CE - 012333000201300149011SENTENCIASENTENCIA20230620085008

Radicado: 47001 23 33 000 2013 00149 01 (59774)

Demandante: Corporación e Inversiones del Mar Caribe S.A.S.

y CNR Ill LTD Sucursal Colombia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: Demandante:

Demandado: Referencia: 47001 23 33 000 2013 00149 01 (59774)

Corporación e Inversiones del Mar Caribe S.A.S. y CNR Ill LTD Sucursal Colombia Agencia Nacional de Tierras (sucesora procesal del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-) Nulidad y restablecimiento del derecho - Asuntos Agrarios Tema: Análisis de legalidad de ia revocación directa del acto de adjudicación de bien baldío — Ley 164 de 1994. Subtema 1: Presupuestos para la revocación de la adjudicación de bien baldío. Subtema 2: Violación del debido proceso y falsa motivación - no acreditados. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por el extremo demandante y por la señora Benilda Ordóñez Racini, tercera interesada, contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 3 de mayo de 2017, que negó las pretensiones de la demanda. SÍNTESIS DEL CASO El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), por medio de Resolución

contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 3 de mayo de 2017, que negó las pretensiones de la demanda. SÍNTESIS DEL CASO El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), por medio de Resolución 00842 del 31 de octubre de 2012, revocó la adjudicación que se hizo del predio denominado Riomar, ubicado en el municipio de Ciénaga, Magdalena, inmueble que fue considerado baldío por el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). La parte demandante aduce que el acto de revocación de la adjudicación es nulo por incurrir en: (i) violación del debido proceso, en la revocación no fue aplicado el régimen vigente cuando fue expedido el acto revocado, no se le corrió traslado de un concepto técnico, ni tuvo la oportunidad interponer un recurso administrativo en su contra; y (ii) falsa motivación, debido a que no fueron citadas las normas violadas con el acto revocado, ni se probó que el predio que había sido adjudicado formara parte de otro de mayor extensión.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda El seis (6) de junio de dos mil trece (2013) 1 , las sociedades Corporaciones e Inversiones del Mar Caribe S.A.S. y CNR III LTD Sucursal Colombia presentaron demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución No. 00842 del 31 de octubre de 2012, por medio de la cual el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) revocó la Resolución 199 del 24 de marzo de 1992, mediante la cual el entonces INCORA había adjudicado a la señora

Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) revocó la Resolución 199 del 24 de marzo de 1992, mediante la cual el entonces INCORA había adjudicado a la señora I Folio 1 a 33 del cuaderno I.Radicado: 47001 23 33 000 2013 00149 01 (59774)

Demandante: Corporación e Inversiones del Mar Caribe S.A.S. y CNR III LTD Sucursal Colombia Benilda Ordóñez Racini el terreno denominado Riomar, ubicado en jurisdicción del municipio de Ciénaga, Magdalena, con superficie de seis hectáreas quinientos setenta y dos metros, inscrito con el folio de matrícula inmobiliaria 22218980 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del mismo municipio.

Como reparación del daño causado con la expedición del mencionado acto administrativo —Resolución 00842 de 2012—, se solicitó la inscripción del acto administrativo de adjudicación —Resolución 199 de 1992 — y el pago de $11.000'000.000, por los "perjuicios generados con la arbitraria decisión de revocar el derecho de propiedad o dominio que había adquirido conforme a las disposiciones previstas por el ordenamiento legat 2 . Como fundamento de la violación, en síntesis, se formularon dos cargos: 2.1.1. Violación del debido proceso (arts. 29 y 58 de la Constitución Política y artículo 72 de la Ley 160 de 1994), toda vez que, a juicio de la parte actora, la entidad demandada: i) omitió aplicar, en el proceso de revocación directa, la misma normativa con que inició el proceso de adjudicación de baldío, así como el procedimiento dispuesto por el entonces Código Contencioso Administrativo y, is)

