CE - 012333000201400105011SENTENCIASENTENCIA20230524092658

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)

Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)

Demandante: ÉDGAR ALONSO HURTADO NAVIA

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL1

Vinculados: FIDUPREVISORA S.A. Y AGENCIA NACI ONAL DE

DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO2

Temas: Reliquidación pensión especial de jubilación. Régimen aplicable a detective profesional del extinto DAS. Inclusión de la prima de riesgo en el cálculo del IBL. Aplicación de la sentencia de unificación del 28 d e julio de 2022 . MODIFICA

SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelació n interpuesto por la entidad demandada ,

sentencia de unificación del 28 d e julio de 2022 . MODIFICA

SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelació n interpuesto por la entidad demandada , quien actúa por intermedio de apoderado, contra la sentencia pr oferida el veinticuatro ( 24) de abril de dos m il diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor ÉDGAR ALONSO HURTADO NAVIA, obrando por medio de apoderado debidamente constituido, instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Proce dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con el fin de que se acceda a las siguientes:

1 En adelante UGPP. 2 En adelante a ANDJE.2

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Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia

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PRETENSIONES

1. Q ue se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 019893 del 17 de diciembre de 2.012, RDP 011900 del 12 de marzo y RDP 014537 del 2 de abril

PRETENSIONES

1. Q ue se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 019893 del 17 de diciembre de 2.012, RDP 011900 del 12 de marzo y RDP 014537 del 2 de abril de 2.013, expedidas por la UGPP, mediante las cuales se negó la reliquidación de la pensión a favor del demandante con la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios.

2. Que a título de restab lecimiento del de recho se condene a la UGPP a reconocer la reliquidación de la pensión que percibe el señor Édgar Alonso Hurtado Navia , a partir del 1° de junio de 2012 -fecha del retiro definitivo del servicio activo -, sobre el promedio de lo devengado en el último año de servicios, con la inclusión de los siguientes fac tores: asignación básica, bonificación por servicios, prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de riesgo y bonificación por recreación; conforme lo dispone el artículo 73 del Decreto 1848 de 1.969.

3. Que se paguen las diferencias entre lo que se le reconoció y lo que se determine cancelar mediante la sentencia que ponga fin al presente proceso.

4. Que se indexen las sumas adeudadas, conforme al IPC, a la luz de lo regulado en el artículo 18 7 del CPACA, desde la fecha en que se originó la obligación y hasta la ejecutoria del respectivo fallo.

5. Que se dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con lo regulado en el artículo 192 ibidem; se reconozcan los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y se condene en costas y agencias en

5. Que se dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con lo regulado en el artículo 192 ibidem; se reconozcan los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y se condene en costas y agencias en derecho a la UGPP.

HECHOS

1. Que e l señor Édgar Alonso Hurtado Navia prestó sus servicios al extinto Departamento Administrativo de Seguridad por 27 años, 7 meses y 27 días, esto es, entr e el 3 de mayo de 1983 y el 1° de junio de 2012, fecha de retiro definitivo del servicio oficial.3

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2. Que al demandante le fue reconocida pensión de vejez mediante Resolución UGM 014387 del 24 de octubre de 2011 , efectiva a partir del 1° de sept iembre de 2009, condicionada al retiro definitivo del servicio . Dicha prestación se liquidó con el 75% de lo devengado en los 10 años anteriores a la adquisición del estatus, con la inclusión de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.

3. Que si bien en dicho acto administrativo, se otorgó el derecho sin consideración a la edad y con 20 años de servicio, lo cierto es que se desconoció lo preceptuado en los artículos 1° y 10 del Decreto 1933 de 1 .989,

consideración a la edad y con 20 años de servicio, lo cierto es que se desconoció lo preceptuado en los artículos 1° y 10 del Decreto 1933 de 1 .989, respecto de la aplicación de las normas generales en relación con la pensión de jubilación vigente para la época, es decir, el artículo 73 del Decreto 1848 de 1.969, que le permitía pensionarse con el 75% del promedio de todo lo percibido en el último año de servicios.

4. Que el 17 de d iciembre de 2012 , la entidad demandada por medio de Resolución RDP 019893, reliquidó la pensión reconocida por retiro definitivo del servicio, pero solo tuvo en cuenta el 75% de lo devengado por concepto de asignación básica y bonificación por servicios, d urante los últimos 10 años, conforme lo prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1 .993 en armonía con lo indicado en el Decreto 1158 de 1 .994, desconociendo de esta forma el régimen especial que lo cobijaba.

