CE - 012333000201400209011SENTENCIA20230615164307

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 18001-23-33-000-2014-00209-01 (67.170)

Actor: Nación – Ministerio de Defensa Nacional

Demandado: José Jairo Cruz Vaca

Referencia: Repetición

Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos para su procedencia / PRESUNCIÓN DE DOLO PREVISTA POR LA LEY 678 DE 2001, ARTÍCULO 5, NUMERAL 4 – Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL – El demandado no desvirtuó la presunción de dolo que pesaba en su contra.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se solicita declarar la responsabilidad del ciudadano demandado y se le ordene el correspondiente reembolso de las sumas pa gadas por concepto de daños y perjuicios causados con ocasión de la muerte del señor José Luis Ramírez Guiza.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 18 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante la cual se resolvió la demanda presentada el

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 18 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante la cual se resolvió la demanda presentada el 23 de mayo de 2014, por la Nación –Ministerio de Defensa Nacionalcontra el señor José Jairo Cruz Vaca, con el fin de que se le declare responsable por la condena que tuvo que pagar la entidad demandante con ocasión de un proceso de reparación directa1.

2. Como soporte fáctico de sus pretensiones 2, señaló que el Juzgado Primero Administrativo del Caquetá, mediante fallo fechado el 25 de marzo de 2010, declaró responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte del señor José Luis Ramírez Guiza, ocurrida el 08 de octubre de 2004. La decisión fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Caquetá, en sentencia fechada el 29 de agosto de 2011.

3. En cumplimiento de la condena, la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, mediante Resolución 2960 del 17 de mayo de 2012, ordenó

1 Sentencia proferida el 29 de agosto de 2011, en el marco del proceso de reparación directa radicado bajo número 2006 -00510-01. Actor: María Yaved Guiza y otros; demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. 2 Visible a índice 2 del aplicativo Samai: “Expediente digital”, cuaderno 1, folio 120.Radicación: 18001-23-33-000-2014-00209-01 (67.170)

Actor: Ministerio de Defensa Nacional

Demandado: José Jairo Cruz Vaca

Actor: Ministerio de Defensa Nacional

Demandado: José Jairo Cruz Vaca

Referencia: Repetición

2 el pago, a favor de los señores beneficiarios de la condena, de “trescientos treinta y nueve millones doscient os sesenta y seis pesos con 26/100 M/CTE ($339.237.266.26)”

4. El comité de Conciliación y de Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional, teniendo en cuenta las circunstancias fácticas que llevaron a que la entidad cancelara la anterior suma de dinero, consideró que se debía repetir contra el señor José Jairo Cruz Vaca, mediante sesión calendada el 22 de mayo de 2014.

La defensa

5. La parte demandada fue representada mediante curador ad litem, quién no contestó la demanda.

La decisión recurrida

6. El Tribunal Administrativo del Caquetá negó las pretensiones de la demanda, al estimar que no se encontraron reunidos la totalidad presupuestos para acceder a las pretensiones de la acción reversiva.

7. Precisó que no se había acreditado debidamente el pago de la condena impuesta a la entidad pública.

8. De otro lado, estimó que no se encontraba probada la calidad de funcionario o exfuncionario del Estado en cabeza del ciudadano demandado.

9. Por último, estimó que la entidad actora no precisó en qué consistió la conducta dolosa cometida por el accionado; por el contrario, se limitó a transcribir las definiciones que la jurisprudencia y la doctrina han establecido para dichos conceptos, sin del imitar la actuación que legitima al Estado para reclamar que el servidor o ex servidor público responda por la condena que le fue impuesta.

definiciones que la jurisprudencia y la doctrina han establecido para dichos conceptos, sin del imitar la actuación que legitima al Estado para reclamar que el servidor o ex servidor público responda por la condena que le fue impuesta.

