CE - 012331000201200334012SENTENCIA20230322121156

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 19001233100020120033401 (55462)

Demandante: MIGUEL ANTONIO LEMIR CÁRDENAS Y OTROS Demandado: NACIÓN — RAMA JUDICIAL Tema: Privación injusta de la libertad. Ley 600 de 2000. Caducidad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 27 de octubre de 2006, el Juzgado 2” Penal del Circuito Especializado de Popayán condenó al señor Lemir Cárdenas a pena de prisión de 38 meses, al constatar era autor del delito de secuestro simple. Posteriormente, el 10 de noviembre de 2009, el Juzgado 4 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán concedió la libertad al procesado, al constatar que la privación de la libertad de la que había sido objeto había superado el término fijado en la condena.

En el mismo proveído, se ordenó “comunicar esta decisión a las mismas entidades a quienes se les envió copia de la sentencia condenatoria”. Pese a lo anterior, el 29 de marzo de 2010, agentes de la Policia Nacional

En el mismo proveído, se ordenó “comunicar esta decisión a las mismas entidades a quienes se les envió copia de la sentencia condenatoria”. Pese a lo anterior, el 29 de marzo de 2010, agentes de la Policia Nacional capturaron a Miguel Antonio Lemir Cárdenas, por ser presunto autor del delito de secuestro simple. No obstante, el mismo día, el Juzgado 3% de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán ordenó su libertad inmediata. Los demandantes consideran que la Nación — Rama Judicial es patrimonialmente responsable: ¡i) por la privación injusta de la libertad de Miguel Antonio LemirRadicado: 19001233100020/2003340/ (55462) Demandante: Miguel Antonio Lemir Cardenas y otros Cárdenas, puesto que estuvo recluido en la cárcel por más tiempo del que fue condenado por el delito de secuestro simple; y ii) por la captura de la que posteriormente fue objeto, porque ya había cumplido la pena por el delito referido. ll. ANTECEDENTES

1. Demanda El 13 de junio de 2012, Miguel Antonio Lemir Cárdenas, Miguel Ángel Lemir Savi, Cristian Camilo Lemir Savi y María Elina Pérez Montilla, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación — Rama Judicial i) por la privación injusta de la libertad de Miguel Antonio Lemir Cárdenas, puesto que estuvo recluido en la cárcel por más tiempo del que fue condenado por el delito de secuestro simple; y ¡i) por la captura de la que posteriormente fue objeto, porque ya había cumplido la pena por el delito referido.

Lemir Cárdenas, puesto que estuvo recluido en la cárcel por más tiempo del que fue condenado por el delito de secuestro simple; y ¡i) por la captura de la que posteriormente fue objeto, porque ya había cumplido la pena por el delito referido. Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los demandantes; por daño a la vida de relación, 50 SMLMV a cada uno de los demandantes; y, por lucro cesante, la suma de $1.500.000 a Miguel Antonio Lemir Cárdenas. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 27 de octubre de 2006, el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Popayán condenó a Miguel Antonio Lemir Cárdenas a pena de prisión de 38 meses, pues encontró que era autor del delito de secuestro simple. Manifiesta que el 10 de noviembre de 2009, el Juzgado 4” de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán concedió la libertad al procesado, al constatar que la privación de la libertad de la que había sido objeto había superado el término 1FL. 16a26y34a50,C. 1.Radicado: 19001233100020120033401 (55462) Demandante: Miguel Antonio Lemir Cárdenas y otros fijado en la condena, de conformidad con lo previsto en el numeral 1? del artículo ' 365 de la Ley 600 de 2000. En el mismo proveído, se ordenó “comunicar esta decisión a las mismas entidades a quienes se les envió copia de la sentencia condenatoria”.