entidad demandada: i) omitió aplicar, en el proceso de revocación directa, la misma normativa con que inició el proceso de adjudicación de baldío, así como el procedimiento dispuesto por el entonces Código Contencioso Administrativo y, is) no se les corrió traslado del informe técnico dentro del proceso de revocación directa, ni se les concedió recurso alguno —en vía gubernativa— contra la resolución que ordenó iniciar el procedimiento administrativo de revocación directa ni, tampoco, se les permitió impugnar el acto que puso fin al procedimiento. 2.1.2. Falsa motivación, con la cual también se violó el artículo 29 constitucional, dado que: en el acto que inició el procedimiento de revocación directa no se indicaron las posibles normas violadas y, it) la Resolución acusada —00842 de 2012— riñe con la realidad procesal, teniendo en cuenta que no hay ninguna prueba técnica que dé cuenta de que el predio Riomar forme z.parte de un lote de mayor extensión denominado la Alicia 3 . 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia 2.1.1. La demanda fue admitida mediante auto del 31 de julio de 2013, notificado en debida forma al representante legal la entidad demandada —en su momento INCODER— y, por tener interés directo en las resultas, del proceso, a los señores Benilda Ordóñez Racini, Rodolfo y Violett del Río González& 2.2.2. El INCODER contestó la demanda con oposición a las pretensiones, toda

vez que, en su criterio, la revocación directa —como procedimiento administrativo — permite la revisión del acto cuando de él se desprenda que el adjudicatario incumplió los requisitos y condiciones para que proceda tal adjudicación, al tiempo que, indicó, no se requería el consentimiento expreso del adjudicatario para adoptar tal decisión. Agregó que el INCODER se encontraba facultado para revocar en cualquier tiempo las adjudicaciones de baldíos, pues así lo permitía el Decreto 2664 de 1994 5 . 2 Folio 2 del cuaderno 1. 3 Con los mismos argumentos se solicitó medida cautelar, la cual fue negada por el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante auto del 21 de abril de 2014 (folios 232 a 236 del cuaderno 1). 4 Folios 94 y 116 del cuaderno 1. 5 Folio 154 a 161 del cuaderno 1.Radicado: 47001 23 33 000 2013 00149 01 (59774)

Demandante: Corporación e Inversiones del Mar Caribe S.A.S. y CNR III LTD Sucursal Colombia 2.2.3. La señora Benilda Ordoñez Racini —vinculada al procesos —se opuso a las pretensiones de la demanda y argumentó que, de acuerdo con la certificación de 9 de enero de 2014, expedida por el Registrador de Instrumentos Públicos de Ciénaga, Magdalena, se podía afirmar que sobre el predio denominado "La Envidia" o "La Alicia" no existía título de propiedad alguno desde antes de la adjudicación realizada en 1992. Por consiguiente, se trataba de un predio baldío del Estado, susceptible de adjudicación, como efectivamente ocurrió. Afirmó que el principal

o "La Alicia" no existía título de propiedad alguno desde antes de la adjudicación realizada en 1992. Por consiguiente, se trataba de un predio baldío del Estado, susceptible de adjudicación, como efectivamente ocurrió. Afirmó que el principal error del INCODER, durante el trámite de la revocación directa del acto de adjudicación, consistió en desestimar los escritos por medio de los cuales la parte actora solicitó la clarificación de la propiedad sobre el mencionado predio denominado "La Envidia" o "La Alicia", procedimiento con el cual, según ella, se habría podido establecer —con certeza— si el inmueble era propiedad del Estado o no. Finalmente, precisó que, al haber recaído la titulación del predio denominado Riomar sobre un terreno baldío del Estado, no podía dicha entidad revocar el acto de adjudicación sin haber investigado la verdadera titularidad de los predios en cuestión 7 . 2.2.4. Los señores Rodolfo y Violett del Río Gonzáleza, vinculados al proceso, también se opusieron a las pretensiones de la demanda, toda vez que no se advierte, según ellos, falsa motivación o violación del debido proceso al expedirse la Resolución 00842 del 31 de octubre de 2012. Manifestaron que la señora Benilda Ordóñez Racini engañó al entonces INCORA, pues transfirió a la sociedad demandante (C.I. del Mar Caribe S.A.) el derecho de dominio adjudicado, pese a que estaba prohibido realizar actos que implicaran la "tradición, gravámenes o limitaciones del domino sin previa autorización escrita del INCORA" 9 . Afirmaron que la señora Ordóñez Racini era miembro de la junta

