CE - 010325000202000609001SENTENCIA20230516085507

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020)

Demandante: Pensiones de Antioquia Demandado: Edith María Hernández Hernández Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por Pensiones de Antioquia contra la sentencia del Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de Medellín del 30 de noviembre de 2015, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, Pensiones de Antioquia, por conducto de apoderado judicial, solicitó infirmar la sentencia del Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de Medellín del 30 de noviembre de 2015, que accedió a las pretensiones de la demanda formulada por la señora Edith María Hernández Hernández contra Pensiones de Antioquia ,

infirmar la sentencia del Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de Medellín del 30 de noviembre de 2015, que accedió a las pretensiones de la demanda formulada por la señora Edith María Hernández Hernández contra Pensiones de Antioquia , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 05 001 33 33 027 2013 01026 00.

Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia emitida por el Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de Medellín del 30 de noviembre de 2015, y en su2

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia lugar, negar «las pretensiones de reliquidación de la señora EDITH MARÍA

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ».

1.1.2. Hechos1

Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente señaló los siguientes:

1. El 21 de mayo de 2004, a través de la Resolución 064, Pensiones de Antioquia reconoció una pensión de jubilación a la hoy demandada en cuantía de $ 609.128, a partir del 28 de noviembre de 2004 . Para tal efecto, la entidad , en virtud del principio de favorabilidad, aplicó los artículos 33 y 34 de la Ley 797 de 2003, de manera que liquidó la prestación en el equivalente al 85 % sobre l os factores salariales objeto de cotización, de conformidad con el Decreto 1158 de 1994. Aquel acto fue modificado por la Resolución 332 del 1.° de abril de 2005.

salariales objeto de cotización, de conformidad con el Decreto 1158 de 1994. Aquel acto fue modificado por la Resolución 332 del 1.° de abril de 2005.

1. La señora Edith María Hernández Hernández solicitó a Pensiones de Antioquia la reliquidación de su pensión de jubilación teniendo en cuenta el último año de servicio y todos los factores salariales devengados en ese período , sin embargo, aquella petición fue resuelta de forma negativa por Pensiones de Antioquia.

1. El 30 de noviembre de 201 5, el Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de Medellín profirió sentencia de primera instancia , en el sentido de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:2

[…] SEGUNDO. SE DECLARA la nulidad de la Resolución No. 064 del 21 de Mayo de 2004, por la cual se resuelve una solicitud de pensión; de la Resolución No. 332 del 1.° de abril de 2005, por la cual se ordena modificar la Resolución No. 064 del 21 de Mayo de 2004 y de la Resolución No. 003740 del 19 de octubre de 2012, mediante la cual se resuelve una solicitud de reliquidación de pensión, en cuanto no se incluyeron para la liquidación de la pensión de jubilación todos los factores salariales devengados por Edith María Hernández Hernández en el año anterior al retiro del servicio.

TERCERO. SE CONDENA a Pensiones de Antioquia, a efectuar la reliquidación de la pensión de vejez reconocida a Edith María Hernández Hernández, con la inclusión, no solo de la asignación básica, sino todos los factores salariales devengados por la

pensión de vejez reconocida a Edith María Hernández Hernández, con la inclusión, no solo de la asignación básica, sino todos los factores salariales devengados por la demandante durante el año anterior a su retiro del servicio, esto es, en el período

1 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho acápite. 2 Folios 68 al 82.3

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia comprendido entre el 27 de [n]oviembre de 2003 y el 27 de [n]oviembre de 2004, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

[…] QUINTO. SE DECLARA PROBADA la excepción de prescripción propuesta por la parte Demandada sobre el PAGO de las sumas a reconocer, pues este fenómeno jurídico operó respecto de los periodos causados con anterioridad al 16 de Agosto de 2009, conforme lo dispone el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, por lo expuesto en las consideraciones precedentes.

