CE - 010326000202200120001SENTENCIA20231204090159

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00120-00(68499)

Actor: IGNACIO ANDRÉS BOHÓRQUEZ BORDA

Demandado: DEPARTAMENTO DE SANTANDER-CONTRALORÍA GENERAL

DE SANTANDER Y OTROS

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - las causales de revisión son taxativas y restrictivas. El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el criterio con el que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración probatoria que efectuó / CAUSAL QUINTA DE R EVISIÓN –CPACAexistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra de la cual no procede recurso de apelación.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el abogado Ignacio Andrés Bohórquez Borda en contra de la sentencia de 16 de diciembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se confirmó el fallo de primera instancia , que negó las súplicas de la demanda , en el proceso de reparación directa que interpuso contra la Rama Judicial y otros.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El recurrent e considera que se vulner ó su derecho al debido proceso en la

proceso de reparación directa que interpuso contra la Rama Judicial y otros.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El recurrent e considera que se vulner ó su derecho al debido proceso en la sentencia que culminó el litigio de reparación directa, por cuanto no se tuvieron en cuenta l os hechos acreditados para la p rosperidad de las p retensiones, ni se advirtieron las irregularidades en las que incurri ó el juez laboral para abstenerse de librar mandamiento de pago a favor de l acciona nte, en el proceso ejecutivo que interpuso con el fin de lograr el pago de honorarios profesionales.Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00120-00 (68499)

Actor: Ignacio Andrés Bohórquez Borda Demandado: Departamento de Santander-Contraloría General de Santander Referencia: Recurso extraordinario de revisión

2 Se invocó la causal quinta de revisión, referida a la existencia de nulidad originada en la sentencia, contra la que no procede recurso de apelación.

II. ANTECEDENTES

1. Proceso de reparación directa1

1.1. Demanda

El 13 de septiembre de 2013, el abogado Ignacio Andr és Boh órquez Borda, actuando en nombre propio, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra de la Nación-Rama Judicial y el Departamento de Santander-Contraloría General de Santander, con el fin de que se accediera a las siguientes pretensiones:

1. Declárese administrativamente responsable a la Naci ón-Rama Judicial del Poder Público por el error judicial, falla e indebido funcionamiento del servicio

siguientes pretensiones:

1. Declárese administrativamente responsable a la Naci ón-Rama Judicial del Poder Público por el error judicial, falla e indebido funcionamiento del servicio de administración de justicia dentro del pr oceso ejecutivo laboral ante el Juzgado 3 º Laboral del Circuito de Bucaramanga radicado Nº 68001310500320120025400 de Ignacio Andr és Boh órquez Borda c ontra Enna Lucena Espinosa Arenas en que se de volvió la demanda p or ausencia de prueba que se exigió sin sustento legal.

2. Declárese administrativamente responsable a la N ación-Rama Judicial del Poder P úblico por la falla e indebido funcionamiento en el servicio de administración de justicia dentro del proceso ordinario contenciosoadministrativo de nulidad y restablecimiento del derecho de Enna Lucena Espinosa Arenas contra el Departamento de Santander y la Contraloría del Departamento de Sa ntander ( Contraloría General de Santander ) ante el Tribunal Adm inistrativo de Santander con radicaci ón 68001233100020000115900, por n o haber expedido con cel eridad lo solicitado por el suscrito desde junio 16 de 2011, agosto 2 de 2011, sept. 23 de 2011, marzo 23 de 2012, agosto 1º de 2012 y enero 29 de 2013.

3. Como consecuencia de las declaraciones a indemnizar solidariamente y de manera integral los perjuicios generados al demandante (…)2.