dominio adjudicado, pese a que estaba prohibido realizar actos que implicaran la "tradición, gravámenes o limitaciones del domino sin previa autorización escrita del INCORA" 9 . Afirmaron que la señora Ordóñez Racini era miembro de la junta directiva de la misma sociedad y que su actuación obedecía a un "complots, para despojarlos de la legítima propiedad que ostentaban sobre el mismo predio adjudicado. Por último, señalaron que el acto demandando se encontraba conforme a derecho y que se debía mantener incólume su presunción de legalidad, por cuanto, además, guardaba plena correspondencia con la realidad probatoria. En este sentido, formularon las excepciones de "inexistencia de la causal de nulidad alegadam° e "indebido agotamiento del requisito de procedibilidacr 1 , como quiera que el poder para conciliar debió otorgarse por la junta directiva de la sociedad demandante y no por su representante legap 2 . 6 La señora Benilda Ordóñez Racini fue vinculada al proceso a través de auto del 16 de octubre de 2013 (folio 217 del cuaderno 1), toda vez que, al ser adjudicataria dentro del procedimiento de adjudicación de baldío, tenía interés directo en las resultas del proceso. 7 Folio 174 a 183 del cuaderno 1. Fueron vinculados al proceso por tratarse de las personas que solicitaron la revocación directa de la adjudicación que se hizo a la señora Benilda Ordóñez Racini; además, son los sucesores de la señora Lola González del Río (legítima titular del predio adjudicado como baldío). 9 Folio 195 del cuaderno 1. 1 ° Folio 203 del cuaderno 1.

González del Río (legítima titular del predio adjudicado como baldío). 9 Folio 195 del cuaderno 1. 1 ° Folio 203 del cuaderno 1. 11 Folio 204 del cuaderno 1. 12 Contestación que obra a folios 186 a 204, cuaderno 1.Radicado: 47001 23 33 000 2013 00149 01 (59774)

Demandante: Corporación e inversiones del Mar Caribe S.A.S. y CNR Ill LTD Sucursal Colombia 2.2.5. Surtida la audiencia inicial" y finalizada la etapa probatoria 14 , el Tribunal Administrativo del Magdalena corrió traslado a las partes e interesados para alegar de conclusión, y al agente del Ministerio Público para que rindiera concepto 15 . 2.2.5.1. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y agregó que, el factor definitivo de orden legal para la adquisición del inmueble, fue el resultado de un procedimiento administrativo conforme a derecho que arrojó la viabilidad de su adjudicación". 2.2.5.2. El apoderado del INCODER manifestó que el acto administrativo de revocación se encontraba debidamente motivado, teniendo en cuenta las facultades dispuestas en el artículo 72 de la Ley 160 de 1992, razón por la cual solicitaba que se negaran las pretensiones de la demanda 17 . 2.2.5.3. Rodolfo y Violett del Río González alegaron que el INCODER profirió la Resolución 00842 de 2012, por cuanto constató con suficiente material probatorio que la adjudicación que se hizo a la señora Benilda Ordóñez Racini se produjo por medios fraudulentos o irregulares. Esta habría afirmado ser "campesina", pese a

Resolución 00842 de 2012, por cuanto constató con suficiente material probatorio que la adjudicación que se hizo a la señora Benilda Ordóñez Racini se produjo por medios fraudulentos o irregulares. Esta habría afirmado ser "campesina", pese a estar demostrado que pertenecía a la junta directiva de la sociedad C.I. del Mar Caribe S.A., a quien posteriormente le vendió el predio adjudicado. Además, adujo llevar 30 años explotando económicamente el inmueble, pese a que tenía 32 años de edad al momento de realizar la solicitud de adjudicación". 2.2.5.4. Finalmente, la señora Benilda Ordóñez Racini coadyuvó los cargos de nulidad de la demanda. No obstante, afirmó que el predio tenía la condición de baldío y, por tanto, la adjudicación que realizó el INCORA, mediante la Resolución 199 del 24 de marzo de 1992, se encontraba conforme á derecho. Por consiguiente, solicitó acceder a las pretensiones de la demanda". 2.2.5.5. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. 2.4 Sentencia apelada En sentencia del 3 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda, toda vez que encontró probado que el predio Riomar, adjudicado por el antiguo INCORA, formaba parte de un inmueble de mayor• extensión denominado La Alicia y, por consiguiente, no se trataba de un bien baldío del Estado sino de propiedad privada. Advirtió, además, inconsistencias en el procedimiento de adjudicación, teniendo en cuenta que: i) la solicitante manifestó tener una explotación de 30 años sobre el