SEXTO. La entidad demandada podrá realizar los descuentos correspondientes al sistema de seguridad social en salud y pensiones, sobre los factores salariales reconocidos, para lo cual también hará la actualización con la misma fórmula señalada en esta providencia. […] (Resaltado original del texto)

1. Pensiones de Antioquia presentó recurso de apelación contra la sentencia citada, sin embargo, el 31 de marzo de 2016, el Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de Medellín, lo declaró desierto.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

sin embargo, el 31 de marzo de 2016, el Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de Medellín, lo declaró desierto.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de Medellín, mediante sentencia del 30 de noviembre de 2015,3 accedió a las pretensiones de la demanda presentada por la señora Edith María Hernández Hernández contra Pensiones de Antioquia , con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:

1. Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,4 emitida por el Consejo de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario debían incluirse, en la liquidación de las pensiones de jubilación, todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como contraprestación del servicio.

Frente a este aspecto, se ratifica la posición sentada por el Consejo de Estado, la cual observa los principios de igualdad, seguridad jurídica, progresividad y favorabilidad en materia pensional y en ese sentido, es procedente apartarse del criterio fijado en las Sentencias C -258 de 2013 y SU -230 de 2015, emitidas por la Corte Constitucional, para efectos de determinar el IBL a la luz de la Ley 33 de 1985.

3 Folios 68 al 82. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicación 2500023250002006-0750901 (0112-09).4

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020)

Demandante: Pensiones de Antioquia

2500023250002006-0750901 (0112-09).4

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia ii) Con sustento en las reglas jurisprudenciales, para los beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe aplicarse en su integridad la Ley 33 de 1985 en virtud de los principios de favorabilidad y de inescindibilidad de la ley, es decir, edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.

1. Revisado el acervo probatorio se observa que l a señora Hernández Hernández es beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, en el ingreso base de liquidación de su pensión de jubilación deben incluirse todo s los factores devengados durante su último año de servicio, comprendido entre el 27 de noviembre de 2003 y el 27 de noviembre de 2004, los cuales fueron la asignación básica, las primas de vida cara, de navidad, de vacaciones y el incentivo por antigüedad.

1. En ese orden, se impone declara r la nulidad de los actos administrativos demandados, en lo atinente a la base y monto de la liquidación de la prestación. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho se ordena a Pensiones de Antioquia reliquidar, de manera actualizada , la pensión de jubilación reconocida a la actora, con efectos desde el 16 de agosto de 2009, por prescripción trienal, en los términos de la Ley 33 de 1985 y teniendo en cuenta los factores salariales percibidos en el último año de servicio.

la actora, con efectos desde el 16 de agosto de 2009, por prescripción trienal, en los términos de la Ley 33 de 1985 y teniendo en cuenta los factores salariales percibidos en el último año de servicio.

Finalmente, se autoriza a la referida entidad a realizar el descuento de los aportes a pensión correspondientes a los factores cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se hubiere efectuado la deducción legal.5

1.2. Las causales de revisión invocadas

El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los siguientes argumentos:

1. La sentencia recurrida transgrede el derecho al debido proceso lo cual configura una vía de hecho y vulnera el principio de supremacía constitucional, en la medida

5 El J uzgado Veintisiete Administrativo Oral de Medellín igualmente declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento de Antioquia. Folios 68 al 82.5

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia que el reconocimiento de la pensión de jubilación con base en todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, bajo los términos de la sentencia de unificación d el 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, desconoce los precedentes jurisprudenciales obligatorios y vinculantes de la Corte Constitucional sobre la forma de liqu idar el IBL de las personas sujetas al

de unificación d el 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, desconoce los precedentes jurisprudenciales obligatorios y vinculantes de la Corte Constitucional sobre la forma de liqu idar el IBL de las personas sujetas al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y las normas legales que regulan la materia.

1. El juzgado aplicó ilegalmente el precedente sentado por el Consejo de Estado al desconocer que la inclusión en el IBL solamente debe observar los factores salariales de creación legal, de conformidad con el Decreto 1158 de 1994 . Lo anterior, en razón a que tuvo en cuenta el incentivo por antigüedad y la prima de vida cara, los cuales fueron creados por la Asamblea del departamento de

Antioquia.

