CE - 012331000200800630031SENTENCIA20231031120707

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 76001-23-31-000-2008-00630-03

Referencia: Nulidad

Demandante: Hernando Morales Plaza

Demandado: Contraloría Departamental del Valle del Cauca

Tema: Procedimiento administrativo sancionatorio de la Contraloría departamental del Valle del Cauca – Competencia residual y reglamentaria de las contralorías regionales para adoptar esta clase de procedimientos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor Hernando Morales Plaza, parte demandante, contra la sentencia de 30 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

I.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 de l Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, el señor Hernando Morales Plaza instauró demanda de nulidad contra la Resolución 100.28.02.011 de 22 de septiembre de 2005 “Por la cual se modifica el procedimiento administrativo sancionatorio en la Co ntraloría departamental del Valle del Cauca”, expedida por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca con el fin de que se efectúe la

septiembre de 2005 “Por la cual se modifica el procedimiento administrativo sancionatorio en la Co ntraloría departamental del Valle del Cauca”, expedida por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca con el fin de que se efectúe la siguiente declaración1:

“Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito al Honorable Tribunal Administrativo, DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 100.28.02.011 de Septiembre 22 de 2005, “Por la cual se modifica el procedimiento administrativo sancionatorio en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca”.

1 Folios 9 a 17 del Cuaderno 1. Cabe destacar que el presente expediente físico se encuentra digitalizado en la Sede Electrónica SAMAI: 76001233100020080063003. Índice 12.Radicación: 76001-2331-000-2008-00630-03

Demandante: Hernando Morales Plaza

2 I.1.2. Principal hecho relevante

2. Como principal hecho relevante de la demanda, el actor relató que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 268, numeral 5°, de la Constitución Política, y en los artículos 99 a 102 de la Ley 42 de 26 de enero de 19932 expidió la Resolución 100.28.02.011 de 22 de septiembre de 2005 “Por la cual se modifica el procedimiento administrativo sancionatorio en la Contraloría departamental del Valle del Cauca”.

I.1.3. Las normas violadas y el concepto de la violación

septiembre de 2005 “Por la cual se modifica el procedimiento administrativo sancionatorio en la Contraloría departamental del Valle del Cauca”.

I.1.3. Las normas violadas y el concepto de la violación

3. El actor invocó como vulneradas las siguientes normas: los artículos 29, 150

(numeral 13), 189 (numeral 11), 267 y siguientes de la Constitución Política. Igualmente, a lo largo de la demanda hizo referencia a los artículos 1°, 2°, 3°, 14, 15, 28, 35 , 46 y 49 del Código Contencioso Administrativo y; al artículo 3° de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. El concepto de la violación se resume en el siguiente sentido:

4. Bajo el título de “excepción de inconstitucionalidad”, explicó que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, al expedir la Resolución 100.28.02.011 de 22 de septiembre de 2005 creó nuevas causales para la imposición de la sanción de multa distintas de las previstas en la Ley 42 de 26 de enero de 1993.

5. Adicionalmente, consideró que la entidad demandada reguló un procedimiento administrativo sancionador el cual ya se encuentra previsto en el Código Contencioso Administrativo, desconociendo que , por expreso mandato constitucional dichas materias deben ser desarrolladas por el Congreso de la República. Agregó que “(…) en gracia de discusión, podía tratarse de una reglamentación, figura que igualmente solo le es dado al Presidente de la República conforme lo establece el Numeral 11 del Artículo 189 de la Constitución

Política”.

República. Agregó que “(…) en gracia de discusión, podía tratarse de una reglamentación, figura que igualmente solo le es dado al Presidente de la República conforme lo establece el Numeral 11 del Artículo 189 de la Constitución Política”.

6. Transcribió el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo, canon normativo que señala que las normas contenidas en la primera parte de la citada codificación se aplicar án, entre otras entidades, a la Contraloría General de la República y a las contralorías regionales.

7. Destacó que el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo prevé el deber de comunicación a los interesados de la existencia de la actuación adminis trativa, con el fin de que el administrado haga uso del derecho de defensa y de contradicción y puso de relieve que en dichas actuaciones se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 14 (citación del interesado); 34

(oportunidad para presen tar pruebas) y 35 (presupuestos para la adopción de decisiones). Además, explicó que a la luz del artículo 3 ° de la citada codificación

2 “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”.Radicación: 76001-2331-000-2008-00630-03

Demandante: Hernando Morales Plaza

3 se debe garantizar el derecho de contradicción y, adicionalmente, el artículo 49 ibidem reconoce el derecho de impugnar las decisiones de la administración a través de los mecanismos ordinarios y extraordinarios dispuestos por el ordenamiento jurídico para el efecto.

