CE - 012331005201300235011SENTENCIA20231009093455

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) RADICACIÓN: 08001-23-31-005-2013-00235-01 (61203) DEMANDANTE: PEDRO MIGUEL RODRÍGUEZ MONTERROSA DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS REFERENCIA: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA TEMAS: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO: Inundaciones de predios por el rompimiento del Canal del Dique/ CADUCIDAD: Definición, características/ Contabilización de la caducidad en eventos de daños generados por inundaciones. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda por la configuración del eximente de fuerza mayor. I. SÍNTESIS DEL CASO El 30 de noviembre de 2010 se produjo el rompimiento del carreteable paralelo al Canal del Dique, generando la inundación de varios municipios del sur del departamento del Atlántico, entre ellos la localidad de Campo de la Cruz, donde se encontraba ubicado el predio “La Ciénaga Real” de propiedad del demandante y destinado a la explotación ganadera, actividad que se vio truncada por la inundación. II. ANTECEDENTES 1. Demanda El 11 de marzo de 2013, el

Cruz, donde se encontraba ubicado el predio “La Ciénaga Real” de propiedad del demandante y destinado a la explotación ganadera, actividad que se vio truncada por la inundación. II. ANTECEDENTES 1. Demanda El 11 de marzo de 2013, el señor Pedro Miguel Rodríguez Monterrosa, por conducto de apoderado judicial (fl. 15, C.1), presentó demanda de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías-INVIAS, departamento del Atlántico, municipio de Campo de la2

Radicación: 08001233100520130023501 (61203) Demandante: Pedro Miguel Rodríguez Monterrosa Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

Cruz, Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), Corporación Autónoma Regional del río grande de La Magdalena (CORMAGDALENA) y Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) con el fin de que se acceda a las siguientes pretensiones: 1. Se declare responsable a los demandados (…) por falla en la prestación del servicio, al omitir sus funciones en los hechos ocurridos el día 30 de noviembre, del 2010. 2. Condenar a la Nación y demás entes demandados a reconocer y pagar a mi representado, a manera de indemnización por daños morales y materiales, causados cuantía a determinar en salarios mínimos legales mensuales vigentes, a saber: 3. Los daños morales, los consideramos como la afectación de la economía y estabilidad familiar, del demandante Pedro Miguel Rodríguez Monterrosa estipulados en 1000 S.M.M.L.V. se encuentra establecido en la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos, ($565.500,oo). Lo que arroja una suma de quinientos sesenta y cinco mil quinientos millones la mayor que resulte de la correspondiente operación aritmética. 4. Que se le pague a mi mandante los perjuicios materiales, incluyendo el daño emergente y el lucro cesante, más los intereses que se generen, desde la fecha del 30 de noviembre del 2010, hasta la fecha de terminación de esta demanda, teniendo en cuenta que la actividad productiva de mi mandante quedó reducida a cero por la total destrucción de la finca, fuente de sostenimiento de mi mandante y de su núcleo familiar.

5. Daño emergente, se fija en la suma de trescientos cincuenta y nueve millones, trescientos cuatro mil, cuatrocientos pesos, ($359.304.400), constituido por la destrucción absoluta de la finca, propiedad del demandante. Cuyos soportes se anexan en el acápite probatorio. 6. Lucro cesante: lo estimamos en la suma de ciento cincuenta y un millones, doscientos mil pesos ($151.200.000), cuyos soportes se anexan en el acápite probatorio. El total del daño material es de quinientos diez millones, quinientos cuatro mil, cuatrocientos pesos. ($510.504.400), pérdidas de los enseres, artículos de la finca, daños de la vivienda rural, transportes, trasteo, alimentación, arriendo de finca y la falta de producción de la finca. Total de las pretensiones: el total de las pretensiones asciende a la suma de mil cien millones, cuatro mil, cuatrocientos pesos m/l ($1.076.004.400). Como fundamento fáctico de las pretensiones, narró, en síntesis, que el demandante es propietario de un predio denominado “La Ciénaga Real”, destinado a la explotación ganadera, ubicado en el municipio de Campo de la Cruz, departamento del Atlántico. El día 30 de noviembre de 2010 se produjo la ruptura de un tramo de la carretera que colinda con el Canal del Dique, entre las poblaciones de San Pedrito y Santa Lucía, boquete que alcanzó una extensión de 214 metros lineales, generando la inundación de las zonas aledañas e impidiendo que el demandante continuara con su actividad productiva, como consecuencia de la destrucción de sus bienes y3

