CE - 012333000201400075011SENTENCIA20231128150209
Detalles
- Título
- CE - 012333000201400075011SENTENCIA20231128150209
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 850012333000201400075-01 (55018)
Actor: Company Service Food S.A.S.
Demandado: Departamento de Casanare
Acción: Controversias contractuales
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 21 de mayo de 2015 por el Tribunal Administrativo de Casanare , mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
La sociedad Company Service Food S.A.S. demandó el acto de adjudicación de la Licitación Pública CAS -SE-LP-002-2013 abierta por el D epartamento de Casanare para la contratación del servicio de alimentación escolar modalidad almuerzo a 52672 estudiantes de las instituciones educativas oficiales del departamento, por cuanto consideró que su oferta fue ilegalmente declarada inhábil y la d ecisión no recayó en la oferta más favorable, pues la presentada por la Unión Temporal Nutriendo Casanare 2013 no cumplía con un requisito habilitante. Además, para favorecer a este proponente se le permitió mejorar la oferta presentando documentos extemporáneamente y el pliego de condiciones suprimió un requisito -planta de alimentosque aquel no tenía.
ANTECEDENTES
Demanda
1. El 13 de mayo de 2014, la empresa Company Service Food S.A.S. presentó
extemporáneamente y el pliego de condiciones suprimió un requisito -planta de alimentosque aquel no tenía.
ANTECEDENTES
Demanda
1. El 13 de mayo de 2014, la empresa Company Service Food S.A.S. presentó demanda en contra el Departamento de Casanare en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en cuyas pretensiones pidió i) que se declarara la nulidad de la audiencia de adjudicación de la Licitación Pública CAS-SE-2
Radicación número: 850012333000201400075-01 (55018)
Actor: Company Service Food S.A.S
Demandado: Departamento de Casanare
LP-002-2013 abierta por la entidad demandada, así como la nulidad de la Resolución de Adjudicación No. 0651 del 17 de octubre de 2013 y del contrato resultante firmado con la UT Nutriendo Casanare 2013; ii) que se declare responsable al departamento de Casanare por los perjuicios materiales y morales ocasionados a la dema ndante derivados de la privación injusta e ilegal de su derecho a la adjudicación de la licitación y iii) que se condene a la entidad demandada a pagar tales perjuicios así: $25’000.000 por concepto de daño emergente, $524’790.000 por lucro cesante y 400 S MLMV por perjuicios morales (fls. 2 a 12, c. 8).
2. En los hechos, la parte actora relató que el departamento de Casanare abrió la Licitación Pública No. CAS-SG-LP-002-2013, cuyo objeto fue garantizar el suministro de alimentación escolar modalidad almuerzo para 21.912 estudiantes de las instituciones educativas oficiales del departamento.
Licitación Pública No. CAS-SG-LP-002-2013, cuyo objeto fue garantizar el suministro de alimentación escolar modalidad almuerzo para 21.912 estudiantes de las instituciones educativas oficiales del departamento.
3. Durante el proceso de selección, en el que participaron como proponentes la Unión Temporal Nutriendo Casanare 2013 y la demandante Company Service Food S.A.S., el departamento procedió a realizar modificaciones al pliego de condiciones con la finalidad de favorecer al proponente UT Nutriendo Casanare 2013, como fue la de excluir del mismo la exigencia a los proponentes de poseer en propiedad o alquiler una plant a para la fabricación y/o procesamiento de alimentos requeridos, que siempre fue parte de esta clase de licitaciones, por cuanto aquel proponente no contaba con una planta de estas -como sí la tenía el demandanteni con la posibilidad de alquilar una.