365 de la Ley 600 de 2000. En el mismo proveído, se ordenó “comunicar esta decisión a las mismas entidades a quienes se les envió copia de la sentencia condenatoria”. Sostiene que posteriormente, el 29 de marzo de 2010, agentes de la Policía Nacional capturaron a Miguel Antonio Lemir Cárdenas, por ser presunto autor del delito de secuestro simple. No obstante, el mismo día, el Juzgado 3 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán ordenó su libertad inmediata. Los demandantes consideran que la Nación — Rama Judicial es patrimonialmente responsable: i) por la privación injusta de la libertad de Miguel Antonio Lemir Cárdenas, puesto que estuvo recluido en la cárcel por más tiempo del que fue condenado por el delito de secuestro simple; y ii) por la captura de la que posteriormente fue objeto, porque ya había cumplido la pena por el delito referido.

Textualmente solicitaron: “[...] Declárese que la Nación — Rama Judicial es responsable administrafivamente por los perjuicios [...] ocasionados a Miguel Antonio Lemir Cárdenas por los hechos ocurridos a partir del auto interlocutorio del 10 de noviembre de 2009, pues se olvidó haberle dado cumplimiento a lo ordenado en el punto quinto que decía que una vez en firme esta decisión se debe informar a las mismas entidades a quienes se les envió copia de la sentencia condenatoria, lo que no se hizo, motivo por el cual mi mandante fue objeto de captura ilegal [...]. Que debido a la negligencia y omisión por parte del Juzgado 4 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad al no dar cumplimiento a lo anotado en el auto interlocutorio

debido a la negligencia y omisión por parte del Juzgado 4 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad al no dar cumplimiento a lo anotado en el auto interlocutorio del 10 de noviembre de 2009, perjudicando a mi mandante, soportando la privación injusta de su libertad, por no haber informado inmediatamente a las entidades del estado que el señor Lemir ya había cumplido su condena, y además sobrepasado su pena, puesto que había sido condenado a 38 meses de prisión y solo a los 40 meses y 15 días le otorgaron su libertad, será entonces la Nación — Rama Judicial, quien deberá indemnizar al señor Miguel Antonio Lemir Cárdenas y todo su grupo familiar [...]'.Radicado; 1900123310002012003340)] (55462)

Demandante: Miguel Antonio Lemir Cárdenas y otros

2. Contestación El 18 de septiembre de 2012?, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público. 2.1. La Nación - Rama Judicial? manifestó que no ocasionó un daño antijurídico a los demandantes, porque sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de los postulados constitucionales y legales que le habían sido conferidos. Formuló como excepciones las que denominó “inexistencia de perjuicios” y “falta en la causa para demandar.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 28 de noviembre de 2014, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La parte demandante? y la Nación - Rama Judicial? reiteraron los argumentos

El 28 de noviembre de 2014, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La parte demandante? y la Nación - Rama Judicial? reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de ésta, respectivamente. 3.2. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 18 de junio de 2015” el Tribunal Administrativo del Cauca declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada, al evidenciar que los hechos alegados en la demanda ya habían sido debatidos dentro del proceso tramitado con el número de radicado 19001-23-31-753-2012-00279-00. 2 FI, 65, C. 1.

3FI,75a79,C, 1. 4 FI. 114, C. 1. 5 Fl. 116 a 133, C. 1. 6 Fl. 1564 a 157, C. 1. 7 Fl. 159 a 177, C. 3. pa,Si Radicado: 19001233100020120033401 (55462) Demandante: Miguel Antonio Lemir Cárdenas y atros Al efecto sostuvo que: “f...] observa la Sala que las pretensiones indemnizatorias de la parte actora en el sub lite, referidas al reconocimiento de los perjuicios causados con ocasión de la situación padecida por el señor Lemir Cárdenas, debido a la conducta omisiva de las autoridades judiciales, que condujeron a que resultara detenido por la Policía Nacional, ya fue materia de estudio y decisión por el Tribunal dentro del proceso distinguido con el No. 19001-23-31-753-2012-00279-00,

detenido por la Policía Nacional, ya fue materia de estudio y decisión por el Tribunal dentro del proceso distinguido con el No. 19001-23-31-753-2012-00279-00, presentándose así el fenómeno de la cosa juzgada [...], en el que se condenó a la entidad demandada al pago de los perjuicios morales causados a la parte actora con ocasión de la conducta en que se incurrió por parte de las autoridades judiciales, que llevó a que el señor Lemir Cárdenas hubiera sido objeto de detención por la Policía Nacional [...]”.

