CE - 012333000201200122021SENTENCIA20231031092844

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá DC, veintitrés (23 ) de octubre de dos mil veinti trés (202 3)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 68001 -23 -33 -000 -2012 -00122 -02 (2589 -2014 )

Demandante: CARLOS FERNANDO OSORIO SAAVEDAR, COMO

SUCESOR PROCESAL DE LA SEÑORA TERESA

OSORIO SAAVEDRA

Demandado: NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,

SECRETARÍA EDUCACIÓN DE BU CARAMANGA .

Temas: Funcionario de hecho / requisitos / celador

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de l 27 de marzo de 2014 , proferida por el Tribunal Administrativo d e Santander , que negó las súplicas de la demanda instaurada por la señor a Teresa Osorio Saavedra en contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación de Bucaramanga .

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 1. 2.1.1. Pretensiones.

Saavedra en contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación de Bucaramanga .

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 1. 2.1.1. Pretensiones.

La señor a Teresa Osorio Saavedra , actuando mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contenido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2 demand ó la nulidad de los Oficio s SEB -JUR -445 -4000 del 22 de mayo de 2012 y sin n úmero del 21 de junio de 2012 proferido s, en su orden, por la Secretaría de Educación y la Personería

1 F ol i os 1 a 14. 2 «P or l a c ual s e ex pi de el Códi go de P roc edi m i ent o A dm i ni s t rat i v o y de l o Cont enc i os o A dm i ni s t rat i v o».Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2012 -00122 -02

Número interno: 2589 -2014

Demandante : Carlos Fernando Osorio Saavedra

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2 de l municipio de Bucaramanga , por medio de los cual es se negó la solicitud de que existió una relación laboral .

A título de restablecimiento del derecho, solicit ó condenar a las demandadas a que declare n que existi ó un contrato de trabajo desde el 20 de mayo de 1970 hasta la fecha en que se presentó demanda y

A título de restablecimiento del derecho, solicit ó condenar a las demandadas a que declare n que existi ó un contrato de trabajo desde el 20 de mayo de 1970 hasta la fecha en que se presentó demanda y a que paguen (i) los salarios , trabajo suplementario y prestaciones que se generaron con ocasión de sus servicios como celadora en la Institución Educativa Camacho Carreño , de forma indexada , ( ii) los aportes al sistema general de pensiones hasta el 16 de julio de 2001, fecha en que adquirió el estatus pensional y (iii) el retroactivo pensional, junto con los intereses a que haya lugar .

Igualmente, requirió a las acci onadas a que den cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículo s 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA ) y sean condenadas en costas.

2.1.2 . Hechos.

La demandante relacionó los siguientes hechos relevantes :

1. El 20 de mayo de 1970, el personero de Bucaramanga la autorizó para que habitara, junto con su familia, en la concentración Camacho Carrero a cambio de lo cual debía responsabilizarse , sin recibir retribución a lguna, de la s labor es de celaduría, aseo , mantener el inventario de bienes realizado por la Contraloría municipal de fecha 6 de diciembre de 1973 y dar aviso de los daños que sufriera la institución a las autoridades competentes .

2. Desde 1984 hasta 1996, obran diversos oficios en los que la administración municipal le ordena actividades o efectúa

de diciembre de 1973 y dar aviso de los daños que sufriera la institución a las autoridades competentes .

2. Desde 1984 hasta 1996, obran diversos oficios en los que la administración municipal le ordena actividades o efectúa requerimientos relacionad as con las labores de mantenimiento, aseo y celaduría que se comprometió a ejercer por habitar la aludida institución educativa.

3. En los años 1996 y 1997, quienes fungieron como directores de la institución educativa le dieron constancia s de las labores que ella desempeñó.

