CE - 012333000201300344011SENTENCIA20231018144905

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CE - 012333000201300344011SENTENCIA20231018144905
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015)

Demandante: Baudilio Ramírez Alvernia Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en plazas del orden territorial y nacionalizado. Estatus pensional.

Prescripción. Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022. MODIFICA Y

REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuesto s por las partes contra la sentencia proferida el trece (13) de agosto de dos mil quince (2015) por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander , por medio de la cual concedió las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor BAUDILIO RAMÍREZ ALVERN IA instauró demanda en contra de la

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en

El señor BAUDILIO RAMÍREZ ALVERN IA instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de la Resolución RDP 12258 del 13 de marzo de 2013 mediante la cual, se negó el reconocimiento y pago la pensión gracia a favor de l demandante, así como de la Resolución RDP 19001 del 25 de abril del mismo año, que confirmó tal decisión al resolver el recurso de reposición.

1 Folio 2.2

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Radicado: 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015)

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer, liquidar y pagar la mencionada prestación conforme a las previsiones de la Ley 114 de 1913, así como el retroactivo debidamente indexado de las mesadas adeudadas por dicho concepto desde el 16 de mayo de 2011.

Que se dé cumplimiento a la sentencia conforme a las previsi ones de los artículos 192 y 195 del CPACA y se condene en costas a la parte accionada.

HECHOS2

por dicho concepto desde el 16 de mayo de 2011.

Que se dé cumplimiento a la sentencia conforme a las previsi ones de los artículos 192 y 195 del CPACA y se condene en costas a la parte accionada.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta l a demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que, durante la vida laboral del demandante, fue vinculado al magisterio como docente territorial en el departamento de Norte de Santander, mediante el Decreto 286 de 1974 y laboró desde el 4 de abril de 1974 hasta el 31 de diciembre de 1974 en el Colegio Luis Tablanca, en el municipio del Carmen.

Que posteriormente mediante Resolución 14 de 1975, lab oró en el Colegio Municipal de Cúcuta entre el 7 de febrero de 1975 y 18 de enero de 1978 ; en el Centro Educativo el Palmar de Villa del Rosario del 6 de abril de 1995 al 1. ° de enero de 2010, vinculado en el Colegio Nocturno Luis Gabriel Castro de Villa del Rosario (sin más datos) y; vinculado a través del Decreto 309 de 1995 al Colegio Manuel Antonio Rueda Jara de Villa del Rosario.

Que, de conformidad con la normativa vigente, tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, por lo cual, el 6 de noviembre de 2012, el señor Baudilio Ramírez radicó solicitud ante la UGPP con el fin de obtener el reconocimiento de dicha prestación. La entidad demandada, mediante la Resolución RDP 12258 del 13 de marzo de 201 3, negó la prestación, decisión que fue confirmada mediante la Resolución RDP 19001 del 9 de mayo de 2013.

prestación. La entidad demandada, mediante la Resolución RDP 12258 del 13 de marzo de 201 3, negó la prestación, decisión que fue confirmada mediante la Resolución RDP 19001 del 9 de mayo de 2013.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 30 de octubre de 2013,3 notificado a la UGPP4, quien presentó memorial de contestación 5 en el cual se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que tal como se expuso en el acto administrativo acusado, los tiempos desempeñados por el accionante entre el 10 de abril de 1995 y el 30 de diciembre de 2010, fue con una vinculación nacional, por lo

2 Folios 3 a 5. 3 Folios 80 a 81. 4 Folio 82. 5 Folios 94 a 96.3

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cual, no cumplía con los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia.

Propuso las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación y prescripción.

En la audiencia inicial 6 resaltó que no había lugar a resolver las excepciones propuestas por ser de fondo; fijó el litigio en relación con la procedencia del reconocimiento y pago de la pensión gracia; asimismo procedió al decreto de las pruebas deprecadas por las partes y de oficio que consideró como pertinentes.

propuestas por ser de fondo; fijó el litigio en relación con la procedencia del reconocimiento y pago de la pensión gracia; asimismo procedió al decreto de las pruebas deprecadas por las partes y de oficio que consideró como pertinentes.

En la audiencia de pruebas7, en atención al artículo 181 del CPACA se recaudaron e incorporaron los medios de convicción decretados y se corrió traslado para alegar de conclusión en orden de dictar sentencia escrita con posterioridad.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander dictó sentencia escrita el 13 de agosto de 2015, a través de la cual concedió las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte activa. Como sustento de la decisión, luego de realizar el análisis normativo, jurisprudencial y del material probatorio, concluyó que el demandante prestó sus servicios a favor de la Gobernación de Norte de Santander durante 21 años, 3 meses y 14 días.

Sostuvo que según argumento de la UGPP, los tiempos relacionados entre el 10 de abril de 1995 y el 30 de diciembre de 2010 pese a que fueron relacionados como de carácter nacional, al revisar las pruebas allegadas, para menci onado tiempo, fue nombrado por la Secretaría de Educación del Departamento de Norte de Santander, mediante varios actos administrativos, de los cuáles, pudo concluir el carácter de nacionalizado, municipal y departamental y, de conformidad con otro formato único para la expedición del certificado de historia laboral, también se relaciona el tiempo mencionado de carácter nacionalizado.

Que al revisar la historia laboral del demandante, pudo observar que fue vinculado

nacionalizado, municipal y departamental y, de conformidad con otro formato único para la expedición del certificado de historia laboral, también se relaciona el tiempo mencionado de carácter nacionalizado.

