CE - 010326000202200073001SENTENCIA20230519150511

Radicado: 11001-03-26-000-2022-00073-00 (68211)

Recurrente: ESE Hospital San José de Isnos (Huila)

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00073-00 (68211)

Referencia: Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia

Recurrente: ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE ISNOS (HUILA)

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia presentado por la ESE Hospital San José de Isnos (Huila), contra la sentencia proferida el treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Sa nta Catalina, dentro del proceso de reparación directa 41001-33-31-006-2011-00427-011.

I. ANTECEDENTES

1. Antecedentes relevantes del proceso de reparación directa

1.1. El dos (2) de diciembre de dos mil once (2011) 2, los señores Milton Muñoz Córdoba ꟷen nombre propio y en representación de sus hijos menores Oswaldo y Karen Daniela Muñoz Bravoꟷ, Filomeno Bravo Alvear, María Evila Bolaños de Bravo, Luz Marina Bravo Bolaños, Ever Bravo Bolaños, María Evila Bravo Bolaños

Karen Daniela Muñoz Bravoꟷ, Filomeno Bravo Alvear, María Evila Bolaños de Bravo, Luz Marina Bravo Bolaños, Ever Bravo Bolaños, María Evila Bravo Bolaños y Luis Ervey Bravo Bolaños, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron que se declarara administrativamente responsable a la ESE Hospital San José de Isnos (Huila) de la muerte de la señora Luz Ermita Bravo Bolaños, como consecuencia, según adujeron, de la deficiencia en la atención recibida en el servicio de urgencias en dicho centro hospitalario.

1 Dicho asunto fue enviado a esa Corporación por el Tribunal Administrativo del Huila en aplicación del artículo 2º del Acuerdo No. PCSJA18 - 11276 del 17 de mayo de 2019, “[p] or medio del cual se adoptan unas medidas en la jurisdicción contencioso administrativa”. 2 Folio 49 del Cuaderno Principal No. 1.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00073-00 (68211)

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Como sustento fáctico de su demanda, indicaron que entre las 8:00 y las 8:30 de la mañana d el treinta ( 30) de septiembre de dos mil nueve ( 2009), la señora Luz Ermita Bravo Bolaños , en compañía de su compañero permanente Milton Muñoz Córdoba, se dirigió al servicio de urgencias del Hospital San José de Isnos debido a que presentaba dificultad para respirar. Sostuvieron que, luego de administrarle tratamiento para una supuesta anemia, se ordenó su salida aproximadamente a las seis de la tarde; sin embargo, como los síntomas respiratorios persistían, alrededor

a que presentaba dificultad para respirar. Sostuvieron que, luego de administrarle tratamiento para una supuesta anemia, se ordenó su salida aproximadamente a las seis de la tarde; sin embargo, como los síntomas respiratorios persistían, alrededor de las 7:30 p.m. volvió al centro hospitalario donde cerca de las 8:00 p.m. la señora Bravo Bolaños finalmente murió.

Para los demandantes, la muerte de su familiar se produjo como consecuencia de la falta de un diagnóstico claro y apropiado y de la omisión en la remisión oportuna a otra institución de salud de mayor complejidad3.

1.2. El treinta (30) de junio de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Neiva profirió sentencia de primera instancia en la que accedió parcialmente a las pretensi ones de la demanda , declarando la responsabilidad de la entidad y condenándola al pago de perjuicios morale s y patrimoniales, así como a una indemnización por afectación a bienes constitucionalmente protegidos, pero, esta última, únicamente en relación con los hijos menores de la señora Bravo Bolaños4.