4. En la audiencia de adjudicación, el comité evaluador manifestó que ninguna de las propuestas reunía los requisitos técnicos exigidos en el numeral 4.4.2.1 del pliego de condiciones1, razón por la cual la licitación se declaró desierta por dicho comité, decisión frente a la cual ambos proponentes presentaron recurso -aunque el operador de Nutriendo Casanare 2013 no estaba habilitado para interponerlo ni aportar documentos, pues no era abogado en ejercicio -, con lo que la audiencia fue suspendida y le admitieron al otro proponente - desconociendo la expresa prohibición del pliego al respecto -, en forma extemporánea e irregular, aportar documentos
1 En relación con la oferta de la demandante, se anotó que la profesional en microbiología propuesta como integrante de su equipo de trabajo, no tenía el tiempo de experiencia profesional requerido, yendo
del pliego al respecto -, en forma extemporánea e irregular, aportar documentos
1 En relación con la oferta de la demandante, se anotó que la profesional en microbiología propuesta como integrante de su equipo de trabajo, no tenía el tiempo de experiencia profesional requerido, yendo en contra de lo dispuesto en la ley, según concepto técnico jurídico del Ministerio de Protección Social No. 1100000-84905-92862 que expresamente indicó que la experiencia se calificaba a partir de la fecha de graduación y no de la obtención de la licencia respectiva para ejercer la profesión, como lo exigió el comité. Por el contrario, la oferta de Nutriendo Casanare 2013 sí incumplió los requisitos respecto de sus integrantes técnicos, pues no reunían el tiempo y experiencia exigidos.3
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Actor: Company Service Food S.A.S
Demandado: Departamento de Casanare
relacionados con las calidades de un integrante técnico de la oferta, para acreditar que ésta cumplía con el requisito del personal exigido.
5. Fue así como en una actuación claramente direccionada a favorecer a la UT Nutriendo Casanare 2013 y violatoria de la Ley 80 de 1993, se decidió que este proponente, con los documentos aportados extemporáneamente, cumplía los requisitos exigidos, lo que además incidió en su calificación posterior mejorándola, mientras que se concluyó, de manera equivocada, que la oferta de la parte actora no los cumplía, lo que condujo a que le fuera adjudicado el contrato a aquella, mediante la Resolución 0651 del 17 de octubre de 2013, por cuanto según la entidad era la única oferta que podía ser objeto de ponderación y además se ajustaba a los requisitos
los cumplía, lo que condujo a que le fuera adjudicado el contrato a aquella, mediante la Resolución 0651 del 17 de octubre de 2013, por cuanto según la entidad era la única oferta que podía ser objeto de ponderación y además se ajustaba a los requisitos del pliego de condiciones y ofrecía las mejores condiciones para el departamento.
6. Al ser violados los derechos del demandante, se le ocasionaron perjuicios, al verse privado de una ganancia lícita evaluada en el 12% de la oferta presentada.
7. El demandante sostuvo que los actos demandados eran ilegales porque, de conformidad con lo disp uesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, en los procesos de contratación sólo son requisitos subsanables aquellos que no dan puntaje y, por lo tanto, pueden serlo dentro del término para la evaluación de las ofertas, pero no como sucedió en el presente caso, en la misma audiencia de adjudicación, que no es una oportunidad para aclarar o mejorar la oferta.
8. Agregó que hubo desviación de poder, porque fue clara la intención de favorecer al otro proponente, al modificar los pliegos para suprimir c iertos requisitos que usualmente se habían exigido pero que aquel no estaba en condiciones de cumplir, como el ya mencionado de la planta de alimentos, y la eliminación del numeral 4.4.4 cumplimiento de contratos, ya que un integrante de la UT Nutriendo Ca sanare 2013 registraba en su RUP una sanción en un programa con el mismo objeto de la presente licitación.
9. Adujo así mismo, la violación del debido proceso, pues la decisión se fundó en una prueba ilícita, al excluir a una integrante del equipo de trabajo propuesto por la actora
licitación.
9. Adujo así mismo, la violación del debido proceso, pues la decisión se fundó en una prueba ilícita, al excluir a una integrante del equipo de trabajo propuesto por la actora por una causal surgida del capricho e interpretación de la entidad, diferente a la señalada por la ley.4
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Actor: Company Service Food S.A.S
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10. Sostuvo que el acto de evaluación de las ofertas, como el de adjudicación, era un acto administrativo que podía ser dem andado en ejercicio de la acción de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho.
11. Y finalmente, manifestó que en virtud de lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, el contrato resultante del acto de adjudicación demanda do debía ser declarado nulo, como consecuencia de la nulidad de los actos previos que le dieron vida jurídica.
Trámite de primera instancia
12. La demanda fue admitida mediante auto del 8 de julio de 2014 y en ella se ordenó su notificación a la parte de mandada, el ministerio público, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la unión temporal Nutriendo Casanare 2013 y a cada uno de sus miembros: Ferry Services Ltda. y Yeffer Panche Cárdenas (f. 216, c. 8).
13. El Departamento de Casanare contestó la demanda (fl. 235, c. 3) y se opuso a las pretensiones. Aceptó algunos hechos, negó otros y se atuvo a lo que resultara probado respecto de los demás.