6. Declárese admin istrativamente r esponsable al Departamento de Santander-Contraloría General de Santander por haber hecho caso omiso de la solicitud de pago radicada por Ignacio Andr és Boh órquez B orda como

6. Declárese admin istrativamente r esponsable al Departamento de Santander-Contraloría General de Santander por haber hecho caso omiso de la solicitud de pago radicada por Ignacio Andr és Boh órquez B orda como apoderado de l a dem andante respecto a la condena correspondiente al proceso de nulidad y restab lecimiento del derecho de Enna Lucena Espinosa Arenas contra el Dep artamento de Santander (Contraloría General de

1 Proceso radicado con el no. 68001 -33-33-001-2013-00428-00. El ex pediente digital obra e n el índice 13 de SAMAI. 2 Por perjuicios materiales se solicitó la suma de $80 ’290.196, por lo honorarios que deb ió percibir el demandante, m ás los intereses de mora que se causen a partir del 11 de abril de 2012, y $35’000.000 con fundamento en los honorarios causados por el trámite del proceso necesario para la obtención de la indemnización. Además, se pidió condenar en costas a la parte demandadaRadicación número: 11001-03-26-000-2022-00120-00 (68499)

Actor: Ignacio Andrés Bohórquez Borda Demandado: Departamento de Santander-Contraloría General de Santander Referencia: Recurso extraordinario de revisión

3 Santander) ante el Trib unal Administrativo de Santander con radicación 68001233100020000115900 y en lugar de ello haberle realizado el pago directamente a la demandante s in contar con la pri mera copia que presta . Mérito ejecutivo de las sentencias continentes de las condenas pagadas y sin exigirle aceptación o paz y salvo de quien fue su apoderado con facultad para

directamente a la demandante s in contar con la pri mera copia que presta . Mérito ejecutivo de las sentencias continentes de las condenas pagadas y sin exigirle aceptación o paz y salvo de quien fue su apoderado con facultad para recibir, pasando por alto la Resoluci ón Nº 000224 de marzo 30 de 2009 del Contralor General de Santander y la Circular Nº 006 de abril 23 de 2012 de la Secretaría Jur ídica del Departamento de Santander ( ratificada por Resoluciones Nº 330644 de junio 19 de 2012, 013396 de agosto 30 de 2012 y 015813 de septiembre 26 de 2012).

Como fundamentos fácticos, se narró, en síntesis, lo siguiente:

El demandante represent ó judicial mente a la señora Enna Lucena Esp inosa Arenas en el proceso de nulidad y r establecimiento del derecho con radicado 68001233100020000115900 que adelantó contra el De partamento de SantanderContraloría Ge neral de Santa nder, para que s e ordenara s u reinte gro en dicha Contraloría y se pagaran los sueldos y dem ás emolumentos dejados de percibir, desde el retiro de la trabajadora (4 de enero de 2000 ). El Tr ibunal Administrativo de Santander accedió a las pretensiones de la demanda, en sentencia de 20 de junio de 2008 , la cual fue confirmada por el C onsejo de Estado, mediante providencia de 2 de diciembre de 2010, cuya ejecutoria se produjo el 11 de marzo de 2011. El accionante radicó ante la entidad condenada “requerimientos para el cumplimiento y pago de la condena ”, dada la facultad de recibir de la que estaba investido.

de 2011. El accionante radicó ante la entidad condenada “requerimientos para el cumplimiento y pago de la condena ”, dada la facultad de recibir de la que estaba investido.

El 24 de julio de 2008, “entre Enna Lucena Espinosa Arenas y el hoy demandante se susc ribió pode r y se do cumentó el ya existen te c ontrato denomin ándolo ‘Convenio para la prestación de servicios profesionales ’, ratificando lo actuad o procesalmente por este abogado ”. En dicho convenio se pact aron honorarios por “cuota litis”, en cuantía del 30%, más IVA

El 24 de junio de 2011, la señ ora Enna Lucena Esp inosa Arenas “de modo inconsulto y a espaldas del ahora demandante radic ó ante el G obernador de Santander manifestación de renunciar al reintegro siempre y cuando se cancelen todos sus derec hos en un t érmino no mayo r a 30 d ías por consignación en su propia cuenta bancaria ”. El 10 de abril de 2012, la solicitante renunci ó al 20% de los intereses y al reintegro laboral, e indicó su número de cuenta bancaria.Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00120-00 (68499)

Actor: Ignacio Andrés Bohórquez Borda Demandado: Departamento de Santander-Contraloría General de Santander Referencia: Recurso extraordinario de revisión