8. Finalmente indicó que el debido proceso previsto en el artículo 29 de la

través de los mecanismos ordinarios y extraordinarios dispuestos por el ordenamiento jurídico para el efecto.

8. Finalmente indicó que el debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, en concord ancia con el artículo 3° de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia , es una garantía que resulta aplicable tanto en las actuaciones judiciales como en las administrativas.

I.2. Posición de las entidades demandadas

I.2.1. Contestación del Departamento del Valle del Cauca

9. El Departamento del Valle del Cauca, vinculado al presente proceso como parte demandada3, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva pues, en su sentir, la Contraloría Departamental del Vall e del Cauca, en su calidad de entidad dotada de autonomía administrativa y presupuestal es quien debe comparecer en defensa de la legalidad del acto acusado.

I.2.2. Contestación de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca

10. La Contraloría Departame ntal del Valle del Cauca, por conducto de apoderado judicial contestó la demanda argumentando4, en síntesis, lo siguiente:

11. Precisó que no era cierto que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, al expedir la Resolución 100.28.02.011 de 22 de sept iembre de 2005, hubiera establecido nuevas causales para la imposición de la sanción de multa y mucho menos que se hubiese regulado un procedimiento sancionatorio distinto del previsto en el Código Contencioso Administrativo.

12. Manifestó que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca expidió la

menos que se hubiese regulado un procedimiento sancionatorio distinto del previsto en el Código Contencioso Administrativo.

12. Manifestó que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca expidió la resolución enjuiciada en ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 268, numeral 5 ° y 272 de la Constitución Política, y por ello, los contralores territoriales pueden dictar normas en materia de control fiscal en ejercicio de la potestad reglamentaria de tipo subsidiario y residual dentro del ámbito de su jurisdicción, siempre y cuando no resulten contrarias a las previsiones de la Ley 42 de 1993 . En apoyo de lo anterior, citó un pronunciamient o judicial emanado por esta Jurisdicción que apunta en esa dirección . (Sentencia de 13 de diciembre de

20015).

3 Mediante auto 231 de 16 de junio de 2009, el magistrado encargado de la sustanciación del proceso en la primera instancia ordenó vincular al Departamento del Valle del Cauca y a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. 4 Folios 73 a 85 del Cuaderno 2. 5 La sentencia que se cita es: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de diciembre de 2001, radicado: 19001 -23-31-000-1999-2061-01 (7242), MP: Olga Inés

Navarrete Barrero.Radicación: 76001-2331-000-2008-00630-03

Demandante: Hernando Morales Plaza

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13. Propuso la excepción de “sustracción de materia” tras considerar que la Resolución 100.28.02.011 de 22 de septiembre de 2005 , fue derogada por l a

Demandante: Hernando Morales Plaza

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13. Propuso la excepción de “sustracción de materia” tras considerar que la Resolución 100.28.02.011 de 22 de septiembre de 2005 , fue derogada por l a Resolución 002 de 27 de enero de 2009, motivo por el cual el eventual pronunciamiento a cargo de esta jurisdicción resultaría inane.

14. Por último, planteó la excepción que tituló “ ausencia de infracción legal”, tras considerar que la Contraloría Departame ntal del Valle del Cauca, a través de la decisión enjuiciada, reglamentó procesos internos de esa entidad, sin usurpar la competencia del legislador.

I.3. Trámite del proceso y resumen de las actuaciones procesales surtidas

15. El Magistrado encargado de la sustanciación del proceso en la primera instancia, mediante auto 231 de 16 de junio de 2009 6 admitió la demanda instaurada por el señor Hernando Morales Plaza y negó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la resolución enjuiciada.

16. Según proveído 170 de 9 de abril de 2010 7, se abrió el proceso a pruebas y, con auto de 11 de junio de 2010 8 se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y, al señor agente del Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.