13. El Departamento de Casanare contestó la demanda (fl. 235, c. 3) y se opuso a las pretensiones. Aceptó algunos hechos, negó otros y se atuvo a lo que resultara probado respecto de los demás.
14. Sobre las plantas de procesamiento de alimentos y bodegas, sostuvo que se debatió ampliamen te en la audiencia de aclaración del contenido de los pliegos y asignación de riesgos y la respuesta a la solicitud de aclaración se respondió con concepto técnico de la Secretaría de Educación, según el cual no se requerían tales plantas en las institucio nes educativas del departamento puesto que contaban con restaurantes escolares y la preparación de los alimentos debía hacerse en el sitio, aprovechando tales instalaciones y garantizando la temperatura adecuada, su manipulación oportuna y la inocuidad de los mismos. Es decir que el cambio obedeció a criterios objetivos y como respuesta a diversas inquietudes planteadas por las personas interesadas en participar en el proceso licitatorio, facilitando así la pluralidad de oferentes y no para favorecer a uno en especial.
15. La demandada explicó que en la licitación pública se presentaron tres proponentes: UT Nutriendo Casanare 2013 (representante legal: Yony Alexander
Lavacude), Company Services Food S.A.S. y UT Nutriendo Casanare 2013 (representante legal: Jorge Eduardo Durán), es decir dos con el mismo nombre; y que5
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Actor: Company Service Food S.A.S
Demandado: Departamento de Casanare
fue esta última la que se calificó como NO CUMPLE en la verificación jurídica, por lo que no cumplía para ser evaluada.
Actor: Company Service Food S.A.S
Demandado: Departamento de Casanare
fue esta última la que se calificó como NO CUMPLE en la verificación jurídica, por lo que no cumplía para ser evaluada.
16. En relación con la propuesta de Company Services Food S.A.S., la entidad explicó que la experiencia profesional específica que se debía acreditar respecto de Claret Carreño Solano, la microbióloga con énfasis en alimentos que hacía parte de su equipo de trabajo -personal de apoyo en buenas prácticas de manipulación e higiene de acuerdo con el literal D del numeral 4.4.2.1 del pliego de condiciones - no cumplía con el mínimo requerido en el pliego de condiciones -un año-, teniendo en cuenta que, por tratarse de una profesión relacionada con el sistema de seguridad social en salud, dicha experiencia profesional debía contabilizarse a partir de la expedición de la matrícula o tarjeta profesional vigente y, en el presente caso, sólo acreditó 10 meses, situación que tambié n se presentó respecto de la profesional coordinadora de zona sur Diana Carolina Mantilla Alvarado, nutricionista dietista, que sólo acreditó 8,2 meses de experiencia profesional, por lo que se había configurado una causal de rechazo de la oferta, según el numeral 4.6 del pliego.
17. Por lo anterior, sólo quedaba la propuesta de la UT Nutriendo Casanare 2013, que cumplió todos los requisitos y obtuvo el mayor puntaje, por lo que se hizo merecedora de la adjudicación.
18. Propuso las excepciones de i) inep ta demanda y falta de requisitos para la impugnación contra actos administrativos, ii) caducidad de la acción, iii) cobro de lo no debido y la que denominó iv) inimputabilidad e inexistencia de causas directas e
impugnación contra actos administrativos, ii) caducidad de la acción, iii) cobro de lo no debido y la que denominó iv) inimputabilidad e inexistencia de causas directas e indirectas que alteran la exclusión indebida de un licitante, no hay pérdida de oportunidad, existencia de garantías por parte contratante.
Audiencia inicial
19. Mediante proveído del 3 de diciembre de 2014, el a quo estableció la fecha para llevar a cabo la audiencia inicial de que trata el numeral 1° del artículo 180 del CPACA
(fl. 1708, c. 1).
20. En desarrollo de la audiencia se excluyó la pretensión relativa a la nulidad de la audiencia de adjudicación por no corresponder a un acto administrativo, se admitió la acumulación de pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho y de nulidad del contrato demandado y se fijó el litigio en el sentido de determinar si las propuestas6
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Actor: Company Service Food S.A.S
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de Company Service Food SAS y de la Unión Temporal Nutriendo a Casanare 2013 cumplían los requisitos relativos a experiencia del equipo de trabajo y si podían ser o no las dos o alguna de ellas adjudicatarias de la licitación pública en la que participaron como oferentes; determinada su aptitud, revisar si la actora demostró haber presentado la mejor propuesta en ese proceso de selección y por consiguiente que fue indebidamente adjudicado el contrato celebrado. Como consecuencia de lo anterior, si procede la indemnización de perjuicios reclamada y en qué cuantía.