4. El 8 de octubre de 1996 , requirió al Alcalde de Bucaramanga para que la nombr e, en propiedad , en el cargo de celadora de la concentración Camacho Carrero. El 18 de octubre y 1º de noviembre de 1996, la Secretaría de Educación remitió su asunto a la Secretaría Jurídica para su estudio . Estas peticio nes fueron reiteradas el 17 de febrero de 1997 y 26 de mayo de 2003 y decididas de forma negativa.Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2012 -00122 -02

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4. El 30 de marzo de 2012 y el 6 de junio de la misma anualidad , pidió a la Secretaría de Educación y a la Personer ía de Bucaramanga el

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4. El 30 de marzo de 2012 y el 6 de junio de la misma anualidad , pidió a la Secretaría de Educación y a la Personer ía de Bucaramanga el reconocimient o de una relación laboral con el consecuente pago de las acreencias laborales a que haya lugar, lo cual fue negado a través de los actos administrativos enjuiciados .

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

La ac tora cit ó como normas vulneradas los artículos 1º, 4, 17, 25, 53 y 229 de la Constitución Política y los decretos 1042 y 1045 de 1978.

En el concepto de violación exp res ó que se transgredieron las disposiciones atrás referenciadas , así como el principio de primacía de la realidad sobre las formas y los derechos a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital, comoquiera que ha des empeñado las funciones de celadora en la institución educativa Camacho Carreño desde 1970 sin recibir por parte de la ad ministración retribución económica alguna .

2.2. Contestaci ones de la demanda.

La Personería del municipio de Bucaramanga 3 se opuso a todas y cada una de las súplicas de la demanda, al estimar que entre la accionante y la entidad nunca existió un a relación laboral , en la medida en que (i) no fue vinculada de manera legal y reglamentari a y (ii) cuando la administración requería los servicios de celaduría , lo hacía a través de contrato de trabajo , el cual debía estar precedido de

medida en que (i) no fue vinculada de manera legal y reglamentari a y (ii) cuando la administración requería los servicios de celaduría , lo hacía a través de contrato de trabajo , el cual debía estar precedido de las formalidades propias de que trata el Decreto 2127 de 1945 .

Destacó que en la planta global del municipio de Bucaramanga no figuraba el empleo de celador para la Concentración José Camacho Carreño.

Concluyó que , en el asunto sub judice, no se configuraba una relación laboral, pues no se acreditaron los tres pre supuestos exigidos , esto es, prestación personal del servicio, subordinació n y remuneración.

Finalmente, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y caducidad.

El municipio de Bucaramanga 4 señaló que en el asunto sub examine no existen fundamentos de hecho ni de derecho que legitimen la condena perseguida. Propuso los medios exceptivos de insuficiencia de poder, indebido agotamiento de l requisito de procedibilidad, prescripción, inexistencia de la obligación, ineptitud de la demanda,

3 Folios 113 a 120 c. ppal. 4 Folio 139 a 158 c. ppal.Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2012 -00122 -02

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4 enriquecimiento sin causa, carencia del derecho reclamado, buena fe, falta de título y causa y, genérica .

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4 enriquecimiento sin causa, carencia del derecho reclamado, buena fe, falta de título y causa y, genérica .

2.3. Trámite en primera instancia.

El 22 de mar zo de 2013 5, el señor Carlos Fernando O sorio Saavedra , en calidad de hijo de la ac cionante que falleció el 8 de diciembre de 2012 , solicitó la sucesión procesal . El 5 de abril de 2013 6, el Tribunal Administrativo de Santander aceptó al antes nombrado como sucesor procesal y ordenó el cambio de la parte actora en el sistema Siglo XXI y en la carátula del expediente .

El 9 de mayo de 2013 7, el magistrado sustanciador de primera instancia llevó a cabo la audiencia inicial , en la que (i) declaró saneado el proceso y (ii) declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Personer ía y, en consecuencia, dispuso que el proceso continuará «teniéndose co mo parte demandada solo al municipio de Bucaramanga» .