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mejoras desarrolladas en el predio, así como perjuicios morales debido a la desintegración del grupo familiar y la pérdida del trabajo de toda una vida. La ruptura ocurrió por la omisión y descuido de las entidades demandadas, quienes estaban encargadas del mantenimiento del cauce del río Magdalena y el Canal del Dique, obligaciones que fueron incumplidas ostensiblemente porque el tramo del carreteable se encontraba en mal estado y presentaba filtraciones, no se adoptaron las medidas preventivas del caso, aunado a que subestimaron la magnitud de la tragedia, pese a ser advertidos con anterioridad por el IDEAM, los gremios ganaderos, asociaciones campesinas y la población en general. Días antes de la tragedia, se abrieron las compuertas de la hidroeléctrica de la represa Guatavita, el agua descargada aumentó el caudal del río Magdalena y del Canal del Dique, al cual no se le realizaba mantenimiento, ello produjo el represamiento del cauce y consecuentemente la ruptura del tramo de la carretera. Las inundaciones en esta zona son recurrentes, a tal punto que, en noviembre de 1984, también se había presentado una ruptura del Canal del Dique en ese mismo tramo, hechos por los que el Estado resultó declarado responsable patrimonialmente. Luego de ocurrida la ruptura del Canal del Dique, la emergencia fue atendida negligentemente porque se envió maquinaria inadecuada para ejecutar los trabajos de atrincheramientos y levantar los terraplenes. 2. Trámite en primera instancia 2.1. La demanda fue admitida el 14 de mayo de 2013 (fls.57-59 C.1). 2.2. Luego de la notificación del auto admisorio (fls. 62-73 C.1), las entidades demandas presentaron contestación en los siguientes términos: 2.2.1. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico

(fls.57-59 C.1). 2.2. Luego de la notificación del auto admisorio (fls. 62-73 C.1), las entidades demandas presentaron contestación en los siguientes términos: 2.2.1. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico sostuvo la inexistencia de la falla del servicio, por cuanto no tuvo injerencia en el rompimiento del Canal del Dique, al estar fuera de su competencia el mantenimiento del mismo; inexistencia del daño; inexistencia de la obligación; falta de la legitimación en la causa por pasiva; fuerza mayor, como consecuencia del fenómeno de La Niña que aumentó las precipitaciones a un nivel extraordinario e imprevisible; y por último, alegó el hecho de un tercero (fls. 79-138, C.ppal).4

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2.2.2. El Instituto Nacional de Vías expuso que entre sus funciones no estaba incluidos el mantenimiento, conservación y protección del río Magdalena, el Canal del Dique o el carreteable, y propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva, el eximente de responsabilidad por fuerza mayor, y caducidad del medio de control (fls. 532-538, C. ppal). 2.2.3. La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique-CARDIQUE expuso que la entidad no operaba en el municipio de Campo de la Cruz; tampoco era la encargada del manejo de las obras de protección y prevención de las aguas del Canal del Dique; existía falta de legitimación en la causa por pasiva; no se acreditó un hecho u omisión que permitiera atribuirle fáctica y jurídicamente el daño, y el daño es consecuencia de un evento de fuerza mayor consistente en las precipitaciones imprevistas e irresistibles ocurridas en la zona (fls.555-574 C.1). 2.2.4. La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena-CORMAGDALENA alegó la inexistencia de daño antijurídico causado por el Estado; no resulta viable la aplicación del daño especial en el presente asunto; la entidad cumplió con sus funciones de forma diligente; ausencia de nexo de causalidad; fuerza mayor, debido a que el fenómeno de La Niña ocurrido en el país constituyó un desastre natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles; culpa exclusiva de la víctima, por asentar su actividad productiva en una zona inundable; hecho de un tercero, por cuanto en el terraplén se encontraban ubicados cuerpos extraños que causaron su debilitamiento estructural; y falta de legitimación en la causa por pasiva (fls. 579-605 C.1). 2.2.5. El Ministerio de Transporte expuso que los hechos ocurridos escapan del marco funcional de la entidad,

