CE - 012333000201200211011SENTENCIA20231204213534

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)

Demandante: Betty Cardales Arrieta

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia proferida el 28 de marzo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Betty Cardales Arrieta, por conducto de apoderada, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de Resolución UGM 002792 del 2 de agosto de 2011, proferida por la Caja Nacional de Previsión

de apoderada, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de Resolución UGM 002792 del 2 de agosto de 2011, proferida por la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación, hoy UGPP, que le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

1 Folios 32 a 40.2

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)

Demandante: Betty Cardales Arrieta

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer la pensión gracia de jubilación, en cuantía del 75% de los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional ; ii) disponer los ajustes previstos en la Ley 71 de 1988; iii) actualizar el valor de las condenas conforme al artículo 178 del CCA;2 iii) cumplir la sentencia que ponga fin al proceso y reconocer los intereses moratorios a que haya lugar, en los términos de los artículos 176 y 177 ibidem; y iv) sufragar las costas procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la demandante señaló:3

1. La señora Betty Cardales Arrieta nació el 4 de mayo de 1957.

1. La accionante prestó sus servicios como docente nacionalizada y distrital en el departamento de Bolívar y en el Distrito de Cartagena de Indias, mediante contratos de prestación de servicios y vinculaciones legales y reglamentarias, durante los

siguientes períodos:

Acto de vinculación Desde Hasta

departamento de Bolívar y en el Distrito de Cartagena de Indias, mediante contratos de prestación de servicios y vinculaciones legales y reglamentarias, durante los siguientes períodos:

Acto de vinculación Desde Hasta Decreto 769 del 10 de septiembre de 1980 23/09/1980 19/07/1984 Orden de prestación de servicios 21/02/1991 30/11/1991 Orden de prestación de servicios 01/02/1992 30/11/1992 Orden de prestación de servicios 01/02/1993 30/11/1993 Orden de prestación de servicios 01/02/1994 30/11/1994 Orden de prestación de servicios 29/04/1996 15/08/1996 Orden de prestación de servicios 15/05/1997 15/09/1997 Decreto 0948 del 30 de octubre de 1997 31/10/1997 28/02/2010

Total: 20 años y 19 días

1. El 30 de agosto de 2010 , l a actora solicitó ante la entidad demandada el reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo, esta petición fue negada a través de la decisión administrativa enjuiciada, por cuanto el tiempo laborado mediante

2 Código Contencioso Administrativo. 3 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, por lo cual se resumirán en dicho acápite.3

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014) Demandante: Betty Cardales Arrieta contratos de prestación de servicios no es válido para acceder a dicha prestación y que la vinculación distrital , iniciada el 31 de octubre de 1997 , tampoco puede tenerse en cuenta , ya que corresponde a una fecha posterior al límite temporal

contratos de prestación de servicios no es válido para acceder a dicha prestación y que la vinculación distrital , iniciada el 31 de octubre de 1997 , tampoco puede tenerse en cuenta , ya que corresponde a una fecha posterior al límite temporal impuesto en la Ley 91 de 1989.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 2, 25 y 58 de la Constitución Política; 27, 30 y 31 del Código Civil; 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 2 de la Ley 153 de 1887; 3, 4 y 13 de la Ley 39 de 1903; 1 a 4 de la Ley 114 de 1913; 3 de la Ley 37 de 1933; y 4 de la Ley 4 de 1966.

Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la demandante expuso:

1. La señora Betty Cardales Arrieta cumple con todos los requisitos previstos por el legislador para acceder a la pensión gracia, porque tuvo buena conducta en el desempeño como educadora; cuenta con más de 50 años de edad; ha prestado sus servicios como docente nacionalizada y distrital por más de 20 años y se vinculó en tal condición antes del 31 de diciembre de 1980.

1. La decisión acusada quebrantó el ordenamiento superior, pues el tiempo laborado por contratos de prestación de servicios es válid o para el reconocimiento de la referida prestación, en tanto no requiere cotizaciones al sistema de seguridad social.

1. La pensión gracia no exige que el educador trabaje de manera ininterrumpida; por el contrario, pueden computarse tiempos laborados en diversas épocas.

referida prestación, en tanto no requiere cotizaciones al sistema de seguridad social.

