CE - 012331000201000588011SENTENCIASENTENCIA20230524174731

Radicado: 68001-23-31-000-2010-00588-01 (57542)

Demandante: Jaime Cepeda Males y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: Demandante:

Demandado: Referencia: 68001-23-31-000-2010-00588-01(57542)

Jaime Cepeda Males, Cesar Cepeda Males, Rosa Elena Cahuasqui Conejo y Susana Cahuasqui Conejo Nación - Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Fiscalía General de la Nación y Rama JudicialAcción de reparación directa Tema: Privación injusta de la libertad. Ley 906 de 2004. Subtema 1: Presupuestos de la responsabilidad del Estado. Subtema 2: Daño antijurídico no acreditado. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de abril de 20131, resuelve los recursos de apelación interpuestos por la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 11 de diciembre de 2015, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS DEL CASO Jaime Cepeda Males, Cesar Cepeda Males, Susana Cahuasqui Conejo y Rosa Elena Cahuasqui Conejo fueron procesados penalmente, capturados y detenidos

1. SÍNTESIS DEL CASO Jaime Cepeda Males, Cesar Cepeda Males, Susana Cahuasqui Conejo y Rosa Elena Cahuasqui Conejo fueron procesados penalmente, capturados y detenidos

(salvo César), bajo sindicación de trata de personas con fines de explotación laboral. Según la sindicación hecha por la Fiscalía General de la Nación, traían a menores de edad miembros de la comunidad indígena Kichwa de Otavalo, Ecuador, a la que también pertenecían los sindicados, para que trabajaran para ellos, les incumplían las promesas salariales, los sometían a condiciones indignas e incluso, les retenían sus documentos para que no pudieran regresar a su país natal. Estuvieron privados de su libertad entre el 16 de enero y el 3 de septiembre de 2008, cuando el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga celebró la audiencia de lectura del sentido absolutorio del fallo, fundado en el principio in dubio pro reo, y ordenó su liberación inmediata. Los demandantes califican la privación de la libertad de los señores Jaime Cepeda Males, Susana Cahuasqui Conejo y Rosa Elena Cahuasqui Conejo como injusta.

II. ANTECEDENTES 1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: "los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (ü) conscriptos y, (iii) muerte de personas prvadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno (.4".Radicado: 68001-23-31-000-2010-00588-01 (57542)

y, (iii) muerte de personas prvadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno (.4".Radicado: 68001-23-31-000-2010-00588-01 (57542)

Demandante: Jaime Cepeda Males y otros

2.1. La demanda La demanda fue presentada el día 13 de agosto de 20102, por Jaime Cepeda Males, Cesar Cepeda Males, Rosa Elena Cahuasqui Conejo y Susana Cahuasqui Conejo, quienes adujeron haber sido privados injustamente de su libertad 3. La parte actora pretende que esta jurisdicción profiera sentencia en la que declare que la Nación, representada en este caso por el Director del Departamento Administrativo de Seguridad o su delegado; el Fiscal General de la Nación o su delegado; y por el Director Ejecutivo de Administración Judicial o su delegado, es administrativamente responsable de los perjuicios que les fueron causados con ocasión de las privaciones injustas de la libertad de la que fueron objeto 4 . Como sustento de sus pretensiones, los demandantes argumentaron que la privación de la libertad es injusta en razón a que: (i) los demandantes fueron absueltos de todo cargo; (u) aquella estuvo determinada por una "persecución" promovida por parte del DAS y la Fiscalía General de la Nación en contra de los accionantes; (iii) no se trata de una carga que los actores debían soportar para contribuir con la recta administración de justicia, puesto que fueron catalogados como delincuentes internacionales y fueron humillados en la cárcel, en los medios de comunicación y en la comunidad indígenas. 2 De conformidad con el sello de recibido visible a folio 38 del cdderno 1 y el acta individual de