5. En contra de la anterior decisión, se interpus ieron los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron desatados de forma negativa a través de las Resoluciones RDP 011900 del 12 de marzo de 2 .013 y RDP 014537 del 2 de abril de la mencionada anualidad, respe ctivamente, confirmando la decisión recurrida.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 16 de mayo de 2.014 y notificada a la UGPP, quien contestó el libelo , manifestando que los actos enjuiciados fueron expedidos con fundamento en la ley y no se desvirtuó su validez, pues la

La demanda fue admitida mediante auto del 16 de mayo de 2.014 y notificada a la UGPP, quien contestó el libelo , manifestando que los actos enjuiciados fueron expedidos con fundamento en la ley y no se desvirtuó su validez, pues la liquidación de la pensión del demandante, se efectuó conforme a lo dispuesto en el Decreto 1047 de 1.933, artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 y el Decreto4

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1158 de 1.994, disposiciones en las cuales se reguló la forma de cómo debe liquidarse la prestación reconocida.

Propuso como excepciones las de cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación; ausencia de vicios en los actos administrativos demandados; y iii) prescripción, en la medida en que se encuentran prescritas las mesadas que se causaron 3 años antes de la presentación de la demanda.

Por otro lado, en escrito aparte llamó en garantía al extinto DAS en Liquidación3, al considerar que era solo un tercero en la relación empleador y trabajador. El despacho ponente de primera inst ancia lo admitió por medio de auto del 21 de enero de 2.015 , siendo notificado a la Agencia Nacional Jurídica del Estado como sucesora procesal ante la imposibilidad de notificar a la llamada en garantía4, entidad que a su vez, en escrito del 29 de marzo de 2.016

auto del 21 de enero de 2.015 , siendo notificado a la Agencia Nacional Jurídica del Estado como sucesora procesal ante la imposibilidad de notificar a la llamada en garantía4, entidad que a su vez, en escrito del 29 de marzo de 2.016 solicitó la nulidad de lo actuado, a partir de la providencia que aceptó el llamamiento en garantía por cuanto quien se debía vincular al proceso era La Previsora S.A. 5. Que conforme al auto del 12 de abril de 2.016, se dejó sin efectos e l auto obj eto del instrumento procesal y se tuvo como sucesora procesal del DAS a La Previsora S.A.6.

A su vez, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el escrito de contestación7, argumentó que no está legitimada para comparecer en los procesos en lo s que se pretenda la nulidad de actos administrativos proferidos por la UGPP, tal como lo ha sostenido la jurisdicción de lo contencioso administrativo en abundante jurisprudencia , en cuestiones de contornos similares al aquí expuesto.

Por su parte, la F iduciaria La Previsora S.A. contestó la demanda e indicó que no era procedente su vinculación, en la medida en que según lo regulado en los Decretos 4269 de 2.011, 2040 de 2.011 y 877 de 2.013, es competencia de la UGPP el reconocimiento de la pensión o su respetiva reliquidación, aunado a ello, acorde con los medios de prueba allegados al plenario, no se demostró que el extinto DAS omitió la obligación de realizar los respe ctivos aportes para

3 Folios 1 a 5 del cuaderno de llamamiento en garantía.

ello, acorde con los medios de prueba allegados al plenario, no se demostró que el extinto DAS omitió la obligación de realizar los respe ctivos aportes para

3 Folios 1 a 5 del cuaderno de llamamiento en garantía. 4 Folios 50 y 51 ejusdem. 5 Folios 1 a 3 del cuaderno del incidente de nulidad. 6 Folios 509 a 511 vuelto del cuaderno principal. 7 Folios 59 a 74 del cuaderno de llamamiento en garantía.5

Radicado: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)

Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pensión a favor del interesado.

Invocó como medios exceptivos los de falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia del derecho reclamado; prescripción e inexistencia de la obligación.

Se celebró audiencia inicial el día 24 de abril de 2.017, en la cual se fijó el litigio y luego de agotado el periodo probatorio y de dar traslado a las partes para que alegaran de conclusión, se dictó sentencia en la etapa procesal en comento, la cual fue apelada dentro del término oportuno por la entidad demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia proferida el 24 de abril de 2017 , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, indicando que de conformidad con el marco jurídico aplicable y el acervo probatorio

El Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia proferida el 24 de abril de 2017 , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, indicando que de conformidad con el marco jurídico aplicable y el acervo probatorio obrante en el plenario, resultaba claro que el señor Édgar Alonso Hurtado Navia al ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 4 del Decreto 1835 de 1.994, para efectos de reconocimiento y liquidación de su prestación se atendía la normativa anterior a la Ley 100 de 1 .993, esto es , lo establecido en los artículos 1° y 2 del Decreto 1047 de 1 .978 por expresa disposición del Decreto 1933 de 1 .989, el cual se aplica en su integridad en virtud del principio de inescindibilidad.