4 Mediante Resolución 6491 de 56 de mayo de 2012 se recon oció el crédito a favor de la señora Enna Lucena Esp inosa Arenas, por la condena judicial aludida, en suma aproximada de $2 67’633.987, incluidos intereses. Luego de las

de la señora Enna Lucena Esp inosa Arenas, por la condena judicial aludida, en suma aproximada de $2 67’633.987, incluidos intereses. Luego de las deducciones por “el cruce de cuentas ” y la renuncia al 20% de intereses, se consignó la suma de $251 ’724.521, el 23 de mayo de 2012. Los honorarios adeudados al demandante ascend ían, as í, a $80 ’290.196, correspondientes al 30% del valor adeudado , más IVA, sin tener en cuenta la condonación pactada por la acreedora.

El demandante radicó demanda ejecutiva ante el Juzgado 3 º Laboral del Circuito de Bucaramanga , proceso al que le correspondi ó el radicado Nº

68001310500320120025400. Como título ejecutivo complejo se present ó el Convenio para la prestación de servicios profesionales, suscrito el 24 de julio de 2008 con la señora Enna Lucena Espinosa Arenas.

En auto de 25 de julio de 2012 se neg ó el manda miento de pago y s e ordenó la devolución de la demanda, por cuanto no se había aportado d ocumento que permitiera determinar que el ejecutante fu ngió como apoderado durante todo el proceso o parte d e él. Contra esa decisión, el ejecutante in terpuso recurso de reposición y, e n subsidio de apelación, en el que indic ó que la documental arrimada era suficiente para ac reditar la obligación clara, expresa y exigible cuyo cumplimiento se exig ía; adem ás, en el expedi ente sí reposaba “copia h ábil del poder” y constancia del reconocimiento de personer ía jurídica por parte del

cumplimiento se exig ía; adem ás, en el expedi ente sí reposaba “copia h ábil del poder” y constancia del reconocimiento de personer ía jurídica por parte del Consejo de Estado, en la segunda instan cia. La reposición fue denegada y , en sede de apelación, el T ribunal Superior de Bucaramanga, Sala Laboral, en proveído de 25 de enero de 2013, confirmó la decisión impugnada, por considerar que no se había demostrado las activi dades que realiz ó el abogado en e jercicio del mandato que le fue conferido.

El 1º de agosto de 2012 , el demandante radicó dos memoriales ante el Tribunal Administrativo de Santander para que se ex pidiera “lo que el juez 3 º Laboral exigía”, es decir, certificación sobre su actuación como apoderado de la señora Enna Lucena Espino sa A renas, en el proceso con radi cado 2000 -1159-00, petición que reiteró el 29 de enero de 2013, sin obtener respuesta.

Con base en el relato fáctico reseñado, el recurrente man ifestó que la imputaciónRadicación número: 11001-03-26-000-2022-00120-00 (68499)

Actor: Ignacio Andrés Bohórquez Borda Demandado: Departamento de Santander-Contraloría General de Santander Referencia: Recurso extraordinario de revisión

5 a los demandados se sustentaba en los siguientes cargos:

• “La denegación del mandamiento ejecutivo y devolución de la demanda confirmada por la Sala Laboral en el proceso ejecutivo radicado Nº 68001310500320120025400 le impidió al hoy demandante el acceso efectivo a la

• “La denegación del mandamiento ejecutivo y devolución de la demanda confirmada por la Sala Laboral en el proceso ejecutivo radicado Nº 68001310500320120025400 le impidió al hoy demandante el acceso efectivo a la administración de justicia y el cobro ejecutivo de los honorarios causados”.

• El document o presentado como t ítulo ejecutivo complejo era suficiente para librar mandamiento ejecutivo.

• Los requisitos formales del t ítulo ejecutivo podían ser objeto de reparo por parte de la ejecutada, a través del recurso de reposición.

• “Lo afirmado por el demandante y sustentado en el título aportado no tiene tarifa legal para su prueba y constituye hecho indefinido relevado de prueba al tenor del art. 177 C.P.C.”, por lo que el juzgador no podía pedir prueba de la deuda “distinta al contrato y a la constancia del resultado del proceso y cuantía de tal resultado”.

