CE - 012333000201400270011SENTENCIA20231009154553

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)

Demandante: Flor María Castillo Hernández Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1

Tema: Reconocimiento pensión de jubilación

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Fija de Decisión 2, por medio de la cual se accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Flor María Castillo Hernández presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, en orden a que se declarara la nulidad de las siguientes resoluciones: i) UGM 35938 del 9 de febrero

de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, en orden a que se declarara la nulidad de las siguientes resoluciones: i) UGM 35938 del 9 de febrero de 2012; ii) UGM 48585 del 31 de mayo de 2012; iii) RDP 45500 del 7 de octubre de 2009; iv) RDP 51868 del 8 de noviembre de 2013; y v) RDP 52049 del 12 de noviembre de 2013, expedidas por la Caja Nacional de Previsión Social3 y la UGPP, respectivamente, a través de las cuales le negaron el reconocimiento de la pensión de jubilación.

1 En lo que sigue UGPP. 2 En lo sucesivo CPACA. 3 En adelante Cajanal.2

Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)

Demandante: Flor María Castillo Hernández

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó que i) se ordenara el reconocimiento de la pensión de jubilación en un 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, a partir del 11 de enero de 2008; ii) se indexaran las sumas que resultaren de la condena, así como la primera mesada pensional; iii) se pagaran los intereses moratorios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y iv) se condenara en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

y iv) se condenara en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Flor María Castillo Hernández nació el 11 de enero de 1953 y laboró como auxiliar de enfermería al servicio del Hospital San Francisco de Asís de Sincelejo entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1970, del Hospital Regional de Sincelejo entre el 1º y el 13 de agosto de 1977, de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones4 entre el 8 de junio de 1977 y el 1º de abril de 1981, del Hospital Bocagrande S.A. entre el 1º de junio de 1981 y el 1º de marzo de 1983 y de la Clínica Club de Leones de Cartagena entre el 1º de marzo de 1983 y el 3 de noviembre de 2005.

• Durante la prestación de sus servicios realizó aportes al Instituto de Seguro s Sociales5, a la Caja de Previsión de Caprecom y a Cajanal, última entidad de previsión social a la cual efectuó aportes del 10 de mayo de 1983 al 5 de noviembre de 2005, es decir por 22 años, 5 meses y 25 días.

• Mediante la Resolución UGM 35938 del 9 de febrero de 2012, Cajanal negó el reconocimiento de la pensión de jubilación , pues los documentos allegados con la reclamación administrativa se encontraban en copia simple, acto administrativo que fue confirmado al resolver un recurso de reposición interpuesto en su contra, a través de la Resolución RDP 45585 del 31 de mayo de 2012.

reclamación administrativa se encontraban en copia simple, acto administrativo que fue confirmado al resolver un recurso de reposición interpuesto en su contra, a través de la Resolución RDP 45585 del 31 de mayo de 2012.

• Ante la negativa del reconocimiento de la pensión de jubilación, Flor María Castillo Hernández presentó acción de tutela, la cual correspondió al Juzgado Segundo Civil de Cartagena, el que mediante sentencia del 19 de junio de 2013 tuteló sus derechos fundamentales y ordenó a la UGPP revisar la solicitud dentro del término de 48 horas.

4 En adelante Caprecom. 5 En lo sucesivo ISS.3

Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021) Demandante: Flor María Castillo Hernández - A través de la Resolución RDP 45500 del 7 de octubre de 2009, en cumplimiento de la orden de tutela, negó el reconocimiento de la pensión de jubilación, acto administrativo que fue confirmado por medio de las resoluciones RDP 51868 del 8 de noviembre de 2013 y RDP 52049 del 12 de ese mes y año al resolver los recursos de reposición y apelación interpuestos en su contra, respectivamente.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 42 y 53 de la Constitución Política; 1 de la Ley 65 de 1946; 42 del Decreto 1042 de 1978; 1 de la Ley 33 de 1 985; 7 de la Ley 71 de 1988; y 33 y 36 de la Ley 100 de 1993.

En cuanto al concepto de violación , Flor María Castillo Hernández expuso lo

de 1988; y 33 y 36 de la Ley 100 de 1993.

En cuanto al concepto de violación , Flor María Castillo Hernández expuso lo siguiente6:

• En consideración a que cumplió 55 años de edad el 11 de enero de 2008 , fecha para la cual contaba con más de 20 años de servicios tanto en el sector público como en el privado, le asiste el derecho al reconocimiento de le pensión de jubilación según las disposiciones de las leyes 33 de 1985, 71 de 1988 o 100 de 1993, la que le resulte más favorable.

