CE - 010325000201900742001SENTENCIA20230515105156

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2019-00742-00 (5574-2019) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1

Demandado: Eduardo Enrique Espitia Jiménez

Tema: Causales de revisión literales a) y b) d el artículo 20 de la Ley 797 de 2003

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la UGPP, contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2014 p or el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Quinta de Decisión, por medio de la cual se confirmó con modificación el fallo de primera instancia dictad o por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Montería el 22 d e febrero de 2013 , que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Eduardo Enrique Espitia Jiménez contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL).2

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL).2

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP en ejercicio de la acci ón de revisión establecida en el artículo 20 de la

1 En lo que sigue UGPP. 2 En lo sucesivo CAJANAL.2

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00742-00 (5574-2019) Demandante: UGPP Ley 797 de 2003 , solicitó la revisión de la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Quinta de Decisión , dentro del medio de control de nuli dad y rest ablecimiento del derecho con radicado 23001-33-31-703-2012-00008-01, que confirmó parcialmente, toda vez que excluyó de la reliquidación pensional el auxilio de retiro y el quinquenio, el fallo dictado por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Montería el 22 de febrero de 2013, por medio del cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Eduardo Enrique Espi tia Jiménez contra la liquidad a CAJANAL encaminadas a que se reliquide su pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.

Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) revocar la sentencia dictada por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba el 30 de septiembre de 2014, qu e confirmó parcialmente el fallo proferido por el Juzgado

Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) revocar la sentencia dictada por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba el 30 de septiembre de 2014, qu e confirmó parcialmente el fallo proferido por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Montería el 22 de febrero de 2013; ii) declarar que Eduardo Enrique Espitia Jiménez no tiene derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los emolumento s salariales percibidos en el último año de servicios ; y iii) ordenar la reliquidación de la prestación en un mont o o tasa de reemplazo del 75% y con una base de liquidación con fundamento en lo previsto en los artículos 36 (inciso 3) o 21 d e la Ley 100 de 1993, según corresponda, y los factores de salario de acuerdo a lo señalado en el Decreto 11 58 de 1994 y demás di sposiciones que expresamente consagren esa condición.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• Eduardo Enrique Espitia Jiménez nació el 15 de noviembre de 1944 y prestó sus servicios en el Instituto Colombia no Agropecuario (ICA)3 desde el 10 de julio de 1972 hasta el 30 de octubre de 2003.

3 En adelante ICA.3

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00742-00 (5574-2019)

Demandante: UGPP

• La extinta CAJANAL, a través de la Resolución 16414 del 27 de junio de 2001, le

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00742-00 (5574-2019)

Demandante: UGPP

• La extinta CAJANAL, a través de la Resolución 16414 del 27 de junio de 2001, le reconoció a Eduardo Enrique Espitia Jiménez la pensión de jubilación en cuantía de $1.189.460,86, a partir del 1.º de julio de 2000 . No obstante, el disfrute de la prestación quedó condicionado al retiro definitivo del servicio.

• Por medio de la Resolución 33828 del 25 de octubre de 2005 , la extinta CAJANAL reliquidó la pensión de jubilación otorgada a Eduardo Enrique Espitia Jiménez y como consecuencia elevó su cuantía a $1.544.830,93, desde el 1.º de noviembre de 2003.

• A través de la Resolución UGM 35607 del 27 de febrero de 2012 , CAJANAL le negó a Eduardo Enrique Espitia Jiménez la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

• Eduardo Enrique Espitia Jiménez , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó dem anda contra CAJANAL con el fin de que se declarara la nulidad de l a Resolución UGM 35607 del 27 de febrero de 2012 y, en consecuencia, se ordenara la reliquidación de su pensión de jubilación con base en el 75% de todos los factores salariales que percibió en el último año de servicios, asunto que, por reparto, correspondió al Juzgado Tercero

2012 y, en consecuencia, se ordenara la reliquidación de su pensión de jubilación con base en el 75% de todos los factores salariales que percibió en el último año de servicios, asunto que, por reparto, correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de De scongestión del Circuito de Montería, quien por medio de la sentencia del 14 de febrero de 2013 accedió a las pretensiones , para lo cual resolvió:

«1.- Declárese la nulidad de la Resolución No. UGM 035607 de febrero 27 de 2012, expedida por el Gerente liq uidador de CAJANAL E.I.C.E. en Liquidación, mediante la cual se negó la solicitud de reliquidación pensional elevada por el accionante el día doce (12) de agosto de dos mil once (2011).