ubicados cuerpos extraños que causaron su debilitamiento estructural; y falta de legitimación en la causa por pasiva (fls. 579-605 C.1). 2.2.5. El Ministerio de Transporte expuso que los hechos ocurridos escapan del marco funcional de la entidad, ligado a que la causa del desastre ocurrido el 30 de noviembre del año 2010 radicó en un hecho atribuible exclusivamente a la naturaleza, es decir, se configuró una fuerza mayor o caso fortuito, sumada a la intervención de ciudadanos que instalaron en el terraplén tuberías ilegales generando su debilitamiento estructural (fls. 905-918 C.2). 2.2.6. Según lo determinó el a quo, el departamento del Atlántico y el Ministerio del Interior contestaron la demanda de forma extemporánea. Por su parte, el municipio de Campo de la Cruz guardó silencio frente al escrito inicial. 2.3. El 5 de diciembre de 2013 se celebró la audiencia inicial (fls.961-974 C.2). 2.4. El 7 de febrero de 2014 se realizó la audiencia de pruebas (fls.1076-1083 C.3).5

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2.5. El 25 de agosto de 2017 se concedió el traslado para presentar los alegatos de conclusión (fls.1319-1320 C.4), término durante el cual se pronunciaron la parte demandante, el departamento del Atlántico, Ministerio de Transporte, Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Corporación Autónoma Regional del río grande de La Magdalena, Corporación Autónoma Regional del Atlántico, el Instituto Nacional de Vías y el Ministerio del Interior (fls. 1222-1340 C.4). 2.6. El Ministerio Público guardó silencio. 3. Sentencia de primera instancia En fallo del 15 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda al considerar que se había configurado la causal eximente de responsabilidad por fuerza mayor, ya que la ruptura del carreteable-dique no se produjo por su defectuoso funcionamiento, más bien obedeció a la severidad de las precipitaciones como consecuencia del fenómeno de La Niña en el año 2010, hecho que determinó los daños que dice haber sufrido la parte actora. Agregó que los habitantes de predios ribereños tienen una responsabilidad de autocuidado sobre sus bienes, enseres y animales, retirándolos antes de que las aguas alcancen el predio, dado que conocen de la probable ocurrencia de estas catástrofes. El fenómeno de La Niña ocurrido a finales del año 2010 y principios del 2011 generó la superación de los límites pluviométricos, agudizando la sedimentación y complicando el manejo de la situación,

esto en atención a las pruebas indicativas que las lluvias sobrepasaron los niveles históricos registrados para épocas anteriores, de suerte que el daño no tiene la calidad de antijurídico que permita su atribución a las entidades demandadas, frente a quienes no se acreditó su falta de actuación ante la emergencia (fls. 1341-1361 C. Seg. Inst.). 4. Recurso de apelación La parte actora se encontró disconforme con la decisión en razón a que la inundación acaecida el 30 de noviembre de 2010 ocurrió por la ruptura de un tramo de la carretera entre San Pedrito y Santa Lucía que se encontraba en mal estado y con filtraciones por la instalación de tuberías de forma ilegal, causando un boquete de 240 metros lineales, sin que los niveles del Canal del Dique hayan superado los promedios considerados como de alto riesgo.6