17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el día 2 de noviembre de 2010 9, profirió fallo inhibitorio considerando, en síntesis, lo siguiente:

“De acuerdo con la jurisprudencia anteriormente citada y en aplicación al

17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el día 2 de noviembre de 2010 9, profirió fallo inhibitorio considerando, en síntesis, lo siguiente:

“De acuerdo con la jurisprudencia anteriormente citada y en aplicación al presente caso, así una resolución se encuentre derogada por otra que regule asuntos de la misma materia, el juez podrá decidir el fondo, siempre y cuando se trate de los efectos que dicha resolución ya derogada haya podido producir. Es así como en este caso no es posible determinar el fondo del asunto a fin de estudiar la nulidad de esta resolución pues el acto ya se encuentra derogado, y los efectos que produjo durante su vigencia, para ser posible la efectiva aplicación de la anterior jurisprudencia, deben ser r eclamados a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por constituir un interés subjetivo”.

18. Inconforme con lo anterior, la parte demandante interpuso recurso de apelación10, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado, Sala de lo Con tencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia de 14 de agosto de 201411, decisión

judicial que ordenó lo siguiente:

6 Folio 27 del Cuaderno 1. 7 Folios 86 a 87 del Cuaderno 2. 8 Folio 90 del Cuaderno 2. 9 Folios 98 a 107 del Cuaderno 2. 10 Folios 109 a 109 del Cuaderno 2. 11 Folios 19 a 37 del Cuaderno 3.Radicación: 76001-2331-000-2008-00630-03

Demandante: Hernando Morales Plaza

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“F A L L A:

11 Folios 19 a 37 del Cuaderno 3.Radicación: 76001-2331-000-2008-00630-03

Demandante: Hernando Morales Plaza

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“F A L L A:

REVÓCASE la sentencia de 2 de noviembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para disponer, en su lugar, que el a quo se pronuncie de fondo respecto de las pretensiones de la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen”.

19. Para arribar a dicha conclusión, esta Sección, en aquella oportunidad,

argumentó lo siguiente:

“Lo expuesto otorga razones más que suficientes para concluir que el a quo debió evaluar el fondo de la litis propuesta en la demanda; más aún si se considera que el acto acusado es de carácter general, las pretensiones expuestas por el demandante entrañan claros cuestionamientos de los cuales se infiere que aquel aboga por la defensa del orden jurídico en sentido abstracto y sin alusión alguna al supuesto restablecimiento del derecho que invocó el a quo, con evidente desatino, como ju stificación para proferir un fallo inhibitorio. // Así las cosas, debe la Sala revocar la Sentencia recurrida en apelación y devolver el expediente al tribunal de origen para que avoque el estudio de legalidad propuesto por el actor, no sin antes advertir que tal decisión obedece a que esta Sección ha indicado en recientes pronunciamientos que cuando quiera que el juez de primera instancia profiera un fallo inhibitorio que no resulta justificado de acuerdo con el estudio adelantado en la alzada, el mismo le será devuelto en amparo del principio de

pronunciamientos que cuando quiera que el juez de primera instancia profiera un fallo inhibitorio que no resulta justificado de acuerdo con el estudio adelantado en la alzada, el mismo le será devuelto en amparo del principio de la doble instancia, el cual, representa una manifestación del derecho de defensa y del debido proceso, debiendo en tales casos, exceptuarse la aplicación del artículo 357 del C. de P.C. (…)”.

20. En cumplimiento de lo anterior, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió fallo el día 30 de octubre de 2015 12, decisión judicial que es objeto de impugnación en esta oportunidad.

I.4. La Sentencia impugnada

21. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el día 30 de octubre de 2015, en virtud de la cual declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y de sustracción de materia propuestas, en su orden, por el Departamento del Valle del Cauca y por la Contral oría Departamental del Valle del Cauca y denegó las pretensiones de la demanda de nulidad. La parte resolutiva del referido fallo ordenó lo siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no probadas la excepción propuesta por el Departamento del Valle del Cauca denominada “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA” y la excepción formulada por la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA denominada “SUSTRACCIÓN DE MATERIA” por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda”. (Destacado y mayúsculas sostenidas son originales del texto)

MATERIA” por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda”. (Destacado y mayúsculas sostenidas son originales del texto)

12 Folios 54 a 109 del Cuaderno 3.Radicación: 76001-2331-000-2008-00630-03

Demandante: Hernando Morales Plaza

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22. Inicialmente, el Tribunal de la primera instancia estimó que no estaba llamada a prosperar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Departamento del Valle del Cauca, en la medida que si bien la representación legal, en los procesos contenciosos, la tienen atribuida los contralores territoriales, ello no obsta para que se ordene la notificación al representante legal de la entidad territorial de la cual hacen parte, pues en caso de una eventual condena es esta última quien debe atender los requerimientos del caso.