2.- Como consecuencia de lo anterior, ordenase a CAJANAL E.I.C.E. en Liquidación efectuar la reliquidación de la pensión de jubilación del señor EDUARDO ENRIQUE ESPITIA JIMENEZ identificado con C.C. No. 6.857.538, co n base en el 75% del promedio de los sal arios devengados en el último año de servicios, incluyendo como4

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00742-00 (5574-2019) Demandante: UGPP factores salariales para efectos del cómputo, la Asignación Básica, y las doceavas del quinquenio, Incremento por Antigüedad, Bonificación por servicios , incentivo de localización, prima de va caciones, Prima Semestral, Prima de Navidad, Sueldo por Encargo y Auxilio de Retiro; reliquidación que se hará efectiva a partir del 01 de julio de

localización, prima de va caciones, Prima Semestral, Prima de Navidad, Sueldo por Encargo y Auxilio de Retiro; reliquidación que se hará efectiva a partir del 01 de julio de 2006, fecha en la cual adquirió el estatus pensional.

3.- De conformidad con la reliquidación ordenada en e l numeral anterior, condénese a CAJANAL E.I.C.E. a apagar las diferencias entre lo que efectivamente le ha reconocido y pagado al actor por concepto de su mesada pensional y lo que debe reconocer y pagar en virtud de la liquidación ordenada en esta sentenc ia a partir del 12 de agosto de 2008, teniendo en cuenta la operancia del fenómeno prescriptivo antes descrito.

(…)».

• Inconforme con lo decidido por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuit o de Montería en el fallo del 14 de febr ero de 2013, CAJANAL interpuso recurso de apelación en su contra, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Quinta de Decisión, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2014, en la que se confirmó parcialmente la providencia recurrida.

• En cumplimiento de lo re suelto por los jueces de instanci a, la UGPP expidió la Resolución RDP 6920 del 20 de febrero de 2015, en la cual se reliquida la pensión a favor del señor Eduardo Enrique Espitia Jiménez, aumentando la cuantía a la suma de $ 2.083.349, efectiva a partir del 1 de noviembre de 20 03, pero con efectos fiscales, por prescripción, desde el 12 de agosto de 2008.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

suma de $ 2.083.349, efectiva a partir del 1 de noviembre de 20 03, pero con efectos fiscales, por prescripción, desde el 12 de agosto de 2008.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Quinta de Decisión , mediante sentencia proferida el 30 de septiembre de 2014 , confirmó con modificación la providencia dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Montería en el fallo del 14 de febrero de 2013 , que accedió a las súplicas de la demanda, pues excluyó de la reliquidación pensional el auxilio de retiro y el quinquenio.5

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00742-00 (5574-2019) Demandante: UGPP Para tal efecto, se pronunció en estos términos:4

• Eduardo Enrique Espitia Jiménez es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, puede acceder al beneficio pensional de conformid ad con los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985, esto es, con el 75% del salario promedi o que sirvió de base para calcular los aportes durante el último año de servicio.

• Tal y como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado , en especial la sen tencia proferida el 4 de agosto de 2010 ,5 la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxati va los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional sino que estos están simplemente enunciados, lo que no impide la

la sen tencia proferida el 4 de agosto de 2010 ,5 la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxati va los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional sino que estos están simplemente enunciados, lo que no impide la inclusión de otros con ceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios, de modo q ue la liquidación del monto de la pensión se debe establecer con el 75% del promedio de salarios devengados en el último año de servicios bajo el entendido que s on factore s de salario aquellas sumas que percibe el servidor de manera habitual y periódica co mo contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé.

• El auxilio de retiro no constituye factor salarial y el quinquenio no fue percibido en el último año laborado, por lo tanto, es improcedente su inclusión para la reliquidación pensional. En este sentido se modificó el fallo de primera instancia.