• En el caso de que fuera exigible la acreditación del ej ercicio del ma ndato, se tiene que el Tribunal Adm inistrativo de Santander vulneró el derecho d e acceso a la justicia “y a los intereses econ ómicos” del demandante, porque no respondi ó las peticiones dirigidas a que se certificara lo solicitado por el juez laboral.

• La Contraloría General de Santander : i) hizo caso omiso de la solicitud de pag o radicada por el acciona nte; ii) realizó un pago a l a señora Enna Lucena Espinosa Arenas sin exigirle la primera copia de l a sentencia condenatoria, que presta mérito ejecutivo, ni paz y salvo de quien fue su apoderado con facultad para

Arenas sin exigirle la primera copia de l a sentencia condenatoria, que presta mérito ejecutivo, ni paz y salvo de quien fue su apoderado con facultad para recibir, y iii) pasó po r alto sus propios actos re gulatorios de los pagos de condenas.

Se adujo que el “daño antijuridico” consiste en la imposibilidad de ejercer la acción ejecutiva para el pago de los honorarios adeudados, por no haber sido expedidos los documentos que le fueron solicitados al Tribunal administrativo de Santander y haberse exigido documentación adicional a la prese ntada como título ejecutivo, por parte del Juzgado 3 º Laboral de Buca ramanga y el Tribunal Su perior de esa misma ciudad. Tambi én, se señaló que las omisiones de la Contralor ía GeneralRadicación número: 11001-03-26-000-2022-00120-00 (68499)

Actor: Ignacio Andrés Bohórquez Borda Demandado: Departamento de Santander-Contraloría General de Santander Referencia: Recurso extraordinario de revisión

6 de Santander permiti eron que la deudora “pudiera impagarle los honorarios ”, lo cual le generó un daño emergente de $80 ’290.196, más intereses comerciales de mora.

Se agregó que “en el proceso referenciado se presentó el poder p or parte del ahora demandante como const a en las copias autent icadas del folio 292 del proceso contencioso admi nistrativo, que se presentaron emanadas del T ribunal Administrativo de Sant ander”, por virtud del cual el Consejo de Estado le reconoció personería jur ídica. Además, se indic ó que “la actual postura

proceso contencioso admi nistrativo, que se presentaron emanadas del T ribunal Administrativo de Sant ander”, por virtud del cual el Consejo de Estado le reconoció personería jur ídica. Además, se indic ó que “la actual postura jurisprudencial sobre fuente o base para recaudo de honor arios y responsabilidad por error judicial en cuanto a apreciación de pruebas (…) es Consejo de Est ado, Sección Te rcera-Subsección “B”, C.P. Dr. Danilo Rojas Batancourt h, julio 26 de 2012 (…) Rad. 25000232600019990201001 ”, y se pidió tener en cuenta la jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado, en relación con el error judicial.

1.2. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga profirió sentencia el 5 de mayo de 2017, en la que negó las pretensiones de la demanda. En la providencia se analizó la responsabilidad del Juzgado 3º Laboral de Bucaramanga, por no librar mandamiento de pago; del Tribunal Administrativo de Santander, por no expedir la certificación solicitada por el demandante, y de la Contraloría General de Santander, por haber pagado la condena directa mente a la señora Enna Lucena Es pinosa Arenas.

Se hizo alusión a la s entencia de 31 de enero de 2008, proferida por esta Corporación en el proceso 2007-00067-01(34201), en la que se trató el tema relativo a los documentos necesarios para librar mandamiento ejecutivo cuando se pretende el pago de una suma de d inero por concepto de honorarios profesionales y, con base en esa decisi ón, se s ostuvo que la documentaci ón presentada por el

a los documentos necesarios para librar mandamiento ejecutivo cuando se pretende el pago de una suma de d inero por concepto de honorarios profesionales y, con base en esa decisi ón, se s ostuvo que la documentaci ón presentada por el accionante no satisfac ía los requisitos de ley par a constituirse en una obligación clara, expresa y exigible, de modo que lo resuelto en el proceso ejecutivo se ajustó a derecho. Resaltó que “el contrato de prestación de servicios es un título complejo que debe con formarse junto con los soportes que acrediten el des empeño de las labores contratadas y convenidas entre las partes”.Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00120-00 (68499)

