011. […].

(Resaltado original del texto)

1. El 26 de noviembre de 201 7, el Tribunal Administrativo del Meta, emitió sentencia de segunda instancia, en el entendido de confirmar parcialmente la providencia expedida por el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, en los

1. El 26 de noviembre de 201 7, el Tribunal Administrativo del Meta, emitió sentencia de segunda instancia, en el entendido de confirmar parcialmente la providencia expedida por el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, en los siguientes términos:2

PRIMERO: CONFIRMAR los numerales PRIMERO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO de la sentencia proferida en audiencia inicial, el 12 de octubre de 2016, por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: MODIFICAR PARCIALMENTE el numeral SEGUNDO de la sentencia proferida en audiencia inicial, el 12 de octubre de 2016, por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, mediante la cual se accedió a las pretensiones de l a demanda , en el sentido de que en la liquidación pensional que deberá hacer la Entidad accionada, no se incluirá la PRIMA SEMESTRAL. […]. (Resaltado original del texto).

1. El 7 de noviembre d e 201 7, quedó ejecutori ada la sentencia emitida por el

Tribunal Administrativo del Meta.

1 Folios 223 al 226 del cuaderno 2 de la acción especial de revisión. 2 Folios 343 al 361 del cuaderno 2 de la acción especial de revisión.5

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00700-00 (5399-2019)

Demandante: UGPP

2 Folios 343 al 361 del cuaderno 2 de la acción especial de revisión.5

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00700-00 (5399-2019) Demandante: UGPP x) El 1.° de noviembre de 2018, la UGPP expidió la Resolución RDP 043244 mediante la cual dio cumplimiento a la providencia referida . De esta manera, resolvió reliquidar la pensión de jubilación de la señora Márquez Ramírez, en cuantía de $ 1.325.480, efectiva a partir del 1.° de enero de 2011. Aquel acto fue confirmado por la Resolución RDP 047167 de 15 de noviembre de 2018.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo del Meta, el 26 de octubre de 2017,3 emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar parcialmente la providencia expedida por el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, el 12 de octubre de 2016, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por la señora Luz Stella Márquez Ramírez contra UGPP, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:

1. Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, 4 emitida por el Consejo de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario debían incluirse, en la liquidación de las pensiones de jubilación, todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador perc ibiera como contraprestación del servicio.

1. En el sub lite no se discute el derecho a la pensión de jubilación de la demandante,

aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador perc ibiera como contraprestación del servicio.

1. En el sub lite no se discute el derecho a la pensión de jubilación de la demandante, comoquiera que aquel le fue reconocido a través de la Resolución 52559 del 1.° de noviembre de 2007. Por su parte, está acreditado que aquella es beneficiaria del régimen de transición c ontenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque para la fecha de su entrada en vigencia tenía 42 años de edad y 22 de servicio.

En ese orden, con sustento en las reglas jurisprudenciales y de acuerdo con el acervo probatorio, la actora tiene derecho a que la prestación sea reliquidada con base en la integralidad de la normativa anterior, esto es, las Leyes 33 y 62 de 1985, en lo relativo a la edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.

3 Folios 343 al 361 del cuaderno 2 de la acción especial de revisión. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado 2500023250002006-0750901 (0112-09).6

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00700-00 (5399-2019) Demandante: UGPP iii) Frente a este aspecto, se ratifica la posición sentada por el Consejo de Estado, la cual se fundamenta en los principios de progresividad y de favorabilidad en materia pensional y, en ese sentido, es procedente apartarse del criterio fijado en las Sentencias C -258 de 2013 y SU -230 de 2015, emitidas por la Corte

la cual se fundamenta en los principios de progresividad y de favorabilidad en materia pensional y, en ese sentido, es procedente apartarse del criterio fijado en las Sentencias C -258 de 2013 y SU -230 de 2015, emitidas por la Corte Constitucional, para efectos de determinar el IBL a la luz de la Ley 33 de 1985. Lo anterior, además, porque a. la Sentencia C-258 de 2013, se refiere exclusivamente al sentido y alcance del artículo 17 de la Ley 4ª de 19 92, lo cual difiere del sub lite; y b. la Sentencia SU-230 de 2015, fue dictada en sede de tutela razón por la cual no interpreta una norma constitucional sino una disposición contenida en la Ley 100 de 1993, cuyo debate de aplicación compete al Consejo de Estado.