1.2. Las causales de revisión invocadas

La entidad recurrente invo có las cau sales previstas en los literales a) y b) de l artículo 20 de la Ley 797 de 2003, 6 para lo cual expuso los siguientes argumentos:7

4 SAMAI, índice 9, documento ED-1-Cuaderno1PrincipalDemanda Folios1al200.pdf(.pdf) NroActu a 9, folios 250 a 264. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de ago sto de 2010, expediente 25000 23 25 000 2006 07509 01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de

25 000 2006 07509 01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las pr ovidencias judiciales que en6

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00742-00 (5574-2019)

Demandante: UGPP

• La or den judicial se obtuvo con vulneración al debido proceso, en tanto la reliquidación de la pensión de jubilaci ón del cau sante en los términos ordenados desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual , para efectos de determinar el ingreso base de liquidación ( IBL),8 debían ser tenidas en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 3 6 y 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, y los factores taxativos del Decreto 1158 de 1994 objeto de cotización.

• Se configura la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por cuanto la cuantía del derecho reconocid o excede l o debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

• Se caus ó una grave afectación a la sostenibilidad fina nciera del sistema , toda vez que se aumentó la mesada pensional de Eduardo Enrique Espitia Jiménez en un 0.25368653077% sin que exista justificación legal o jurisprudencial para ello.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

vez que se aumentó la mesada pensional de Eduardo Enrique Espitia Jiménez en un 0.25368653077% sin que exista justificación legal o jurisprudencial para ello.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

Eduardo Enrique Espitia Jiménez no se pronunció en la instancia procesal.

1.4. El Ministerio Público

cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impon gan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dine ro o pens iones de cualquier naturaleza podrán ser revisa das por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a s olicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Haci enda y Crédito Público, del Contralor General de la Repú blica o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordin ario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causale s consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del d erecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.» 7 SAMAI, índice 2, documento ED - CD 1-1-CD1DemandaCuaderno 1PrincipalFoli o67A.zip(.zip) N roActua 9. 8 En lo que sigue IBL.7

7 SAMAI, índice 2, documento ED - CD 1-1-CD1DemandaCuaderno 1PrincipalFoli o67A.zip(.zip) N roActua 9. 8 En lo que sigue IBL.7

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00742-00 (5574-2019)

Demandante: UGPP

El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

Mediante memorial allegado el 20 de septiembre de 2022 ,9 la UGPP soli citó el reconocimiento de Cleer del Carmen Cogollo de Espitia, en su calidad de cónyuge supérstite, como sucesora procesal de Eduardo Enrique Espit ia Jiménez , quien falleció en el trascurso del proceso.

Junto con la anterior solicitud aportó los registros civiles d e defunción y de matrimonio, así como la Resolución RDP 17197 del 7 de julio de 2022, por medio de la cual la UGPP le reconoció a Cleer d el Carmen Cogollo de Espitia la pensión de sobrevivientes, con ocasión de la muerte de su cónyuge Eduardo Enrique Espit ia Jiménez.

Sobre la sucesión procesal, el artículo 68 del Código General del Proceso (CGP)10 (modificado por el artículo 59 de la Ley 1996 de 2019) estableció:

«Artículo 68. Sucesión procesal. Fallecido un litigante o declarado ausente, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador.

Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona

proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador.

Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derec ho debatid o podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran.

El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proc eso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente.

Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 1971 del Código Civil se decidirán como incidente.»

9 SAMAI, índice 24, documento 22_MemorialWeb_MEMORIAL(.pdf) NroActua 24. 10 En lo sucesivo CGP.8

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00742-00 (5574-2019)

Demandante: UGPP

Así las cosas, se establece que existen tres clases de sucesiones, a saber: i) sucesión por causa de muerte o ausencia (inciso 1 .º), situación en la cual el reconocimiento en el proceso de los cónyuges, albacea con tenencia de bienes o herederos depende de su comparecencia con la prueba respectiva de tal calidad; ii) sucesión de la persona jurídica extinta o fusionada (inciso 2 .º), siendo que los socios o los acreedores a quienes se les adjudique el bien litigioso, pueden comparecer al proceso para que se les reconozca como parte; y iii) sucesión por el