21. Asimismo, se incorporaron al proceso las pruebas allegadas por las partes
fue indebidamente adjudicado el contrato celebrado. Como consecuencia de lo anterior, si procede la indemnización de perjuicios reclamada y en qué cuantía.
21. Asimismo, se incorporaron al proceso las pruebas allegadas por las partes intervinientes y el a quo ordenó la incorporación de otros documentos relativos al proceso de selección y las ofertas presentadas por las partes, as í como al contrato celebrado y decretó el interrogatorio de parte así como los testimonios pedidos por la demandada. Por último, fijó fecha para la audiencia de práctica de las pruebas (fls. 1714 a1720, c. 1).
Audiencia de pruebas y alegatos
22. La audiencia se celebró el 21 de mayo de 2014, en la que, de conformidad con lo previsto en el artículo 181 del CPACA, se recaudaron, incorporaron, apreciaron y valoraron las pruebas decretadas en la audiencia inicial. Igualmente se prescindió de la audiencia de a legaciones y juzgamiento, informando a las partes y al Ministerio Público sobre la posibilidad de presentar sus alegaciones por escrito (fls. 1742 a 1750, c. 1).
23. En sus alegatos, la parte actora insistió en las razones de ilegalidad del acto de adjudicación aducidas en la demanda, las que, a su juicio, se acreditaron en el proceso a través de las pruebas obrantes, como fue la modificación ilegal del pliego de condiciones, pues desde los estudios previos se determinó su objeto, que sería el procesamiento, envasado, transporte y entrega de alimentos a población vulnerable, como lo es la escolar del departamento, el cual tiene requisitos técnicos ineludibles,
condiciones, pues desde los estudios previos se determinó su objeto, que sería el procesamiento, envasado, transporte y entrega de alimentos a población vulnerable, como lo es la escolar del departamento, el cual tiene requisitos técnicos ineludibles, establecidos por el Decreto 3075 de 2007 y que no podían ser desconocidos por la entidad licitante, entre ellos la exigencia de una planta de procesamiento y bodega de acopio debidamente aprobadas por el INVIMA, requisito que venía siendo exigido en las anteriores licitaciones y fue suprimido en la que es objeto del presente proceso, aún contra la volu ntad de los interesados y eventuales oferentes que hicieron observaciones al respecto en la audiencia de aclaración del pliego de condiciones, con la sola finalidad de favorecer a otro proponente, que fue el único que no ofertó7
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ese ítem y con base en un supuesto concepto técnico que no se aportó al proceso. Y así mismo, se refirió a la modificación ilegal y extemporánea del pliego -cuando ya no podían expedirse adendas, se profirió la número 3 - para suprimir el numeral 4.4.4 relativo al cumplimiento de contratos estatales, que daba 50 puntos, toda vez que un miembro de la unión temporal favorecida con la adjudicación, tenía una sanción por incumplimiento en un contrato anterior de la misma clase del que se estaba adjudicando, lo que debió conducir a la exclusión de dicho proponente (f. 1798 a 1809, c. 1).
24. A su turno, la demandada reiteró los argumentos de defensa esgrimidos en el
adjudicando, lo que debió conducir a la exclusión de dicho proponente (f. 1798 a 1809, c. 1).
24. A su turno, la demandada reiteró los argumentos de defensa esgrimidos en el transcurso del proceso, en el sentido de que la evaluación de las ofertas y la adjudicación de la licitación se ajustó a lo dispuesto en el pliego de condiciones y en las normas legales y la oferta de la parte actora fue legítimamente excluida por haber incumplido un requisito sustancial del pliego de condiciones (fl. 1786, c. 1).
La sentencia de primera instancia
25. El 21 de mayo de 2015, el Tribunal de Casanare dictó sentencia (fls. 1816-1834, c. ppal.), en la que se negaron las pretensiones de la demanda.
26. El tribunal empezó por establecer lo que no iba a ser objeto de estudio; entre otras cosas, “(…) los cargos desarrollados en diversos argumentos de la demanda y en conclusiones respecto de presunta desviación de poder por motivos ocultos en las adendas que modificaron condiciones de participación”, por cuanto esas disposiciones se adoptaron mediante actos administrativos que no fueron demandados.