del Estado sino de propiedad privada. Advirtió, además, inconsistencias en el procedimiento de adjudicación, teniendo en cuenta que: i) la solicitante manifestó tener una explotación de 30 años sobre el predio Riomar, pero, al momento de realizar la solicitud, contaba con apenas 32 años de edad; ii) durante el procedimiento no se recibió un solo testimonio a partir del cual se pudiera inferir el cumplimiento de los requisitos legales para la adjudicación y, iii), la única inspección ocular que se practicó se llevó a cabo en 13 El litigio se fijó de la siguiente manera: "La fijación del litigio propuesta por el Tribunal se basa de manera general en determinar . .. si el INCODER incurrió en violación del debido proceso, derecho de contradicción y defensa y en falsa motivación tanto al ordenar el inicio del trámite de revocatoria directa en el caso concreto e incluso al expedir la Resolución 00842 de 2012, por medio de la cual se decide la solicitud de revocatoria directa contra una resolución de adjudicación" (fis. 292 del cuaderno 1). 14 Audiencia de pruebas realizada los días 17 y 19 de marzo de 2015 (folios 367 a 368 y 390 a 391, C. 1). 16 Audiencia de 20 de abril de 2015, folio 434 del cuaderno 1. 16 Folios 465 a 480 del cuaderno 1. 17 Folio 435 a 438 del cuaderno 1. 18 Folio 439 a 449 del cuaderno 1. 19 Folio 450 a 464 del cuaderno 1.Radicado: 47001 23 33 000 2013 00149 01 (59774)

Demandante: Corporación e Inversiones del Mar Caribe S.A.S.

y CNR Ill LTD Sucursal Colombia

19 Folio 450 a 464 del cuaderno 1.Radicado: 47001 23 33 000 2013 00149 01 (59774)

Demandante: Corporación e Inversiones del Mar Caribe S.A.S. y CNR Ill LTD Sucursal Colombia presencia del funcionario del INCORA, su secretario y la señora Benilda Ordóñez Racini, sin haber constancia, siquiera, de la asistencia de los colindantes. En tales circunstancias, encontró que se configuraba el cargo por falsa motivación.

Aparte, descartó la violación del debido proceso en el trámite administrativo de revocación del acto de adjudicación, por cuanto la normativa aplicable para el caso concreto lo era la Ley 160 de 1994 y su Decreto Reglamentario 2669 de 1994, teniendo en cuenta que dicho trámite se inició el 1 de julio de 2011 2 °. Por último, condenó en costas a la parte demandante. 2.5 Recursos de apelación 2.5.1. El apoderado del extremo demandante formuló recurso de apelación, por medio del cual solicitó revocar la sentencia apelada, toda vez que, en su criterio: hubo una indebida valoración probatoria, teniendo en cuenta que el Tribunal reconoció derechos de propiedad privada con fundamento en una "simple" posesión efectiva de herencia, desconociendo, además, que los linderos del predio Riomar y La Alicia no concuerdan en sus medidas; ii) se violó el principio de necesidad de la prueba, dado que se omitió el análisis de material probatorio; finalmente, se violó el principio de congruencia de la sentencia y, por consiguiente, el derecho de defensa y debido proceso, como quiera que no se verificó la naturaleza jurídica del