El 14 de noviembre de 2013 8 el a quo le dio continuidad a la audiencia inicial , fijando el litigio en los siguientes términos:

[…] En que el acto acusado es el Oficio SEB -JUR 445 -4000 del 22 de mayo de 2012 expedido por la Secretaría de Educación Municipal, que obra a folios 60 -61 del expediente, en el que en síntesis, niega la existencia de una relación laboral entre la institución educativa Camacho Carreño y la Señora Teresa

Municipal, que obra a folios 60 -61 del expediente, en el que en síntesis, niega la existencia de una relación laboral entre la institución educativa Camacho Carreño y la Señora Teresa Osario Saavedra la ahora sustituida procesalmente por el Señor Carlos Osorio Saavedra y todos los derechos que de allí se deriven.

Por sustracción de materia, se entiende excluido del objeto del litigio, el Oficio 4012 del 21 de junio de 2012 suscrito por la Personería de Bucaramanga, toda vez que frente a la entidad que lo expide se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva, decisión que no fue objeto de apelación y por ende se encuentra en firme.

Para la demandante , se desempeñó de facto como celadora y aseadora de la agrupación educativa Camacho Car reño , cumpliendo funciones propias de un servidor de la planta de personal y por ende, tiene derecho a recibir el salario, prestaciones sociales y pensión sanción por omisión en los aportes al siste ma de pensiones. Para el Municipio de Bucaramanga, aquella habitó en la Institución Camacho Carre ño como "viviente" sin que tal condición pueda mutar a la de

5 Folios 184 y 185 6 Folio 189 a 189 Vto. 7 F ol i o 231 CD 8 Folio 267 a 270.Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2012 -00122 -02

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5 empleado público, pues de una parte, la autorización para instalarse allí la expidió el entonces P ersonero Municipal, quien no tenía facultad nominadora; de otra, porque existen formalidades constitucionales y legales para acceder a un cargo público que no se reúnen en este caso .

Y finalmente, porque no se estructuran los elementos de subordinación y salario, propios de una relación laboral . Aclara la magistrada que también será objeto del litigio y , por tanto, materia de prueba el que la demandante haya vivido o habitado en la referida institución, conforme lo solicita la p . demandada. Las partes manifiestan estar de acuerdo con la fijación del litigio .

2.4. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Santander , mediante sentencia del 27 de marzo de 2014 9, negó las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte actora . Lo anterior, fundado en lo que sigue:

No se demostró la existencia de un cargo en la planta de personal del muni cipio de Bucaramanga entre los años 1970 a 2012, que tuviera las funciones de aseo y celaduría desarrolladas por la señora Teresa Osorio en la institución educativa Jos é Camacho Carreño , requisito indispensable para que se diera la figura de funcionario de hecho .

Al no acreditarse la existencia del empleo público con sus funciones

Osorio en la institución educativa Jos é Camacho Carreño , requisito indispensable para que se diera la figura de funcionario de hecho .

Al no acreditarse la existencia del empleo público con sus funciones dentro de la planta de la institución educativa , con su respectiva disponibilidad presupuestal , conforme lo establecen los artículos 122 y 123 de la Constitución Política , no «podía la señora Osorio Saavedra ostentar la calidad de funcionaria de hecho, y al no cumplirse el primer requisito para que se estructure esta figura, no es dable el estudio del siguie nte requisito de ésta, cual es, que el cargo se ejerza en la misma forma y apariencia como lo hubiera desempeñado un empleado vinculado en debida forma o regularmente» .

Si se analizara el asunto desde otra óptica, t ampoco se pro bó dentro del plenario qu e la señora Osorio hu biese recibido como contraprestación suma alguna en dine ro, ni acreditó la subordinación lo que lo llevaba a concluir que , en efecto , no se estableci ó una relación laboral o contractual con el munici pio de Bucaramanga, desvirtuándose de esta manera el cumplimiento del principio de primacía de la realidad sobre la formalidad.

Por último, condenó en costas a la parte demandante por resultar vencida dentr o de la litis .

