CE - 012331000199508385011SENTENCIASENTENCIA20230424113454

Radicado: 41001-23-31-000-1995-08385-01 (38206)

Demandante: Consultoría Colombia S.A. y otro

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado número: Demandantes:

Demandados: Referencia: 41001-23-31-000-1995-08385-01 (38206)

Consultoría Colombiana S.A. y Consultores Regionales Asociados Ltda. Instituto Colombiano de Energía Eléctrica; Electrificadora del Huila S.A.; y Central Hidroeléctrica de Betania S.A. Acción de controversia contractuales

Tema: Responsabilidad precontractual.

Subtema 1: Incumplimiento de a obligación de suscribir un contrato. Subtema 2: Concurso privado oe méritos regido por el Decreto 222 de 1983. Subtema 3: Reiteración jurisprudencial del valor probatorio de las copias simples. Subtema 4: Caducidad de la acción de reparación directa. Subtema 5. El daño resarcible o indemnizable en la responsabilidad precontractual. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por E I Tribunal Administrativo del Huila, el 10 de noviembre de 2009, en la que declaró probada la caducidad de la acción de reparación directa y, subsecuentemente, se inhibió para resolver el fondo del asunto.

I. SÍNTESIS DEL CASO

2009, en la que declaró probada la caducidad de la acción de reparación directa y, subsecuentemente, se inhibió para resolver el fondo del asunto.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 22 de junio de 1984, el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL) abrió un concurso privado de méritos —en vigencia del Decreto 222 de 1983— para contratar los estudios de factibilidad del proyecto hidroeléctrico del Quimbo. En desarrollo del concurso, se presentaron cuatro propuestas, ubicándose la del consorcio integrado por las sociedades accionentes en el primer orden de elegibilidad, lo que les otorgó derecho a negociar la oferta económica. No obstante, el ICEL aplazó la negociación, debido a que el sector eléctrico del país estaba atravesando una crisis financiera, por lo que solo fue hasta el 26 de agosto de 1988 que la reanudó, citando al interesado a diversas reuniones.

El 27 de junio de 1989, luego de que las partes llegaran a un acuerdo sobre el precio del contrato en ciernes, la junta directiva del ICEL autorizó al director para suscribirlo, pero condicionó dicho actuar a la consecución de las apropiaciones necesarias para su financiamiento. Sin embargo, durante el trámite de las gestiones de financiación, el ICEL entró en proceso de restructuración, viéndose obligado a transferir, mediante el convenio administrativo 181 de 1992, el proyecto y los aportes correspondientes a la Electrificadora del Huila S.A., para que continuara con su ejecución, estipulándose en el convenio que se respetaría el orden de elegibilidad aprobado años atrás. El 8 de marzo de 1993, los interesados en la ejecución de los estudios mencionados

en el convenio que se respetaría el orden de elegibilidad aprobado años atrás. El 8 de marzo de 1993, los interesados en la ejecución de los estudios mencionados celebraron una reunión, en la que decidieron: (i) que el entonces ministro de Minas y Energía consultara a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la Republica "si se encuentra vigente la selección de la firma declarada elegible por el ICEL en 1985 conforme las normal de contratación y si, entonces, se le debe adjudicar los estudios de factibilidad"; y (ii) que el proceso de selección lo adelantaría la CentralRadicado: 41001-23-31-000-1995-08385-01 (38206) Demandante: Consultoría Colombia S.A. y otro Hidroeléctrica de Betania S.A. (CHB), "siempre y cuando el convenio firmado con ICEL para la administración de los recursos de la Nación lo permita". El 5 de mayo de 1995, el gerente de la CHB, apoyándose en el concepto rendido por el secretario jurídico de la Presidencia, decidió no continuar con el proceso de selección previamente adelantado por el ICEL y abrir un nuevo concurso de méritos —esta vez público y regido por la Ley 80 de 1993— para contratar los estudios de factibilidad del proyecto hidroeléctrico del Quimbo. Este huevo proceso culminó con la adjudicación del contrato a un consorcio diferente al conformado por los actores.