• La decisión de la administración de negarle el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con lo previsto en la Ley 33 de 1985, se vulneran sus derechos fundamentales a la dignidad humana y al mínimo vital.

1.2. Contestación de la demanda

La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones 7 con fundamento en las siguientes consideraciones:

• Los actos administrativos acusados fueron expedidos conform e a derecho y se encuentran debidamente motivados.

• En el trámite de la actuación administrativa hubo falencias probatorias, toda vez que la actora no aportó los certificados de tiempo de servicios en los formatos dispuestos para ello de conformidad con la norma expedida de manera conjunta por los ministerios de Hacienda y Crédito Público y Trabajo y Seguridad Social.

6 Samai, índice 2, documento 6_ED_ACTUACIONE_001CUADERNO1130(.PDF) NroActua 2, folios 147 y 159. 7 Ibidem, folios 225 a 145.4

6 Samai, índice 2, documento 6_ED_ACTUACIONE_001CUADERNO1130(.PDF) NroActua 2, folios 147 y 159. 7 Ibidem, folios 225 a 145.4

Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021) Demandante: Flor María Castillo Hernández - En el caso hipotético de que tuviera derecho a la pensión de jubilación según la Ley 33 de 1985, por ser beneficiaria d el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, la prestación debe liquidarse con base en las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 ibidem, según corresponda, y los factores taxativos del Decreto 1158 de 1994 objeto de cotización, conforme lo ha establecido la jurisprudencia de

la Corte Constitucional.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Fija de Decisión 2, en sentencia del 28 de junio de 20198 accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda, para lo cual declaró la nulidad de los actos acusados y ordenó a la UGPP reconocer a Flor María Castillo Hernández la pensión de jubilación, a partir del 11 de enero de 2008, pero con efectos a partir del 3 de junio de 2011, por prescripción, en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado en los 10 últimos años de servicios, con la inclusión de los factores salariales señalados en el Decreto 1158 de 1994, tales como asignación básic a, bonificación por servicios prestados y remuneración por trabajo supl ementario o de horas extras realizado en jornada

servicios, con la inclusión de los factores salariales señalados en el Decreto 1158 de 1994, tales como asignación básic a, bonificación por servicios prestados y remuneración por trabajo supl ementario o de horas extras realizado en jornada nocturna. Asimismo, dispuso el descuento de los aportes en el evento en que no se hubiese realizado, el pago retroactivo, la indexación de la primera mesada pensional y el cumplimiento del fallo de conformidad con lo previsto en los artículos 187 y 192 del CPACA.

Como fundamento de su decisión señaló lo siguiente:

• La demandante era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pues al 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la norma para el sector nacional, contaba con más de 35 años de edad y un tiempo superior a 15 años de labores. Por lo tanto, al contar con un tiempo de servicios de aproximadamente 32 años en el sector oficial y más de 55 años de edad le asist ía el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con lo previsto en las leyes 33 y 62 de 1985.

• La base de liquidaci ón de la pensión que deba reconocerse se define con fundamento en los artículos 36 (inciso 3) o 21 de tal normativa, según sea el caso, y los factores taxativos del Decreto 1158 de 1994 objeto de cotización.

• Así las cosas, observó que ella tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación, a partir del 11 de enero de 2008, en cuantía equivalente al 75% del

8 Samai, índice 2, documento 7_ED_ACTUACIONE_002CUADERNO2130(.PDF) NroActua 2, folios

jubilación, a partir del 11 de enero de 2008, en cuantía equivalente al 75% del

8 Samai, índice 2, documento 7_ED_ACTUACIONE_002CUADERNO2130(.PDF) NroActua 2, folios 15 a 45.5

Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021) Demandante: Flor María Castillo Hernández promedio de lo devengado durante los 10 últimos años de servicios, con la inclusión de los factores salariales señalados en el Decreto 1158 de 1994, tales como asignación básica, bonificación por servicios prestados y remuneración por trabajo suplementario o de horas extras realizado en jornada nocturna.

• Con fundamento en certificados de información laboral válidos para el reconocimiento de la pensión de jubilación, verificó que en efecto ella sí cumplía con el tiempo de servicios y la edad requerida para acceder a la prestación.