Después de examinar el material probatorio obrante en el expediente 5, el juez concluyó que la atención médica prestada fue deficiente, pues no se adoptaron medidas para brindar un diagnóstico relacionado con la afección respiratoria que

3 Folios 30 a 49 Cuaderno N° 1. 4 Así, el Juzgado reconoció por perjuicios morales un total de 700 smlmv, distribuidos de la siguiente manera: en favor de Milton Muñoz Córdoba (compañero permanente), Oswaldo Muñoz Bravo (hijo),

4 Así, el Juzgado reconoció por perjuicios morales un total de 700 smlmv, distribuidos de la siguiente manera: en favor de Milton Muñoz Córdoba (compañero permanente), Oswaldo Muñoz Bravo (hijo), Karen Daniela Muñoz Bravo (hija), y Filomeno Bravo Alvear y María Evila Bolaños de Bravo (padres), la suma equivalente a 100 smlmv para cada uno y 50 smlmv en favor de los hermanos de la víctima directa, Luz Marina Bravo Bola ños, Ever Bravo Bolaños, Luis Ervey Bravo Bolaños y María Evila Bravo Bolaños. Además, por perjuicios patrimoniales en la modalidad de lucro cesante reconoció: i) $104.590.517 para Milton Muñoz Córdoba; ii) $33.553.374 para Oswaldo Muñoz Bravo, y iii) $38.483.536 para Karen Daniela Muñoz Bravo. Finalmente, como indemnización por bienes constitucionalmente protegidos estableció la suma equivalente a cincuenta (50) smlmv en favor de cada uno de los dos hijos menores de la señora Bravo Bolaños, indicando que frente al compañero permanente de la causante “no se evidencia la misma afectación que sufrieron los niños Oswaldo Muñoz Bravo y Karen Daniela Muñoz Bravo, y si bien el señor Muñoz Córdoba se vio afectado por la pérdida de su compañera perm anente, lo cierto es que dicha situación para éste se encuadra propiamente dentro del perjuicio moral que ya le fue reconocido.”. 5 En particular, la historia clínica, la decisión del Tribunal de Ética Médica que encontró responsable al profesional de la s alud que dio la orden de salida a la señora Bravo Bolaños, la necropsia y las

propiamente dentro del perjuicio moral que ya le fue reconocido.”. 5 En particular, la historia clínica, la decisión del Tribunal de Ética Médica que encontró responsable al profesional de la s alud que dio la orden de salida a la señora Bravo Bolaños, la necropsia y las declaraciones de los médicos que la atendieron en su segundo ingreso al Hospital.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00073-00 (68211)

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sufría la paciente y se ordenó su salida pese a que la saturación de oxígeno no era la idónea. Además, señaló que, si bien se determinó que la causa de la muerte fue un tromboembolismo pulmonar, se demostró que el accionado no ordenó la remisión de la señora Bravo Bolaños a un centro de mayor complejidad donde sí se pudiera realizar el examen que permitiera llegar a ese diagnóstico, lo que calificó como un caso de “pérdida de una oportunidad”.

Finalmente, atendiendo a que entre el Hospital San José de Isnos y La Previsora S.A. Compañía de Seguros existía un contrato de seguro s, ordenó a esta última reembolsar el valor de la condena hasta el monto previsto como suma asegurada6.

1.3. Inconformes con esta decisión, tanto el Hospital accionado como La Previsora S.A. Compañía de Seguros presentaron recursos de apelación, por considerar que las pruebas daban cuenta de que la atención prestada había sido eficiente y oportuna frente a una patología que no solo es de difícil diagnóstico sino de alta mortalidad.

Además, el Hospital sostuvo que la institución más cercana al m unicipio se

las pruebas daban cuenta de que la atención prestada había sido eficiente y oportuna frente a una patología que no solo es de difícil diagnóstico sino de alta mortalidad.

Además, el Hospital sostuvo que la institución más cercana al m unicipio se encontraba aproximadamente a cuatro (4) horas y que, si la sentencia era confirmada, los perjuicios debían ser tasados de acuerdo con la “probabilidad o porcentaje probable que tenía la señora Luz Ermita de sobrevivir”7. Por su parte, la Aseguradora solicitó que se declarara la “falta de cobertura del contrato de seguros”, en tanto el Hospital había afectado la póliza con la que contaba cuando ocurrió la muerte de la señora Bravo Bolaños y no la vigente al momento de la notificación del siniestro8.