catalogados como delincuentes internacionales y fueron humillados en la cárcel, en los medios de comunicación y en la comunidad indígenas. 2 De conformidad con el sello de recibido visible a folio 38 del cdderno 1 y el acta individual de reparto que obra a folio 39 del mismo cuaderno. El escrito de demanda obra a folios 27-37 del cuaderno 1. 4 Al respecto, la Sala observa que si bien en la pretensión primerá de la demanda, la parte actora solícita que se declare administrativamente responsable a las entidades demandadas "de los perjuicios ocasionados a mis poderdantes, con motivo de la detención arbitraria que este sufriera, desde el 18 de enero de 2008 hasta 03 [sic] de septiembre de 20Q8, fecha en que fue absuelto por el señor Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga", con lo que da a entender que reclama únicamente por la privación de la libertad de una sola persona, sin siquiera determinar la persona a la que hacen referencia, en el hecho noveno del escrito de demanda, así como en otros acápites de la misma, dejan claro que cuestionanJa privación de la libertad de la que fue objeto cada uno de los demandantes, así: "NOVENO: Los acusados JAIME CEPEDA MALES, SUSANA CAHUASQUI CONEJO Y ROSA HELENA CAHUASQUI CONEJO, estuvieron privados de la libertad ocho meses y CESAR CEPEDA MALES, con orden de captura, vulnerándose flagrante [sic] su derecho fundamental de la libertad, el trabajo, la honra, el mínimo vital". 5 Al respecto, el apoderado judicial de los demandantes, en la pretensión segunda del escrito de

CEPEDA MALES, con orden de captura, vulnerándose flagrante [sic] su derecho fundamental de la libertad, el trabajo, la honra, el mínimo vital". 5 Al respecto, el apoderado judicial de los demandantes, en la pretensión segunda del escrito de demanda [folios 31 y 32 del cuaderno 11, argumentó lo siguiente: "Nótese como el Art. 90 de la Constitución Política de Colombia y el Art. 68 del Decreto 270 de 1996 establece como una persona privada injustamente de la libertad podrá demandar al estado con el fin de ser reparado en perjuicios y el caso que nos ocupá,mis prohijados fueron privados injustamente de la libertad, pues fueron ABSUELTOS DE TODO CARGO y por ende dejados en

LIBERTAD INMEDIATA.

Mis representados no dieron lugar a la detención por culpa ni do16en sus actuaciones, se trato de una persecución del DAS tal ves en búsqueda de un positivo y sé.catalogo este proceso como un delito Transnacional como lo manifestara el señor Fiscal en la audiencia de Acusación. Son unos indígenas ecuatorianos, que desde muy pequeños sn a trabajar y los agentes del DAS con ayuda de la Fiscalía arman el proceso y la investigación para buscar una condena por un delito tan grave como el que fueron llevados a juicio ( ... ) Tampoco se podrá pensar que la detención se produjo como lo razonable que todo ciudadano debe soportar para contribuir a la recta Administración de Justicia, mis poderdantes fueron catalogados como un delincuentes internacionales, y como unas persona que engañaban a la gente de su propia comunidad para traerlas a vender, a fin de aprovecharse sin darles un pago justo, y ello genera un grave perjuicio, debido a que se vieron en la obligación de soportar

gente de su propia comunidad para traerlas a vender, a fin de aprovecharse sin darles un pago justo, y ello genera un grave perjuicio, debido a que se vieron en la obligación de soportar humillaciones en la cárcel, en los medios de comunicación, comunidad indígena y su familia misma" (Texto transcrito de forma literal, incluyendo los errores de órtografia y redacción). 2Radicado: 68001-23-31-000-2010-00588-01 (57542)