Actor: Ignacio Andrés Bohórquez Borda Demandado: Departamento de Santander-Contraloría General de Santander Referencia: Recurso extraordinario de revisión

7 Agregó que la conformación del título complejo no estaba supeditada a la certificación que eventualmente expidiera el Tribunal Administrativo de Santan der, pues no hay tari fa leg al para ese efecto y “el ejecutante contaba con otras herramientas para demostrar su gestión profesional”3; por consiguiente, la omisión del Tribunal no fue la razón para que se negara el mandamiento de pago.

Por lo anterior, se adujo que “la conducta de la administración de justicia no es la que causa el daño, sino la incuria del propio abogado al no cumplir con los precisos mandatos de la jurisdicción ordinaria para constituir el mandato”.

En cuanto a la C ontraloría General de Santander, s e mencio nó que el poder otorgado al accionante se circunscribía al proceso judicial, y no se extendía al cobro

mandatos de la jurisdicción ordinaria para constituir el mandato”.

En cuanto a la C ontraloría General de Santander, s e mencio nó que el poder otorgado al accionante se circunscribía al proceso judicial, y no se extendía al cobro de la co ndena en sede administrativa, por lo que la entidad “obró de conformidad con las órdenes proferidas en sede judicial, comoqui era que realizó el pago a la directa beneficiaria de la condena”4. Se añadió que según lo dispuesto en el artículo 1634 del Código Civil, el pago de las obligaciones puede hacerse tanto al acreedor como a su apoderado, sin que establezca prevalencia o prioridad alguna respecto de los mencionados sujetos.

Finalmente, se estableció que la controversia relacionada con el pago de honorarios debía ventilarse por la vía ordinaria laboral, por lo que no había lugar a abordar de fondo ese debate. Se concluyó que no se vislumbraba la ocurrencia de daño alguno respecto a las situaciones f ácticas expuest as, por lo que se negar ían las pretensiones de la demanda.

Se condenó en costas, conforme al artículo 188 del CPACA.

1.3. Sentencia de segunda instancia - providencia obje to del recurso extraordinario

Mediante sentencia de 16 de diciembre de 20 19, el Tribunal Ad ministrativo de Santander confirmó el fallo de primera inst ancia que neg ó las pretensiones de la

3 Se indicó que el ejecutante pudo, por ejemplo , aportar “copia del proceso, o de sus actuaciones en el mismo, o de los pantallazos del sistema Siglo XXI, entre otros”.

3 Se indicó que el ejecutante pudo, por ejemplo , aportar “copia del proceso, o de sus actuaciones en el mismo, o de los pantallazos del sistema Siglo XXI, entre otros”. 4 Se citó en este punto, la sentencia de 21 de marzo de 2012, proferida por el Consejo de Estado en el proceso con rad. 1998-02039-01(23171), en el que se analizó un caso similar y se señal ó que las controversias surgidas por la prestación de servicios profesionales se debían ventilar por la vía ordinaria laboral, “en lugar de endilgar a la administración una responsabilidad inexistente”.Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00120-00 (68499)

Actor: Ignacio Andrés Bohórquez Borda Demandado: Departamento de Santander-Contraloría General de Santander Referencia: Recurso extraordinario de revisión

8 demanda y se abstuvo de condenar en costas.