1. En consecuencia, se elevó la mesada a la suma de $ 801.956, lo cual reportó un aumento del 31.65 %. Por lo tanto, la mesada pensional devengada por l a hoy demandada se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

Vencido el término para presentar contestación al recurso extraordinario de revisión, la parte demandada guardó silencio.6

2. Consideraciones

2.1. Competencia

6 Tras revisar el expediente y el sistem a SAMAI, la Sala advierte que la señora Edith María Hernández Hernández , guardó silencio. Lo anterior, pese a que el 22 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia, cumplió el despacho comisorio ordenado por esta Subsección

Hernández Hernández , guardó silencio. Lo anterior, pese a que el 22 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia, cumplió el despacho comisorio ordenado por esta Subsección y en sentido, notificó personalmente a la demandada el contenido de la acción especial de revisión interpuesta por Pensiones de Antioquia y de su auto admisorio; actuación visible a folio 161.6

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del numeral 2.º del artículo 249 del CPACA.7 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda e l reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.8

De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza p ública la obligación de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».

2.2. Oportunidad

conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 31 de marzo de 20169 y la acción especial de revisión se interpuso el 5 de diciembre de 2019,10 por lo que es dable concluir que fue presentado dentro del término establecido en la ley.

2.3. Legitimación

7 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las se ntencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.». 8 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado» . 9 Índice 12 de la plataforma SAMAI, en el cual obra, de manera digital, el expediente del proceso ordinario y folio 67 del cuaderno de la acción especial de revisión. 10 Folio 134.7

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia Sobre la legitimaci ón de Pensiones de Antioquia para promover la revisi ón de

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia Sobre la legitimaci ón de Pensiones de Antioquia para promover la revisi ón de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-427 de 2016, definió lo siguiente: (...) frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constituci ón no regul ó la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero.

Por su parte, de conformidad con el Decreto 3781 de 1991, la administradora de pensiones de Antioquia se creó para, entre otros fines, asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados a cargo de administradoras del r égimen de prima media. Al respecto, ver, entre otras, la Sentencia T -368 de 2018 de la Corte Constitucional y la sentencia del 12 de abril de 2018 11 de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Por lo anterior, Pensiones de Antioquia se encuentra legitimada para la presentación de la acción de revisión objeto de estudio. 2.4. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de Medellín, del 30 de noviembre de 2015, se encuentra inmersa en la s causales

de la acción de revisión objeto de estudio. 2.4. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de Medellín, del 30 de noviembre de 2015, se encuentra inmersa en la s causales de revisión contemplada s en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite n acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.5. Marco normativo

2.5.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

11 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de abril de 2018, radicación: AC 001-03-15000-2017-02284-01.8

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los

siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLIC A. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten

PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLIC A. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de

siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación. ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito9

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquid ez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marc o se encuentra circunscrito a

Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marc o se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un f in legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley. Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró12 que el recurso extraordinario

12 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias

enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperi o de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado».10

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho ,13 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra. 2.5.2. Alcance de las causales de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la Ley 797 de 2003 « contemplan la posibilidad de revisar las decisiones

Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la Ley 797 de 2003 « contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».14

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».15

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el o bjeto de la citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito

13 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el C ódigo de Procedimie nto Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, art ículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código

Contencioso Administrativo, Art ículo 188. (modificado por el art ículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisi ón en materia contenciosoadministrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA. 14 Consejo de Es tado, Sala Cuatro Especial de Decisión , sentencia de 5 de diciembre de 2017, radicado 2017-01529 (REV). 15 Ibidem.11

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimo nial al erario».16

Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas en dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con vio lación del debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso, sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido

posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso, sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.

2.5.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado , respecto a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993

Mediante la sentencia de unificación CE -SUJ-SIII, del 28 de agosto de 2018, 17 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia respecto de los criterios interpretativos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, relativos a si se aplica o no el régimen de transición al IBL, estableció las siguientes reglas:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 2014-00845-00 (2743-13). 17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de 2018, radicado N.º 52001-23-33-000-2012-00143-01.12

2014-00845-00 (2743-13). 17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de 2018, radicado N.º 52001-23-33-000-2012-00143-01.12

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso, entre

consideraciones, la siguiente:

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el in ciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régime