2.5 Recurso de apelación.

9 F ol i os 330 a 339 .Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2012 -00122 -02

Número interno: 2589 -2014

Demandante : Carlos Fernando Osorio Saavedra

9 F ol i os 330 a 339 .Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2012 -00122 -02

Número interno: 2589 -2014

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El sucesor procesal 10 consideró que , de conformidad con los elementos probatorios allegados al plenario , el litigio debía resolverse en atención al principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formas .

Indicó que dentro del proceso se encuentra debidamente probado que la señora Osorio Saavedra prest ó sus servicios en desarrollo de las funciones de vigilancia diurna y nocturna y de servicios generales en la institución educativa Camacho Carreño , desde el 20 de mayo de 1970 hasta el 8 de diciembre de 2012 cuando falleció, labores que desarrolló de manera ininterrumpida desde su arribo al plante l educativo , las cuales nunca fueron remuneradas .

Aseveró que en la planta de cargos del municipio de Bucaramanga existe n la s plaza s de a uxiliar de servicios generales código 470, grado 23 , celador y conductor grado 3, nivel asistencial rango B y que ese ente territorial «contrató los servicios de vigilancia de la institución educativa Camacho Carreño lo días hábiles de la semana con la empresa de vigilancia privada DELTA»

Que el ente territorial demandado «sacó provecho de los servicios personales prestado por la señora Teresa Osorio a la institución educativa, explotándola laboralmente, al mantenerla lab orando como

empresa de vigilancia privada DELTA»

Que el ente territorial demandado «sacó provecho de los servicios personales prestado por la señora Teresa Osorio a la institución educativa, explotándola laboralmente, al mantenerla lab orando como celadora y aseadora [...] con el pretexto que le suministraba una pieza donde ella podía pas ar la noche ante su pobreza; cuando era su obligación constitucional y legal de la administración municipal cancelar o pagar con salarios en nómina todas las prerrogativas laborales establecidas en al C.P. y la ley».

2.6. Trámite en segunda instancia.

El 3 septiembre de 2014 11 y 12 de mayo de 2015 12, el magistrado sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y corr ió traslado a las partes para alegar de conclusión y al agente del Ministerio Público para conceptuar en segunda instancia, respectivamente.

La parte accionante 13 insistió en los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

El municipio de Bucaramanga 14 señaló que «si se aceptará como

10 Folio 248 a 253. 11 F ol i o 366. 12 F ol i o 377. 13 Folio 378 a 380 14 Folio 405 a 412.Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2012 -00122 -02

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7

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7 prueba el oficio expedido por el personero municipal del 20 de mayo de 1970, como el inició de una relación laboral, ese [acto] no sería fuente de ninguna obligación para la Alcaldía de Bucaramanga ni de derechos para la acc ionante» por cuanto no tenía la intención de generar un contrato de trabajo ni de ejercer actos de subordinación.

Enfatizó que el cargo de personero, según la Ley 4 de 1913, no ostentaba la facultad legal de ente nominar de personal .

La subordinación no se desprende de los oficios aportados, por cuanto están en copia simple, no fueron expedidos por la autoridad competente, están suscritos por ex funcionarios de la concentración Camacho Carreño, están dirigidos a personas indeterminadas y/ o no evidencian continuidad en el tiempo .

Para que « la demandante acceda al ejercicio de las funciones administrativas del cargo que dice haber ejercido durante más de 40 años debe reunir una serie de requisitos que contempla el acceso a la función públic a y que desde luego, así no lo acredita».

Concluyó que «no existe ningún contrato laboral por el cual la señora Teresa Osorio Saavedra pueda reclamar prestaciones sociales porque el señor Personero no es la autoridad nominadora de la alcaldía municipal, como tampoco lo es el Secretario de Gobierno ».

El Ministerio Público 15 conceptuó que se debe revocar la decisión de primera instancia para, en su lugar, acceder a las acceder a las

municipal, como tampoco lo es el Secretario de Gobierno ».