Así, previo análisis de las pruebas decretadas dentro del proceso, concluyó que el accionante no acreditó la conducta dolosa en la que presuntamente incurrió el señor José Jairo Cruz, “ya que en el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado se atribuye la muerte de JOSÉ LUIS RAMÍREZ GUIZA al actuar del CT NESTOR HERNÁN URREA PALACIOS, mientras que en el juicio d e responsabilidad penal se atribuye la muerte como coautor a JOSÉ JAIRO CRUZ VACA, sin que haya identidad en el origen del daño en uno y otro juicio”.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

10. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional señaló que, en atención a las pruebas y los argumentos expuestos en el devenir del proceso, se encuentra probada una “ falla en el cumplimiento de las obligaciones” y que la conducta desplegada por el ciudadano demandado fue determinante en la concreción delRadicación: 18001-23-33-000-2014-00209-01 (67.170)

Actor: Ministerio de Defensa Nacional

Demandado: José Jairo Cruz Vaca

Referencia: Repetición

3 daño causado; ello, con base en las “indicaciones realizadas por el juez penal”. Al respecto precisó que3:

“Dentro del expediente quedó demostrado, a cargo de la justicia penal militar, que el comportamiento del demandado fue negligente, descuido [sic], ya que dentro de las pruebas obrantes dentro del expediente por un lado se encuentra

respecto precisó que3:

“Dentro del expediente quedó demostrado, a cargo de la justicia penal militar, que el comportamiento del demandado fue negligente, descuido [sic], ya que dentro de las pruebas obrantes dentro del expediente por un lado se encuentra probada la calidad de militar que ostentaba el demandado, y de otro, se dejó al descubierto las actuaciones desplegadas (…)”

11. Precisó que “el proceso penal” que reposa en el expediente, adelantado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia en contra del señor José Jairo Cruz Vaca, así como el oficio 002006 del 2 de abril de 2014 mediante el cual la Procuraduría Regional del Caquetá indicó que se adelantó investigación preliminar en contra del señor Cruz Vaca en su condición de Soldado del Ejército Nacional y, el oficio 0416 UNDH -DIH, en el cual la Fiscalía 77 Especializada UNDH DIH, es prueba suficiente de la calidad de exagente del Estado en cabeza del demandado.

12. Respecto al requisito del pago efectivo de la condena impuesta a la Administración, señaló que se dio cumplimiento a la misma mediante Resolución 2960 del 17 de mayo de 2012.

III. CONSIDERACIONES

13. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado.

Objeto del recurso

14. El punto argumentativo de la apelación se centra en controvertir la decisión del Tribunal frente a la inexistencia de prueba que demuestre la configuración de los presupuestos referentes al pago de la condena impuesta a la Entidad recurrente, la

14. El punto argumentativo de la apelación se centra en controvertir la decisión del Tribunal frente a la inexistencia de prueba que demuestre la configuración de los presupuestos referentes al pago de la condena impuesta a la Entidad recurrente, la calidad de exagente del Estado del ciudadano demandado y el elemento subjetivo, propios de la acción incoada.

15. Advierte la Sala que en el libelo inicial, el Ministerio de Defensa sostuvo que la conducta desplegada por el señor José Jairo Cruz Vaca encuadra en el su puesto previsto en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 20014, esto es, la “violación manifiesta e inexcusable de las normas de Derecho”, que corresponde a la presunción de culpa grave, aspecto sobre el cual adujo que era evidente “ la conducta imprudente y la desobediencia, con que actuó el señor José Jairo Cruz

Vaca”.

16. Sin embargo, en la fundamentación que le sigue, precisó la definición de la conducta dolosa prevista en la precitada Ley, para alegar que el demandado actuó de esta manera al hab er sido consciente de la ilicitud de su conducta, unido a lo

3 Visible a índice 2 del aplicativo Samai: “Expediente digital”, cuaderno 2, folios 42 al 46. 4 Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 678 de 2001, sin l as modificaciones introducidas por la Ley 2195 de 2022, toda vez que la conducta que se analiza data del 8 de

octubre de 2004 y en tanto la demanda de repetición fue presentada el 23 de mayo de 2014.Radicación: 18001-23-33-000-2014-00209-01 (67.170)

Actor: Ministerio de Defensa Nacional

Demandado: José Jairo Cruz Vaca

Referencia: Repetición

4 cual, invocó la presunción contenida en el numeral 4° del artículo 5° de la Ley 678 de 20015, según la cual, existe dolo cuando el funcionario público lo han declarado penal o disciplinariamente responsable de los mismos hechos que sirvieron de fundamento para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado.