prueba, dado que se omitió el análisis de material probatorio; finalmente, se violó el principio de congruencia de la sentencia y, por consiguiente, el derecho de defensa y debido proceso, como quiera que no se verificó la naturaleza jurídica del bien objeto de revocatoria directa, ni se permitió recurrir la decisión con la que fue iniciada tal actuación administrativa 21 . 2.5.2. El apoderado de la señora Benilda Ordóñez Racini también formuló recurso de alzada y solicitó revocar la sentencia anterior, para lo cual insistió: i) en la violación del debido proceso, dado que el procedimiento de revocación directa se debió regir por la normativa vigente al momento de la adjudicación, esto es, la Ley 135 de 1961, Ley 30 de 1988 y el Decreto Reglamentario 2275 de 1988. Reiteró, además, ii) la violación del derecho de contradicción y defensa, como quiera que no se le permitió recurrir la decisión por medio del cual se dio inicio al trámite administrativo de revocación directa y, por último, iii), cuestionó la motivación, pues, según ella, es claro que el predio adjudicado en su favor era un bien baldío de la Nación y no existía título de propiedad privada 22 . 2.6. Trámite procesal relevante en segunda instancia 2.6.1. Los recursos fueron concedidos por el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante auto del 27 de junio de 2017 23 y admitidos, por esta Corporación, mediante auto del 22 de agosto del mismo año 24 . En auto del 2 de mayo de 2018 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al agente del Ministerio Público para que rindiera su respectivo concepto 25 .

auto del 22 de agosto del mismo año 24 . En auto del 2 de mayo de 2018 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al agente del Ministerio Público para que rindiera su respectivo concepto 25 . 2.6.1.1. Los apoderados del extremo demandante y de la señora Benilda Ordóñez Racini presentaron alegatos de conclusión, en los que solicitaron que se revocara la sentencia apelada y se negaran las súplicas de la demanda, para lo cual reiteraron los argumentos expuestos en sus respectivos recursos de apelación 26 . 20 Folios 494 y 505 del cuaderno principal 21 Folio 520 a 534 del cuaderno principal. 22 Folios 536 a 559 del cuaderno principal. 23 Folio 461 del cuaderno principal. 24 Folio 579 del cuaderno principal. 25 Folio 615 del cuaderno principal. 26 Folios 649 a 658 del cuaderno principal.Radicado: 47001 23 33 000 2013 00149 01 (59774)

Demandante: Corporación e inversiones del Mar Caribe S.A.S. y CNR III LTD Sucursal Colombia 2.6.1.2. Por su parte, el apoderado del INCODER solicitó confirmar la sentencia apelada y reiteró los argumentos expuestos en la contestación a la demanda. Agregó que el predio adjudicado no era un inmueble baldío, toda vez que el derecho de dominio había sido adquirido mediante sentencia de sucesión del 3 de agosto de 1949, lo cual, para esa época, constituía justo título de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 200 de 1936. Además, advirtió que la historia de la familia del Río González

1949, lo cual, para esa época, constituía justo título de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 200 de 1936. Además, advirtió que la historia de la familia del Río González comenzó desde el momento en que los paramilitares, bajo amenaza, lograron que el predio La Alicia fuera abandonado por los legítimos titulares del derecho de dominio, escenario que fue aprovechado para legalizar el despojo a las familias campesinas 27 . 2.6.1.3. El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación —Dr. Nicolás Yepes Corrales— rindió concepto en el que solicitó confirmar el fallo desestimatorio apelado, porque las consideraciones expuestas en el acto demandado se encontraban respaldadas probatoriarnente y, además, porque estaba claro que el predio no era un baldío sino de propiedad privada. A su juicio, no se encontró demostrada la violación al debido proceso, por cuanto se respetó en su integridad el procedimiento establecido en el Decreto 2664 de 1994 28 . 2.7 Manifestación de impedimento El Magistrado del Consejo de Estado, Dr. Nicolás Yepes Corrales, manifestó que se encuentra incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso (CGP), pues, en su calidad de Procurador Primero Delegado ante esta Corporación, emitió concepto en el proceso de la referencia. Tal impedimento fue aceptado por la Sala de Subsección en auto del 29 de julio de 2019 29 . En consecuencia, el magistrado Yepes Corrales fue apartado del conocimiento del presente caso.