• En cuanto a la indexación de la primera mesada pensional, señaló que «en tanto que, conformidad con lo probado en autos, efectivamente sufrió la pérdida del valor adquisitivo de su primera mesada pensional, porque se retiró del servicio en el año 2005, pero adquirió su status pensional en el 2008 y su pensión aún no había sido reconocida por la entidad demandada, lo que denota la depreciación del último salario percibido para la fecha en que adquirió su status pensional, lo cual afectará su mínimo vital al momento en que se le reconozca de manera efectiva su pensión». (sic)

• En la medida en que se ordenó la indexación, no dispuso el reconocimiento de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

que se le reconozca de manera efectiva su pensión». (sic)

• En la medida en que se ordenó la indexación, no dispuso el reconocimiento de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

• Las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 3 de junio de 20 11 se encuentran prescritas, pues si bien el derecho se causó el 1 de enero de 2008 y presentó su petición el 8 de febrero de 2008, lo cierto es que no present ó la demanda dentro de los tres años siguientes a esa fecha, sino hasta el 3 de junio de

2014.

• La condena en costas a la parte demandada es procedente, toda vez que fue la vencida en el proceso.

1.4. Los recursos de apelación

La UGPP interpuso recurso de apelación9 al considerar que:

• Flor María Castillo Hernández no acreditó el derecho pretendido según el régimen establecido por el a quo. Sumado a ello, la condena en costas que se le impuso al ente de previsión social es improcedente y no hay lugar a la indexación de la primera mesada pensional.

• Se aportaron los certificados de factores salariales sin los formatos dispuestos para este efecto, de conformidad con lo previsto en la Circular 13 de 2007, así como las

9 Ibidem, documento 7_ED_ACTUACIONE_002CUADERNO2130(.PDF) NroActua 2, folios 51 a 61.6

Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021) Demandante: Flor María Castillo Hernández disposiciones contenidas en los artículos 2 y 3 del Decreto 013 de 2001.

Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021) Demandante: Flor María Castillo Hernández disposiciones contenidas en los artículos 2 y 3 del Decreto 013 de 2001.

Flor María Castillo Hernández recurrió10 la sentencia apelada, toda vez que se encuentra en desacuerdo con el decre to de la prescripción de las mesadas pensionales con anterioridad al 3 de junio de 201 1, pues de haber ocurrido el fenómeno jurídico, este sería con anterioridad a noviembre de 2010.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

La parte demandante11 y demandada12 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda, la contestación y el recurso de apelación, respectivamente.

1.6. El Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia de primera instancia13, toda vez que, de acuerdo con la interpretación jurisprudencial constitucional, los reglamentos sobre formatos y certificaciones pensionales se constituyen en adecuados procedimientos administrativos, que en cualquier caso no deben obstaculizar el reconoc imiento pensional de sujetos de especial protección, cuando estos han cumplido a cabalidad con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para acceder a la respectiva pensión.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

De acuerdo con el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia se enmarca en los argumentos expuestos en el recurso de apelación, no obstante, cuando ambas partes discutan toda la providencia, el superior resolverá sin limitaciones. En esas condiciones, los problemas jurídicos que

juez de segunda instancia se enmarca en los argumentos expuestos en el recurso de apelación, no obstante, cuando ambas partes discutan toda la providencia, el superior resolverá sin limitaciones. En esas condiciones, los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia consisten en determinar si ¿Flor María Castillo Hernández acreditó los requisitos para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con lo previsto en la Ley 33 de 1985? Y si, en el evento

10 Ibidem, documento 7_ED_ACTUACIONE_002CUADERNO2130(.PDF) NroActua 2, folios 65 a 67. 11 Samai, índice 17, documento 18_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf) NroActua 17. 12 Samai, índice 18, documento 19_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf) NroActua 18. 13 Samai, índice 19, documento MemorialWebCG_20CONCEPTO_CONCEPTODELMINISTERIOPUBLICO120202220140027001N I22712021(.pdf) NroActua 19.7

Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021) Demandante: Flor María Castillo Hernández de que tenga derecho a la prestación ¿se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 3 de junio de 2011? y ¿si es procedente la indexación de la primera mesada pensional?

Asimismo, si ¿las exigencias de certificaciones laborales establecidas en los respectivos reglamentos y normativa aplicable constituyen una condición sin la cual

de 2011? y ¿si es procedente la indexación de la primera mesada pensional?