17. Por lo anterior, a pesar de que en el libelo inicial se hubiere mencionado la culpa grave, el estándar de conducta bajo el cual se encausó la imputación descrita corresponde al dolo; por tanto, se estudiará la imputación únicamente, bajo ese título para determinar si el aquí demandado, obró o no, de esa manera.

Pago efectivo de la obligación

18. En cuanto a la acreditación del pago de una condena, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que no existe en el ordenamiento jurídico una disposición legal que establezca para su prueba un requisito ad solemnitatem o ad probationem, motivo por el que se cuenta, en principio, con plena libertad probatoria para acreditar su efectivo cumplimiento. Por ello, frente a la prueba del pago, será cada juez quien establezca, con fundamento en la sana crítica y la lógica de lo razonable, si de los medios de prueba que obran en el expediente se desprende la demostración de la extinción de la obligación principal.

19. Las certificaciones de pago expedidas por las entidades públicas, son

razonable, si de los medios de prueba que obran en el expediente se desprende la demostración de la extinción de la obligación principal.

19. Las certificaciones de pago expedidas por las entidades públicas, son documentos de carácter público y vinculantes, que contienen y reflejan la pro pia manifestación de la voluntad de la entidad condenada, en el sentido de hacer constar el cumplimiento de la condena. Así, en tanto los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza, cuentan con plena capacidad probatoria , sin perjuicio de la tacha de falsedad o desconocimiento que en su contra pueda elevar la parte contra quien se aducen.

20. Sobre el particular, se destacan los siguientes documentos que reposan en

el expediente:

1. Copia de la resolución 2960 de 2012, expedida el 17 de mayo de 2012 por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, por medio de la cual se dio cumplimiento a una sentencia proferida en el marco de un proceso de reparación directa (con radicado 2006 -00510-01), y se dispuso el pago de $339’237.266,26 a favor de la señora María Yaved Guiza Lozano y otros6.

1. Certificación expedida por la Tesorería Principal del Ministerio de Defensa Nacional, en la cual se indica que el valor dispuesto en la resolución referida en el literal anterior, fue cancelada a “Montaña Ortega Abogados”, con los comprobantes de egreso 1500005188 y 1500005189 del 29 de mayo de 2012,

5 Se precisa que la imputación se hizo de en atención a las disposiciones contenidas en la Ley 678 de 2001, sin

comprobantes de egreso 1500005188 y 1500005189 del 29 de mayo de 2012,

5 Se precisa que la imputación se hizo de en atención a las disposiciones contenidas en la Ley 678 de 2001, sin las modificaciones que le fueron introducidas por la Ley 2195 de 2022. 6 Samai, índice 2: “Expediente digital”, cuaderno 1, folios 82 al 84.Radicación: 18001-23-33-000-2014-00209-01 (67.170)

Actor: Ministerio de Defensa Nacional

Demandado: José Jairo Cruz Vaca

Referencia: Repetición

5 mediante transferencia electrónica a la cuenta del Banco Caja Social destinado para tal fin7.

21. Los documentos referidos demuestran que la entidad demandante programó y efectuó el pago de una suma de dinero, la cual corresponde en su integridad a la señalada en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, el 29 de agosto de 2011. Con base en ello, en tanto los documentos referidos estuvieron a merced de la parte demandada y no fueron objetados ni tachados de falsos, ahora, valorados judicialmente, acreditan el pago.