III. CONSIDERACIONES 3.1. Presupuestos de la sentencia de mérito

de julio de 2019 29 . En consecuencia, el magistrado Yepes Corrales fue apartado del conocimiento del presente caso.

III. CONSIDERACIONES 3.1. Presupuestos de la sentencia de mérito 3.1.1. La Sala procede a resolver el asunto, habida consideración de la competencia que le asiste para ello conforme a lo preceptuado en los artículos 150 3 ° y 152.10 31 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ("CPACA"), dado que el proceso versa sobre la legalidad de actos administrativos relacionados con la adjudicación de bienes baldíos, distinto de los asuntos que conoce el Consejo de Estado en única instancia. 3.1.2. En cuanto al término de caducidad, se observa que la demanda fue presentada en tiempo, teniendo en cuenta el plazo previsto en el numeral 2, letra d, del artículo 164 del CPACA (4 meses contados desde la comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso), aplicable al acto de revocación de la adjudicación de bienes baldíos, como lo ha reconocido esta Corporación 32 . 27 Folios 668 a 683 del cuaderno principal.

En escrito separado se encuentra un escrito, denominado alegatos de conclusión, por medio del cual la Agencia Nacional de Tierras manifestó: "sea esta la oportunidad para ratificar la postura y los argumentos de mi representada, expuestos en el escrito de contestación de la demanda". 26 Folios 616 a 629 del cuaderno principal. 29 Folios 715 a 716 del cuaderno principal. 39 Dicha norma establece: "El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales

29 Folios 715 a 716 del cuaderno principal. 39 Dicha norma establece: "El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos...". 31 10. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldios". 32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de noviembre de 2020, exp. 65448.Radicado: 47001 23 33 000 2013 00149 01 (59774)

Demandante: Corporación e Inversiones del Mar Caribe S.A.S. y CNR III LTD Sucursal Colombia En efecto, la Resolución 00842 del treinta y uno (31) de octubre de dos mil doce (2012) quedó ejecutoriada el siete (7) de noviembre del mismo año 33 , por lo cual el término de caducidad vencía, en principio, el ocho (8) de marzo de dos mil trece (2013). Sin embargo, el cinco (5) de marzo de dos mil trece (2013) fue presentada solicitud de conciliación extrajudicial, faltando tres (3) días para que expirara el plazo de caducidad, y dicho término se reanudó el cinco (5) de junio de esa anualidad, fecha en la que fue expedida la constancia de no conciliación 34 . Así las cosas, dado que la demanda fue presentada el seis (6) de junio de dos mil trece (2013) 35 , para la Sala resulta claro que esta se formuló oportunamente, teniendo en cuenta que el plazo para demandar vencía el ocho (8) de junio de ese año. 3.1.3.1. De otra parte, las sociedades Corporaciones e Inversiones del Mar Caribe

la Sala resulta claro que esta se formuló oportunamente, teniendo en cuenta que el plazo para demandar vencía el ocho (8) de junio de ese año. 3.1.3.1. De otra parte, las sociedades Corporaciones e Inversiones del Mar Caribe S.A.S. y CNR III LTD Sucursal Colombia están legitimados en la causa por activa, por cuanto resultaron afectadas con la Resolución 00842 del 31 de octubre de 2012. En efecto, la primera de ellas adquirió la propiedad del inmueble por venta que le realizó la señora Benilda Ordóñez Racini y, a su vez, aquella — Corporaciones e Inversiones del Mar Caribe S.A.S.— transfirió el derecho de dominio a la sociedad Diamond Coal 1 LTD Sucursal Colombia, quien, a su vez, le vendió la propiedad a la sociedad CNR III LTD Sucursal Colombia (antes Vale Coal Colombia LTD Sucursal Colombia) 36 . 3.1.3.2. Respecto a la legitimación en la causa por pasiva, se encuentra acreditado que el acto de adjudicación demandado fue expedido por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), que, en su momento, era un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, de conformidad con el artículo 1° del Decreto 1300 de