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Respecto a los informes del IDEAM, resaltó que para el mes de noviembre de 2010 se registró el menor nivel de agua en comparación con los demás meses, por tanto, la tragedia debió ocurrir en cualquier mes, menos en noviembre, debido a su bajo nivel de lluvia, esto descarta que la inundación fue propiciada por las precipitaciones y confirma que su causa estriba en el rompimiento del tramo carreteable en mal estado. Al observar los porcentajes del año 2011, se advierte que los mismos fueron superiores al año 2010, pero la inundación no se volvió a producir, pese a que el carreteable se encontraba en las mismas condiciones. El a quo se concentró en la magnitud y los aumentos de los niveles del caudal, pero olvidó analizar lo concerniente con la irresistibilidad para así definir si se trataba de un caso sobrenatural. El juez de primera instancia negó una prueba que servía para demostrar la recurrencia de los hechos, tampoco ofició al periódico que divulgó la noticia sobre las denuncias de la comunidad, sin que se adviertan las medidas preventivas adoptadas por el gobierno; en igual sentido, no se ofició a la represa Guatavita para comprobar que las compuertas fueron abiertas el 28 de noviembre de 2010, inclusive, cuando existía altas precipitaciones, apertura que generó una amenaza por la fuerza intempestiva de los millones de litros cúbicos de agua que azotaron la frágil carretera abandonada por las entidades responsables. En el vídeo “el Atlántico está blindado” se puede verificar las obras realizadas por la gobernación del Atlántico, sin embargo, no se observa alguna obra de reforzamiento en la zona donde ocurrió la ruptura del canal. Está acreditado que el boquete se produjo por la falta de mantenimiento del Canal del Dique, el cual no ha sido objeto de reparaciones en más de 20 años, generando sedimentación que pudo

sin embargo, no se observa alguna obra de reforzamiento en la zona donde ocurrió la ruptura del canal. Está acreditado que el boquete se produjo por la falta de mantenimiento del Canal del Dique, el cual no ha sido objeto de reparaciones en más de 20 años, generando sedimentación que pudo desviar las corrientes a las paredes debilitadas con la instalación irregular de tubos, actividad tolerada por los entes demandados, que incumplieron su obligación de vigilancia y mantenimiento de la vía. Tampoco se consideró que la población de Suan resistió la avalancha gracias a las labores del alcalde, quien amuralló la localidad desde el mes de mayo. Ello demuestra que el evento era resistible, además de previsible, por cuanto el IDEAM informó que las precipitaciones iniciaron en el mes de junio (fls. 1378-1387 C. Seg.Inst.).7

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El recurso fue concedido el 5 de febrero de 2017 (fl.1399 C. Seg.Inst). 5. Trámite en segunda instancia 5.1. El recurso de apelación fue admitido el 8 de junio de 2018 (fl.1425 C. Seg. Inst.). 5.2. El 27 de agosto de 2018 se concedió el traslado para presentar los alegatos de conclusión (fl.1428 C. Seg. Inst.), término durante el cual se pronunció la parte demandante, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena, Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior (fls. 1436-1498 C. Seg. Inst.). 5.3. El Instituto Nacional de Vías radicó los alegatos de conclusión de forma extemporánea (fls. 1499-1507 C. Seg. Inst.). 5.4. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, toda vez que no se allegaron pruebas sobre la culpa o negligencia de las entidades demandadas, ligado a que el fenómeno de La Niña constituyó un evento de fuerza mayor de carácter imprevisible e irresistible, dado el aumento de las precipitaciones a niveles anormales y superiores al promedio de los últimos 5 años (fls.1516-1524 C. Seg.Inst.). 5.5. El 3 de marzo de 2023, esta Corporación decretó una prueba de oficio con el fin de despejar lo atinente a la posible configuración de la cosa juzgada (fls. 1539-1541 C. Seg.Inst.). Oficio atendido por el Juzgado

14 Administrativo del Circuito de Barranquilla, despacho que certificó: Una vez revisada la matriz y validado el listado de personas que solicitaron su inclusión en la acción de grupo radicada bajo el número 2011-00023 NO figura el señor Miguel Rodríguez Monterrosa, identificado con la cédula de ciudadanía 8.535.901 (Archivos: 33-37 SAMAI). III. CONSIDERACIONES 1.Competencia La Sala es competente para conocer el presente asunto en atención a lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, por tratarse de una apelación de una sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Igualmente, en razón a la cuantía, porque la pretensión mayor1 superó el 1 La estimación del daño emergente ascendió a $359.304.400, valor que para el año 2013 superaba el límite de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.8