Demandante: Jaime Cepeda Males y otros

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Santander en auto del 24 de septiembre de 2010, pero, en el término de traslado de dicho proveído, la parte actora radicó escrito de aclaración, corrección y adición de la demanda 7 , a través del cual aclaró el hecho número quince de la demanda 8 , corrigió el párrafo cuarto de la pretensión segunda 9 , modificó la pretensión tercera 10 y adicionó el acápite de pruebas del libelo introductorio. El Tribunal Administrativo de Santander, en auto del 30 de julio de 201412, admitió la aclaración, corrección y adición de la demanda. El auto admisorio de la aclaración, corrección y adición de la demanda fue notificado en debida forma 13 ; el término de traslado de la demanda corrió de conformidad con lo previsto en la ley; y esta fue contestada, en oportunidad, por la Policía Nacional 14 , como sucesora procesal del DAS, y la Rama Judicial 15 . 6 Folios 40 y 41 del cuaderno 1. Folios 42-47 del cuaderno 1.

sucesora procesal del DAS, y la Rama Judicial 15 . 6 Folios 40 y 41 del cuaderno 1. Folios 42-47 del cuaderno 1. El hecho No. 15 de la demanda quedó así: "QUINCE: Los esposos CEPEDA MALES Y CAHUASQUI CONEJO, sufrieron grave detrimento económico, pues durante el tiempo de cautiverio sus negocios de venta de ropa no pudo funcionar, perdiendo más de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($500.000.000) por ingresos, además para la fecha del cautiverio adquirieron obligaciones crediticias (préstamos personales) con personas naturales como TRINIDAD PARRA por valor de quince millones de pesos mcte ($15.000.000); con MIGUEL CAHUASQUI CONEJO por valor de cuarenta y siete millones de pesos mcte ($47.000.000), así como las obligaciones del arriendo del apartamento donde para la fecha de los hechos vivía con la familia por valor de quinientos cincuenta mil pesos mcte ($550.000.000) mensuales ( ... ) así como los perjuicios causados a los hijos menores de edad quienes tuvieron que abandonar a sus padres y a su institución educativa por los sucesos familiares y la detención ilegal de la libertad y suspender su año lectivo quedando sin educación en el año 2008". (Texto transcrito de forma literal, incluyendo los errores de ortografía y redacción). El párrafo cuarto de la pretensión segunda de la demanda, en la que los actores solicitan que se condene a los organismos demandados al pago de los perjuicios morales que les fueron causados con ocasión de la privación de la libertad, quedó así:

El párrafo cuarto de la pretensión segunda de la demanda, en la que los actores solicitan que se condene a los organismos demandados al pago de los perjuicios morales que les fueron causados con ocasión de la privación de la libertad, quedó así: "Tan cierto es ello y el perjuicio fue tan grande que la señora ROSA HELENA CAHUASQUI CONEJO, se vio en obligación de amamantar a su hijo recién nacido en la misma cárcel de mujeres a donde se lo llevaban con mucho esfuerzo sus familiares diariamente". (Texto transcrito de forma literal, incluyendo los errores de ortografía y redacción). 10 A través de la cual la parte actora solicitó a esta jurisdicción el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales que les fueron causados con ocasión de la privación de la libertad de la que fueron objeto. 11 Mediante el escrito de aclaración, corrección y adición de la demanda, la parte actora solicitó el decreto y práctica de, entre otras, las siguientes pruebas: (i) certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga del señor Jaime Cepeda Males, y las señoras Rosa Elena y Susana Cahuasqui Conejo; (ü) constancias expedidas por familiares y amigos en las que consta que le prestaron dinero a los aquí demandantes durante su privación de la libertad; (iii) copias de facturas de venta; (iv) copias de publicaciones de prensa nacionales e internacionales en las cuales se publicaron noticias sobre la captura de los aquí demandantes; y (y) nueve (9) testimonios de personas que declararían sobre los "sufrimientos que vivieron los demandantes y sus hijos al ser privados de la libertad, así como conocen la actividad comercial

