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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Magistrado ponente: Fredy Ibarra Martínez

Expediente: 68001-23-31-000-2010-00695-01 (48.574)

Demandante: Leidy Catalina Carreño Díaz y otros

Demandado: Municipio de Lebrija

Referencia: Reparación Directa

Salvamento de voto de Alberto Montaña Plata

No comparto la decisión adoptada por la Sala . En este caso, la demandante nació el 1 de abril de 1964, es decir, le era aplicable la Ley 92 de 1938 vigente desde el 16 de junio de 1938 hasta el 5 de agosto de 1970, según la cual las actas del registro civil son pruebas principales del estado civil, en tanto que las partidas eclesiásticas, las declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil de que se trata y, en defecto de estas, la notoria posesión de ese estado civil son pruebas supletorias (artículos 18 y 19). Tal como se afirma en la providencia, para acudir a las pruebas supletorias, era necesario demostrar la falta de las pruebas principales y “ esta demostración consistía en una certificación sobre la inexistencia de la prueba principal, expedida por el funcionario encargado del registro civil, que lo era el notario, y a falta de éste, el alcalde”. La sentencia complementaria, al omitir la solicitud de la prueba, ignoró las reglas sobre prueba del parentesco aplicables en el

expedida por el funcionario encargado del registro civil, que lo era el notario, y a falta de éste, el alcalde”. La sentencia complementaria, al omitir la solicitud de la prueba, ignoró las reglas sobre prueba del parentesco aplicables en el caso concreto, tras consentir que no existía el registro civil solo porque la parte actora así lo afirmó.

La Corte Constitucional, en la Sentencia T - 107 de 2019, revisó una acción de tutela en la que se alegó que el juez de segunda instancia incurrió en un exceso ritual manifiesto, por exigir el registro civil como única prueba válida del parentesco, para efectos de la legitimación en la causa , a pesar de que los demandantes alegaron que no contaban con dicho documento . En dicha providencia la Corte negó el amparo solicitado en la acción de tutel a, por considerar que el juez de segunda instancia, al negar la reparación de perjuicios a algunos de los demandantes no incurrió en defecto alguno, ya que la parte demandante incumplió la carga de la prueba, sin que existiera justificación para ello, esto es, no aportó los registros civiles que demostraran el vínculo de los demandantes con el fallecido, pese a que era una carga realizable y no implicaba un esfuerzo desproporcionado para los interesados.

Con ocasión de la decisión, la Corte señaló que el registro civil es el documento base del sistema de identificación y la prueba única del estado civil de las personas. Además, recordó que “la obtención del documento no debe2 de 2 ofrecer mayores problemas para quienes no cuenten con el mismo desde el momento de su nacimiento, y constituye una carga para todas las personas adelantar las diligencias necesarias para ese efecto”1. Indicó que la exigencia

ofrecer mayores problemas para quienes no cuenten con el mismo desde el momento de su nacimiento, y constituye una carga para todas las personas adelantar las diligencias necesarias para ese efecto”1. Indicó que la exigencia del registro civil de nacimiento es razonable incluso para las diferentes comunidades indígenas “al no contrariar ni su cosmovisión, ni su autodeterminación”. Todo ello, a pesar de que, en ese caso, la parte alegaba que unos de los demandantes no contaban con el registro civil porque, al ser indígenas, no tenían la costumbre del registro. Sin embargo, la Corte Constitucional encontró que, contrario a la afirmación, sí existía el registro civil y únicamente habían olvidado aportarla y querían corregir el incumplimiento de la carga, mediante una acción de tutela.

Por todo lo anterior , considero que, aunque era más lar go el camino, lo adecuado era requerir la prueba. Seguidamente, podría pasar que se allegara la certificación de inexistencia del registro y se optara por dar por acreditado el vínculo con la partida de bautismo o que se allegara el registro civil y, en se caso, se negaran las pretensiones a la demandante por faltar a la verdad en sus afirmaciones para eximirse del cumplimiento de las cargas probatorias que le incumbían.

Firmado electrónicamente

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Magistrado

1 Corte Constitucional, Sentencia T-501 de 2010.