II. ANTECEDENTES 2.1. El veintiséis (26) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995) 1 , Consultoría Colombiana S.A. y Consultores Regionales Asociados Ltda. presentaron demanda en ejercicio de la acción de controversias Contractuales, en contra del

2.1. El veintiséis (26) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995) 1 , Consultoría Colombiana S.A. y Consultores Regionales Asociados Ltda. presentaron demanda en ejercicio de la acción de controversias Contractuales, en contra del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (en adelante', "ICEL''), la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. (en lo sucesivo, "Electrohuila") y la Central Hidroeléctrica de Betania S.A. (en adelante, "CHB"), con las pretensiones que, por lo relevantes para un análisis posterior, se pasan a transcribir: «PRIMERA.- Se declare que [las entidades demandadas] incumplieron la obligación de celebrar con [los accionantes] el qontrato para la realización de los estudios de factibilidad técnica del proyectó "El Quimbo". SEGUNDA.- Que, como consecuencia de lo anterior, [las entidades demandadas] son solidariamente responsables de indemnizar a [los accionantes] los perjuicios de toda naturaleza que, con dicho incumplimiento, les han causado, y que se les condene al pago correspondiente, incluyendo el daño emergente y los intereses moratorios a la tasa más alta legamente permitida [. ..]. PRIMERA SUBSIDIARIA A LA PETICIÓN SEGUNDA.- Que se condene a las demandadas al pago de la indemnización correspondiente por concepto del daño emergente junto con la corrección rmonetaria y el costo de oportunidad desde cuando se causó el perjuicio hasta la fecha de la indemnización efectiva. SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA PETICIÓN SEGUNDA.- Que se condene a las demandadas al pago de la indemnización correspondiente por concepto

oportunidad desde cuando se causó el perjuicio hasta la fecha de la indemnización efectiva. SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA PETICIÓN SEGUNDA.- Que se condene a las demandadas al pago de la indemnización correspondiente por concepto del daño emergente junto con la corrección monetaria e intereses bancarios corrientes [...1. TERCERA.- Que se actualice el valor del daño emergente, determinado de acuerdo con la pretensión anterior, teniendo en cuenta la variación del IPC o al por mayor. CUARTA.- Que para efectos de la condena solicitada en la petición segunda, el daño emergente se valore por las sumas que las demandantes hubieran recibido como rendimientos normales derivados de la ejecución de los estudios de factibilidad técnica del proyecto "Él Quimbo", conforme a los términos de referencia del concurso de méritos DECP-002-084 abierto por ICEL y a las propuestas técnicas y económicas presentadas por las sociedades demandantes dentro de dicho concurso, incluyendo las sumas 1 Folios 4 a 105 del cuaderno 1. 2Radicado: 41001-23-31-000-1995-08385-01 (38206) Demandante: Consultoría Colombia S.A. y otro por concepto de utilidades u honorarios y aquellos otros ingresos que conforme a su propuesta habrían destinado dichas empresas a la amortización de costos fijos. QUINTA.- Que para los efectos de la condena solicitada en la petición segunda, el lucro cesante se valore por el costo financiero o costo de oportunidad derivado del daño emergente durante el periodo comprendido entre la época de causación del daño emergente y la fecha de su indemnización efectiva, para lo cual, a falta de mejor prueba específica, se

oportunidad derivado del daño emergente durante el periodo comprendido entre la época de causación del daño emergente y la fecha de su indemnización efectiva, para lo cual, a falta de mejor prueba específica, se deberá aplicar la tasa del interés bancario corriente. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA PETICIÓN QUINTA.- Que para los efectos de la condena solicitada en la petición segunda, el lucro cesante se valore mediante la aplicación, sobre el valor del daño emergente actualizado y para el periodo comprendido entre la época de su causación y la fecha de su pago efectivo, de la tasa de interés que el Tribunal determine como aquella que compensa plenamente el perjuicio consistente en no haber recibido en la oportunidad prevista los ingresos provenientes de la ejecución del contrato y, consecuentemente, en no haberle podido dar a ese dinero una destinación productiva. SEXTA.- Que se condene a las entidades demandadas al pago de las cifras que se decreten [...) por concepto de costas judiciales». 2.2. El 29 de febrero de 1996 2 , el Tribunal admitió la demanda y, luego, notificó el auto admisorio en debida forma 3 . 2.3. Dentro del término de fijación en lista, la CHB 4 , Electrohuila 5 y el ICEL 6 contestaron la demanda, con oposición a todas las pretensiones en ella formuladas. Como argumentos defensivos, adujeron, grosso modo, que el proceso de selección adelantado por el ICEL bajo la modalidad de concurso privado de méritos (regulado por los Decretos 222 y 1522 de 1983) no culminó con la adjudicación material del contrato, pues en este solo se adoptó un orden de elegibilidad sin que se acordaran