internacionales en las cuales se publicaron noticias sobre la captura de los aquí demandantes; y (y) nueve (9) testimonios de personas que declararían sobre los "sufrimientos que vivieron los demandantes y sus hijos al ser privados de la libertad, así como conocen la actividad comercial que desarrollan, conocen su arraigo indígena, su honestidad y responsabilidad". 12 Folio 291 del cuaderno 1. 13 El auto admisorio del escrito de aclaración, corrección y adición de la demanda fue notificado, personalmente, a la Rama Judicial (folio 302 del cuaderno 1); a la Fiscalía General de la Nación (folio 304 ibídem) y al Ministerio de Defensa - Policía Nacional -, como sucesor procesal del DAS (folio 306 ibídem). 14 Folios 320-322 del cuaderno 1. 15 Folios 323-327 del cuaderno 1 1. 3Radicado: 68001-23-31-000-2010-00588-01 (51542)

Demandante: Jaime Cepeda Males y otros

Una vez agotada la etapa probatoria del proceso, sin reparo alguno de las partes, el Tribunal Administrativo de Santander, en auto del 16 de septiembre de 2013 16 , corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y éste rindiera concepto de fondo. Así lo hicieron la parte actora 17 , la Policía Nacional 18 y la Rama Judicial 19 , en tanto qué la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación guardaron silencio. Antes de proferir sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander, por auto del 7 de octubre de 201520, oficióa la Cárcel de Mujeres de

Nación y la Procuraduría General de la Nación guardaron silencio. Antes de proferir sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander, por auto del 7 de octubre de 201520, oficióa la Cárcel de Mujeres de Bucaramanga, "El Buen Pastor"; a la Cárcel Modelo del mismo municipio; a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación para que certificaran las fechas en que los demandantes fueron aprehendidos y, posteriormente, recuperaron su libertad; orden que fue cumplida por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, a través de los oficios No. 420-RMBUC-DIR003402 y 410 EPMSC-BUC-DIR-AJUR-7854, que obran a folios 393 y 394 del cuaderno 1. 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia proferida el 11 de diciembre de 201521, declaró administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial -, de los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la privación de la libertadde la que fueron objeto los señores Jaime Cepeda Males, Susana Cahuasqui Conejo y Rosa Elena Cahuasqui Conejo. Como sustento de su decisión, el a quo argumentó que en los casos en los que se pretende la declaración de respqnsabilidad del Estado por privación de la libertad, el análisis se hace a partir, de los presupuestos del régimen objetivo de responsabilidad extracontractual del Estado 22 , por lo que, al encontrar demostrado que los demandantes antes referidos estuvieron privados de su libertad entre el 16 de febrero de 2008 y el 3 de septiembre del mismo año,

régimen objetivo de responsabilidad extracontractual del Estado 22 , por lo que, al encontrar demostrado que los demandantes antes referidos estuvieron privados de su libertad entre el 16 de febrero de 2008 y el 3 de septiembre del mismo año, pero fueron absueltos por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, en aplicación del principio de in dubio pro reo, procede la declaración de responsabilidad en contra de los organismos que, con su actuar, determinaron dicho menoscabo, esto es, la Fiscalía General de la Nación, quien solicitó la imposición de la medida de aseguramiento,y la Rama Judicial, quien acogió los argumentos del ente investigador y accedió a su petición. 16 Folio 362 de[ cuaderno 1. 17 Folios 370-373 del cuaderno 1. 18 Folios 367-369 del cuaderno 1. 19 Folios 376-384 del cuaderno 1. 20 Folios 385 y 386 del cuaderno 1. 21 Folios 395-419 del c.ppal. 22 Al respecto, el Tribunal Administrativo de Santander manifestó: "En este orden de ideas, y acogiendo de manera obligatoria la tesis asumida en la sentencia de unificación proferida por el H. Consejo de Estado, la privación de la libertad de los señores JAIME CEPEDA MALES, SUSANA CAHUASQUI CONEJO Y ROSA ELENA CAHUASQUI CONEJO, se estudiará bajo el régimen objetivo denominado daño especial, es decir, cuando la conducta desarrollada por la autoridad pública es lícita, regular, ajustada al ordenamiento jurídico y, sin embargo, causa un daño antijurídico, pues en tal caso surge la obligación del Estado de reparar los

