CE - 012333000201400363011SENTENCIA20231023093000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 23001-23-33-000-2014-00363-01 (63.122)

Demandante: Comercializadora de Suelas y Llantas S.A.S.

Demandados: Municipio de Montería Medio de control: Reparación directa

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR OCUPACIÓN PERMANENTE DE INMUEBLES – presupuestos para su configuración – se demostró la propiedad del bien afectado y que la entidad pública posibilitó la ocupación del mismo.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Se pretende la reparación de los daños causados por la ocupación permanente de un predio destinado como una vía pública.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 22 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se decidió la demanda instaurada el 26 de septiembre de 20141 por la Comercializadora de Suelas y Llantas S.A.S. contra el municipio de Montería, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la ocupación permanente de una franja de terreno del inmueble de su propiedad; como consecuencia; solicitó que se le condenara a pagar

Montería, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la ocupación permanente de una franja de terreno del inmueble de su propiedad; como consecuencia; solicitó que se le condenara a pagar el valor comercial de esa porción de terreno ocupada -770 metros cuadrados-.

La demanda

2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, indicó que desde el 3 de octubre de 2013, es propietaria del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 14073651 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería, ubicado en

la calle 39 con circunvalar de esa ciudad, con un área de 4.100 M 2. Adujo que conforme al Plan de Ordenamiento Territorial -POTuna porción del terreno del predio estaba gravado con una afectación de trazado de una calle, pero dicha afectación no fue inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria y tampoco el municipio había iniciado un proceso de negociación con su propietaria.

1 Folio 9, c. 1.Radicación: 23001-23-33-000-2014-00363-01 (63.122)

Demandante: Comercializadora de Suelas y Llantas S.A.S.

Demandados: Municipio de Montería Medio de control: Reparación directa

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3. Sostuvo que con una autorización tramitada ante la Oficina de Planeación de Montería efectúo el cerramiento del predio para evitar que fuera utilizado como botadero de basuras o fuera objeto de i nvasión por parte de terceros; no obstante, el 16 de enero de 2013 la Secretaría de Planeación le notificó a la propietaria que

Montería efectúo el cerramiento del predio para evitar que fuera utilizado como botadero de basuras o fuera objeto de i nvasión por parte de terceros; no obstante, el 16 de enero de 2013 la Secretaría de Planeación le notificó a la propietaria que el cerramiento del lote sería levantado en virtud de un fallo de tutela promovida por la constructora Brizalia Ltda.

4. Manifestó que el 22 de julio de 2013 se concretó el daño -ocupacióncuando la referida constructora edificó unas casas en el lote contiguo al de la actora y utilizó una franja de su terreno como área de entrada a dicha urbanización; por ende, a partir de esa fecha, una parte del lote de propiedad de la accionante se encuentra

ocupado en forma permanente dado que fue habilitado como una calle pública y, a pesar de que la entonces propietaria del predio (Lalinde de Bedout & Cía. S. en C.), solicitara a la Secretaría de Planeación que cesara cualquier acto de perturbación de la propiedad, petición que no fue contestada.

5. Adujo que para los años 2013 y 2014, el municipio de Montería facturó el impuesto del inmueble objeto de litigio por un área de 3.330 m2, es decir, restándole los 770 m 2 que fueron ocupados del área total, sin que exista acto administrativo que hubiera ordenado la modificación o hubiese registrado esa afectación2.

La defensa

6. El municipio de Montería se opuso a las pretensiones, para ese efecto formuló las siguientes excepciones: (i) falta de jurisdicción y falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto el asunto era de conocimiento de la jurisdicción ordinaria,

6. El municipio de Montería se opuso a las pretensiones, para ese efecto formuló las siguientes excepciones: (i) falta de jurisdicción y falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto el asunto era de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, dado que la controversia se suscitaba entre dos particulares por una porció n de terreno y, en esa medida, la demanda debió dirigirse en contra de la Constructora Brizalia Ltda.; (ii) “ausencia de falla del servicio bajo los parámetros del artículo 79 de la Constitución y el de reparación directa artículo 140 de la Ley 1437 de 201 1”, toda vez que el municipio no fue negligente u omisivo en sus deberes constitucionales o legales, sino que atendió de manera oportuna las peticiones elevadas por la parte demandante, tal y como lo evidencian los diferentes oficios expedidos por la autoridad municipal e, (iii) “indebida utilización del medio de control de reparación directa bajo los parámetros de la Ley 1437 de 2011”, toda vez que el daño se originó en la Resolución No.0083 de 2011, mediante la cual se ordenó el cumplimiento del diseño de las obras de cerramiento que fueron aprobadas en la licencia de construcción No 2010385 expedida por la Curaduría Primera Urbana de Montería por lo cual debió incoarse el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3.