por los Decretos 222 y 1522 de 1983) no culminó con la adjudicación material del contrato, pues en este solo se adoptó un orden de elegibilidad sin que se acordaran las condiciones económicas, por lo que la entidad que terminó dirigiendo el proceso contractual, CHB, no estaba obligada a respetar el orden de elegibilidad mencionado y mucho menos a suscribir con los accionantes el negocio proyectado. Además, las últimas dos codemandadas propusieron como excepciones previas: (i) la caducidad de la acción, (ii) la indebida escogencia de la acción o la improcedencia de la acción incoada; y (iii) la falta de legitimación en la causa por activa. 2.4. El 19 de marzo de 1999 7 , la autoridad judicial de primera instancia abrió a pruebas el proceso, y una vez concluida la etapa probatoria, que se prorrogó por aproximadamente nueve años, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de fondo 8 . 2.5. Dentro del término de traslado, Electrohuila 5 y la parte actora" alegaron de conclusión, con reiteración de lo argumentado en oportunidades anteriores. Los demás sujetos procesales y el Ministerio Público guardaron silencio. 2 Folio 257 del cuaderno 1. 3 Folios 300 y 389 del cuaderno 1. 4 Folios 390 a 408 del cuaderno 1. 5 Folios 1 a 166 del cuaderno 2. Folios 217 a 224 del cuaderno 2. Folios 420 a 421 y 438 a 440 del cuaderno 1. Folio 325 del cuaderno 3.

5 Folios 1 a 166 del cuaderno 2. Folios 217 a 224 del cuaderno 2. Folios 420 a 421 y 438 a 440 del cuaderno 1. Folio 325 del cuaderno 3. 9 Folios 326 a 333 del cuaderno 3.Radicado: 41001‘23-31-000-1995-08385-01 (38206) Demandante: Consultoría Colombia S.A. y otro 2.6. El 10 de noviembre de 2009 11 , el Tribunal dictó fallo de primera instancia en el que resolvió: (i) declarar no probada la excepción de "indebida escogencia de la acción o improcedencia de la acción incoada"; (ii) declarar probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa y, en consecuencia, inhibirse para fallar de mérito las pretensiones formuladas. Como fundamento de sus decisiones juzgó: 2.6.1. En primer lugar, que el concurso privado de méritos adelantado por el ICEL y regido por los Decreto 222 y 1522 de 1983 "no concluyó pues faltó su adjudicación al proponente que ocupo el primer lugar, aun cuando se hubiese autorizado su contratación, la cual se supeditó a la consecución de recursos para el financiamiento de los estudios de factibilidad para el proyecto del Quimbo". En tales condiciones, estimó que la responsabilidad que los actores le pretenden imputar a los entes demandados no es de naturaleza contractual sino extracontractual, toda vez que esta se origina en "el incumplimiento de la obligación de celebrar el contrato proyectada sin que exista un acto administrativo cuya validez se pueda atacar". Por:tanto, la acción procedente

sino extracontractual, toda vez que esta se origina en "el incumplimiento de la obligación de celebrar el contrato proyectada sin que exista un acto administrativo cuya validez se pueda atacar". Por:tanto, la acción procedente es la de reparación directa, y como el petitum incluido en el libelo introductorio va encaminado a reclamar perjuicios bajo esa égida, la excepción formulada por indebida escogencia de la acción no está llamada a prosperar, aun cuando se hubiera invocado la de controversias contractuales. 2.6.2. En segundo lugar, que "el hecho del cual se deriva la responsabilidad es la omisión por parte de la entidad convocará , del concurso privado de adjudicarlo al oferente que ocupó el primer lugar [.. .], de acuerdo al orden de elegibilidad señalado en la Resolución 1244 del 6 de septiembre de 1984"; omisión que —afirmó— se produjo el 30 de noviembre de 1988, fecha en la que se remitió al gerente del ICEL los acuerdos económicos logrados con el consorcio elegido técnicamente para su aprobación, sin que este hubiere tomado la decisión de adjudicar el contrato. Así las cosas, concluyó que "es a partir de dicha fecha que se contabiliza el término de caducidad de dos años para instaurar la acción de reparación directa [...], siendo ello así, al haberse interpuesto la acción de reparación directa solo hasta el 26 de octubre de 1995 [...], la caducidad operó en el asunto que se examina". 2.7. El 24 de noviembre de 2009 12 , la parte actora recurrió la sentencia precitada, con el propósito de que fuera revocada y, en su lugar, se despachen favorablemente