desarrollada por la autoridad pública es lícita, regular, ajustada al ordenamiento jurídico y, sin embargo, causa un daño antijurídico, pues en tal caso surge la obligación del Estado de reparar los perjuicios causados bajo el entendido de que una situación de esa naturaleza denota un claro desequilibrio en las cargas públicas que no tienen por qué soportar los administrados, en cuanto a que una o varias personas en particular han sufrido un detrimento en aras del interés común o colectivo. No obstante, debe la parte actora demostrar el hecho que se imputa al Estado y que ocasionó el daño cuya reparación se reclama y el nexo o relación de causalidad entre el hecho y el daño". 4Radicado: 68001-23-31-000-2010-00588-01 (57542)

Demandante: Jaime Cepeda Males y otros

2.4. Los recursos de apelación La Rama Judicial, por escrito radicado el 22 de febrero de 201623, apeló la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 11 de diciembre de 2015. Como motivos de inconformidad con la declaración de responsabilidad proferida por el Tribunal de primera instancia, el órgano demandado expuso los siguientes argumentos: (i) que le corresponde a la parte actora "demostrar que la privación de la libertad a la que fue sometido fue ilegal, errada, arbitraria o injusta, ello para que sea posible predicar que como consecuencia de la misma se le irrogó un daño antijurídico que deba ser resarcido por el Estado", encontrándose, dentro de las circunstancias en las que podría calificarse la medida de detención preventiva como ilegitima, aquella en la que "la medida cautelar se profiera sin un

irrogó un daño antijurídico que deba ser resarcido por el Estado", encontrándose, dentro de las circunstancias en las que podría calificarse la medida de detención preventiva como ilegitima, aquella en la que "la medida cautelar se profiera sin un fundamento legal o razonable, en consideración a las exigencias legales y a la prueba que obraba en el 'proceso"; (u) la eventual responsabilidad por perjuicios causados a los demandantes residiría en la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, en cuanto solo a ellos les pueden ser atribuidas las deficiencias investigativas que determinaron la aplicación del principio de in dubio pro reo; (iii) se configura la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, dado que en el proceso penal se demostró, entre otras circunstancias, que los actores ingresaron al país, de forma ilegal, al menos a tres (3) menores de edad, para que laboraran para ellos y "las tenían incomunicadas, en malas condiciones, mal alimentadas, sin pago, sin acceso a educación o al régimen de seguridad social ( ... )". Por otra parte, la Rama Judicial cuestionó la tasación de los pérjuicios morales que hizo el Tribunal Administrativo de Santander, dado que, según su argumentación, los demandantes no demostraron el nivel de intensidad de la afectación que sufrieron, sino que únicamente se limitaron a acreditar el vínculo familiar existente entre ellos. La Fiscalía General, con escrito radicado el 9 de marzo de 201624, presentó recurso de apelación adhesiva respecto de aquel interpuesto por parte de la Rama Judicial, en el que concluyó que "está en cabeza de la parte actora en el

La Fiscalía General, con escrito radicado el 9 de marzo de 201624, presentó recurso de apelación adhesiva respecto de aquel interpuesto por parte de la Rama Judicial, en el que concluyó que "está en cabeza de la parte actora en el proceso contencioso demostrar que precisamente la medida ordenada se hizo de manera arbitraria o vulnérando el principio de legalidad, lo que no se logra establecer con certeza en el presente proceso". El Tribunal Administrativo de Santander, en el trámite de la audiencia de conciliación prevista en el artículo 70 de la Ley 1395 de 201025, que fue declarada fallida por falta de ánimo conciliatorio de las partes 26 , concedió el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial y la apelación adhesiva presentada por la Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia de primera instancia. 23 Folios 423-431 de¡ c.ppal. 24 Folios 432-437 del C.ppal. 25 "Artículo 70. Adiciónese un cuarto inciso al artículo 43 de la Ley 640 de 2001, cuyo texto será el siguiente: En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria.