5. Recurso de apelación El 10 de julio de 20155, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 24 de julio de 2015? y admitido el 13 de octubre de 201510. 5.1. La parte actora!! argumentó que no se reunían los presupuestos para declarar de oficio la cosa juzgada, por cuanto no había identidad de objeto y causa en ambos procesos.

Textualmente manifestó que: “[...] no es posible proceder a declarar de oficio la excepción de cosa juzgada por los motivos ya expuestos, toda vez que como lo digo en mi escrito de demanda, estos son objeto es de una falla del servicio ocurrida a partir del auto interlocutorio del 10 de noviembre de 2009, expedido por el Juzgado 4? de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, el cual en su resuelve anotó que el condenado había descontado 40 meses y 14 días, cuando su pena era solo de 38 meses por lo fanto ordenaba Su libertad y a su vez girar las correspondientes boletas de libertad a favor del señor Miguel Antonio Lemir, a la penitenciaria

el condenado había descontado 40 meses y 14 días, cuando su pena era solo de 38 meses por lo fanto ordenaba Su libertad y a su vez girar las correspondientes boletas de libertad a favor del señor Miguel Antonio Lemir, a la penitenciaria ordenando su libertad, pero se olvidó darle cumplimiento a lo ordenado en el punto 8 Fl, 180 a 181, C. 3. 2 Fl. 184, €. 3. 10 FI, 189, C. 3. 11 FI, 180 a 181, C. 3.Radicado 19001233)00020120033401 (55462) Demandame: Miguel Antonio Lemir Cárdenas y otros quinto que decía que una vez en firme esta decisión se debe informar por medio del centro de servicios a las mismas entidades a quienes se les envió copia de la sentencia lo que omitió, motivo por el cual mi mandante fue objeto de innumerables problemas entre ellos la captura ¡legal de que fue víctima [...] Situación que se presentó por irregularidades sustanciales donde el Juzgado 4 Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad al no dar cumplimiento a lo anotado en el auto antes mencionado causando una serie de perjuicios de toda índole tanto para el señor Miguel Antonio Lemir como a todo su grupo familiar [...]”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 24 de noviembre de 201512 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La parte demandante, la Nación - Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio?.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación

6.1. La parte demandante, la Nación - Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio?.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 18 de junio de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación 12 Fl. 191, C. 3, 13 Fl, 192, C. 3.Radicado: 19001233100020120033401 (55462) Demandante: Miguel Antonio Lemir Cárdenas y otros estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

3. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si el derecho de acción se ejerció oportunamente o si, por el contrario, la acción de reparación directa se encontraba caducada al momento en que se presentó la demanda.

4. Solución del problema jurídico Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la vigencia de la acción.

5. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico

4. Solución del problema jurídico Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la vigencia de la acción.

5. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general", estableció unos plazos para poder ejercer 14 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.” 15 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.

Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,

concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público fo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”.Radicado: 19001233100020120033401 (55462) Demandante: Miguel Antonio Lemir Cárdenas y otros oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción?S, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y Garantías a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de

salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso jure!” que opera por la falta de actividad oportuna en la 16 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 "...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...) El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, fo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.” 17 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. EsRadicado: 1900)233)00020120033401 (55462) Demandante: Miguel Antonio Lemir Cárdenas y otros puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad”.

6. Caso concreto

absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad”.