2.7. El 24 de noviembre de 2009 12 , la parte actora recurrió la sentencia precitada, con el propósito de que fuera revocada y, en su lugar, se despachen favorablemente las pretensiones de la demanda. Como argumentos de aliada expuso: 2.7.1. En primer término, que el a quo erró en la 'aplicación y cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa, pues existieron actuaciones posteriores a la remisión de los acuerdos económicos al gerente del ICEL que tenían la virtualidad de mantener en el consorcio la convicción de que el negocio jurídico proyectado se celebraría; convicción que fue destruida el 18 de noviembre de 1994, cuando se abrió un nuevo' proceso de selección para adjudicar el mismo contrato, siendo el día siguiente el momento a partir del cual debe contarse el término de caducidad. 2.7.2. En segundo término, que el Tribunal incurrió en indebida apreciación probatoria, al no valorar todos los medios de convicción obrantes en el expediente, excusado en que la mayoría de estos fueron allegados en copia simple, proceder que —a su juicio— contraría lo decidido por el mismo 1 ° Folios 334 a 382 del cuaderno 3. 11 Folios 872 a 908 del cuaderno principal. 12 Folios 421 y 432 a 445 del cuaderno principal. 4Radicado: 41001-23-31-0004995-08385-01 (38206) Demandante: Consultoría Colombia SA. y otro juzgador en el auto de pruebas del 19 de marzo de 1999, en el que se dispuso 'tener como pruebas los documentos acompáñalos a la demanda y al escrito de contestación, así como las incorporadas en el curso del proceso".

juzgador en el auto de pruebas del 19 de marzo de 1999, en el que se dispuso 'tener como pruebas los documentos acompáñalos a la demanda y al escrito de contestación, así como las incorporadas en el curso del proceso". En tales condiciones, aseveró que una apreciación conjunta y armónica de todo el materia probatorio permite tener por demostrado que "durante doce años la parte demandada alimentó las expectativas del consorcio [conformado por los actores] de celebrar el contrato que legítimamente tenía derecho a suscribir y ejecutar, por haber sido calificado en el primer lugar del orden de elegibilidad dentro del concurso privado de méritos adelantado por la administración y haber convenido con el ICEL el precio total y definitivo del contrato. No obstante, el 9 de septiembre de 1994 la CHB optó por abrir un nuevo proceso de selección para adjudicar el mismo contrato para el que ya se había escogido como contratista al consorcio mencionado [...1". Este proceder —afirma— no solo fue arbitrario e ilegal, sino que compromete la responsabilidad de las demandadas, dando paso a la obligación de reparar integralmente a las sociedades actoras. 2.8. El 23 de abril de 2010 13 , esta Corporación admitió el recurso formulado y luego, el 11 de abril de 2016 14 , corrió traslado a las partes y al Ministerio Público, para que aquellas alegaran y este conceptuara en esta instancia. 2.9. Dentro del término de traslado, el ICEL (ahora, "IPSE") 15 , la CHB (ahora, "Emgesa S.A. E.S.P.") 16 , y la parte accionantel 7 presentaron alegatos fi nales. Los

2.9. Dentro del término de traslado, el ICEL (ahora, "IPSE") 15 , la CHB (ahora, "Emgesa S.A. E.S.P.") 16 , y la parte accionantel 7 presentaron alegatos fi nales. Los dos primeros con solicitud de confirmación del fallo recurrido, al estar conformes con los argumentos allí expuestos. El ultimo, con petición de revocatoria, al reiterar y complementar los argumentos expuestos en alzada. El Ministerio público guardó silencio.

III. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PROCESO DE SELECCIÓN BAJO ANÁLISIS Y PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER 3.1. Sea lo primero precisar que el concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo (contrato de consultoría) fue iniciado y adelantado por el ICEL, organismo que, para la época de los hechos, se constituía como un establecimiento público adscrito al Ministerio de Obras Públicas". Así pues, atendiendo a la naturaleza jurídica del convocante, el régimen normativo aplicable al concurso referido era el contenido en el Decreto 222 de 1983, que en su artículo 1° establecía que los contratos que celebre o pretendan celebrar los Establecimientos Públicos se someterían a las reglas contenidas en ese estatuto contractual. 3.1.1. En tales condiciones, se observa que el artículo 39 del Decreto 222 de 1983 disponía que los contratos de consultoría de cuantía igual o superior a $5.000.000 debían adjudicarse mediante concurso de méritos. Esta modalidad de contratación