Que acorde con las reglas sentadas por el Consejo de Esta do en sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, el IBL de la pensión de vejez debe incluir todos los factores que constituyen salario, entendido como todas las sumas que percibe el empleado de manera habitual y periódica como contraprestación de su labor.

Que en el plenario aparece acreditado que durante el año anterior al retiro del servicio (30 de mayo de 2011 al 30 de mayo de 2012) , el demandante percibió los siguientes factores salariales: asignación básica, prima de riesgo, prima de servicio, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificación por recreación, emolumentos que deben ser incluidos en

8 Cd visible a folio 625 y folios 635 a 640 vuelto del expediente principal.6

servicio, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificación por recreación, emolumentos que deben ser incluidos en

8 Cd visible a folio 625 y folios 635 a 640 vuelto del expediente principal.6

Radicado: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)

Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la liquidación, salvo la bonificación por recreación al no ser factor salario.

Que en este caso no ocurrió el fenómeno de la prescripción, toda vez que la pensión de vejez fue reconocida «el 1° de septiembre de 2009 , la primera solicitud de reliquidación se elevó el 27 de julio de 2012 y la demanda fue presentada el 23 de enero de 2014 , por lo que ninguna mesad a pensional se encuentra prescrita».

Negó el pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 192 del CPACA, al discurrir que se ordenó la indexación de las sumas, y ello constituiría doble pago.

En suma, consideró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Fiduprevisora S.A. y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no así en relación con el medio exceptivo de prescripción, y declaró la nulidad de los actos administrativos demandados; condenó a la UGPP a reliquidar la pensión de vejez con el 75% del promedio de los factores salariales devengados en el último año de servicio, a saber:

prescripción, y declaró la nulidad de los actos administrativos demandados; condenó a la UGPP a reliquidar la pensión de vejez con el 75% del promedio de los factores salariales devengados en el último año de servicio, a saber: asignación básica, prima de riesgo, prima de servicio, bonificación por servicios prestados, prima de vacaci ones, prima de navidad ; autorizó el descuento del valor de los aportes cuya inclusión se ordenó; y negó las demás pretensiones de la demanda.

Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada.

RECURSO DE APELACIÓN9

Inconforme con la decisión, la par te demandada interpuso recurso de apelación en los siguientes términos:

Que el libelista adquirió su estatus de pensionado el 30 de diciembre de 2006, es decir, bajo la vigencia de la Ley 100 de 1 .993 y su Decreto Reglamentario 1158 de 1 .994, por lo que le son aplicables dichas disposiciones para efectos de liquidar su prestación, dado que el sistema general de seguridad social incorporó a los servidores públicos a este nuevo régimen.

9 Folios 641 a 648.7

Radicado: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)

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Que el artículo 4 del Decreto 1835 de 1 .994 previó un régimen de transi ción al personal vinculado como detectives antes de la entrada en vigor de la Ley 100

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Que el artículo 4 del Decreto 1835 de 1 .994 previó un régimen de transi ción al personal vinculado como detectives antes de la entrada en vigor de la Ley 100 ibidem, al cual se les respetaría la edad, el tiempo de servicios y el monto de la norma anterior que los cobijaba, empero, el IBL e s el establecido en la ley general y sus decretos reglamentarios.

Que, en ese sentido, es claro que la pensión del interesado fue reconocida conforme a derecho, en cuanto a las normas que se le aplicaron, esto es, los Decretos 1047 de 1 .978 y 1933 de 1 .989, respecto de la edad y tiempo de servicios, pero el IBL fue calculado a la luz de las disposiciones de la Ley 100 de 1.993, razón por la cual, no es procedente la reliquidación de la prestación.

Que en caso de confirmarse la decisión, debe autorizarse a la UGPP el descuento por aportes para pensión por los factores no cotizados por parte del empleador y trabajador, en el porcentaje que por ley corresponda.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante10: solicitó se confirme la decisión recurrida, toda vez que a la entrada en vigencia de la L ey 860 de 2 .003, ya había cotizado cerca de 1.000 semanas, por lo que su pensión debe ser reconocida en las mismas condiciones que el Decreto 1835 de 1 .994, y atendiendo el principio de inescindibilidad normativa, el IBL también debe ser calculado con base en el régimen especial.

La Fiduprevisora S.A.11: insistió en que carece de legitimidad en la causa por

inescindibilidad normativa, el IBL también debe ser calculado con base en el régimen especial.