6. Caso concreto En el sub life, los demandantes pretenden que se declare patrimonialmente responsable a la Nación — Rama Judicial por los perjuicios irrogados con ocasión así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso ¡ure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 18 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: "... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una Garantías para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado". 19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622;

Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49,898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130; Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 54.716.Radicado: 19001233 1000201 20033401 (55462) Demandante: Miguel Antonio Lemir Cárdenas y otros de la prolongación injustificada de la privación de la libertad de Miguel Antonio Lemir Cárdenas y de la detención arbitraria de la que este fue objeto posteriormente. Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo o no. 6.1. Hechos probados 6,1.1. Consta que el 27 de octubre de 2006, el Juzgado 2" Penal del Circuito Especializado de Popayán condenó a Miguel Antonio Lemir Cárdenas a pena de prisión de 38 meses, pues encontró que era autor del delito de secuestro simple, según da cuenta copia simple? del proveído del 10 de noviembre de 2009, proferido por el Juzgado 4” de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, por medio del cual se concedió la libertad al señor Lemir Cárdenas por pena cumplida?”. 6.1.2. Está probado que el 10 de noviembre de 2009, el Juzgado 4 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán concedió la libertad al procesado, al constatar que la privación de la libertad de la que había sido objeto había superado el término fijado en la condena, de conformidad con lo previsto en el numeral 1? del

de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán concedió la libertad al procesado, al constatar que la privación de la libertad de la que había sido objeto había superado el término fijado en la condena, de conformidad con lo previsto en el numeral 1? del artículo 365 de la Ley 600 de 2000. En el mismo proveído, se ordenó “comunicar esta decisión a las mismas entidades a quienes se les envió copia de la sentencia condenatoria”, según da cuenta copia simple de dicho proveído??. En el proveido se manifestó lo siguiente: “[...] Se tiene que la pena impuesta a Miguel Antonio Lemir Cárdenas es de 38 meses de prisión; que el interno registra a la fecha 33 meses y 22 días de descuento físico; más los 6 meses y 22 días reconocidos como rendición de pena por trabajo y/o estudio, nos dan un total de pena efectiva y cumplida a la fecha de 40 meses y 14 días, cumpliendo en su totalidad la pena impuesta, razón por la que el despacho le concederá la libertad por pena cumplida, girándose en su favor boleta de libertad ante la Dirección de la Penitenciaria Nacional San Isidro [...]. Resuelve 20 La Sala le otorga valor a las pruebas documentales presentadas en copia simple, en virtud de lo decidido en sentencia de unificación con radicado No. 25022, del 28 de agosto de 2013. 21FI.7y8,C.1. 22 Jbíd.Radicado: 19001233100020120033401 (55462) Demandante: Miguel Antonio Lemir Cárdenas y otros Primero, Reconocer al condenado Miguel Antonio Lemir Cárdenas una redención de pena de 6 meses y 22 días, tal como se anotó en la parte motiva de esta providencia.

Demandante: Miguel Antonio Lemir Cárdenas y otros Primero, Reconocer al condenado Miguel Antonio Lemir Cárdenas una redención de pena de 6 meses y 22 días, tal como se anotó en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Declarar que el condenado Miguel Antonio Lemir Cárdenas ha descontado a la fecha el total de 40 meses y 14 días de prisión. Tercero. Conceder la libertad por pena cumplida al sentenciado Miguel Antonio Lemir Cárdenas, por las razones anotadas con precedencia. Cuarto. Girar la correspondiente boleta de libertad a favor del señor Miguel Antonio Lemir Cárdenas, ante el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Popayán, dejando copia de ello en los autos. Quinto. Comunicar esta decisión a las mismas entidades a quienes se les envió copia de la sentencia condenatoria. Déjese copia en el expediente [...]” 6.1.3. Está acreditado que Miguel Antonio Lemir Cárdenas estuvo privado de la libertad hasta el 12 de noviembre de 2009, según da cuenta copia auténtica del oficio suscrito por Luis Álvaro Valencia Ordoñez, jefe del área jurídica del INPEC3. En efecto, el oficio referido señaló lo siguiente: [...] informo según datos del sispec web que el señor Miguel Antonio Lemir Cárdenas, ingresó a este establecimiento en fecha 17 de noviembre de 2007 y salió en libertad en fecha 12 de noviembre de 2009 [...]” 6.1.4. Probado está que el 29 de marzo de 2010, agentes de la Policía Nacional capturaron a Miguel Antonio Lemir Cárdenas, por ser presunto autor del delito de