disponía que los contratos de consultoría de cuantía igual o superior a $5.000.000 debían adjudicarse mediante concurso de méritos. Esta modalidad de contratación consistía en "la invitación pública o privada, según lo determine el reglamento, para 13 Folio 447 del cuaderno principal. 14 Folio 616 del cuaderno principal. 15 Folios 619 a 622 del cuaderno principal. 16 Folios 623 a 624 del cuaderno principal. 17 Folios 625 a 642 del cuaderno principal. 18 DECRETO 3175 de 1968. 'Artículo 1°. A partir de la vigencia del presente Decreto, el Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, creado por la Ley 80 de 1946, se denominará Instituto Colombiano de Energía Eléctrica Continuaré funcionando como establecimiento público, esto es, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, y adscrito al Ministerio de Obras Públicas [...]". "Artículo 2. El Instituto, como organismo rector de la actividad en el sector de energía eléctrica, tendrá por objeto procurar la satisfa ación de las necesidades de este servicio en el país [. . .1". 5Radicado: 41001-23-31-000-1995-08385-01 (38206) Demandante: Consultoría Colombia S.A. y otro formular propuestas y deberá ser adjudicado al proponente inscrito que demuestre estar mejor calificado, ponderando además su capacidad técnica, experiencia y organización para el servicio profesional de que se tráte y teniendo en cuenta la equitativa distribución de los negocios". Aparte, el artículo 40 ejusdem establecía que los concursos públicos o privados de

estar mejor calificado, ponderando además su capacidad técnica, experiencia y organización para el servicio profesional de que se tráte y teniendo en cuenta la equitativa distribución de los negocios". Aparte, el artículo 40 ejusdem establecía que los concursos públicos o privados de méritos se podían declarar desiertos en los mismos casos previstos por la ley para declarar desiertas las licitaciones 19 ; evento en el cual podía adjudicarse directamente el respectivo contrato, siempre y cuando ya hubiera sido declarado desierto por dos veces consecutivas, por razones ajenas a la entidad proMotora o contratante. Por lo tanto, se concluía que "las normas sobre licitación serán aplicables a los concursos, en cuanto no pugnen con lo dispuesto en este artículo". 3.1.2. En consonancia con lo anterior, el Decreto reglarpentario 1522 de 1983 fijó, entre otros aspectos, las bases y el procedimiento para adelantar y participar en los concursos de méritos. Así, su artículo 26 definía el concurso privado de méritos como "una convocatoria privada, dirigida a proponentes iúscritos, clasificados en una o varias especialidades, para formular propuestas relativas a la ejecución de un contrato de consultoría, o de obras por administración delegada o reembolso de gastos [...]". Por su parte, el artículo 27 disponía que los proponente invitados a la convocatoria privada podían presentarse "en forma individual o en consorcio formado por dos o más proponentes [...F. En cuanto a las bases del concurso, el artículo 28 del mencionado Decreto 1522 de 1983 precisaba que estas debían contener: (i) los términos de referencia en los que se defina el objeto y alcance de cada uno de los aspectos que deben cubrir el

En cuanto a las bases del concurso, el artículo 28 del mencionado Decreto 1522 de 1983 precisaba que estas debían contener: (i) los términos de referencia en los que se defina el objeto y alcance de cada uno de los aspectos que deben cubrir el estudio o las obras; (ii) la información que debe presentarse en las propuestas técnica y económicas; (iii) el número mínimo de propuestas que se requerirán para no declarar desierto el concurso; y (1v) las bases de metodología de calificación de las propuestas técnicas, indicando el puntaje de calificación que se distribuirá. Bajo estas previsiones, el artículo 29 del Decreto 1522 de 1983 determinaba que todos los oferentes debían presentar en sobres separados tanto la propuesta técnica como la económica. Lo anterior, según los artículos 30 y 31, con el propósito de que: (1) un comité técnico evaluara todas las propuestas técnicas y estableciera un orden de elegibilidad, que debía ser aprobado por el jefe de la entidad convocante, mediante resolución motivada; y (ii) después de la aprobación del orden de elegibilidad, el jefe de la entidad convocante y el oferente seleccionado iniciarían la respectiva negociación económica, de acuerdo con los términos consignados en la oferta económica, por lo que "en caso de no llegarse a un acuerdo, se continúe la negociación siguiendo el orden de elegibilidad establecido en el concurso". Además, el artículo 32 establecía la posibilidad de que la administración declarara desierto el concurso privado de méritos, cuando "no fuere posible el acuerdo económico con alguno de los proponentes" o "se encontrara que en la tramitación del mismo se cometieron irregularidades".