2003. No obstante, en el inciso segundo del artículo 1° del Decreto 1850 de 2006, se estableció a la Agencia Nacional de Tierras ("ANT") como sucesora procesal del mencionado establecimiento público y, por consiguiente, se tendrá como legitimada en el proceso de la referencia 37 . Dicha agencia especial pertenece al sector

se estableció a la Agencia Nacional de Tierras ("ANT") como sucesora procesal del mencionado establecimiento público y, por consiguiente, se tendrá como legitimada en el proceso de la referencia 37 . Dicha agencia especial pertenece al sector descentralizado de la rama ejecutiva, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, de conformidad con el artículo 1° del Decreto -ley 2363 de 2015. 3.1.3.3. Por su lado, Benilda Ordóñez Racini, Rodolfo y Violett del Río González cuentan con interés directo en las resultas del proceso (por lo que fueron vinculadas al proceso en calidad de terceros interesados), por cuanto, la primera, es la adjudicataria dentro del proceso de adjudicación de baldío del predio Rionnar y, los últimos, son los herederos de la señora Lola González del Río (legítima titular del predio adjudicado), quienes, además, solicitaron ante el INCODER la revocación del directa de tal acto de adjudicación 38 . 33 Folio 92 del cuaderno 1. 34 Folio 75 y 76 del cuaderno 1. 36 Folio 33 del cuaderno 1. 36 Esto se corrobora con el certificado de tradición y libertad No. 222-18980 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Ciénaga, que folios 562 y 562 Vto. Anexo 3. 37 Por medio de auto del 16 de octubre de 2020, el despacho reconoció a la Agencia Nacional de Tierras como sucesora procesal del hoy liquidado INCODER (folios 719 del cuaderno principal).

37 Por medio de auto del 16 de octubre de 2020, el despacho reconoció a la Agencia Nacional de Tierras como sucesora procesal del hoy liquidado INCODER (folios 719 del cuaderno principal). 38 Así lo dispuso el Tribunal Administrativo del Magdalena en auto del 16 de octubre de 2013 (folios 127 a 129 del cuaderno 1).Radicado: 47001 23 33 000 2013 00149 01 (59774)

Demandante: Corporación e Inversiones del Mar Caribe S.A.S. y CHA Iii LTD Sucursal Colombia 3.2. Problema jurídico Teniendo en cuenta que la competencia de la Sala está determinada por las razones argumentativas y conceptuales expuestas en los recursos de apelación, la Sala analizará el siguiente problema jurídico: ¿Incurrió la sentencia apelada en una violación del debido proceso o derecho de defensa, al vulnerar el principio de necesidad de la prueba, valorar indebidamente los elementos de convicción allegados a la actuación y quebrantar el principio congruencia que debe gobernar en las decisiones judiciales?

Para el efecto, la Sala analizará, en primer lugar, los saspectos conceptuales del procedimiento de adjudicación de baldíos; en segundo,lugar, estudiará el régimen jurídico aplicable para el procedimiento de revocación directa del ado de adjudicación de baldío; y, por último, examinará el icaso en concreto, con el propósito de establecer si se incurrió en violación del debido proceso o si las razones expuestas en el acto cuestionado son razonables y objetivas para que esta Corporación mantenga su presunción de legalidad. , 3.3. Análisis de la Sala 3.3.1. Del procedimiento de adjudicación de baldíos

razones expuestas en el acto cuestionado son razonables y objetivas para que esta Corporación mantenga su presunción de legalidad. , 3.3. Análisis de la Sala 3.3.1. Del procedimiento de adjudicación de baldíos El procedimiento administrativo de adjudicación en materia agraria tiene por objeto permitir y garantizar de manera efectiva el acceso a la propiedad de la tierra a favor de las personas que ocupan y explotan un predio baldío por un periodo de tiempo determinado. El legislador ha establecido las normas aplicables para la ocupación y para el aprovechamiento de estas tierras baldías, de la siguiente manera: 3.3.3.1. La Ley 160 de 1994 39 creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y, en su numeral 13, asignó al antiguo Incora [hoy Agencia Nacional de Tierrasr° la función de administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la Nación. Dicha ley facultó a dicha entidad no solo para la administración de los terrenos baldíos, sino también para la adjudicación y adopción de medidas pertinentes cuando se