La condición de agente o exagente del Estado

22. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 Constitucional, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, quienes están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

23. En el expediente obra: (i) copia de las sentencias de primera y de segunda

quienes están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

23. En el expediente obra: (i) copia de las sentencias de primera y de segunda instancia, proferidas en el proceso de reparación directa radicado bajo número 2006-00510-018 las cuales, señalan que los hechos que sirvieron como fundamento a la demanda fueron “causados por miembros del Ejército Nacional, orgánicos del Batallón Juanambú, adscritos a la Décima Segunda Brigad a” y que, el señor José Jairo Cruz Vaca “se encontraba en ese momento prestando el servicio militar obligatorio, como orgánico del Batallón “Juanambú” con sede en la ciudad de Florencia - Caquetá”; (ii) copia del fallo penal, proferido el 5 de octubre de 2011, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia 9, en el cual se precisa que el señor José Jairo Cruz Vaca “se desempeñaba como Soldado Regular del Batallón de Juanambú de Florencia” para la época de los hechos y, (iii) oficio 0020006 del 2 de abril de 2014, por medio del cual la Procuraduría Regional Caquetá informó sobre la investigación preliminar adelantada en contra del señor José Jairo Cruz Vaca “en su condición de Soldado del Ejército Nacional”10.

24. A partir de estas piezas procesales, s e infiere la condición de exagente estatal del señor José Jairo Cruz Vaca, quien ostentaba la calidad de soldado regular para la fecha de los hechos motivo de investigación, con lo cual, se tiene por acreditado el tercer requisito objetivo propio de la acción de repetición.

del señor José Jairo Cruz Vaca, quien ostentaba la calidad de soldado regular para la fecha de los hechos motivo de investigación, con lo cual, se tiene por acreditado el tercer requisito objetivo propio de la acción de repetición.

Acreditación de una conducta dolosa del agente estatal

25. Con el objeto de resolver el recurso interpuesto, la Sala pasa a definir los hechos probados, a partir de un análisis integral de la demanda y los medios de convencimiento válidamente recaudados en este proceso:

7 Ibidem. Folio 85. 8 Samai, índice 2. “Expediente digital”, cuaderno 1, folios 20 s.s. 9 Ibidem. Folios 87 s.s. 10 Ibidem. Folio 117.Radicación: 18001-23-33-000-2014-00209-01 (67.170)

Actor: Ministerio de Defensa Nacional

Demandado: José Jairo Cruz Vaca

Referencia: Repetición

6 25.1. El 8 de octubre de 2004, como resultado de la operación adelantada por miembros de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas 12 AFEUR, se reportó a un “ terrorista dado de baja ”, identificado en la inspección del cadáver con el nombre de José Luis Ramírez Guiza.

25.2. Aduce el accionante que la muerte del señor Ramírez Guiza fue producto de un “plan” diseñado por los integrantes de la AFEUR para, posteriormente, “ hacerlo pasar como un subversivo muerto en combate”.

25.3. Precisa que el señor José Jairo Cruz Vaca fue el encargado de conducir al occiso al lugar en que se produjo su muerte, como parte de lo convenido con “ los

pasar como un subversivo muerto en combate”.

25.3. Precisa que el señor José Jairo Cruz Vaca fue el encargado de conducir al occiso al lugar en que se produjo su muerte, como parte de lo convenido con “ los demás integrantes del Ejército Nacional adscritos a la AFEUR”, por lo cual, su colaboración fue esencial, toda vez, que el demandado era la persona que tenía contacto directo con el señor José Luis Ramírez Guiza.

25.4. Con ocasión de lo anterior, se dio apertura a los procesos penal y disciplinario en contra del señor Cruz Vaca.

26. En este caso, la parte recurrente insiste en que los hechos descritos en la demanda, así como las pruebas allegadas y el análisis adelantado por el juez penal, en el fallo que dio fin a dicho proceso, resultan suficientes para determinar el dolo que se predica de la conducta desplegada por el exagente del Estado.