PARÁGRAFO: Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso". 26 Diligencia celebrada el 16 de mayo de 2016, cuya acta obra a folio 439 del c.ppal.

5Radicado: 68001-23-31-000-2010-00588-01(57542)

Demandante: Jaime Cepeda Males y otros

2.5. Trámite relevante en segunda instancia Esta Corporación, en auto del 17 de agosto de 20161 27 , admitió el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial y la apelación adhesiva presentada por la Fiscalía General de la Nación contra la sentenda proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 11 de diciembre de 2015. Así mismo, por auto del 27 de septiembre de 201628, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. Así lo hicieron la parte acj0ra 29 , la Policía Nacional 30 y la Fiscalía General de la Nación 31 , en tanto que la Rama Judicial y la Procuraduría General de la Nación guardaron silencio 32 .

III. PROBLEMA JURÍDICO; La Sala, en atención a los argumentos de inconformid a d señalados en el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial, al cual se adhirió la Fiscalía General de la Nación, frente a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 11 de diciembre de 2015, que determina el marco dejuzgamiento de la segunda instancia, resolverá el siguiente problema jurídico: ¿Son constitutivas de daño antijurídico las privacionep de la libertad de la que

de Santander el 11 de diciembre de 2015, que determina el marco dejuzgamiento de la segunda instancia, resolverá el siguiente problema jurídico: ¿Son constitutivas de daño antijurídico las privacionep de la libertad de la que fueron objeto con ocasión de su captura y la posterior imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como autores señalados del delito de trata de personas, los señores Jaime Cepeda Males, Rosa Elena Cahuasqui Conejo y Susana Cahuasqui Conejo? Si la respuesta al anterior problema se revela positiva, la Subsección: (i) establecerá cuál es el órgano demandado responsable dé la reparación de los perjuicios que les fueron causados a los demandantes don ocasión de su privación de la libertad, (u) analizará si se configura la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, y, si la resolución a este interrogante es negativa, (iii) determinará el mérito de la prueba de los perjuicios que deprecan los actores y decidir sobre la condena a que haya lugar.

W. CONSIDERACIONES 4.1. Presupuestos de la sentencia de mérito.

La Subsección es competente para resolver el recursb de apelación interpuesto por la Rama Judicial y la apelación adhesiva presentadá por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 11 de diciembre de 2015, en atención a lo preceptuádo por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996. 27 Folio 449 del C.ppal. 28 Folio 453 del C.ppal. 29 Folios 465-469 del c.ppal. ° Folios 454-458 del C.ppal.

Ley 270 de 1996. 27 Folio 449 del C.ppal. 28 Folio 453 del C.ppal. 29 Folios 465-469 del c.ppal. ° Folios 454-458 del C.ppal. 31 Folios 470-477 del C.ppal. -' 32 De acuerdo con la constancia secretaria¡ del 28 de octubre de 2016, visible a folio 488 del C. ppal. 33 "Artículo 73. Competencia. De las acciones de reparación direcá y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglás comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos". 6Radicado: 68001-23-31-000-2010-00588-01 (57542)

Demandante: Jaime Cepeda Males y otros

La parte actora hizo ejercicio oportuno de la acción de reparación directa, ya que presentó su demanda el 13 de agosto de 2010, esto es, dentro de los dos (2) años siguientes al 10 de marzo de 2009, cuando la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado del mismo municipio, que absolvió a los demandantes de la comisión del delito de trata de personas. En relación con la legitimación en la causa, la Subsección encuentra que están legitimados por activa los señores Jaime Cepeda Males, Rosa Elena Cahuasqui Conejo y Susana Cahuasqui Conejo, quienes estuvieron privados de su libertad 35 . Ahora, en relación con el señor Cesar Cepeda Males 36 , el