La Fiduprevisora S.A.11: insistió en que carece de legitimidad en la causa por pasiva para reliquidar la pensión del interesado.

La UGPP12: reiteró los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación y agregó que en el presente a sunto se dé aplicación a la sentencia SU -230 de 2015 proferida por la Corte Constitucional.

El ministerio público no intervino en el desarrollo de esta etapa procesal13.

10 Folios 288 a 291, reiterado en folio 293 a 296. 11 Folios 349 a 350 vuelto. 12 Folios 352 a 359.8

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

Deberá establecer la Sala si el señor Édgar Alonso Hurta do Navia quien se desempeñó como detective del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez con inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicio.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, resulta necesario hacer alusión al Decreto Ley 1047 del 7 de junio de 1.978 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que desempeñen funciones de dac tiloscopistas en el Departamento

En primer lugar, resulta necesario hacer alusión al Decreto Ley 1047 del 7 de junio de 1.978 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que desempeñen funciones de dac tiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad», que fue expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 5ª de 1 .978. La primera norma en comento en el artículo 1° señaló lo siguiente:

«Artículo 1.°- Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o discontinuos las funciones de las dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad, y que hayan aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido por el ins tituto correspondiente de dicho Departamento, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su edad.».

Ahora, para quienes se encontraban vinculados al momento de la expedición del decreto precitado, y que ya hubieran aprobado el menc ionado curso, el artículo 2 ibidem admitió la posibilidad de conceder la prestación cuando cumplieran la edad de 50 años si habían prestado su servicio a la entidad por al menos 18 años.

Posteriormente, el Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1 .98914 dictó una norma general según la cual los empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales señaladas para las entida des públicas del orden nacional en los Decretos 3135 de 1.968, 1848 de 1.969, 1045 de 1.978, 451 de 1.984, así como en las demás regulaciones que los adicionaron o modificaron. Pues

en los Decretos 3135 de 1.968, 1848 de 1.969, 1045 de 1.978, 451 de 1.984, así como en las demás regulaciones que los adicionaron o modificaron. Pues bien, e n el artículo 10 de la primera norma aludida se contempló que se

13 Según constancia secretarial visible a folio 360. 14 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad»9

Radicado: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mantendrían l as mismas condiciones especiales para acceder a la pensión señaladas en el Decreto Ley 1047 de 1.978 a quienes desarrollaran funciones de dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado, y extendió estas prerrogativas a los detectives en sus diferentes grados y denominaciones.

Luego, ante la promulgación de la Constitución Política de 1 .991, el Congreso de la República expidió la Ley 100 de 1.993 con la cual organizó el Sistema de Seguridad Social Integral. Al respecto, en el artículo 140 de la norma ejusdem previó que el Gobierno Nacional expediría el régimen de los servidores públicos que desarrollen actividades de alto riesgo en el marco de lo consagrado por la Ley 4.ª de 1.992. Para ello el legislador señaló que se debía tener en cuenta una edad inferior, un menor número de semanas cotizadas o ambos requisitos, y

que desarrollen actividades de alto riesgo en el marco de lo consagrado por la Ley 4.ª de 1.992. Para ello el legislador señaló que se debía tener en cuenta una edad inferior, un menor número de semanas cotizadas o ambos requisitos, y que además tendrían que fijarse «puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad».

En concordancia con la Ley 100 de 1 .993, el Decreto 691 del 29 de marzo de 1.994 incorporó a los servidores públicos al Sistema General de Pensiones, para lo cual en el artículo 5 extendió el régimen general a los servidores que laboraran en actividades de alto riesgo para su salud, con la salvedad de que se les aplicarían las condiciones especiales que en cada caso se determinaran.

En virtud de lo anterior y bajo los parámetros de la Ley 4ª de 1 .992, el Ejecutivo dictó el Decreto 1835 del 3 de agosto de 1.994, por medio del cual reguló lo propio. En el artículo 2, numeral 1° ibidem, esta norma incluyó a los detectives del DAS, en sus distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y agente dentro de su ámbito de aplicación. De otra parte, el artículo 3 fijó los requisitos que debía acreditar el personal que ingresara a partir de la vigencia de dicha norma para acceder a la pensión especial de vejez, así:

«ARTÍCULO 3º. Requisitos para obtener la pensión de vejez. Los servidores públicos que ingresen a partir de la vigencia del presente Decreto, a las actividades previstas en los numerales 1º y 5º del artículo 2º, tendrán derecho a

públicos que ingresen a partir de la vigencia del presente Decreto, a las actividades previstas en los numerales 1º y 5º del artículo 2º, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando cumplan los siguientes requisitos: 1. 55 años de edad. 2. 1.000 semanas de cotización especial en las actividades citadas en el inciso 1º de este artículo.10

Radicado: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)

Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá en un año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a las primeras 1000 semanas, sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años. […]».