2 Folios 1 a 9, c. 1. 3 Folios 114 a 119, c. 1.Radicación: 23001-23-33-000-2014-00363-01 (63.122)

Demandante: Comercializadora de Suelas y Llantas S.A.S.

Demandados: Municipio de Montería

3 Folios 114 a 119, c. 1.Radicación: 23001-23-33-000-2014-00363-01 (63.122)

Demandante: Comercializadora de Suelas y Llantas S.A.S.

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La Constructora Brizalia Ltda.4 al contestar la demanda indicó que la construcción que adelantó la hizo con base en el POT de la ciudad y de conformidad con los actos administrativos proferidos por la Secretaría de Planeación, por manera que el llamado a responder ante una eventual condena sería el municipio de Montería, en tanto que la Curaduría Urbana fue la que expidió la licencia de construcción y la Secretaría de Planeación expidió los actos administrativos que establecieron que esa franja de terreno era una prolongación de la calle y, por ello, debía dejarse libre bajo las determinaciones del POT, así como los actos que ordenaban el retiro del cerramiento5.

7. Agotada la audiencia inicial 6 y s urtido el debate probatorio 7 , al alegar de conclusión, las partes reiteraron los argumentos esbozados en el transcurso del proceso8, mientras que el Ministerio Público guardó silencio9.

4 Vinculada al proceso en calidad de demandada, por decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba a través de auto de 7 de abril de 2015 (folio 218 c. 1). 5 Folios 223 a 227, c. 1. 6 Acta del 10 de mayo de 2016. El Tribunal declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación en la

de auto de 7 de abril de 2015 (folio 218 c. 1). 5 Folios 223 a 227, c. 1. 6 Acta del 10 de mayo de 2016. El Tribunal declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, de falta de jurisdicción y de “indebida escogencia del medio de control” (fols. 293 a 303. c. 1). 7 En la misma audiencia, el Tribunal a quo decretó las siguientes pruebas: Documentales (demandante): 1) Escritura pública No. 1594 del 17 de agosto de 2007. 2) Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá del 19 de mayo de 2014, de la sociedad Lalinde de Bedout & CIA S. En C. y del 23 de mayo de 2014 de la Comercializadora de Suelas y Llantas S.A.S. 3) Escritura pública No. 3490 del 31 de octubre de 2013, por medio de la cual Lalinde de Bedout & CIA S. en C. vendió el inmueble objeto de la litis. 4) Certificado de Tradición y libertad, con m atrícula inmobiliaria N O 140-73651, de la oficina de registro de instrumentos públicos de Montería. 5) Licencia de construcción No. 2010 -385 de la Curaduría Primera Urbana de Montería, del 1 de octubre de 2010. 6) petición del 23 de febrero de 2011, remitido por la Constructora Brizalia Ltda. a la Secretaria de Planeación Municipal. 7) petitorio del 12 de abril de 2011, remitido por la Constructora Brizalia Ltda. al Representante de la sociedad Lalinde de Bedout & CIA S. EN C. 8) Oficio del 3 de mayo de

Ltda. a la Secretaria de Planeación Municipal. 7) petitorio del 12 de abril de 2011, remitido por la Constructora Brizalia Ltda. al Representante de la sociedad Lalinde de Bedout & CIA S. EN C. 8) Oficio del 3 de mayo de 2011, remitido por el Representante de la Sociedad Lalinde de Bedout & CIA S. EN C. al Dr. Alfredo Rodríguez B. 9) Oficio NO S.P.M.2135 del 29 de octubre de 2012, expedido por el Secretario de Planeación Municipal. 10) Oficio No. SGOB-0370 del 1 de abril de 2 013, dirigido al comandante de la estación de policía del barrio La Granja. 11) Petitorio del 22 de Julio de 2013, dirigido al Secretario de Gobierno Municipal, por medio del cual se solicitó el amparo policivo de su propiedad, 12) Derecho de petición de julio 30 de 2013, remitido al alcalde del municipio de Montería, por medio del cual solicita el amparo policivo (desalojo) de la ocupación de hecho o perturbación a la propiedad. 13) Petitorio del 9 de agosto de 2013, por medio del cual se reitera la soli citud de amparo policivo a la propiedad. 14) Petitorio del 13 de septiembre de 2013, dirigido al Inspector Primero Urbano de Policía Municipal. 15) Formulario de calificación constancia de inscripción N O de matrícula 14073651 del 16 de octubre de 2013 de cancelación del gravamen de plusvalía. 16) Copia de los recibos de impuesto predial de los años 2010, 2011, 2012 y 2013. 17) Comunicación a la entidad demandada del 11 de junio del 2014. 18)