La providencia dedicó un acápite a explicar el régimen de imputación aplicable al caso, de acuerdo con ciertos pronunciamientos jurisprudenciales5 relacionados con los títulos de falla del servicio, defectuoso funcio namiento de la administración de justicia y error judicial. Se concluyó que la responsabilidad de la Contraloría General de Santander se estudiaría bajo el régimen subjetivo de falla del servicio, y la de la Rama Judicial, bajo el título de error judicial; empero, en las consideraciones de la sentencia se mencionó, también, que los operadores judiciales no habían incurrido en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Como fundamento de la decisión, se anotó que en el contrato de mandato suscrito

sentencia se mencionó, también, que los operadores judiciales no habían incurrido en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Como fundamento de la decisión, se anotó que en el contrato de mandato suscrito entre el accionante y la señora Enna Lucena Espinosa Arenas no se describieron las obligaciones del abogado y solo se hizo referencia al monto a cancelar como cuota litis. Se precisó que el abogado conocía las acciones que podía ejercer para hacer efectivo el pago de los honorarios, sin que obrara prueba sobre el inicio del proceso de regulación de honorarios ante la jurisdicción contencioso administrativa, lo que denotaba su o misión en ese sentido; as í mismo, c oincidió con el juez a-quo, en cuanto a que la contienda deb ía ser dirimida ante la jurisdicción ordinaria, “ya que ninguna de las partes se encuentra vinculada o asociada con entid ad pública alguna, por tanto, no es un asunto que deba darle solución esta jurisdicción”.

En cuanto a la supuesta falla endilgada a la Contralor ía General de Santander, se sostuvo que el poder otorgado al demandante no lo facultaba “para dar inicio al proceso ejecutivo y la solicitud de expedición de copias”, por lo que no contaba con la facultad de recibir los dineros producto del fallo condenatorio emitido por el Tribunal Administrativo de Santander. Agregó que la entidad obró en debida forma, porque la acreedora titular de la condena era la se ñora Enna Lucena Esp inosa Arenas; luego el pago podía realizarse a ella, conforme a lo dispuesto en el artículo 1634 del Código Civil.

En relación con la responsabilidad endilgada a la Rama Judicial , se indicó que

Arenas; luego el pago podía realizarse a ella, conforme a lo dispuesto en el artículo 1634 del Código Civil.

En relación con la responsabilidad endilgada a la Rama Judicial , se indicó que según lo establecido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de

5 Se trajeron a colación las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, de 13 de julio de 1993, exp. 8 163; de 10 de marzo de 2011, exp. 17738; de 8 de a bril de 1998, exp. 11837; de 3 de febrero de 2000, exp. 14787; de 30 de noviembre de 2006, exp. 14880; de 28 de f ebrero de 2019, exp. 44673, y la sentencia de la Corte ConstitucionalC-037 de 1996.Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00120-00 (68499)

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9 13 de septiembre de 2019, exp. 46077, el primer elemento que debe ser abordado es el dañ o, y solo ante su acreditación, procede el estudio de la imputación al Estado. Seguidamente, se indicó que aparecía configurado el daño alegado por el demandante, en virtud del no pago de los honorarios pactados en el convenio de prestación de servicios suscrito con la señora Enna Lucena Espinosa, equivalentes al 30% del valor de las pretensiones del pro ceso adelantado ante la jurisdicción contencioso administrativa, mandato que aparecía acreditado con el poder aportado

prestación de servicios suscrito con la señora Enna Lucena Espinosa, equivalentes al 30% del valor de las pretensiones del pro ceso adelantado ante la jurisdicción contencioso administrativa, mandato que aparecía acreditado con el poder aportado al proceso. Se aclaró que el citado poder no había facultado al representante judicial para adelantar “proceso ejecutivo respecto de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Santander”.

Luego de hacer alusión a las pruebas aportadas en el proceso ejecutivo iniciado para el pago de la condena, y las decisiones proferidas en ese litigio, en primera y segunda instancia, se coligió que los fallos cuestionados se encontraban conforme a derecho, toda vez que “la conducta deprecada como generadora del daño no está en cabeza de la administración, sino en la omisión del abogado demandante al no demostrar cabalmente los pr esupuestos para l a co nformación del t ítulo que efectivamente prestaría el m érito ejecutivo que p retendía”. Se puntualizó que los documentos allegados con la demanda ejecutiva no generaban certeza frente al incumplimiento de la ejecutada ni la satisfacción de las obligaciones a cargo del ejecutante que condicionaban el pago de honorarios a su favor, pues del contenido del contra to allegado no se evidenciaban cuáles actividades de bía realizar el abogado para hacer efectiva la contraprestación pactada; luego, no se había logrado evidenciar la exigibilidad de las obligaciones pretendidas.