Asimismo, el artículo 4 de la norma en comento consagró un régimen de transición especial para los servidores del DAS que a su entrada en vigor, esto es, al 4 de agosto de 1.994, laboraran en las actividades catalogadas de alto riesgo. Dicho postulado indicaba lo siguiente:

«Artículo 4. Artículo corregi do por el artículo 1o. del Decreto 898 de 1996. El nuevo texto es el siguiente: Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuvie sen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que respecta a la

artículo 2o., de este Decreto, que estuvie sen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.

Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.».

Seguidamente, el artículo 17, numeral 2 de la Ley 797 de 2 .003 otorgó facultades extraordinarias al presidente de la Repú blica para modificar el régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo. Con base en esta potestad, se derogó el Decreto 1835 de 1 .994 como consecuencia de la expedición del Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 2.003.

La norma tiva precitada definió una vez más cuáles actividades son consideradas de alto riesgo y solamente incluyó aquellas labores que consideró que implican la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad de retiro con ocasión de su trabajo, sin embargo, en esta oportunidad se excluyó al personal del DAS. Empero, lo cierto es que en el artículo 6 ejusdem se introdujo un régimen de transición para las personas que para la fecha de su expedición tuvieran al menos 500 semanas de cotización especial, así:

excluyó al personal del DAS. Empero, lo cierto es que en el artículo 6 ejusdem se introdujo un régimen de transición para las personas que para la fecha de su expedición tuvieran al menos 500 semanas de cotización especial, así:

«Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas11

Radicado: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)

Demandante: Édgar Alonso Hurtado Navia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo15.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.».

En torno a este régimen de transición, la Corte Constitucional en la sentencia C663 de 2.007 hizo importantes precisiones. La primera de ellas, relacionada con la aparente exigencia de cumplir adicionalmente los requisitos señalados por el artículo 36 de la Ley 100 de 1 .993. La providencia anotó que, desde un punto de vista constitucional, debe prevalecer el régimen que resulte más favorable

la aparente exigencia de cumplir adicionalmente los requisitos señalados por el artículo 36 de la Ley 100 de 1 .993. La providencia anotó que, desde un punto de vista constitucional, debe prevalecer el régimen que resulte más favorable para el trabajador, por tratarse de no rmas pensionales. De ahí que, según la Corte, el requisito de las 500 semanas de cotización comporta un régimen de transición distinto al previsto por la Ley 100 de 1 .993. Lo anterior por cuanto quienes cumplieran con los supuestos del régimen de transició n de esta última, ya se encontraban amparados por una norma jurídica vigente, esto es el artículo 36 ibidem, cuyos beneficios son plenamente exigibles.

La segunda precisión es la relativa a la exigencia de las 500 semanas de cotización especial. Sobre este requerimiento destacó que no era posible cumplirlo, pues los postulados que se refirieron a las cotizaciones especiales de alto riesgo fueron expedidos en 1.994, por lo que era desproporcionado e irracional exigir que para el momento de expedición del Decreto 2090 de 2.003 estas se hubieran tenido que acumular en las actividades allí descritas. En ese orden, declaró exequible este aparte «en el entendido de que para el cómputo de las “500 semanas de cotización especial”, se podrán acreditar las semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».

Conforme con lo expuesto, la Sección Segunda ha dirimido casos en los que se discuten aspectos relacionados con pensiones especiales por el desarrollo de actividades de alto riesgo, al tenor de lo señalado por el artículo 6 del Decreto

como de alto riesgo».

Conforme con lo expuesto, la Sección Segunda ha dirimido casos en los que se discuten aspectos relacionados con pensiones especiales por el desarrollo de actividades de alto riesgo, al tenor de lo señalado por el artículo 6 del Decreto 2090 de 2.003. En estos asuntos se interpretó que se debe atender el requisito de las semanas de cotización mínimas de la Ley 100 de 1.993 para acceder a la

15 Declarado exequible condicionalmente en la sentencia C -663 2007: «[…] en el entendido que para el cómputo de las 500 semanas, también se podrán acreditar semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido califi cada jurídicamente como de alto riesgo».12

Radicado: 19001-23-33-000-2014-00105-01 (2917-2017)

Demandante: Édgar Alonso