1. La pensión gracia no exige que el educador trabaje de manera ininterrumpida; por el contrario, pueden computarse tiempos laborados en diversas épocas.

1. La actora fue vinculada por autoridades del orden territorial. Además, en el año 1997 fue nombrada por el alcalde de Cartagena, en un acto en el que se reconoció que con antelación prestaba sus servicios de manera temporal a ese ente. De esta forma, la administración buscó garantizar su estabilidad laboral.4

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014) Demandante: Betty Cardales Arrieta 1.2. Contestación de la demanda

El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda , en estos términos:4

1. Los contratos de prestación de servicios que suscribió la demandante no pueden tenerse en cuenta para acceder a la pensión gracia reclamada, ya que no demuestran el carácter nacionalizado de la vinculación

1. A partir del 31 de octubre de 1997, la señora Betty Cardales Arrieta se desempeñó como docente distrital; sin embargo, esta fecha es posterior al 31 de diciembre de 1980, que la Ley 91 de 1989 fijó como límite para acceder a la pensión gracia.

1. La resolución enjuiciada respetó la normativa en que debía fundarse y no está incursa en causal de nulidad , ya que la interesada no logró acreditar que laboró durante 20 años como profesora nacionalizada o territorial.

1. Se proponen las siguientes excepciones: 1) violación al principio constitucional

incursa en causal de nulidad , ya que la interesada no logró acreditar que laboró durante 20 años como profesora nacionalizada o territorial.

1. Se proponen las siguientes excepciones: 1) violación al principio constitucional de sostenibilidad presupuestal; 2) inexistencia de causa para demandar; 3) falta de agotamiento de la vía gubernativa, en tanto no se interpuso el recuro de reposición; 4) prescripción; 5) caducidad; y 6) genérica e innominada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 28 de marzo de 2014, accedió a las pretensiones de la demanda , con sustento en las siguientes consideraciones:5

1. La accionante laboró como docente al servicio del distrito de Cartagena, en virtud de órdenes de prestación de servicios. Este tiempo resulta válido para reconocer la

4 Folios 66 a 75. 5 Folios 227 a 251.5

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014) Demandante: Betty Cardales Arrieta pensión gracia, pues la profesora se sujetó al horario, currículo y órdenes impuestas por el ente territorial; además, se desempeñó en igualdad de condiciones a sus homólogos de planta.

1. La señora Betty Cardales Arrieta también acredita una vinculación legal y reglamentaria como docente nacionalizada y distrital, equivalente a más de 20 años de servicio e ingresó al magisterio oficial antes del 31 de diciembre de 1980. Aunado a ello, la accionante cuenta con más de 50 años de edad y no ha sido sancionada

de servicio e ingresó al magisterio oficial antes del 31 de diciembre de 1980. Aunado a ello, la accionante cuenta con más de 50 años de edad y no ha sido sancionada disciplinariamente.

1. Bajo este escenario, se declara la nulidad de la resolución demandada y, a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la UGPP reconocer a la actora la pensión gracia, a partir del 12 de febrero de 2010 (día siguiente a la consolidación del estatus pensional), en cuantía del 75% de los salarios devengados en el año anterior a la adquisición del derecho.

1.4. El recurso de apelación

La apoderada de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base en los argumentos que se resumen, a continuación:6

1. La pensión gracia únicamente puede reconocerse a los docentes nacionalizados vinculados antes del 31 de diciembre de 1980; sin embargo, la actora solo demostró ese requisito por un lapso de 3 años, 10 meses y 7 días, ya que luego se vinculó por contratos de prestación de servicios y como educadora distrital, pero todo ello ocurrió en fechas posteriores a la indicada.

1. El a quo emitió un fallo incongruente y extrapetita, pues computó el tiempo que se desempeñó en virtud de contratos de prestación de servicios, bajo el entendido de que lo hizo de forma subordinada y que se configuró una relación laboral.