legitimados por activa los señores Jaime Cepeda Males, Rosa Elena Cahuasqui Conejo y Susana Cahuasqui Conejo, quienes estuvieron privados de su libertad 35 . Ahora, en relación con el señor Cesar Cepeda Males 36 , el Tribunal Administrativo de Santander determinó que este estaba legitimado en la causa por activa, pero en condición de cónyuge de la señora Rosa Elena Cahuasqui Conejo 37 , dado que este nunca fue privado de su libertad y, además, eludió su deber de colaboración con la administración de justicia 38 . La Sala encuentra que la Nación está legitimada en la causa por pasiva y su representación, en este caso, es ejercida por el Director del Departamento Administrativo de Seguridad, quien fue sucedido, en el sub lite, por el Director General de la Policía Nacional 39 , dado que fue el DAS quien realizó el procedimiento de captura de los demandantes; el Fiscal General de la Nación o su delegado, puesto que fue la Fiscalía General de la Nación el órgano que solicitó la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva ante el juez 34 Ver nota al pie No. 2, 35 De conformidad con los oficios No. 420-RMBUC-DIR-003402 y 410 EPMSc-Buc-DIR-AJuR7854 proferidos por parte del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario -lNPEc-, documentos que obran a folios 393 y 394 del cuaderno 1. 36 Los nombres de los demandantes, esto es, "Jaime Cepeda Males", cesar Cepeda Males", "Susana Cahuasqui conejo" y "Rosa Elena Cahuasqui conejo" son tomados de sus pasaportes como ciudadanos ecuatorianos, que constituye los documentos con los cuales se identifican dentro

"Susana Cahuasqui conejo" y "Rosa Elena Cahuasqui conejo" son tomados de sus pasaportes como ciudadanos ecuatorianos, que constituye los documentos con los cuales se identifican dentro de la República de Colombia, y, que obran a folios 10-13 del cuaderno 1. Nombres que, al menos en el caso de la señora Rosa Elena Cahuasqui Conejo, no coinciden con aquel consignado con la libreta indígena que fue aportada al plenario y que obra a folio 14 del cuaderno 1. 37 Esto, de conformidad con el registro civil de matrimonio expedido por la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación de la República del Ecuador, que obra a folio 16 del cuaderno 1. 38 Al respecto, el Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 11 de diciembre de 2015, expuso: "Por su parte, respecto al señor CESAR CEPEDA MALES, pese a que no fue privado de la libertad, sí pesó en su contra orden de captura vigente la cual nunca se hizo efectiva por encontrarse residenciado en el vecino país de Ecuador ( ... ) En consecuencia, el señor CESAR CEPEDA MALES tenía el deber de acercarse a las autoridades competentes para aclarar su situación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95.7 de la Constitución Política, tal como se aclaró en el aparte transcrito, sin embargo, al no hacerlo, no le serán reconocidas las pretensiones que como víctima directa solicita. Ahora bien, los perjuicios morales y psicológicos alegados por el señor CESAR CEPEDA MALES por los daños causados serán valorados por su condición de cónyuge de la señora SUSANA CAHUASQUI [sic], por acreditarse el vínculo de esposo de la prenombrada".

CESAR CEPEDA MALES por los daños causados serán valorados por su condición de cónyuge de la señora SUSANA CAHUASQUI [sic], por acreditarse el vínculo de esposo de la prenombrada". 39 El Tribunal Administrativo de Santander, en auto del 11 de febrero de 2015, resolvió: "PRIMERO: TÉNGASE a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL, como parte demandada dentro del presente proceso con radicado 2010-00588 (.4". Como fundamento de su decisión, el tribunal de primera instancia expuso lo siguiente: "En el sub lite, el Despacho observa que el recurrente aduce que por la expedición del Decreto 4057 del 31 de octubre de 2011, se suprimió el Departamento Adrriinistrativo de Seguridad DAS, y se trasladó las funci