Que al revisar la historia laboral del demandante, pudo observar que fue vinculado previo al 31 de diciembre de 1980, sin embargo, para tal fecha tuvo una interrupción laboral, situación que consideró necesaria resaltar en virtud a lo dispuesto por la jurisprudencia del Consejo de Estado9 al revisar un caso similar «docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, contenida en el artículo 15 numeral 2ª literal a) de la Ley 91/89, no exige que en esa fecha el docente deba tener un vínculo laboral vigente, sino que con anterioridad haya estado vinculado. Es decir, tiene derecho a la pensión de jubilación gracia, cuando cumpla los requisitos de Ley».

6 Folios 143 a 145 y 180 a 182. 7 Folios 257 a 259. 8 Folios 280 a 289. 9 Sentencia del 2 de febrero de 2006.4

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En consecuencia, como el señor Baudilio Ramírez tuvo una vinculación previa al 31 de diciembre de 1980 y se desempeñó por más de 20 años de servicios planteles educativos en el orden « distrital, municipal o departamental o Nacionalizados» y agotó el cumplimiento de 50 años, tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

de diciembre de 1980 y se desempeñó por más de 20 años de servicios planteles educativos en el orden « distrital, municipal o departamental o Nacionalizados» y agotó el cumplimiento de 50 años, tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

En cuanto al análisis de la prescripción, sostuvo que el demandante adquirió estatus de pensionado el 17 de octubre de 2009 y solicitó el reconocimiento de la pensión gracia el 6 de noviembre de 2012, esto es, por un lapso de 3 años y 19 días, por lo cual, declaró prescritas las mesadas previas al 6 de noviembre de 2009.

EL RECURSO DE APELACIÓN10

La parte demanda nte11 solicita modificar la decisión contenida en el numeral segundo del fallo, al considerar que existe una contradicción con lo expuesto en parte considerativa respecto a la orden de reconocer y pagar la pensión a partir del «6 de noviembre de 201 12», pero como las declaratoria de la prescripción fue de las mesadas anteriores al 6 de noviembre de 2009, sería a partir de esta fecha en la que se reconoce.

Además, que la UGPP en escrito de acuerdo conciliatorio en la audiencia inicial, propuso que el reconocimiento debía ser a partir del « 6 de noviembre de 2009», por lo cual, solicita aclarar la fecha a partir de la cual se configuró la prescripción.

La parte demandada 12 solicitó revocar la decisión y en su lugar, negar las pretensiones de la demanda al advertir que de conformidad con el artículo 1. ° de la Ley 114 de 1993, solamente resultan beneficiarios los docentes vinculados con anterioridad al 30 de diciembre de 1980. Ahora, como los tiempos comprendidos

pretensiones de la demanda al advertir que de conformidad con el artículo 1. ° de la Ley 114 de 1993, solamente resultan beneficiarios los docentes vinculados con anterioridad al 30 de diciembre de 1980. Ahora, como los tiempos comprendidos entre el 10 de abril de 1995 y el 30 de diciembre de 2010, fueron del orden nacional, el docente, no cumplió con el requisito de los 20 años de servicios de orden territorial o departamental.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante presentó alegaciones finales con las que solicitó confirmarse el fallo apelado en la medida en que cumplió los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia.13 Asimismo, la UGPP presentó sus alegatos en el sentido de ratificar los argumentos expuestos en la contestación y apelación, sobre la improcedencia del derecho a los docentes vinculados de carácter nacional.

10 Folios 140 a 142. 11 Folios 294 a 295. 12 Folios 296 a 297. 13 Folios 380 a 386.5

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Sostiene que los recursos económicos del Estado no son infinitos y por lo tanto deben existir condicionamientos para evitar una doble remuneración y garantizar a administración racional de los recursos del Estado.

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en esta etapa procesal.14

CONSIDERACIONES DE LA SALA

deben existir condicionamientos para evitar una doble remuneración y garantizar a administración racional de los recursos del Estado.

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en esta etapa procesal.14

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si el actor cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una vi nculación con carácter de territorial o nacionalizado durante todo el tiempo de servicio y sobre el particular, entre el 10 de abril de 1995 y el 19 de julio de 2011. En caso afirmativo, proceder a la revisión de la configuración del estatus pensional y el fenómeno jurídico de la prescripción.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cu enta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó », mientras que el artículo

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó », mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

14 Según acta secretarial obrante a folio 393.6

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6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una naci onal, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»15. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con

sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativ o aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A pa rtir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran

15 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.7

15 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.7

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desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la tot alidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Sobre el punto , la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter

Sobre el punto , la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionaliz ado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199716 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en senten cia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 17 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones.

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando

conclusiones.

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaba n a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 17 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.8

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  1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
  1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los

regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

  1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales origin adas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pe rtenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
  1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
  1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer

el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

  1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
  1. Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providenc ia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.9

nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.9

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Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 ,18 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de

jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 d e diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que l as anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

En tal sentido , conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos.

  1. Que acredite 50 años de edad.
  1. Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo , pero de nin guna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del

laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del Gobierno Nacional.

18 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez Lozano contra la UGPP.10

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Radicado: 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015)

  1. Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
  1. Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez y consagración.

Resolución del caso concreto

El asunto bajo estudio deberá resolverse a partir de los motivos de inconformidad expuestos por los apelantes , mismos que se suscriben a determinar si el actor cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con caráct

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