El Ministerio Público 15 conceptuó que se debe revocar la decisión de primera instancia para, en su lugar, acceder a las acceder a las pretensiones de la demanda. Lo anterior, fundado en los siguientes términos :

La actora «se igualó, se equiparó , en cuanto al ejercicio de las actividades funcionales, con esos servidores públicos auxiliares de servicios administrativos o generales, pero su caso no se trató de igual manera respecto de su condición laboral administrativa, pues la de estos es, como se sabe, de origen legal y reglam entario. También sirve el razonamiento de la permanencia pacífica , no debatida, no controvertida por el ente territorial demandado, por tan largo periodo equivalente a dos (2) generaciones, para percibir la demostración del continuo trabajo, que lógicament e conlleva subordinación y dependencia [...], pues no de otra manera se concibe que la actora haya vivido tanto tiempo en ese techo oficial» .

En atención a l postulado contemplado en el art ículo 53 de la Constitución Política de la primacía de la realidad sobre las formalidades , el cual conllevaba al operado r judicial a elaborar un a

15 Folios 414 a 420.Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2012 -00122 -02

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8 tarea de interpretación que superara los cánones instrumentales en

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8 tarea de interpretación que superara los cánones instrumentales en los que los contratantes fijaban la s rec ipro cas obligaciones, los conmutativos y distintos deberes de las partes.

En ese sentido, al tratarse de un principio constitucional , resultaba obvio que su análisis no respondía a una regla simple de derecho, como ocurrió en el presente asunto, en el que el a quo se encasilló en la ausencia de una prueba documental oficial que diera cuenta de la subordinación , dependencia y remuneración a cambio de servicios, sin examinar el contexto de la situación real , es decir , echando de menos que la señora Osorio había permanecido dentro de la instalaciones públicas bajo las órdenes del ente territorial y no como una simple cuidandera , ejecutando tare as propias del personal público clasificado genéricamente como auxiliar de servicios administrativos a lo largo de cuarenta (40) años.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección procede a decidir previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 16 de la Ley 1437 de 2011.

3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.

De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el sucesor procesal .

3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.

De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el sucesor procesal .

3.3. Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante le corresponde a l a Sala determinar lo siguiente:

✓ En el caso la señora Teresa Osorio Saavedra acreditó la existencia de una relación laboral con la Secretaría de Educación de Bucaramanga por haber prestado servicios como aseadora, vigilante o

16 « E l Cons ej o de E s t ado, en S al a de l o Cont enc i os o A dm i ni s t rat i v o c onocerá en s egu nda i ns t anc i a de l as apel ac i on es de l as s ent enc i as di c tadas en p ri m era i ns t anc i a por l os t ri b unal es adm i ni s t rat i v os y de l as apel ac i ones de aut os s uscept i bl es de es t e m edi o de i m pugnac i ón, as í c om o de l os rec urs os de quej a c uando no s e c onc eda el de apel ac i ón por part e de l os t ri bunal es , o s e c onc eda en un ef ec t o di s t i nt o del que c orres po nda, o no s e c onc edan l os ex t raordi nari os de rev i s i ón o de uni f i c ac i ón de j uri s prude nc i a. [… ] ».Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2012 -00122 -02

rev i s i ón o de uni f i c ac i ón de j uri s prude nc i a. [… ] ».Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2012 -00122 -02

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9 celador a en la Institución Educativa Camacho Carreño ? En caso afirmativo,

✓ ¿Le asiste derecho al reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales por el período comprendido entre el 20 de mayo de 1970 y el 8 de diciembre de 2012 ?

Para asumir el análisis del fondo del asunto, la Sala se referirá (i) al empleo público; (ii) al funcionario de hecho, y (iii) al análisis del caso concreto.

4.1. Marco normativo y jurisprudencial

4.1.2 Del empleo público 17

Tal como se señaló por esta Sala en la sentencia de 5 de agosto de 2010 18 la regulación del empleo está inspirada, actualmente, por los principios contenidos en las siguientes disposiciones de la Constitución Política de 1991:

«Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para p roveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.

Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la C onstitución y desempeñar los

planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.

Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la C onstitución y desempeñar los deberes que le incumben...».

«Artículo 123. (…) Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento».

De ellas se pueden extraer las siguientes conclusiones: (i) no hay empleo público sin funciones; (ii) todo empleo público debe estar contemplado en la respectiva planta de personal; (iii) sus emolumentos deben estar previstos en el presupuesto correspondiente y (iv) l a titularidad para ejercer el empleo se adquirirá sólo a partir de la posesión del mismo.

De la consagración del empleo como una de las instituciones sin las cuales no se materializa un Estado participativo, eficiente y

17 El presente marco conceptual fue expuesto en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de marzo de 2012, expediente 1146 -10, magistrado ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 18 Consejo de Estado, Sala de l o Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 5 de agosto de 2010, expediente 2079 -2009, magistrado ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2012 -00122 -02

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10 democrático surge la necesidad de la existencia de otros elementos para su estructuración y determinación, como aquellos que hacen relación a la clasificación y nomenclatura, y a la fijación de las calidades que deben acreditarse por los interesados para su desempeño.

Asimismo, l a Ley 909 de septiembre 23 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, en materia de empleo público dispuso:

«Art. 19 El Empleo Público

1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el pro pósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del

Estado.

2. El diseño de cada empleo debe contener:

a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular;

b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso al servicio. En todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales del contenido del empleo;

incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso al servicio. En todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales del contenido del empleo;

c) La duración del empleo siempre que se t rate de empleos temporales (…)».

En este punto se debe destacar que se permiten por el ordenamiento jurídico tres clases de vinculaciones con entidades públicas, a saber: (i) De los empleados públicos (relación legal y reglamentaria); (ii) De los trabajadores oficiales (relación contractual laboral) y (iii) De los contratistas de prestación de servicios (relación contractual estatal).

En cuanto a los empleados públicos, des taca la Sala que fuera del marco constitucional y legal aludido, no es posible efectuar un nombramiento o realizar un movimiento de personal, ya que las diferentes modalidades que adquiere la relación laboral de derecho público se encuentran previamente de terminadas o reglamentadas en una norma de derecho positivo por tratarse precisamente de actuaciones en esencia regladas.Radicado: 68001 -23 -33 -000 -2012 -00122 -02

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11 Sin embargo, puede ocurrir que en algunas ocasiones se desempeñen funciones por particulares, sin llenar la totalidad de los requisit os constitucionales y legales para el ejercicio del cargo, tal es el caso del funcionario de hecho.

4.1.3 Relación laboral de hecho

funciones por particulares, sin llenar la totalidad de los requisit os constitucionales y legales para el ejercicio del cargo, tal es el caso del funcionario de hecho.

4.1.3 Relación laboral de hecho

La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado 19 que esta forma anormal de vinculación con el Estado puede estructurarse en dos momentos a saber:

a) En los períodos de normalidad institucional pueden surgir funcionarios de hecho. Se da esta situación cuando media título que habilita para el ejercicio d e la función pública pero por causas anteriores o supervinientes resulta inválido o deja de surtir efectos. Esto ocurre en hipótesis muy variadas: designación de una persona que no reunía las condiciones legales exigidas, por lo cual más tarde es revocada; funcionario que posteriormente a su designación se inhabilita para el ejercicio del cargo y que, no obstante, continúa ejerciéndolo, o que permanece en funciones luego de vencido el término de su mandato, etc.

b) En épocas de anormalidad institucional, producida por guerras, revoluciones, grandes calamidades, etc., el panorama es distinto.

En tales casos es frecuente que asuman el ejercicio de funciones públicas quienes no tienen título legal alguno. A veces son personas de buena voluntad que, frente a la desaparición de las autoridades constituidas, toman a su cargo ciertas funciones públicas.

Al respecto , esta Subsección ha sostenido que el ejercicio de funciones de manera irregular debe entenderse en el sentido de q