los años 2010, 2011, 2012 y 2013. 17) Comunicación a la entidad demandada del 11 de junio del 2014. 18) Copia Original de la diligencia de inspección ocular realizada por la Inspección Primera de Policía de Montería del 11 de septiembre de 2013. 19) solicitud de conciliación prejudicial del 13 de junio de 2014. (demandados) 20) Expediente administrativo. Prueba pericial solicitada por la parte actora, profesional en topografía, para que previa visita al predio urbano de propiedad de la demandante, realice la medición total del predio en su extensión actual y el cotejo del área conforme el metraje y linderos descritos en la escritura Pública N O 3490 de 31 de octubre de 2013 y perito avaluador de inmuebles. Oficios: 1) Al municipio de Montería, para que remita: 1.1. Copia de las actuaciones adelantadas dentro del proceso de ocupación permanente del bien inmueble de propiedad de la demandante. 1.2. Copia de las actuaciones adm inistrativas realizadas por el municipio para habilitar la vía de acceso público y conexión entre la avenida circunvalar y la carrera 14c del sector Brizalia. 1.3. Informe sobre las razones por las cuales el impuesto predial unificado del inmueble con matr ícula inmobiliaria No 140-73651, ubicado en la carrera 14 No 39-36, año gravable 2014, fue liquidado sobre el área de terreno de 3330 metros cuadrados y no de acuerdo a la extensión superficiaria señalada en la escritura pública No. 3490 de 31 de octubre d e 2013, suscrita en la notaria cuarta del círculo de Medellín. 2) A la Oficina de Registro de

de 31 de octubre d e 2013, suscrita en la notaria cuarta del círculo de Medellín. 2) A la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para que allegue el certificado de libertad y tradición del bien mueble con matrícula Inmobiliaria N° 140-73651 (actualizado). 8 Folios 548 a 549 c. 2 (municipio), 555 a 567 c. 2 (parte actora) y 568 a 571 c. 2 (Brizalia). 9 Folio 586, c. 2.Radicación: 23001-23-33-000-2014-00363-01 (63.122)

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La decisión recurrida

8. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo de Córdoba decidió: (i) negar la excepción “ausencia de falla del servicio” (ordinal primero); (ii) denegar la objeción realizada al dictamen pericial del topógrafo (ordinal segundo) y, (iii) acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos (se

transcribe de manera literal):

“TERCERO: Declarar administrativamente responsable al MUNICIPIO DE MONTERÍA de los perjuicios ocasionados a la sociedad demandante COMERCIALIZADORA DE SUELAS Y LLANTAS S.A.S. con ocasión de la ocupación permanente impuesta a través de la afectación de parte de terreno del lote ubicado en la carrera 14 No 39-36 barrio la Floresta de la ciudad de Montería.

“CUARTO: condénese al Municipio de Montería pagar a la sociedad demandante

de la afectación de parte de terreno del lote ubicado en la carrera 14 No 39-36 barrio la Floresta de la ciudad de Montería.

“CUARTO: condénese al Municipio de Montería pagar a la sociedad demandante COMERCIALIZADORA DE SUELAS Y LLANTAS S.A.S., la suma de Ochoc ientos Diecinueve Millones Setecientos Veintiocho Mil Pesos ($819.728.000,00), conforme a la motivación.

“QUINTO: Ordénese a la entidad demandada, dar cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los artículos 192, 194 y 195 del C.P.A.C.A.

“SEXTO: No imponer costas en esta instancia por lo expresado en la parte considerativa de este proveído.

“SÉPTIMO: Esta sentencia en copia autenticada y ejecutoriada en los términos del artículo 191 del CPACA obrará como título traslaticio de dominio a favor del MUNICIPIO DE MONTERÍA, quien la hará inscribir en el folio de matrícula inmobiliaria No 140-73651 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería, teniendo en cuenta los linderos conforme lo descrito en la parte motiva…”10.