1. En consecuencia, en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación deben incluirse todos los factores devengados durante su último año de servicio , comprendido, a saber: asignación básica, bonificación por servicios prestados , festivos, recargos nocturnos y primas de servicios, de vacaciones y de navidad.

1. Si bien el a quo ordenó la inclusión de la prima semestral en la liquidación de la prestación, procede su exclusión pues fue creada por normas expedidas en el orden territorial a pesar de la expresa prohibición contenida en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

Así mismo, deben realizarse los descuentos correspondientes respecto de los emolumentos que se ordenan y que no hayan sido efectuados, como, en efecto, lo ordenó el a quo.

1. En ese orden, se impone confirmar parcialmente la sentencia emitida por el

emolumentos que se ordenan y que no hayan sido efectuados, como, en efecto, lo ordenó el a quo.

1. En ese orden, se impone confirmar parcialmente la sentencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, comoquiera que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la demandante, en los términos previamente expuestos. 5 Sin embargo, es pertinente modificar parcialmente el

5 El Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, en la sentencia del 12 de octubre de 201 6, ordenó la reliquidación de l a pensión de jubilación de la señora Márquez en el equivalente al 75 % del salario promedio devengado en el último año de servicio, teniendo en cuenta los siguientes factores: « asignación básica, festivos, recargos nocturnos, bonificación por servicios, pr ima de vacaciones, prima semestral, prima de servicios y prima de navidad en los porcentajes y doceavas partes correspondientes». Folios 223 al 226 del cuaderno 2 de la acción especial de revisión.7

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00700-00 (5399-2019) Demandante: UGPP numeral segundo de la parte resolutiva de aquella providencia, en el entendido de excluir la prima semestral.

1.2. La causal de revisión invocada

El apoderado de la entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de est a, expuso los siguientes argumentos:

1. En el expediente se acreditó que la señora Márquez Ramírez es beneficiaria del

artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de est a, expuso los siguientes argumentos:

1. En el expediente se acreditó que la señora Márquez Ramírez es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende, el régimen pensional aplicable es el dispuesto en la Ley 33 de 1985.

En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, espe cíficamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación expedida por el DANE.6

1. El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional que percibe la demandada, comoquiera que, se insiste, aquella adquirió el estatus jurídico de pensionada en vigencia de aquella norma.

calcularse la mesada pensional que percibe la demandada, comoquiera que, se insiste, aquella adquirió el estatus jurídico de pensionada en vigencia de aquella norma.

6 El apoderado de la entidad sostuvo que la Corte Constitucional ha reitera dicho criterio en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU395 de 2017, SU -631 de 2017 y T -039 de 2018 y el Consejo de Estado en la sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado 52001 23 33 000 2012 00143 01; las cuales constituyen precedente obligatorio.8

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00700-00 (5399-2019)

Demandante: UGPP

1. En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional devengada por la señora Márquez Ramírez se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

La señora Luz Stella Márquez Ramírez , por intermedio de apoderado , se opuso a las pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los siguientes argumentos:7

1. La decisión recurrida, por un lado, se fundament ó en los precedentes jurisprudenciales vigentes para la fecha de su expedición y , por el otro, están protegidas por los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y confianza legítima.

jurisprudenciales vigentes para la fecha de su expedición y , por el otro, están protegidas por los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y confianza legítima.

1. Debe darse aplicación a la sentencia de unificación jurisprudencial emitida por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, cuando se señala que las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda de la referida corporación, no pueden considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley.

1. La conducta desplegada por la UGGP no está enmarcada dentro de los elementos mínimos de buena fe porque pretende desconocer que la providencia recurrida quedó en firme, bajo los parámetros legales y jurisprudenciales vigentes para la época en que se profirió. En consecuencia, al activar el sistema judicial y generar un desgaste en la administración de justicia, se le debe condena r en costas y agencias en derecho.