concurso privado de méritos, cuando "no fuere posible el acuerdo económico con alguno de los proponentes" o "se encontrara que en la tramitación del mismo se cometieron irregularidades". En contraste, el artículo 36 y 37 del Decreto 1522 de 1983 prescribía que, una vez logrado el acuerdo económico, se adjudicaría el contrato de consultoría o de obras 19 DECRETO 222 de 1983. "Articulo 42. El jefe del organismo respectivd declarará desierta la licitación o el concurso de méritos: II 1. Cuando no se presente el número minimo de participantes que se haya determinado en el pliego o invitación. II 2. Cuando el procedimiento se hubiere adelantado con pretermisión de alguno de los requisitos previstos en este estatuto o en sus normas reglamentarias. II 3. Cuando ninguna de las propuestas se ajustare al pliego de condiciones o a la invitación. II 4. Cuando se hubiere violado la reserva de las mismas de manera ostensible y antes del cierre de la licitación o concurso. II 5 Cuando, a su juicio, las diferentes propuestas se consideren inconvenientes para la entidad contratante. II En los casos previstos en los numerales 1, 2, 3 y 4 de este articulo, la declaratoria deberá hacerse mediante resolución motivada".Radicado: 41001-2341-000-1995-08385-01 (38206) Demandante: Consultoría Colombia S.A. y otro mediante providencia motivada del jefe de la entidad convocante y se devolverían los sobres de las propuestas económicas, debidamente selladas, a los proponentes no seleccionados. 3.2. Esclarecido lo anterior y de conformidad con los fundamentos de la sentencia de

sobres de las propuestas económicas, debidamente selladas, a los proponentes no seleccionados. 3.2. Esclarecido lo anterior y de conformidad con los fundamentos de la sentencia de primer grado y los cargos del recurso de apelación, la Sala se plantea los siguientes interrogantes: 3.2.1. ¿La caducidad de la acción de reparación directa, por pretensiones de responsabilidad precontractual derivadas de una eventual omisión de suscribir un contrato de consultoría cuyo proceso de selección se adelantó bajo un concurso privado de méritos regido por los Decretos 222 y 1522 de 1983, debe contarse a partir del momento en que se abrió una nueva licitación pública con objeto análogo porque anteriormente subsistía la expectativa de contratar? Si la respuesta a este cuestionamiento se revelare afirmativa, será necesario abordar el estudio del siguiente problema: 3.2.2. ¿Se ocasionó a las sociedades accionantes, cuya propuesta técnica fue seleccionada en el primer orden de elegibilidad dentro de un concurso privado de méritos regido por los Decretos 222 y 1522 de 1983, un daño resarcible por la no suscripción del contrato objeto del concurso?

IV. HECHOS PROBADOS

41. Los documentos allegados al expediente en copia simple y que, como lo resaltó el recurrente 2 °, no fueron tenido en cuenta por el Tribunal a quo, serán valorados en esta instancia, de conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera, toda vez que estas obraron a lo largo del proceso, sin que fueran tachadas de falsas, ni su validez fuera controvertida 21 . 4.2. Bajo tales previsiones, se procederá a revelar los hechos que se consideran

Sección Tercera, toda vez que estas obraron a lo largo del proceso, sin que fueran tachadas de falsas, ni su validez fuera controvertida 21 . 4.2. Bajo tales previsiones, se procederá a revelar los hechos que se consideran relevantes para dar respuesta a los interrogantes formulados en el acápite anterior y que se encuentran plenamente demostrados: 22 Apartado 2.4.2. 21 "En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos. II Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas. II El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los Decretos leyes 1400 y 2019 de 1970. II En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo

aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.). II Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutica de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad'. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25022. 7Radicado: 41001-23-31-000-1995-08385-01 (38208) Demandante: Consultoría Colombia S.A. y otro 4.2.1. El 12 de noviembre de 1982 22 , el ICEL, Electrohuila y el departamento del Huila, suscribieron un convenio, con el objeto de "establecer las bases conforme

Demandante: Consultoría Colombia S.A. y otro 4.2.1. El 12 de noviembre de 1982 22 , el ICEL, Electrohuila y el departamento del Huila, susc