23. Igualmente, desestimó la excepción de sustracción de materia propuesta por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, pues, conforme lo indicó el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia de 14 de agosto de 2014, citada ut supra, si bien la Resolución 100.28.02.011 de 22 de septiembre de 2005 fue derogada por l a Resolución 002 de 27 de enero de 2009, no debía perderse de vista que debía ejercerse el control de legalidad sobre el citado acto por los efectos jurídicos que pudo producir durante su vigencia, pues no podía confundirse la validez del acto administrati vo con la eficacia de la decisión de la administración.

citado acto por los efectos jurídicos que pudo producir durante su vigencia, pues no podía confundirse la validez del acto administrati vo con la eficacia de la decisión de la administración.

24. En los términos en que fue planteado, el problema jurídico analizado por la primera instancia tuvo como finalidad definir si la Contraloría Departamental del Valle del Cauca (i) “(…) tenía competencia para regular y modificar el procedimiento sancionatorio ya establecido en el Código Contencioso Administrativo, subrogando las atribuciones del Legislador o las facultades extraordinarias del Presidente de la República, a quien exclusivamente le es dada la facultad reglamentaria” y (ii) creó nuevas causales de multa que no estaban contempladas en la Ley 42 de 1993, y por ende, si hubo o no una extralimitación en sus funciones, toda vez que corresponde al Congreso de la República la regulación de dicha materia.

25. El a quo , luego de realizar un análisis riguroso sobre (i) las atribuciones constitucionales y legales del Contralor General y de los contralores de las entidades territoriales; (ii) las características y el alcance del control fiscal; (iii) el deb ido proceso en materia de responsabilidad fiscal; (iv) el fundamento constitucional de la potestad sancionatoria administrativa, en especial, del procedimiento sancionatorio fiscal y, (v) el contenido y alcance de la potestad reglamentaria de los contralores13,

13 Al definir la naturaleza y las características del control fiscal, destacó que el proceso de responsabilidad fiscal se caracteriza por ser (i) un proceso que se origina única y exclusivamente del ejercicio de la gestión fiscal; (ii) no

13 Al definir la naturaleza y las características del control fiscal, destacó que el proceso de responsabilidad fiscal se caracteriza por ser (i) un proceso que se origina única y exclusivamente del ejercicio de la gestión fiscal; (ii) no tiene naturaleza jurisdiccional sino administrativa y, (iii) su finalidad es eminentemen te reparatoria. Además, el juicio fiscal es independiente y autónomo de otros tipos de responsabilidad como la penal o disciplinaria. El a quo explicó, a partir de la sentencia SU-620 de 1996, con ponencia del Magistrado Antonio Barrea Carbonell, que al proceso de responsabilidad fiscal le resultan aplicables las siguientes garantías que informan el debido proceso: legalidad, autoridad administrativa competente, favorabilidad, presunción de inocencia, derecho de defensa y de contradicción, proceso sin dilaciones injustificadas y a la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. En relación con la potestad sancionadora administrativa explicó, a partir de la sentencia C506 de 2002, con ponencia del Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, que la mi sma es necesa ria para el adecuado cumplimiento de sus funciones y la realización de los fines del Estado. Destacó que, el procedimiento sancionatorio no regulado por leyes especiales o en lo no previsto en ellas, se sujetarán a la primera parte del Código Contencioso Administrativo. Eso significa que dicho procedimiento se caracteriza por ser subsidiario y supletorio frente al procedimiento establecido en leyes especiales.Radicación: 76001-2331-000-2008-00630-03

Demandante: Hernando Morales Plaza

7 consideró que los cargos de nulidad planteados en la demanda no estaban llamados a prosperar por las siguientes razones:

Demandante: Hernando Morales Plaza

7 consideró que los cargos de nulidad planteados en la demanda no estaban llamados a prosperar por las siguientes razones:

(i) Según los artículos 267 y 268 de la Constitución Política y los artículos 6° y 65 de la Ley 42 de 1993, y retomando lo dicho en la sentencia C -384 de 2003, con ponencia de la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández, al margen de la potestad reglamentaria del Presidente, excepcionalmente, y por expresa disposición constitucional, algunos órganos constitucionales del Estado, como e s el caso del Contralor General de la República y los contralores territoriales tienen asignada la potestad reglamentaria.