en libertad en fecha 12 de noviembre de 2009 [...]” 6.1.4. Probado está que el 29 de marzo de 2010, agentes de la Policía Nacional capturaron a Miguel Antonio Lemir Cárdenas, por ser presunto autor del delito de secuestro simple, según da cuenta copia auténtica del oficio No. 0019 suscrito el 7 de febrero de 2011 por José Durley Flores Suarez, comandante de la Policía Nacional?. En el oficio referido se consignó la siguiente información: “[...] se procedió a revisar los antecedentes plasmados y registrados como histórico en los libros que se llevan en la Estación de Policia Popayán Zona Norte, encontrando en el libro control de retenidos en los folios 28 y 29, un registro del 29/03/10 a las 11:28 horas el ingreso a la sala de reflexión del señor Miguel Antonio Lemir Cárdenas con C.C. No. 93384393 por el delito de secuestro simple [...] con anotación de salida en cumplimiento al oficio No. 238 firmado por el Juez Guillermo

A. Ramírez (Juez No. 3 de Penas y Medidas de Seguridad) ordenando su libertad PJ"Radicado: 19001233100020120033401 (55462) Demandante: Miguel Antonio Lemir Cárdenas y otros 6.1.5. Se probó que Miguel Antonio Lemir Cárdenas estuvo privado de la libertad hasta el 29 de marzo de 2010, según da cuenta copia auténtica del oficio No. 0019 suscrito el 7 de febrero de 2011 por José Durley Flores Suarez, comandante de la Policía Nacional?5, 6.2. Análisis de la caducidad de la acción de reparación directa

suscrito el 7 de febrero de 2011 por José Durley Flores Suarez, comandante de la Policía Nacional?5, 6.2. Análisis de la caducidad de la acción de reparación directa En el caso sub examine se tiene que los daños alegados consisten i) en la privación de la libertad de la libertad de Miguel Antonio Lemir Cárdenas, puesto que estuvo recluido en la cárcel por más tiempo del que fue condenado por el delito de secuestro simple; y ii) por la captura de la que posteriormente fue objeto, porque ya había cumplido la pena por el delito referido. En este orden de ideas, de los medios probatorios arrimados al proceso se encuentra acreditado lo siguiente: i) que el 27 de octubre de 2006, el Juzgado 2" Penal del Circuito Especializado de Popayán condenó al señor Lemir Cárdenas a pena de prisión de 38 meses, pues encontró que era autor del delito de secuestro simple (hecho probado 6.1.1.); ii) que el 10 de noviembre de 2009, el Juzgado 4 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán concedió la libertad al procesado, al constatar que la privación de la libertad de la que había sido objeto había superado el término fijado en la condena. Y que en el mismo proveído, se ordenó “comunicar esta decisión a las mismas entidades a quienes se les envió copia de la sentencia condenatoria” (hecho probado 6.1.2.); iii) que Miguel Antonio Lemir Cárdenas estuvo privado de la libertad hasta el 12 de noviembre de 2009

copia de la sentencia condenatoria” (hecho probado 6.1.2.); iii) que Miguel Antonio Lemir Cárdenas estuvo privado de la libertad hasta el 12 de noviembre de 2009 (hecho probado 6.1.3.); iv) que el 29 de marzo de 2010, agentes de la Policía Nacional capturaron a Miguel Antonio Lemir Cárdenas, por ser presunto autor del delito de secuestro simple (hecho probado 6.1.4.); y v) que el señor Lemir Cárdenas estuvo privado de la libertad solo por ese día, es decir, hasta el mismo 29 de marzo de 2010 (hecho probado 6.1.5.). Ahora bien, tal y como se indicó en el acápite quinto de esta providencia, el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que la acción de reparación 25 IbidemRadicado: 19001233