1.4. Mediante sentencia de treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina resolvió9: i) revocar el numeral que establecía la orden para La Previsora S.A. Compañía de Seguros; ii) actualizar la condena impuesta en lo concerniente al monto de los

6 La Previsora S.A. Compañía de Seguros había sido llamada en garantía por la demandada. Folios 609 a 625 Cuaderno Principal N° 3. 7 Folios 638 a 642 Cuaderno Principal N° 3. 8 Folios 627 a 637 Cuaderno Principal N° 3. 9 El proceso fue remitido a esa autoridad judicial en aplicación del Acuerdo No. PCSJA18 -11276 de 17 de mayo de 2019 del Consejo Superior de la Judicatura, a través del cual se adoptaron medidas

8 Folios 627 a 637 Cuaderno Principal N° 3. 9 El proceso fue remitido a esa autoridad judicial en aplicación del Acuerdo No. PCSJA18 -11276 de 17 de mayo de 2019 del Consejo Superior de la Judicatura, a través del cual se adoptaron medidas de descongestión, entre otros, para el Tribunal Administrativo del Huila.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00073-00 (68211)

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perjuicios patrimoniales, de conformidad con el IPC vigente al momento de expedir la providencia10, y iii) confirmar las demás decisiones adoptadas por el Juzgado11.

Como sustento de su decisión, el ad quem señaló que estaba acreditada la negligencia en la atención prestada a la señora Bravo Bolaños, tal y como lo concluyó el Tribunal de Ética Médica que sancionó al galeno tratante por estos mismos hechos con “ censura escrita y pública” , y que “aun cuando la causa de la muerte de la señora Luz Ermita Bravo Bolaños, fue un tromboembolismo pulmonar, patología de alta mortalidad y rápida evolución, lo cierto es que, la atención médica brindada a la paciente en su ingreso en las horas de la mañana en el Hospital, no atendió con suficiente dil igencia y oportunidad la condición respiratoria de la paciente y eso influyó de manera eficiente en el resultado desafortunado objeto de litis”. Así, resaltó que en este caso no solo se ordenó la salida de la señora Bravo Bolaños cuando presentaba una saturación deficiente (86%), sino que los esfuerzos médicos se dirigieron a tratar síntomas distintos a la afectación respiratoria, que fue

litis”. Así, resaltó que en este caso no solo se ordenó la salida de la señora Bravo Bolaños cuando presentaba una saturación deficiente (86%), sino que los esfuerzos médicos se dirigieron a tratar síntomas distintos a la afectación respiratoria, que fue la razón por la que acudió al servicio de urgencias.

Por lo demás, el Tribunal explicó que el título de imputación en este caso no podía ser el de la “pérdida de oportunidad”, como lo aseguró el Juzgado, sino el de la falla en el servicio, pues lo que desencadenó la muerte fue la “deficiente, descuidada y negligente” prestación del servicio de salud por parte del personal médico del hospital demandado, de manera que no había lugar a modificar el monto reconocido por perjuicios morales pues se ajustaba a lo dictado por la jurisprudencia en caso s de muerte.

Finalmente, el Tribunal concluyó que no era posible condenar a la llamada en garantía, toda vez que, en virtud de la cláusula claims made, los eventos reclamados deben ser notificados durante la vigencia de la póliza cuya cobertura se solicita, lo cual no ocurrió en este caso12.

2. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

10 Con la modificación, se fijaron los siguientes montos: i) $ 119.143.392 en favor de Milton Muñoz Córdoba; ii) $38.222.185 para Oswaldo Muñoz Bravo, y iii) $43.838.358 para Karen Daniela Muñoz Bravo. 11 Según consta en el PDF “ ED_11CONSTANCIANOTIFICA” disponible a índice 2 de SAMAI, esta sentencia fue notificada personalmente a través de correo electrónico el 11 de noviembre de 2021,

Bravo. 11 Según consta en el PDF “ ED_11CONSTANCIANOTIFICA” disponible a índice 2 de SAMAI, esta sentencia fue notificada personalmente a través de correo electrónico el 11 de noviembre de 2021, quedando ejecutoriada, según consta en el PDF “ ED_13CONSTANCIAEJECUTOR” del mismo índice, al finalizar el 22 de ese mism o mes y año. La decisión tuvo un salvamento de voto que obra en el PDF denominado “ED_07SALVAMENTO”, índice 2 de SAMAI. 12 PDF denominado “ED_06SENTENCIA” índice 2 de SAMAI.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00073-00 (68211)

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El veintiséis (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), el apoderado de la E.S.E. Hospital San José de Isnos presentó recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia por considerar que la sentencia del Tribunal Administrativo contraviene la providencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el diecinueve (19) de abril de dos mil doce (2012), radicado N o. 21515, en la cual se determinó que la Constitución Política tiene un régimen general de responsabilidad y que corresponde al juez, en cada caso y de acuerdo con la realidad probatoria del asunto sometido a su consideración, definir el título de imputación pertinente.

Para el recurrente, el Tribunal aplicó erradamente el principio iura novit curia de que trata la sentencia de unificación antes referenciada , pues “dentro de la facultad de adecuación jurídica que tiene el juez, no tuvo en cuenta una serie de hechos

Para el recurrente, el Tribunal aplicó erradamente el principio iura novit curia de que trata la sentencia de unificación antes referenciada , pues “dentro de la facultad de adecuación jurídica que tiene el juez, no tuvo en cuenta una serie de hechos probados, los cuales son determinantes para motivar la sentencia, por el contrario, el Despacho Judicial, partió de una hipótesis alejada de la realidad m aterial del caso”. Así, a su juicio, en el proceso quedó demostrado que el Hospital prestó los servicios médicos de acuerdo con la sintomatología presentada por la señora Luz Ermita Bravo Bolaños ꟷque no correspondía con la de un tromboembolismo pulmonarꟷ, por lo que la causa del daño no puede atribuirse a una actuación negligente del personal médico sino a la existencia de una enfermedad de manejo complejo y alta mortalidad , tal y como lo señaló en el marco de este debate la experta que practicó la necropsia, al afirmar que la causa de la referida enfermedad “es indeterminada y solo se sabe el origen del fallecimiento hasta que no se hace la necropsia”.

En ese sentido, sostiene que el Tribunal desconoció el fallo de unificación atrás indicado, pues los hechos probados daban cuenta que “la E.S.E. cumplió en observancia de sus obligaciones como entidad de primer nivel. En efecto, quedó probado las atenciones médicas conforme a los síntomas que presentaba la señora LUZ EMERITA BRAVO BOLAÑOS (Q.E.P.D) al ingresar al servicio de urgencias, a su vez, se ejecutaron las acciones dentro de los parámetros obligacionales y, que para ese momento la paciente no presentó síntomas de alerta que comprometiera

LUZ EMERITA BRAVO BOLAÑOS (Q.E.P.D) al ingresar al servicio de urgencias, a su vez, se ejecutaron las acciones dentro de los parámetros obligacionales y, que para ese momento la paciente no presentó síntomas de alerta que comprometiera su vida y originara la necesidad de trasladar a otra institución médica, así se desprende de la historia clínica y del dictamen pericial rendido válidamente dentro del proceso”.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00073-00 (68211)