6 Folios 253 a 257.6

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)

Demandante: Betty Cardales Arrieta

6 Folios 253 a 257.6

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014) Demandante: Betty Cardales Arrieta iii) La jurisprudencia ha indicado que el cumplimiento de un horario no es suficiente para acreditar la subordinación en el desarrollo de las actividades contractuales.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La accionante7 y la UGPP8 reiteraron los argumentos expuestos en el transcurso del proceso.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.9

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

7 Folios 347 a 350. 8 Folios 354 a 355. 9 Según constancia secretarial obrante en el folio 356.7

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)

Demandante: Betty Cardales Arrieta

8 Folios 354 a 355. 9 Según constancia secretarial obrante en el folio 356.7

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014) Demandante: Betty Cardales Arrieta Por su parte, las Leyes 116 de 192810 y 37 de 193311 consagraron la posibilidad de que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública, siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior.12

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4 ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión o recompensa de carácter nacional».13

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Sentencia S -699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que « la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales».14

10 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los

10 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección. 11 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria. 12 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699. 13 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento. 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S -699.

También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001 -23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.8

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014)

Demandante: Betty Cardales Arrieta

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de

de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la pensión ordi naria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación, en la referida Sentencia S -699 de 1997 , afirmó que la pensión gracia debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada ; sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren

[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,9

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014) Demandante: Betty Cardales Arrieta bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,15 la Sección Segunda del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1. 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento pensional.

1. 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».16

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo siguiente:17

15 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, r adicado 15001-23-33-0002016-00278-01 (3018-2017). 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, r adicado 15001-23-33-0002016-00278-01 (3018-2017).10

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014) Demandante: Betty Cardales Arrieta […] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».18

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada. […]

como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada. […]

1. La Sentencia C -506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos p revistos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

1. Mediante la Sentencia SU -014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley ». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden

la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

18 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001 -03-15-000-2019-0221901 (AC).11

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014) Demandante: Betty Cardales Arrieta Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia del 21 de junio de 2018, 19 esta corporación fijó las siguientes reglas de unificación:20

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal

pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de las -situado fiscalcuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educador es nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en e l servicio educativo para acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden

que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en e l servicio educativo para acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-201304683-01 (3805-2014). 20 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.12

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014) Demandante: Betty Cardales Arrieta de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional bajo el argu mento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones , pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada».21

2.3. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

• Conforme al acta de nacimiento22 y la cédula de ciudadanía ,23 la señora Betty Cardales Arrieta nació el 4 de mayo de 1957.

• El 10 de septiembre de 1980 , por Decreto 789, el gobernador de Bolívar nombró

Cardales Arrieta nació el 4 de mayo de 1957.

• El 10 de septiembre de 1980 , por Decreto 789, el gobernador de Bolívar nombró en propiedad a la demandante como «2ª. Cat., Seccional de la Escuela Rural Mixta de Macayepos (El Carmen de Bolívar)».24

• El 30 de octubre de 1997, por Decreto 0948, el alcalde de Cartagena de Indias nombró «en propiedad algunos docentes que venían vinculados temporalmente y que tienen derechos adquiridos por Ley 344 -96», incluyendo el nombre de la demandante para el nivel de básica primaria.25

• El 21 de abril de 2010, la Secretaría de Educación de Cartagena de Indias certificó que la actora «prestó sus servicios como DOCENTE en esta entidad mediante una s órdenes de prestación de servicio, así:»26

• Del 21 de Febrero de 1991 al 30 de Noviembre de 1991

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-201304683-01 (3805-2014). 22 Folio 25. 23 Folio 26. 24 Folio 18. 25 Folios 19 a 22. 26 Folio 8.13

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00211-01 (2808-2014) Demandante: Betty Cardales Arrieta • Del 01 de Febrero de 1992 al 30 de Noviembre de 1992 • Del 01 de Febrero de 1993 al 30 de Noviembre de 1993 • Del 01 de Febrero de 1994 al 30 de Noviembre de 1994

• Del 01 de Febrero de 1992 al 30 de Noviembre de 1992 • Del 01 de Febrero de 1993 al 30 de Noviembre de 1993 • Del 01 de Febrero de 1994 al 30 de Noviembre de 1994 • Del 29 de abril de 1996 al 15 de agosto de 1996 • Del 15 de Mayo de 1997 al 15 de Septiembre de 1997

• El 2 de octubre de 2017, en cump