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límite de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes contemplando en el numeral 6 del artículo 152 del CPACA, vigente para la época de presentación de la demanda. 2. Caducidad del medio de control de reparación directa En aras de garantizar el interés general y la seguridad jurídica2, especialmente con la finalidad de impedir que las controversias permanezcan indefinidas en el tiempo, el legislador estableció términos objetivos e invariables para accionar el sistema judicial3, durante estos los administrados se encuentran habilitados con el fin de presentar cualquiera de los medios de control procedentes ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en caso contrario, operará el instituto jurídico procesal de la caducidad, cuyo efecto principal es la pérdida del derecho de acción que conlleva la imposibilidad de obtener una decisión de fondo sobre lo pretendido en la demanda.4 Sobre sus características y consecuencias principales debe anotarse5: I) La caducidad opera automáticamente por el solo paso del tiempo, su cómputo inicia desde que ocurra el hecho previsto por el legislador, el cual dependerá de cada medio de control (Art. 136 CCA o Art. 164 CPACA). II) En razón a que se encuentra consagrada en normas de orden público, es irrenunciable por los sujetos procesales, inclusive, por quien resulte beneficiado con 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, providencia del 27 de noviembre de 2017, radicación No. 15001-23-33-000-2013-00492-01(51415), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, providencia del 23 de junio de 2011, radicación No. 23001-23-31-000-1998-09155-01(21093), C.P. Hernán

Gamboa. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, providencia del 23 de junio de 2011, radicación No. 23001-23-31-000-1998-09155-01(21093), C.P. Hernán Andrade Rincón. 4 Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2011, exp: D-3388, M.P. Rodrigo Escobar Gil. “La caducidad es una institución jurídico procesal a través del cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. //(…) La justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones contencioso administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del interés general”. 5 Consejo

de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 18 de marzo de 2010, radicación No. 23001-23-31-000-2000-08951-01(19099), C.P. Enrique Gil Botero; Subsección B, providencia del 11 de noviembre de 2012, radicación No. 25000-23-26-000-1993-08747-01(24870), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Subsección C, providencia del 27 de agosto de 2015, radicación No. 25000-23-36-000-2014-00119-01(54385), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.9

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su declaratoria; asimismo, sus condicionamientos no pueden ser objeto de modificación por las partes, mediante acuerdo, incluyendo tanto el término mismo como el momento a partir del cual inicia su contabilización. III) El juez debe declarar de oficio la caducidad, siempre y cuando resulte sustentada en los medios de prueba obrantes en el plenario. En el inicio del proceso conlleva el rechazo de la demanda, y actualmente, puede dar lugar a dictar sentencia anticipada según el artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. IV) Por regla general, no admite suspensión, salvo lo concerniente con el trámite conciliatorio según el artículo 56 de la Ley 2220 de 2022, anteriormente artículo 21 de la Ley 640 de 2001. V) Ante la duda acerca de la configuración de la caducidad, el juez debe optar por seguir adelante con el trámite judicial hasta contar con los elementos de prueba para despejar la incertidumbre, ello en virtud del principio pro actione que busca maximizar el derecho de acceso a la administración de justicia. En el escenario del medio de control de reparación directa, el legislador definió que la víctima cuenta con el término de dos años para radicar la demanda, plazo que al ser superado deviene en la declaratoria de caducidad e impide que el administrado obtenga una decisión de fondo acerca de la responsabilidad estatal y la consecuente indemnización de los perjuicios ocasionados. En lo referido al hito que marca el inicio del plazo de dos años para presentar el medio de control de reparación directa, debe acudirse a su regulación

en los diferentes estatutos procesales. Para el presente asunto es imperioso atender a lo previsto por el numeral 8 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, en vista de que los hechos objeto del presente litigio ocurrieron en el año 2010, momento para el cual seguía vigente el Código Contencioso Administrativo. La norma mencionada establece: ARTÍCULO 136: Caducidad de las acciones: (…) 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.10