1. Los argumentos de la entidad recurrente carecen de veracidad p orque se encuentran acreditadas las excepciones de cosa juzgada y buena fe.

1.4. El ministerio público

7 Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI, visible a índice 12.9

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00700-00 (5399-2019)

Demandante: UGPP

La procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó declarar fundado el recurso extraordinario de revisión, por las razones que se indican a continuación:8

Demandante: UGPP

La procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó declarar fundado el recurso extraordinario de revisión, por las razones que se indican a continuación:8

1. Está acreditada la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, comoquiera que el juzgador no aplicó el precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional fijado en las Sentencias SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018 y en los Autos 326 de 2014 y 229 de 2017 y por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018. Proceder co n desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales referidos atenta contra d el financiamiento y sostenibilidad del sistema de seguridad social que se basa en la solidaridad general y del derecho a la igualdad.

1. Respecto a la devolución de las mes adas pensionales, se tiene que las prestaciones sociales pagadas de buena fe no podrán ser recuperadas por los entes estatales, a menos que se demuestre que la persona ha accedido a ella valiéndose de medios ilegales, conforme lo ha señalado el Consejo de Estado. En ese orden, no se evidencia una mala fe en el actuar de la señora Luz Stella Márquez Ramírez, así como tampoco la UGPP logró desvirtuar la presunción de buena fe de aquella, por lo que no procede la pretensión referida.

1. Por lo expuesto, se debe infirmar la sentencia del 26 de octubre de 2017, emitida

por lo que no procede la pretensión referida.

1. Por lo expuesto, se debe infirmar la sentencia del 26 de octubre de 2017, emitida por el Tribunal Administrativo de l Meta, y en su lugar se impone proferir una sentencia de reemplazo en acatamiento a los lineamientos antes manifestados.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

8 Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI, visible a índice 8.10

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00700-00 (5399-2019) Demandante: UGPP Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.9 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.10

De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisi ón de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza p ública la obligación de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General

de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».11

Así mismo, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lu gar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU427 de 2016.

Por otro lado , la Sala observa que si bien el CPACA no prevé la posibilidad de proponer excepciones en el trámite del recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que la parte demandada, expuso que, en su concepto, se acredita la excepción

9 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.». 10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado» . Adicionalmente, la Sala resalta que la presente acción especia l de revisión fue interpuesta antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, esto es, el 26 de septiembre de 2019, como consta

Adicionalmente, la Sala resalta que la presente acción especia l de revisión fue interpuesta antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, esto es, el 26 de septiembre de 2019, como consta en el f olio 9 reverso del cuaderno 2; razón por la cual su trámite no está regido por las reglas de competencia consagradas en la referida norma. 11 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a trav és de la Sentencia SU -427 de 2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acci ón de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.11

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00700-00 (5399-2019) Demandante: UGPP de cosa juzgada.

Es oportuno señalar que la Corte Constitucio nal al decidir la exequibilidad del artículo 249 del CPACA en la Sentencia C -450 de 2015, reiter ó12 que el recurso extraordinario de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho, 13 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencia lmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepci ón al principio general de la cosa juzgada».

En ese orden, dada la naturaleza del presente trámite, la Sala encuentra que la excepción propuesta de cosa juzgada no está llamada a prosperar.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos

excepción propuesta de cosa juzgada no está llamada a prosperar.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 7 de noviembre de 201714 y la acción especial de revisión se interpuso el 26 de septiembre de 2019,15 por lo que es dable concluir que fue presentado dentro del término establecido en la ley.

2.3. El problema jurídico

12 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 13 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario

proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 13 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, e n el C ódigo de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, art ículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Art ículo 188. (modificado por el art ículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisi ón en materia contenciosoadministrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA. 14 Folio 371 del cuaderno 2 de la acción de revisión. 15 Folio 9 reverso del cuaderno 2 de la acción de revisión.12

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00700-00 (5399-2019) Demandante: UGPP Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta, del 26 de octubre de 2017, se encuentra inmersa en la causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permite acudir a la acción especial de revisión «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.4. Marco normativo

especial de revisión «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.4. Marco normativo

2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno po r conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General