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Adicionalmente, afirma que en este caso también se aplicó de forma indebida el principio iura novit curia en cuanto el fallador de primera instancia concluyó equivocadamente que la señora Bravo Bolaños perdió la oportunidad de recuperar su salud al no ser remitida a un centro de salud de mayor complejidad , sin que se hubiera demostrado que el traslado de la paciente podría haber evitado su muerte13. En ese orden, asegura que “la pérdida de oportunidad de acceder a un servicio médico de mayor complejidad se resumen en acceder a un examen denominado gammagrafía o arteriografías, por medio del cual se puede determinar si la paciente padece un tromboembolismo pulmonar (TP), más no constituye una situación de conseguir provecho, toda vez, que la patología era súbita y de acuerdo a la realidad fáctica, las posibilidades de recuperar su estado de salud y de salir con vida de la situación que padeció, eran reducidas. (…) Por consiguiente, es claro que no obran en el plenario elementos de juicio que permitan establecer, con base en criterios

fáctica, las posibilidades de recuperar su estado de salud y de salir con vida de la situación que padeció, eran reducidas. (…) Por consiguiente, es claro que no obran en el plenario elementos de juicio que permitan establecer, con base en criterios médicos, información objetiva y contrastada, que en un centro de mayor complejidad existiera una oportunidad legítima, seria y real, para que la señora LUZ EMERITA BRAVO BOLAÑOS hubiese sacado provecho o en su defecto recuperar el estado de salud.” (énfasis en original).

Finalmente, solicitó la suspensión de la providencia acusada, para lo cual propuso como caución el equivalente a un año de intereses moratorios sobre la condena impuesta en la sentencia objeto del recurso14.

3. Trámite del recurso e intervenciones

3.1. Mediante providencia de catorce (14) de enero de dos mil veintidós (2022), el Tribunal Administrativo del Huila fijó la caución para proceder a la suspensión del fallo en la suma de diecisiete millones ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos ($17.168.458)15. Posteriormente, por auto de dieciséis (16) de febrero de dos mil veintidós (2022) y luego de verificar que la caución había sido prestada, el Tribunal concedió el recurso extraordinario y decretó la suspensión del fallo acusado16.

13 Con ello, según su criterio, se desconoció también la providencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el once (11) de agosto de dos mil diez (2010), radicado No. 18.593 .

fallo acusado16.

13 Con ello, según su criterio, se desconoció también la providencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el once (11) de agosto de dos mil diez (2010), radicado No. 18.593 . 14 PDF “ED_014RECURSOEXTRAORDIN” disponible en índice 2 de SAMAI. 15 Índice 42 de SAMAI de Tribunales y Juzgados, Tribunal Administrativo del Huila proceso 4100133-31-006-2011-00427-01. 16 Índice 50 de SAMAI de Tribunales y Juzgados, Tribunal Administrativo del Huila proceso 4100133-31-006-2011-00427-01.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00073-00 (68211)

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3.2. Cumplido lo anterior, el expediente fue remitido al Consejo de Estado y repartido al Despacho ponente17, el cual, mediante providencia del veintiséis (26) de abril de dos mil veintidós (2022), admitió el recurso propuesto y ordenó correr traslado a quienes fungieron como demandantes en el proceso ordinario, así como al Ministerio Público18.

Dentro del término previsto, se recibieron las siguientes intervenciones:

3.2.1. Mediante escrito de veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022), quienes fungieron como demandantes en el proceso ordinario se opusieron a la prosperidad del recurso pues, a su juicio, el Hospital pretende debatir nuevamente las condiciones en las que ocurrió la muerte de la señora

quienes fungieron como demandantes en el proceso ordinario se opusieron a la prosperidad del recurso pues, a su juicio, el Hospital pretende debatir nuevamente las condiciones en las que ocurrió la muerte de la señora Luz Ermita Bravo Bolaños, aspecto que ya fue analizado y decidido por los jueces de instancia.

En todo caso, adujeron que la sentencia acusada no contraría la providencia de unificación del Consejo de Estado de diecinueve (19) de abril de dos mil doce (2012), radicado N°. 21515, habida cuenta que en este caso se determinó la responsabilidad a título de falla del servicio y de conformidad con la realidad probatoria , sin negar la existencia de otros títulos de imputación19.