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Bajo esa lógica, con el objetivo de contabilizar el término de caducidad, debe identificarse el hecho u omisión generadora del daño, sin perder de vista que si el resultado dañoso se manifiesta en un momento posterior se emplea el criterio de la cognoscibilidad6, pues no se puede exigir a la víctima la presentación de una reclamación sobre un daño desconocido. Ahora bien, en los eventos donde se pretende comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado por sus acciones u omisiones que derivan en la inundación de los predios de los administrados, esta Corporación se ha pronunciado respecto del momento desde el cual comienza a correr el término de caducidad7, en el entendido que se trata de un daño instantáneo o inmediato que se manifiesta a partir del momento de la anegación de los terrenos, y no uno de carácter continuado o de tracto sucesivo, por la permanencia de la inundación8. Así, en sentencia del 7 de diciembre de 2017 esta Subsección conoció de un caso en el que se pretendía que se declara la responsabilidad de las entidades demandadas por la inundación de un predio como consecuencia del desbordamiento del río Bogotá, ocasión en la que se declaró la configuración de la caducidad: 3.3.5 Para la Sala, los daños que se demandan, como por lo regular ocurre con los que se producen con ocasión de una inundación, sucedieron en virtud de un evento que no tiene el carácter continuado, dado que se trata de un suceso del que se deriva un perjuicio proyectado al futuro. Así, la fecha del hecho dañoso, esto es la inundación, es el punto de partida para el cómputo de caducidad, indistintamente que esta haya generado secuelas posteriores, como el pago de los honorarios de los auxiliares que realizaron la prueba anticipada.9 En el mismo sentido y en un tiempo más reciente, la Subsección B de la Sección Tercera

el punto de partida para el cómputo de caducidad, indistintamente que esta haya generado secuelas posteriores, como el pago de los honorarios de los auxiliares que realizaron la prueba anticipada.9 En el mismo sentido y en un tiempo más reciente, la Subsección B de la Sección Tercera decidió un asunto en el que se reclamaban los daños generados por la

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 16 de agosto de 2001, radicación No. CE-SEC3-EXP2001-N13772, C.P. Ricardo Hoyos Duque. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2011, radicación No. 23001-23-31-000-1998-09155-01(21093), C.P. Hernán Andrade Rincón; Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2015, radicación No. 08001-23-31-000-2005-01484-01(35712), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Subsección A, sentencia del 20 de septiembre de 2017, radicación No. 76001-23-33-000-2013-01021-01(57722), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Subsección C, sentencia del 27 de noviembre de 2017, radicación No. 15001-23-33-000-2013-00492-01(51415), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 8 Sobre la diferencia entre daños inmediatos y continuados ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de octubre de 2007, radicación No. 25000-23-27-000-2001-00029-01(AG), C.P. Enrique Gil Botero. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de diciembre de 2017, radicación No. 25000-23-26-000-2004-01705-01(35770), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.11

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sobreinundación de los predios de propiedad de los demandantes por la supuesta construcción defectuosa de un dique marginal, oportunidad en la que se determinó: 11.- Según el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caduca al vencimiento del plazo de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho atribuible a la entidad demandada. En este caso, el hecho atribuible a las demandadas es la inundación de los predios y la contabilización del término inició a partir de su ocurrencia, pues se trató de un hecho dañoso único y no de un daño continuado. 12.-La Sala no comparte la consideración del tribunal según la cual la acción se presentó en término porque la inundación permaneció <<hasta 2001>>, pues esta circunstancia no es la que debe tenerse en cuenta para la contabilización del término de caducidad. 12.1.- La permanencia de la inundación en los predios influye en los perjuicios derivados de tal situación, pues, según los demandantes, durante ese tiempo les fue imposible explotar los predios. No obstante, ello no prolo