27. Así, de los documentos que obran en el acopio probatorio, se colige lo

siguiente:

28. La parte actora allegó junto con el escrito de demanda la copia de las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Caquetá y el Tribunal Administrativo del Caquetá, respectivamente, en el marco del proces o de reparación directa (2006 -00510-01), por medio de las cuales se declaró la responsabilidad del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por los perjuicios derivados de la muerte del señor José Luis

Ramírez Guiza.

29. Estas pruebas únicamente dan cuenta de la existencia de una condena al Estado, impuesta por medio de sentencia judicial, cuyo cumplimiento dio lugar a la

Ramírez Guiza.

29. Estas pruebas únicamente dan cuenta de la existencia de una condena al Estado, impuesta por medio de sentencia judicial, cuyo cumplimiento dio lugar a la demanda de repetición que se estudia, aspecto que resulta insuficiente para determinar la conducta y el grado de culpabilidad del funcionario que causó el daño que se alega.

Sobre el aspecto antes referido, debe recordarse que las providencias judiciales solamente prueban lo que por intermedio suyo han decidido, pero no así los hechos de los que se sirve la decisión cuando de ellos se pretende desprender un efecto frente a per sonas que no hicieron parte del proceso en que tal providencia fue emitida. Por tanto, el análisis que hace el juez contencioso de la responsabilidad estatal por la antijuridicidad de un daño, en principio, no ata al juez de la repetición para efectos de t ener por acreditado o no el elemento subjetivo de laRadicación: 18001-23-33-000-2014-00209-01 (67.170)

Actor: Ministerio de Defensa Nacional

Demandado: José Jairo Cruz Vaca

Referencia: Repetición

7 responsabilidad del agente o exagente estatal en los términos definidos en el segundo inciso del artículo 90 de la constitución política. Circunstancia que se deriva, entre otros, del carácter autónomo e independiente que el legislador le imprimió al ejercicio de la acción de repetición.

30. También obra en el expediente la copia del fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, en el marco del proceso disciplinario adelantado en contra de

30. También obra en el expediente la copia del fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, en el marco del proceso disciplinario adelantado en contra de Néstor Urrea Palacios, que para el tiempo de los hechos -8 de octubre de 2004era Capitán del Ejército Nacional y Comandante de la AFEUR de la brigada 12 del Ejército Nacional, con sede en Florenci a, Caquetá11. En esta decisión, se acredita que el órgano disciplinario decidió absolver al citado capitán de toda responsabilidad, al encontrar que no estaban probados los ilícitos disciplinarios que le fueron imputados.

Como apenas parece obvio, y así lo consigna la Sala, esta decisión no constituye prueba idónea para acreditar el dolo que se alega, puesto que, en línea con lo expresado en párrafos precedentes, únicamente demuestra la existencia de un proceso adelantado e n contra del -entoncesComandante Néstor Urrea Palacio quién no se encuentra vinculado al proceso de la referencia y que, por demás, fue fallado de manera favorable al disciplinado; por lo tanto, se halla lejos de tener la aptitud para demostrar la concre ción del elemento subjetivo en cabeza del señor Cruz Vaca.

31. Por otro lado, la parte actora allegó conjuntamente con el escrito de la demanda, el fallo proferido el 5 de octubre de 2011, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia, en el cual se declaró penalmente responsable al señor José Jairo Cruz Vaca como coautor, a título de dolo, del delito de homicidio en

del Circuito de Florencia, en el cual se declaró penalmente responsable al señor José Jairo Cruz Vaca como coautor, a título de dolo, del delito de homicidio en persona protegida 12. Tal sentencia da cuenta de que el citado ciudadano fue condenado a la pena de doscientos cuarenta meses (240), equ ivalentes a veinte (20) años de prisión y multa de 1.333.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ciento veinte (120) meses13.