9. Como fundamento de su decisión, el a quo analizó el caso bajo el título de imputación de responsabilidad objetiva por la ocupación permanente. Citó la Ley de Reforma Urbana (Ley 9 a de 1989) e indicó que conforme lo disponía el artículo 37 de la referida normativa , toda afectación por causa de una obra pública debía notificarse personalmente al propietario e inscribirse en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so pena de su inexistencia, al tiempo que negociarse el monto

de la referida normativa , toda afectación por causa de una obra pública debía notificarse personalmente al propietario e inscribirse en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so pena de su inexistencia, al tiempo que negociarse el monto y el pago como indemnización a sufragar por la entidad en cuyo favor fue impuesta tal medida. En ese sentido, advirtió que fue el mismo ente municipal el que reconoció en sus oficios que existía una fracción de terreno en la propiedad de la parte accionante que estaba siendo destinada como vía pública y entrada a la urbanización contigua, hecho que ocasionó un daño antijurídico que la sociedad demandante no estaba en el deber de soportar, pues se limitó su derecho de propiedad sobre su inmueble.

10. Agregó que el daño era imputable al municipio de Montería, toda vez que realizó la proyección de una vía pública en el POT y ocupó de manera permanente una franja del predio de la sociedad demandante, sin previa anotación en el folio de

10 Folios 592 a 299, c. Ppal.Radicación: 23001-23-33-000-2014-00363-01 (63.122)

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matrícula inmobiliaria; responsabilidad que únicamente recaía en la entidad territorial, pues la empresa constructora vinculada al proceso no tuvo acción en la proyección de dicha calle y, en cambio, us ó esa porción del terreno de la demandante habilitada por el municipio.

11. En cuanto a la indemnización de perjuicios, el Tribunal tuvo en cuenta los

proyección de dicha calle y, en cambio, us ó esa porción del terreno de la demandante habilitada por el municipio.

11. En cuanto a la indemnización de perjuicios, el Tribunal tuvo en cuenta los dictámenes periciales practicados, descartó la objeción por error grave presentada y determinó que el valor del metro cuadrado equivalía a un millón seiscientos mil pesos m/cte. ($1’600.000), y que el área afectada por la proyección de la vía fue de 512.33 m2; por manera que el valor a reconocer por concepto de perjuicios debía ser la suma de ochocientos diecinueve millones setecientos veintiocho mil pesos m/cte. ($819.728.000)11.

II. RECURSO DE APELACIÓN

12. El municipio de Montería cuestionó la valoración probatoria realizada por el a quo, pues partió de afirmar que no se valoraron los argumentos presentados oportunamente en el escrito de alegatos de conclusión, en los que se planteó que la controversia era e ntre particulares o, en todo caso, la limitación al derecho de propiedad fue impuesta por el concejo municipal al expedir el POT, lo que se demostró con los oficios expedidos por el ente territorial en los cuales advirtió que

sobre el bien inmueble objeto de la litis existía un trazado o proyección de una calle y, por ende, tal limitación no comportaba en sí misma un daño antijurídico que diera lugar al reconocimiento de perjuicios, pues se trataba de una afectación amparada por el artículo 58 de la Constitución Política.

13. Añadió que su intervención en los hechos se limitó a permitir el cerramiento del lote, a dar cumplimiento a una orden de tutela y a adelantar las respectivas

por el artículo 58 de la Constitución Política.

13. Añadió que su intervención en los hechos se limitó a permitir el cerramiento del lote, a dar cumplimiento a una orden de tutela y a adelantar las respectivas diligencias en la Secretaría de Gobierno en virtud de las querellas policivas instauradas, todo ello en aras de proteger los derechos de las partes y, por tanto, había cumplido a cabalidad con sus obligaciones legales, sin que resultara procedente endilgarle responsabilidad12.