Asimismo, si ¿las exigencias de certificaciones laborales establecidas en los respectivos reglamentos y normativa aplicable constituyen una condición sin la cual no es posible evaluar el cumplimiento de requisitos para el reconocimiento de la pensión de jubilación?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre el régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985

Las pensiones de jubilación de los empleados públicos tanto del orden nacional como del territorial, en su inicio fueron reguladas por la Ley 6ª de 1945, norma que dispuso en el artículo 17 que los empleados y obreros nacionales tenían derecho a la prestación al cumplir 50 años de edad y 20 años de servicios contin uos o discontinuos.

La disposición se aplicó a los empleados públicos del orden nacional hasta la expedición del Decreto 3135 de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969. Este régimen estableció que tendrían derecho a la pensión de jubilación los empleados públicos o los trabajadores oficiales que cumplieran 55 años, en el caso de los hombres, o 50 en el de las mujeres, y 20 años de servicios continuos o discontinuos, en un monto equivalente al 7 5% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio.

Los empleados públicos del orden territorial siguieron gobernados por el régimen pensional previsto en la Ley 6ª de 1945 y sus normas complementarias hasta que se expidió la Ley 33 de 1985, momento desde el cual se regularon por esta. Igual pasó con la ap licación del Decreto 3135 de 1968 respecto de los empleados

se expidió la Ley 33 de 1985, momento desde el cual se regularon por esta. Igual pasó con la ap licación del Decreto 3135 de 1968 respecto de los empleados públicos nacionales, dado que fue derogado por el artículo 25 de esa ley, por lo que en adelante también los rigió.

La Ley 33 de 1985 dispuso los requisitos para obtener la pensión de jubilación, bajo la cual se rigen los empleados oficiales nacionales y territoriales que hayan prestado sus servicios por un tiempo de 20 años en forma continua o discontinua, así:

«Artículo 1. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación8

Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021) Demandante: Flor María Castillo Hernández equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que po r ley disfruten de un régimen especial de pensiones. (…)».

El parágrafo 2 de este artículo previó un régimen de transición para aquellos empleados oficiales que a la fecha de su entrada en vigencia tuviesen 15 años de servicios continuos o discontinuos, a quienes se les aplicarían las normas pensionales que regían con antelación, es decir el Decreto 3135 de 1968 y la Ley

empleados oficiales que a la fecha de su entrada en vigencia tuviesen 15 años de servicios continuos o discontinuos, a quienes se les aplicarían las normas pensionales que regían con antelación, es decir el Decreto 3135 de 1968 y la Ley 6ª de 194514.

De acuerdo con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y su parágrafo 2, se exceptúan de su aplica ción los trabajadores oficiales que por la naturaleza de su labor justifiquen una excepción, quienes disfruten de un régimen especial de pensiones y aquellos beneficiarios del régimen de transición.

La Ley 33 de 1985 , en su artículo 3, modificado por el artículo 1 º de la Ley 62 de 1985, ordenó a todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier caja de previsión, pagar los aportes de acuerdo con las normas que estas tengan establecidas. Asimismo señaló, en lo relacionado con la base de liquidación de la pensión, lo siguiente:

«Artículo 3. (Modificado por la Ley 62 de 1985). Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión.

Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación de los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica; gastos de representación; prima técnic a; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada

siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica; gastos de representación; prima técnic a; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio.

En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes». (Resalta la Sala).

2.2.2. En torno al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen previsto en la Ley 33 de 1985

14 «Parágrafo 2.º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley».9

Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)

Demandante: Flor María Castillo Hernández

La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 15, fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma».

En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional . «Tales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión» . Esto señaló la

Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del S istema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del

General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene to dos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los mismos requisi tos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables. (…)»

15 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.10

Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021) Demandante: Flor María Castillo Hernández Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de

reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«(…)

para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«(…)

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmen te con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

(…)».

La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones (…)».

De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el IBL para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Esta s personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento de garantía de expectativas le gítimas de quienes se encontraban próximos a pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de11

Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021) Demandante: Flor María Castillo Hernández retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y f actores, son definidos a partir de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.

Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente vinculante

Demandante: Flor María Castillo Hernández retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y f actores, son definidos a partir de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.

Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente vinculante y obligatorio16 en la resolución de «(…) todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.

2.2.3. Indexación de la primera mesada pensional

De acuerdo con los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de establecer mecanismos con el fin de que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo y que las pensiones reconocidas sean reajustadas de manera periódica, en esa línea la norma constitucional estableció:

«ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control