1. sucesión de la persona jurídica extinta o fusionada (inciso 2 .º), siendo que los socios o los acreedores a quienes se les adjudique el bien litigioso, pueden comparecer al proceso para que se les reconozca como parte; y iii) sucesión por el cesionario derivado de acto entre vivos (inciso 3 .º) evento en el que es necesario que el cesionario concurra al proceso para solicitar la sucesión, y en caso de que la parte contraria no acep te la sust itución, el cesionario continúa como p arte litisconsorcial.11

En el caso concreto, el despacho observa que se está frente al primer supu esto antes mencionado, dado que según registro civil de defunción 10681206 del 15 de febrero de 2022 , suscrito por el notario segundo de Montería, Eduardo Enrique Espitia Jiménez murió el 12 de febrero de 2022, por lo que corresponde llevar a cabo la sucesión procesal por causa de muerte.

En esas condiciones, el despacho advierte que Eduardo Enrique Espitia Jimé nez debe ser sucedido procesalmente en el asunt o por Cleer del Carmen Cogollo de Espitia, toda vez que aquella acreditó ser su conyugué supérstite.

2.2. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispu esto en los artículos 20, inciso 1 .º de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2 del CPACA.12

11 Manifestado con anterioridad por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación en auto del cator ce (14) d e enero de dos mil veinte (2020), CP. Jaime Enr ique Rodríguez Navas

inciso 2 del CPACA.12

11 Manifestado con anterioridad por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación en auto del cator ce (14) d e enero de dos mil veinte (2020), CP. Jaime Enr ique Rodríguez Navas dentro del proceso de reparación directa con radicación No. 70001 -23-31-000-2006-0040801(52865). 12 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentenci as ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administr ativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.9

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00742-00 (5574-2019)

Demandante: UGPP

Además, según lo previsto en el artículo 13 del A cuerdo 080 de 12 de marzo de 2019,13 por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.3. Los problemas jurídicos

Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Quinta de Decisión, se profirió con vulneración al debido pro ceso y, en consecuencia, está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y ii) ¿la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquida ción de un a pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, se configuran los

del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquida ción de un a pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 14 de la Ley 797 de 2003 15 las providencias judiciales que hubiesen decretado el recon ocimiento de sumas

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala). 13 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado .» 14 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al t esoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Pú blico, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimie nto señal ado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consag radas para este en el mismo código y además:10

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00742-00 (5574-2019) Demandante: UGPP periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por e l Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revis ar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violaci ón al debido proceso» , la Sala precisa que es necesario que s e exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen.16

Ahora bien, esta corporación ha precisado que si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de

Ahora bien, esta corporación ha precisado que si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han definido los siguientes:17

«i) Son susceptibles del recurso no solo sen tencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalment e el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.» 15 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre l os Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.» 16 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 17 Entre otros, ver: Co nsejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentenci as del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2 018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez

Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.11

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00742-00 (5574-2019) Demandante: UGPP ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de l a Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurispr udencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el e quilibrio entre la prestación y su legalidad, a demás de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera i nstancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernient es al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidació n de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asunt os relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo

o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asunt os relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisam ente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admit irse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.»

Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma , esto es, que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales.»18

En efecto, las Salas Especiales de De cisión de esta corporación19 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan or denado reconocer pensiones . Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de rev isión previsto en el artíc ulo

18 Consejo de Estado, Sala Cuar ta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

Estado, según corresponda, e interponer el recurso de rev isión previsto en el artíc ulo

18 Consejo de Estado, Sala Cuar ta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 19 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, s entencia del 2 de julio de 2 019, radicado 11001-03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.12

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00742-00 (5574-2019) Demandante: UGPP 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judicia les en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no pod rá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»

Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cua lificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario.»20

2.4.2. En torno al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen previsto en la Ley 33 de 1985

La Sala Plena del Consejo de Estado en la senten cia de unificación del 28 de

2.4.2. En torno al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen previsto en la Ley 33 de 1985

La Sala Plena del Consejo de Estado en la senten cia de unificación del 28 de agosto de 2018,21 fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:

«El Ingreso Base de Liquidación de l inciso t ercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiari as del mismo que se p ensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»

La razón jurídica que sustenta la r