CE - 012331000201100826011SALVAMENTODEV20230213193734

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Magistrado ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA Expediente: 73001-23-31-000-2011-00826-01(54.376)

Demandante: ALVARO RENGIFO DONADO

Demandados: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA

SALVAMENTO DE VOTO

Como lo expresé en el curso de la discusión del asunto, respetuosamente , manifiesto mi disenso frente a la decisión adoptada por la mayoría de la Sala que revocó la sentencia de primer grado y denegó las pretensiones de la demanda, por considerar que en el presente caso no se había configurado la caducidad de la acción de reparación directa frente a la providencia censurada por error judicial que fue proferida en el proceso primigenio , debido a que el actor solo tuvo certeza de esa anomalía a través de la sentencia SU-913 de 11 de diciembre de 2009 proferida por la Corte Constitucional ; las razones que fundamentan mi discrepancia son las siguientes:

1. De acuerdo con lo previsto en artículo 136-8 del CCA, norma procesal vigente para el momento en el que fue propuesta la demanda , el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 y la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado de 29

para el momento en el que fue propuesta la demanda , el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 y la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado de 29 de enero de 20201 sostiene que cuando el daño alegado deriva de un error judicial el término de caducidad de dos (2) años de la acción de reparación directa, por regla general, se contabiliza a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que lo contiene, también que ese plazo se puede calcular desde cuando el daño ha sido advertido por el afectado que no fue parte dentro del proceso en el que se profirió la providencia censurada o, que siéndolo no tuvo conocimiento de la decisión de la que proviene el daño , pero, siempre que esto haya ocurrido por circunstancias ajenas a la voluntad del demandante.

1 Sección Tercera, expediente no. (61033) CP. Martha Nubia Velásquez Rico.2

Expediente: 73001-23-31-000-2011-00826-01(54.376) Actor: Álvaro Enrique Rengifo Donado Reparación directa Salvamento de voto

1. En esa perspectiva, en relación con los efectos en el término de caducidad de la acción de tutela formulada en contra de una providencia judicial proferida dentro de un proceso contencioso administrativo , he sostenido invariablemente que ese mecanismo no constituye una tercera instancia judicial y mucho menos tiene la aptitud jurídica de suspender, prorrogar o revivir el término legal de caducidad de esa clase de asuntos tal como pacíficamente lo ha reconocido la Corte Constitucional2, pues, no puede soslayarse que ese fenómeno perentorio e

aptitud jurídica de suspender, prorrogar o revivir el término legal de caducidad de esa clase de asuntos tal como pacíficamente lo ha reconocido la Corte Constitucional2, pues, no puede soslayarse que ese fenómeno perentorio e impeditivo del derecho de acción ocurre por ministerio legal desde cuando ocurre el daño o cuando este es conocido por el afectado en las hipótesis descritas anteriormente; por tanto, en mi opinión, los supuestos errores judiciales advertidos por un fallo de tutela no tienen ninguna incidencia jurídica frente a la contabilización del término para incoar la acción o el medio de control de reparación directa , pues, aceptar lo contrario implica desconocer el sistema de fuentes del derecho.

1. Con fu ndamento en esas premisas, e n el proceso se demostró que el actor participó en el concurso de notarios, se posesionó como Notario Cuarto del Círculo de Ibagué, intervino como coadyuvante de la parte demandante dentro de la referida acción popular, no apeló el fallo de primer grado proferido dentro de esa causa, solicitó la aclaración del mismo y, finalmente, que las providencias reprochadas por error judicial fueron revocadas por la Corte Constitucional mediante sentencia SU913 de 11 de noviembre de 2009.

También se acreditó que la sentencia de segunda instancia de 13 de julio de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro de dicha acción popular quedó ejecutoriada el 22 de septiembre de 2009, por lo cual el plazo para presentar la demanda de reparación directa fenecía el día viernes 23 de septiembre de 2011; no obstante, la solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el lunes 26 de

la demanda de reparación directa fenecía el día viernes 23 de septiembre de 2011; no obstante, la solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el lunes 26 de septiembre de ese mismo año, esto es, por fuera del plazo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del CCA, con lo cual se concluye, sin hesitación alguna, que en este caso se configuró el fenómeno de la caducidad de la acción de reparación directa.

1. Por consiguiente, estimo que en este caso no fue correcto ni adecuado afirmar que la caducid ad de la acción se podía contar desde el momento en que el mencionado fallo de tutela dejó sin efectos las providencias proferidas por esta jurisdicción, pues, ello permitiría afirmar que el plazo para incoar la demanda de reparación directa se encontraba sometido caprichosa o indebidamente, a la

2 Véase, entre otras sentencias, T-1201-05 y T-080-09.3

Expediente: 73001-23-31-000-2011-00826-01(54.376) Actor: Álvaro Enrique Rengifo Donado Reparación directa Salvamento de voto

voluntad del actor de impetrar o no una acción de tutela , lo cual, reitero, no es posible porque los términos de caducidad son imperativos y preclusivos y el ordenamiento jurídico no estableció que los fallos proferidos dentro de un proceso de acción de tutela interrumpen, suspenden o aplazan dicho plazo, más aún cuando se acreditó que el demandante fue coadyuvante dentro de la mencionada acción popular, con lo cual tenía pleno conocimiento de los supuestos yerros endilgados a

de acción de tutela interrumpen, suspenden o aplazan dicho plazo, más aún cuando se acreditó que el demandante fue coadyuvante dentro de la mencionada acción popular, con lo cual tenía pleno conocimiento de los supuestos yerros endilgados a las providencias cuestionadas, pues, aunque recurrió el prove ído de medidas cautelares, se abstuvo de impugnar el fallo de primera instancia pese que otros actores y coadyuvantes interpusieron los recursos correspondientes, de ahí que, a mi juicio, resultó desacertado sostener que el actor tuvo conocimiento del daño a partir del referido fallo de tutela.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Magistrado (Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022.