Se sostuvo, así, que “sería erróneo afirmar que a la parte actora se le menoscabó el derecho al acceso a la administración de justicia como aduce, puesto que efectivamente instauró el proceso ejecutivo que consideró prudente iniciar, situación

Se sostuvo, así, que “sería erróneo afirmar que a la parte actora se le menoscabó el derecho al acceso a la administración de justicia como aduce, puesto que efectivamente instauró el proceso ejecutivo que consideró prudente iniciar, situación diferente es que la decisión proferida no haya sido beneficios a respecto de sus pretensiones”.

Frente a la omisión imputada al Tribunal Administrativo de Santander, por no expedir los documentos que el accionante solicitó, se indicó que el abogado pudo recurrir a otros medios probatorios para acreditar su concurrencia y actuaciones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, como facturas, cuentas de cobro o correos electrónico, “sin que considere que por esta actuación se conf iguró elRadicación número: 11001-03-26-000-2022-00120-00 (68499)

Actor: Ignacio Andrés Bohórquez Borda Demandado: Departamento de Santander-Contraloría General de Santander Referencia: Recurso extraordinario de revisión

10 daño descrito en la demanda”; además, el poder conferido al togado se limitaba al proceso que terminó con sentencia de segunda instancia, de modo que no contaba con mandato para solicitar , posteriormente, la expedición de los documentos referidos.

Se concluyó, as í, que no aparec ía demostrado que las demanda das hubieran generado el daño antij urídico alegado por el demandante , por lo que p rocedía confirmar la sentencia recurrida.

No se condenó en costas, po r no ha berse demostrado temeridad o mala fe en la interposición del recurso de apelación.

confirmar la sentencia recurrida.

No se condenó en costas, po r no ha berse demostrado temeridad o mala fe en la interposición del recurso de apelación.

La sentencia se notificó el 14 de enero de 2020. La parte actora solicitó adicionar y/o aclarar la sentencia, en punto a exponer el fundamento de la tesis según la cual no hay lugar a imponer condena en costas cuando no se advierte temeridad o mala fe. En proveído de 14 de mayo de 2021 se negó la solicitud de aclaración y adición, por cuanto no existían conceptos dudosos ni se omitió pronunciamiento alguno.

2. El recurso extraordinario de revisión

2.1. Demanda

El 19 de mayo de 2022, el abogado Ignacio Andrés Bohórquez Borda interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia de 16 de diciembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en el proceso de reparación directa radicado bajo el número 68001-33-33-001-2013-00428-00.

El recurso extraordinario se fundó en la c ausal 5ª del art ículo 250 del C PACA, referida a la “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

En un extenso relato, se acus ó a la providencia materia de revisión de haber vulnerado el derecho a l debido pro ceso del accionante, entre otras razones, “por desconocer el valor probatorio de lo acreditado para la prosperidad de la reparación directa” respecto a la Rama Judici al, por cuanto “el juez laboral se

vulnerado el derecho a l debido pro ceso del accionante, entre otras razones, “por desconocer el valor probatorio de lo acreditado para la prosperidad de la reparación directa” respecto a la Rama Judici al, por cuanto “el juez laboral se inventó requisitos que no prevé la ley para a cceder a l a justicia restring iendoRadicación número: 11001-03-26-000-2022-00120-00 (68499)

Actor: Ignacio Andrés Bohórquez Borda Demandado: Departamento de Santander-Contraloría General de Santander Referencia: Recurso extraordinario de revisión

11 indebidamente el ejercicio de la acción ejecutiva”; ad emás, el tribunal “omitió expedir y librar los documentos a que estaba obliga do por la solicitud que se le hizo en procura de satisfacer los requerimientos del juzgador laboral”.

El recurrente es grimió que la sentencia acusada había hecho cas o omiso a actuaciones irregulares en las que incurrió la justicia laboral, por cuanto:

• Se consider ó que había carencia absoluta de empoderamiento respecto del cobro, sin tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 70, incisos segundo y quinto

del Código de Procedimiento Civil.

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