32. Al explicar la decisión antes referida, el juez d e la causa criminal discurrió acerca de la conducta del encartado, precisando para tales efectos, lo siguiente: (se

transcribe de forma literal)14:

“Se encuentra demostrado que el 8 de octubre de 2004, fuera ultimado mediante el empleo de arma de fuego José Luis Ramírez Guiza, ALIAS AGUAPANELO, en la vía que de esta ciudad conduce a Macagual. Que el interfecto residía en el Municipio de Florencia Caqu etá, dedicándose a las ventas ambulatorias y comercialización de estupefacientes, siendo abordado en las horas de la noche del 7 de octubre del año en mención por JOSÉ JAIRO

11 Ibidem. Folio 173 s.s. 12 Ibidem, Folios 87 s.s. 13 Debidamente ejecutoriada el 1 de noviembre de 2011, dado que no se interpusieron recurso en su contra. Esto, de conformidad con la constancia secretarial obrante a folios 107 del c. 1. 14 Ibidem. Folios 87 s.s.Radicación: 18001-23-33-000-2014-00209-01 (67.170)

Actor: Ministerio de Defensa Nacional

14 Ibidem. Folios 87 s.s.Radicación: 18001-23-33-000-2014-00209-01 (67.170)

Actor: Ministerio de Defensa Nacional

Demandado: José Jairo Cruz Vaca

Referencia: Repetición

8 CRUZ VACA, quien lo convidara para sellar la negociación del material bélico, pero lo que ocurre es que José Luis es interceptado por miembros de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No°12 AFEUR, pertenecientes a la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional. (…)

(…) Del material de prueba reseñado resulta elocuente la partic ipación del implicado en hechos delictivos, al ser señalado como la persona que para la noche del 7 de octubre de 2004 saliera en compañía de la persona de ALIAS AGUAPANELO, que respondiera al nombre de José Luis Ramírez Guiza, con la finalidad de concretar una negociación de unas armas, pero ello no aconteció por cuanto luego de lograr su cometido el implicado se sacar a José Luis de su entorno, es entregado a los miembros de las AFEUR del Ejército Nacional y luego de fingir un ataque de grupos al margen d e la Ley, más concretamente de las Autodefensas Unidas, en la vía Macagual es ultimado, dejándose la constancia que el occiso tenía en su poder aun [sic] arma de fuego, más concretamente un fusil AKM. (…)

(…) Por consiguiente, es indiscutible que la víctima se encontraba solo, tal como lo afirma el implicado JOSÉ JAIRO, al mencionar que una vez logra sacar a José Luis del puesto de comida rápida, localizado en la 10 de esta ciudad, se

(…) Por consiguiente, es indiscutible que la víctima se encontraba solo, tal como lo afirma el implicado JOSÉ JAIRO, al mencionar que una vez logra sacar a José Luis del puesto de comida rápida, localizado en la 10 de esta ciudad, se desplazan en un taxi para los lados del seminario y cuando mira par a atrás observa que venían las motos de las AFEUR y al arribar a la entrada del seminario como AGUAPANELO se pone a hablar de que cargaban una granadas, el conductor del taxi se asusta y es cuando ellos se bajan del rodante y siguen a pie, observando en el pasto un soldado apuntándoles y siguieron caminando y más adelante, sale corriendo un teniente y un soldado, gritándoles tierra y es cuando él se tira al suelo con el bolso y AGUAPANELO hace lo mismo y los encañonan y llega el camión y los suben, ubicándo lo a él al lado de un soldado y a su compañero lo dejaron al fondo, diciendo AGUAPANELO que no lo vayan a matar y es cuando él pregunta que si a él también, y lo bajan en el batallón y al día siguiente pregunta por AGUAPANELO y se le comunica que ya estaba en la cárcel, es decir que José Luis nunca estuvo con otra persona diferente que el implicado y los miembros de las AFEUR, además el imputado escuchó cuando su compañero de andanzas expusiera que si lo iban a matar y no hizo nada al respecto, solamente se conforma con bajarse en el Batallón sin realizar acto alguno para confirmar o desvirtuar las afirmaciones de la víctima (…)