(ii) La potestad reglamentaria del Contralor General de la República y de los contralores departamentales, distritales y municipales se limita a aquellos ámbitos expresamente señalados en los numerales 1° y 12 del artículo 268 del Texto Superior, es decir, ( a) para la prescripción de los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de los fondos o de bienes de la na ción e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse y, (b) para dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial. Agregó que dicha facultad ha sido ratificada por la Corte Constitucional, en Sentencia C-384 de 2003, y por el Consejo de Estado, en sentencia de 13 de diciembre de 200114.

(iii) El ejercicio de la atribución que los artículos 268 y 272 de la Constitución Política

2003, y por el Consejo de Estado, en sentencia de 13 de diciembre de 200114.

(iii) El ejercicio de la atribución que los artículos 268 y 272 de la Constitución Política entregan al Contralor General de la República y a los contralores territoriales en el ámbito de su jurisdicción para dictar normas en materia de control fiscal debe realizarse con sujeción a las previsiones de la Ley 42 de 1993, y a las reglamentaciones que con fundamento en tal atribución constitucional dicte el Contralor General de la República. En apoyo de ello, citó apartes de la Sentencia C484 de 2000, por medio de la cual, la Corte Constitucional , en sede de control abstracto de constitucionalidad, analizó la exequibilidad de los artículos 99, 100, 101 y 102 de la Ley 42 de 1993 “ sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que la ejercen”.

(iv) La Resolución 100.28.02.011 de 22 de septiembre de 2005 “Por la cua l se modifica el procedimiento administrativo sancionatorio en la Contraloría departamental del Valle del Cauca”, fue expedida por dicha contraloría en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales contenidas en los artículos 268, numerales 5° y 12, y 272, inciso 6° de la Constitución Política y los artículos 6° y 65 de la Ley 42 de 1993, con el fin de reglamentar y desarrollar el régimen de sanciones previsto en los artículos 99 a 104 de la referida ley y; adoptar el respectivo trámite sancionat orio, el cual debe sujetarse a las disposiciones del libro primero del Código Contencioso Administrativo. La citada codificación se

sanciones previsto en los artículos 99 a 104 de la referida ley y; adoptar el respectivo trámite sancionat orio, el cual debe sujetarse a las disposiciones del libro primero del Código Contencioso Administrativo. La citada codificación se encontraba vigente al momento de expedición de dicho acto, aclarando que la

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentenci a de 13 de di ciembre de 2001, radicado: 19001-23-31-000-1999-2061-01 (7242), MP: Olga Inés Navarrete Barrero.Radicación: 76001-2331-000-2008-00630-03

Demandante: Hernando Morales Plaza

8 propia Ley 610 de 2010, en algunos aspectos proc esales, ordenó su remisión al CCA.

26. En definitiva y para el tribunal de la primera instancia, la resolución cuestionada fue expedida por el Contralor Departamental del Valle del Cauca, en ejercicio de la potestad reglamentaria y subsidiaria que le faculta a dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal, lo cual comprende el ámbito sancionatorio.

27. De otro lado, afirmó que el artículo 4°, numeral 2°, de la Resolución 100.28.02.011 de 22 de septiembre de 2005 “(…) no crea, ni tipifica conductas nuevas que impliquen sanciones a través de multas dentro de los proce sos de responsabilidad fiscal”.

28. El Tribunal de primer grado centró su estudio en la causal contenida en el literal j), del numeral 2°, del artículo 4° del acto demandado, refe rente al incumplimiento de los Planes de Mejoramiento, para señalar que “(…) no constituye una causal nueva

28. El Tribunal de primer grado centró su estudio en la causal contenida en el literal j), del numeral 2°, del artículo 4° del acto demandado, refe rente al incumplimiento de los Planes de Mejoramiento, para señalar que “(…) no constituye una causal nueva o autónoma creada por el Contralor Departamental del Valle del Cauca, sino que por el contrario, su alcance hace parte de una de las causales contenidas textualmente en la Ley 42 de 1993”.