3.2.2. Por su parte, La Previsora S.A. Compañía de Seguros (llamada en garantía), mediante memorial de esa misma fecha señaló que, como en el recurso no se efectuó ninguna consideración respecto de lo debatido frente al contrato de seguros, en caso de revocar o modificar la sentencia acusada debía mantenerse la decisión adoptada por el T ribunal respecto de esa entidad20.

3.2.3. A través del Concepto N° 66 de 2022 el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa solicitó desestimar el recurso extraordinario

17 Índice 55 de SAMAI de Tribunales y Juzgados, Tribunal Administrativo del Huila proceso 4100133-31-006-2011-00427-01, e índice 1 del aplicativo SAMAI en esta Corporación. 18 Índice 4 de SAMAI. Lo anterior teniendo en cuenta que la cuantía de la condena impuesta es

33-31-006-2011-00427-01, e índice 1 del aplicativo SAMAI en esta Corporación. 18 Índice 4 de SAMAI. Lo anterior teniendo en cuenta que la cuantía de la condena impuesta es superior a los 450 smlmv que exige la ley para la procedencia del recurso. En efecto, como se indicó en precedencia , la condena impuesta a la recurrente solo en perjuicios morales sup era los 700 smlmv, en tanto este se presentó y sustentó dentro del término previsto en el artículo 261 del CPACA. 19 PDF “ RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_PRONUNCIAMIENTOPART ” disponible en el índice 9 de SAMAI. 20 Índice 8 de SAMAI.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00073-00 (68211)

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interpuesto ya que, en su criterio, la providencia del Tribunal no desconoció ni contrarió la sentencia de unificación de diecinueve (19) de abril de dos mil doce (2012), radicado N°. 21515 , sino que, p or el contrario , le dio efectos prácticos, aplicando el régimen de responsabilidad que consideró pertinente de cara a las pruebas allegadas. En este contexto, señaló que el verdadero propósito del recurrente es que el Consejo de Estado realice una nueva valoración probatoria, lo cual desborda la f inalidad de este recurso extraordinario21.

3.3. El trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022), el expediente ingresó al despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda22.

II. CONSIDERACIONES

extraordinario21.

3.3. El trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022), el expediente ingresó al despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda22.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 259 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)23, en concordancia con lo establecido en el numeral 1° del artículo 14 del Acuerdo 080 de 2019 ꟷReglamento Interno de la Corporación24ꟷ, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer y decidir el presente asunto.

2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes atrás expuestos, corresponde a esta Sala establecer si están demostrados los supuestos para la prosperidad del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia en relación con la sentencia proferida el treinta (30 ) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dentro del proceso de reparación directa 41001-33-31-006-2011-00427-01.

21 Índice 12 de SAMAI. 22 Índice 14 de SAMAI. 23 “ARTÍCULO 259. COMPETENCIA. Del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia previsto en este capítulo conocerá, según el acuerdo correspondiente del Consejo de Estado y en atención a su especialidad, la respectiva sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la misma Corporación”. 24 “ARTÍCULO 14. - OTROS ASUNTOS ASIGNADOS A LAS SECCIONES SEGÚN SU

atención a su especialidad, la respectiva sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la misma Corporación”. 24 “ARTÍCULO 14. - OTROS ASUNTOS ASIGNADOS A LAS SECCIONES SEGÚN SU ESPECIALIDAD. Cada una de las Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, atendiendo al criterio de especialidad, también tendr á́ competencia para: 1. Tramitar y decidir el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.”Radicado: 11001-03-26-000-2022-00073-00 (68211)

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Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones g enerales relacionadas con el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y sus requisitos de procedencia, con fundamento en las cuales dará solución al caso concreto.