27. En relación con el incumplimiento de la parte actora frente a los requisitos del pliego de condiciones en cuanto al personal ofrecido, el tribunal analizó las pruebas y encontró que, según el pliego, los coordinadores de zona debían ser ingenieros de alimentos o nutricion istas con una experiencia específica de un año, dentro de un requisito que era habilitante de la oferta; y que, en relación con la nutricionista dietista Diana Carolina Mantilla, propuesta por Company Service Food S.A.S., sólo se
alimentos o nutricion istas con una experiencia específica de un año, dentro de un requisito que era habilitante de la oferta; y que, en relación con la nutricionista dietista Diana Carolina Mantilla, propuesta por Company Service Food S.A.S., sólo se acreditaron 8 meses y 20 días a partir de su matrícula profesional, como correspondía calificar dicha experiencia por tratarse de un profesional de la salud, acorde con lo dispuesto por el artículo 229 del Decreto 19 de 2012 y la Ley 73 de 1979. Por dicha razón, el tribunal consideró que la decisión de rechazar su oferta fue válida y acorde con las reglas fijadas en el pliego de condiciones.8
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28. Por otra parte, en cuanto a los documentos que aportó el otro proponente en la audiencia de adjudicación, consideró que no constituía varia ción o mejoramiento irregular de la propuesta su aporte durante el debate en la referida audiencia, cuando surgían observaciones y dudas acerca del contenido de certificados de experiencia del equipo profesional ofrecido (duración y disponibilidad).
29. Y que, en el caso concreto, la demandante había objetado la experiencia de Farley Santander Rivera, ingeniera de alimentos propuesta por la Unión Temporal Nutriendo a Casanare 2013 como coordinadora de zona, en cuanto la certificación de disponibilidad del 100% y el periodo certificado por Ferry Service, integrante de la referida unión temporal, por lo que al resolver las observaciones al informe preliminar, el comité de evaluación consideró que había lugar a rechazar la oferta, toda vez que se había genera do duda sobre la disponibilidad y las dos certificaciones válidas no
referida unión temporal, por lo que al resolver las observaciones al informe preliminar, el comité de evaluación consideró que había lugar a rechazar la oferta, toda vez que se había genera do duda sobre la disponibilidad y las dos certificaciones válidas no sumaban el tiempo de experiencia mínima; no obstante, que al correr traslado de este informe a la unión temporal, esta aclaró que dicha profesional sí había laborado directamente en Ferry Service, simultáneamente con los compromisos que había tenido en Arauca; y que para corroborar esto, aportaba copia de los pagos al sistema de seguridad social, para que se verificaran los números de las planillas, su autenticidad y se tuviera por cierto lo certificado. Ante lo cual, el comité de evaluación consideró que las pruebas adicionales no mejoraban la oferta, recibió los documentos, validó la información en la página web del FOSYGA, valoró la experiencia y asignó puntaje a la profesional, teniendo en cuenta disponibilidad del 50% por la simultaneidad de las actividades documentadas en las dos certificaciones.
30. Con fundamento en lo dispuesto en el pliego de condiciones sobre las reglas relativas a la experiencia del equipo de trabajo y la forma de certificarla -numeral 4.4.2.1-, el tribunal consideró que “(…) la discusión sobre la profesional Santander Rivera atañe a la experiencia calificable para asignar puntos; luego en el escenario más desfavorable, podría haberse simplemente excluido con pér dida de todos los puntos. Si pese a ello la propuesta seguía siendo técnicamente hábil, dado que la UT adjudicataria fue la única que sobrevivió a los filtros de requisitos habilitantes, habría ganado el contrato por haberse quedado sin oponente”. No obstante, consideró que
adjudicataria fue la única que sobrevivió a los filtros de requisitos habilitantes, habría ganado el contrato por haberse quedado sin oponente”. No obstante, consideró que fue debidamente acreditada y calificada la experiencia de la referida profesional.
31. Sobre las objeciones basadas en la exclusión de la exigencia de contar con una planta de procesamiento de alimentos, sostuvo el a-quo que las ex plicaciones brindadas por la entidad demandada y reforzadas por los testimonios, en cuanto a que9
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Demandado: Departamento de Casanare
las instituciones educativas contaban con restaurantes escolares que era necesario aprovechar y que era mejor la preparación de los alimentos in situ, eran satisfactorias; y que era evidente el interés del demandante en reivindicar la exigencia, dado que de existir, le garantizaba la adjudicación del contrato, pues no tendría competencia, a lo que agregó que “la Administración lo neutralizó por razones de conveniencia que no se han rebatido probatoriamente”.