29. En relación con dicha conducta, anotó que “(…) los planes de mejoramiento constituyen el conjunto de acciones que adelanta un sujeto de control fiscal, tendientes a subsanar o corregir hallazgos negativos de orde n administrativo que hayan sido identificados en ejercicio de la Auditoría Gubernamental con enfoque integral, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o a mitigar el impacto ambiental. Que su incumplimiento es sancionable de conformidad con lo establecido en el Título II, Capítulo V, de la Ley 42 de 1993 y el literal h) numeral 2 del artículo 4° de la Resolución Orgánica 5554 de 2004, pues su no presentación o el no cumplimiento del mismo es una causal de multa que se encuentra incursa en la causal contenida en el artículo 101 de la mencionada Ley, relacionada con el no adelantamiento de las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las Contralorías”.

I.5. El recurso de apelación

30. El señor Hernando Morales Plaza, parte demandante en este proceso, presentó recurso de apelación encaminado a que se revoque la decisión de

I.5. El recurso de apelación

30. El señor Hernando Morales Plaza, parte demandante en este proceso, presentó recurso de apelación encaminado a que se revoque la decisión de primera instancia 15. Los argumentos de alzada se resumen en el siguiente

sentido:

31. Para el actor, la sentencia impugnada no dio cumplimiento a lo ordenado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia de 14 de agosto de 2014, en virtud de la cual se ordenó revocar la

15 Folios 110 a 113 del Cuaderno 3.Radicación: 76001-2331-000-2008-00630-03

Demandante: Hernando Morales Plaza

9 sentencia de 2 de noviembre de 2010 para disponer, en su lugar, que el a quo se pronuncie de fondo respecto de las pretensiones de la demanda16.

32. Reiteró los argumentos esbozados en la demanda, en el sentido de señalar que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, al expedir la Resolución 100.28.02.011 de 22 de septiembre de 2005 “(…) creó nuevas causales de multa que no están contempladas en la norma mencionada, que además de lo anterior reguló un proceso sancionatorio ya establecido en el Código Contencioso Administrativo, por lo que se evidencia una clara subrogación a las atribuciones del Legislador”.

33. Subrayó, además, que “(…) en gracia de discusión, podía tratarse de una reglamentación, figura que igualmente solo le es dado al Presidente de la República conforme lo establece el Numeral 11 de ( sic) Artículo 189 de la

Constitución Política”.

reglamentación, figura que igualmente solo le es dado al Presidente de la República conforme lo establece el Numeral 11 de ( sic) Artículo 189 de la Constitución Política”.

34. Aseguró, así, que la Resolución 100.28.02.011 de 22 de septiembre de 2005 desconoce de manera flagrante los artículos 150 (numeral 13), 189 (numeral 11), 267 y siguientes de la Constitución Política, lo cual se traduce en una extralimitación de funciones en tanto que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca no tiene la atribución para crear nuevos procedimientos pues, insistió, dicha materia se encuentra reservada al legislador.

I.6. Trámite del proceso en segunda instancia y alegatos de conclusión

35. Según auto de 31 de enero de 201 7, se admitió el recurso de apelación y, en el mismo proveído, se corrió traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para qu e, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.

36. La parte demandante se ratificó en los argumentos planteados a lo largo del proceso, en el sentido de señalar que (i) la Contraloría Departamental del Valle del Cauca carecía de competencia para expedir la resolución impugnada, al crear nuevas causales de multa diferentes de las contempladas en la Ley 42 de 1993, desconociendo e l principio de reserva de ley del cual se desprende que corresponde exclusivamente al Congreso de la República la regulación de dic ha materia y, (ii) tal ente de control no tenía la atribución para desarrollar “a su arbitrio” el procedimiento administrativo sancionatorio17.

corresponde exclusivamente al Congreso de la República la regulación de dic ha materia y, (ii) tal ente de control no tenía la atribución para desarrollar “a su arbitrio” el procedimiento administrativo sancionatorio17.

16 Señala de manera puntual: “(…) en la sentencia proferida por el Honorable Tribunal Contenciosos (sic) Administrativo del Valle del Cauca, no se hace un análisis ni resuelve el fondo la petición elevada a él, como razón fundamental del inicio de esta acción, dejando así sin respuesta las pretensiones realizadas al Despacho. Lo que nos otorga razones suficientes pa ra concluir q ue el Tribunal debió evaluar el fondo de