Asimismo, lo expuesto por el implicado en su ampliación de injurada encuentra

no hizo nada al respecto, solamente se conforma con bajarse en el Batallón sin realizar acto alguno para confirmar o desvirtuar las afirmaciones de la víctima (…)

Asimismo, lo expuesto por el implicado en su ampliación de injurada encuentra eco en lo expuesto por María Yabe Guiza Lozano y Ca rlos Eduardo Plazas, quienes, como madre y padrastro de la víctima, sostienen que para la noche del 7 de octubre de 2004, José Luis saliera en asocio de José Jairo en busca de negociar unas armas, tal como se lo propusiera el hoy acusado. Significando con ello que efectivamente el implicado tenía como finalidad sacar a la víctima y dejarlo a disposición de miembros del Ejército Nacional, resultando fundamental su intervención, al haber planteado una negociación ficticia ilícita, de acuerdo con lo convenido con los integrantes de la AFEUR, sin haberse concretado captura sino un homicidio en persona protegida, ya que se hizo pasar por un ataque de grupos al margen de la Ley, que llevara al Ejército a accionar sus armas, pero ello no ocurrió sino que nos encontramos frente a los falsos positivos o ajusticiamiento respecto de una persona que no era de bien comportamiento, ya que como mismo lo afirmaran los parientes de José Luis, era una persona que comercializaba con estupefacientes y se había puesto en contacto con el acusado para finiquitar una negociación ilegal, más concretamente comprar unas armas y granadas y efectivamente el implicado recibió esos elementos de parte de los miembros del Ejército Nacional para dar apariencia de real a lo pactado con la vícti ma, pero a la postre no se dio esa

concretamente comprar unas armas y granadas y efectivamente el implicado recibió esos elementos de parte de los miembros del Ejército Nacional para dar apariencia de real a lo pactado con la vícti ma, pero a la postre no se dio esa transacción sino que se le quitó la vida a José Luis, sirviendo el implicado comoRadicación: 18001-23-33-000-2014-00209-01 (67.170)

Actor: Ministerio de Defensa Nacional

Demandado: José Jairo Cruz Vaca

Referencia: Repetición

9 pieza fundamental para concretar ese designio criminal, ya que era él y no otra persona la que tenía acceso al hoy interfecto(…)

33. Y, más adelante, al proceder con la calificación jurídica de los hechos, se

dejó consignado, lo siguiente:

“La conducta desarrollada por el imputado está definida en el artículo 135 del Código Represor, bajo la denominación de Homicidio en Persona Proteg ida, tipo penal que se estructura cuando se cometen muertes o bajas de personas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado interno que no participan en las hostilidades; en el caso en concreto los Miembros del Ejército valiéndose de que en esta parte de Nuestro Territorio Patrio existen grupos al margen de la ley, que han tenido como propósito desestabilizar las instituciones Legalmente Constituidas, presentaron los hechos como si se hubiese dado un ataque, pero ello no ocurrió de esa manera, ya que la víctima la llevaban desde esta ciudad los integrantes de la Fuerza Pública y luego aparentaron la agresión, sin que ello se diera debido a que el arma dejada hoy al occiso era inservible. Es de

ello no ocurrió de esa manera, ya que la víctima la llevaban desde esta ciudad los integrantes de la Fuerza Pública y luego aparentaron la agresión, sin que ello se diera debido a que el arma dejada hoy al occiso era inservible. Es de precisar, que es requisito esencial de la existencia de un c onflicto armado que se desarrolla a través de diferentes manifestaciones, encontrándose entre ellas los combates de las Fuerzas Armadas que protagonizan las discordancias, igualmente se tienen las acciones militares soportadas y concertadas, tales como las labores de patrullaje y todas las acciones encaminadas a ejercer la vigilancia sobre ciertos sectores de la población o la restricción de su movilización, siendo esta la razón para salir los miembros de las AFEUR para controlar el actuar de los grupos ile gales, sin embargo lo que se dio fue una práctica