32. Así, concluyó que el demandante no probó que su oferta fue indebidamente rechazada ni que era la mejor, por lo que las pretensiones debían ser denegadas.
Recurso de apelación
33. La parte actora apeló la decisión de primera instancia y solicitó revocarla para que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda (fl. 1836, c. ppal.).
34. Consideró que el tribunal apreció erradamente la decisión de excluir la propuesta de Company Service Food S.A.S. por unos requisitos habilitantes aparentemente no
34. Consideró que el tribunal apreció erradamente la decisión de excluir la propuesta de Company Service Food S.A.S. por unos requisitos habilitantes aparentemente no cumplidos por la profesional Diana Carolina Mantilla Arévalo, ya que fueron decididos caprichosamente y en contra de la ley, porque se probó su experiencia en alimentación; así mismo la exclusión de los contratos celebrados con la universidad y con el Bienestar -sobre los cuales se explicará más adelante -, que no lo fue por razones de ley sino por intereses del comité evaluador.
35. De otro lado, a juicio del apelante tampoco fue acertado admiti r la tesis de que la entrega de los documentos aportados por la unión temporal después de la calificación, relativos a la experiencia de un miembro de su equipo y sobre los cuales no hubo oportunidad para controvertirlos, fue oportuna y que no alteraron la calificación del proponente favorecido. Observó que una persona no podía estar y no estar al mismo tiempo, y que si la contratista 2 laboraba de tiempo completo con el Departamento de Arauca, mal podía estar cumpliendo labores con Ferry Service, como se probó con el presunto pago de su seguridad social, para demostrar con ello la experiencia de tiempo de servicio de un profesional, requisito cuya inexistencia lo descalificaba, de acuerdo con el pliego de condiciones.
2 Aunque no mencionó el nombre de la persona a la que se refería en la apelación, revisando las observaciones que hizo al informe de evaluación de las ofertas (f. 44, c. 8) se deduce que está haciendo referencia a la Ingeniera de Alimentos Farley Santander Rivera, propuesta por la UT Nutriendo Casanare 2013 como Coordinadora de la Zona Sur.10
referencia a la Ingeniera de Alimentos Farley Santander Rivera, propuesta por la UT Nutriendo Casanare 2013 como Coordinadora de la Zona Sur.10
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Demandado: Departamento de Casanare
36. Cuestionó que el tribunal hubiera admitido las explicaciones de la demandada para excluir del pliego de condiciones el requisito de la planta de tratamiento de alimentos, que el apelante considera fue ilegal; así mismo su afirmación según la cual como el demandante era el único que tenía planta, la administración podía “neutralizarlo” por conveniencia, y así mismo se pregunta dónde estaban las pruebas que le permitieron al tribunal admitir la existencia de inversiones en la infraestructura de los colegios, que le permitieron a la administr ación soslayar el cumplimiento de la ley, pues solo hubo afirmaciones testimoniales a las que el a-quo les dio plena credibilidad.
Trámite en segunda instancia
37. Después de admitido el recurso mediante el auto del 10 de septiembre de 2015, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para lo de su cargo, oportunidad en la que aquellas y este guardaron silencio (fls. 1846, 1849 y1850, c. ppal.).
CONSIDERACIONES
Jurisdicción y competencia
38. En virtud de lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA3, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, toda vez que dentro de las pretensiones de la demanda se pidió la declaratoria de nulidad de un acto administrativo proferido por el gobernador del De partamento de Casanare y de un contrato estatal celebrado por esta entidad territorial.
pretensiones de la demanda se pidió la declaratoria de nulidad de un acto administrativo proferido por el gobernador del De partamento de Casanare y de un contrato estatal celebrado por esta entidad territorial.
39. Así mismo le corresponde a la Sala resolver el presente proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, norma vigente al momento de presentación de la demanda 4, en razón
3 El artículo 104 del CPACA estableció que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer de las controversias y litigios originados en act os, contratos, hechos, omisiones y operaciones sujetos al derecho administrativo en los que estén involucradas las entidades públicas o los particulares cuando ejerzan función administrativa. 4 “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia (Este inciso fue posteriormente modificado por el a rtículo 26 de la Ley 2080 de 2021, la cual no resulta aplicable al presente caso, pues de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 86, dicha ley “(…) rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican11
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artículo 86, dicha ley “(…) rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican11
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del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 21 de mayo de 2015 por el Tribunal Administrativo de Casanare y de conformidad con la estimación de las pretensiones realizada en la demanda
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