3. Del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

Con el propósito de garantizar la coherencia interna del ordenamiento jurídico y evitar que un mismo supuesto tenga diversos tratamientos por parte de los operadores judiciales, el legislador reconoció la necesidad de que los órganos de cierre en las distintas jurisdicciones cumplan, entre otras, una función de unificación jurisprudencial25, con lo cual se logra “brindar a la sociedad un cierto nivel de certeza respecto de los comportamientos aceptados dentro de la comunidad y garantizar que las decisiones que se adopten por la administración de justicia, y general (sic) por todas las autoridades públicas, ‘se funden en una interpretación uniforme y consistente del ordenamiento jurídico’.”26

En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la Ley 1437 de 2011 buscó

por todas las autoridades públicas, ‘se funden en una interpretación uniforme y consistente del ordenamiento jurídico’.”26

En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la Ley 1437 de 2011 buscó fortalecer la función unificadora del Consejo de Estado a través de la expedición de “sentencias de unificación”, en los eventos previstos en el artículo 270 del CPACA, y de herramientas administrativas y judiciales que los ciudadanos pueden usar a fin de garantizar que las referidas decisiones sean acatadas tanto por la administración como por los jueces que integran la jurisdicción27.

En este contexto, se crea el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia con la finalidad de garantizar que los jueces acaten las decisiones de unificación proferidas por esta Corporación, en respeto del denominado “precedente vertical”28,

25 Artículos 86, 235, 237 y 241 de la Constitución Política. 26 Corte Constitucional, sentencia C-179 de 2016. 27 En la exposición de motivos de la Ley 1437 de 2011 sobre este punto se indicó: “Por último, cabe destacar la intención del proyecto en cuanto al acatamiento de las decisiones judiciales, como una manifestación del Estado de Derecho. Por ello, la preocupación de la Comis ión se centró en dos aspectos, a saber: uno, el respeto a las decisiones judiciales frente a casos similares y dos, el cumplimiento de las decisiones judiciales. // Para garantizar el respeto a las decisiones judiciales que constituyen jurisprudencia reite rada o de unificación, se propone como mecanismo el derecho a solicitar la extensión y adaptación de la jurisprudencia del Consejo de Estado, contenida en un fallo

constituyen jurisprudencia reite rada o de unificación, se propone como mecanismo el derecho a solicitar la extensión y adaptación de la jurisprudencia del Consejo de Estado, contenida en un fallo de unificación jurisprudencial en el que se haya reconocido una situación jurídica, siempre que, en lo pretendido exista similitud de objeto y causa con lo ya fallado (…)”. Gaceta del Congreso No. 1173 de 2009, citado en Corte Constitucional, sentencia C-179 de 2016. Sobre este mismo tema, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de agosto de 2019, radicación: 68001-33-33-001-201300046-01, número interno 58317. 28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto de sala del 30 de marzo de 2020, radicación 15001-33-31-701-2014-00009-01 (61784).Radicado: 11001-03-26-000-2022-00073-00 (68211)

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y para “asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales” (artículo 256 del CPACA). Se trata de un mecanismo judicial que permi te salvaguardar los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima, como elementos transversales de la administración de justicia, “más allá que como consecuencia de ello se protejan los derechos reclamados y,

judicial que permi te salvaguardar los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima, como elementos transversales de la administración de justicia, “más allá que como consecuencia de ello se protejan los derechos reclamados y, cuando fuere el caso, se obtenga una reparación por los agravios inferidos”29.

De ahí entonces que la única causal para la procedencia del recurso, según lo establece el artículo 258 del CPACA, es que la sentencia recurrida se oponga o contradiga una sentencia de unificación, es decir, en los términos del artículo 270 de ese Estatuto , “las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado [bien a través de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, o bien por el pleno de las respectivas Secciones] por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de uni ficar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión ”30. Esa misma calificación le ha sido reconocida a aquellas que, habiendo sido proferidas antes de la vigencia del artíc ulo 270 del CPACA, “establecen y fijan un criterio jurisprudencial uniforme frente a (i) la aplicación o interpretación de una norma, (ii) la solución específica de un supuesto de hecho (v.gr. título de imputación aplicable a la responsabilidad por acto