14. En la oportunidad para alegar de conclusión en la segunda instancia, la parte actora reiteró los argumentos expuestos en las diferentes etapas procesales13; por su parte, el demandado adujo que en el sub examine operó la caducidad del medio de control, en atención a que la demandante tuvo conocimiento de la afectación de su derecho de dominio por lo menos desde cuando tramitó la licencia de urbanismo de cerramiento, pues mediante Resolución No.0083 de 2011 expedida por la Secretaría de Planeación del municipio de Montería, y proferida con fundamento en el Decreto 553 de 2003, se contempló “en forma clara la proyección o continuidad

11 Folios 592 a 599, c. Ppal. 12 Folios 602 a 605, c. Ppal. 13 Folios 636 a 642 c. Ppal.Radicación: 23001-23-33-000-2014-00363-01 (63.122)

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de la calle 39b desde la carrera 14C sector Brizalia hasta la carrera 14 (Avenida Circunvalar)”14.

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de la calle 39b desde la carrera 14C sector Brizalia hasta la carrera 14 (Avenida Circunvalar)”14.

15. Finalmente, el Ministerio Público consideró que la sentencia de primera instancia debía ser confirmada, pues encontró acreditado que el demandado le causó unos daños a la sociedad actora con la ocupación de la franja de terreno de su propiedad, al permitir la proyecci ón de una vía pública y la utilización por parte de un particular, para ese efecto reiteró los argumentos planteados por el a quo15.

16. El 3 de noviembre de 2020 el apoderado de la parte actora manifestó ante esta instancia el interés para conciliar 16, el 17 d e febrero de 2021 se celebró audiencia de conciliación en la que las partes llegaron a un acuerdo 17 .

Encontrándose el proceso para estudiar la aprobación del citado acuerdo conciliatorio, mediante proveído del 11 de octubre siguiente, se consideró oportuno convocar a las partes para que precisaran algunos aspectos propios del mismo, relacionados con la identificación del bien y su transferencia del derecho de dominio a favor del municipio de Montería, así como las condiciones para hacerlo y la asunción de lo s gastos que esto acarrearía, y demás aspectos inherentes al cumplimiento del acuerdo que las partes habían logrado 18. El 25 de noviembre de 2021 se llevó a cabo nuevamente la audiencia de conciliación; sin embargo, el apoderado del municipio de Montería manifestó que esos aspectos no fueron objeto de estudio por el comité de conciliación, por lo que solicitó al despacho reprogramar

2021 se llevó a cabo nuevamente la audiencia de conciliación; sin embargo, el apoderado del municipio de Montería manifestó que esos aspectos no fueron objeto de estudio por el comité de conciliación, por lo que solicitó al despacho reprogramar la diligencia, a lo cual se accedió,19 sin que a la fecha hubiese pronunciamiento de las partes, por manera que se entiende desistido dicho acuerdo20.

III CONSIDERACIONES

17. Sin que se observe causal de nulidad que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado.

Problema jurídico

18. El ámbito del recurso de apelación se circunscribe a analizar si se configuró una ocupación permanente de una porción del predio de la demandante por parte del ente territorial y si el municipio de Montería está legitimado en la causa por pasiva, pues a ju icio del demandado se trataría de una controversia entre particulares.

14 Folios 646 a 649, c. Ppal. 15 Folios 650 a 660 ibidem. 16 SAMAI: índice 22. 17 SAMAI: índice 30. 18 SAMAI: índice 37. 19 SAMAI: índice 44. 20 SAMAI: índice 45.Radicación: 23001-23-33-000-2014-00363-01 (63.122)

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19. Aunque la caducidad del medio de control no mereció debate en la primera instancia como tampoco fue aspecto que se trajera en la apelación, el demandado

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19. Aunque la caducidad del medio de control no mereció debate en la primera instancia como tampoco fue aspecto que se trajera en la apelación, el demandado al presentar alegatos cuestionó tal aspecto. La Sala no tiene duda de que la acción fue ejercida en tiempo, en tanto que el daño que alega la demandante se concretó cuando por el hecho de un tercero (urbanización Brizalia) se comenzó a perfilar y

abrir una calle que estaba proyectada e n el POT de la ciudad de Montería y, consecuencialmente, el municipio la habilitó como una vía de uso público.

20. Conforme las pruebas que obran en el plenario, mediante oficio SGOB – 0370 del 1° de abril de 2013, el Secretario de Gobierno de ese municipio advirtió por primera vez al Comandante de Policía del Barrio La Floresta - La Granja que "sobre ese lote de propiedad de la Sociedad Lalinde de Bedout, se está adelantando la

perfilación de una calle que, si bien es cierto que se encuentra trazada por el POT, dicha franja continúa siendo de propiedad los arriba mencionados, constituyéndose de esa manera en acto de perturbación a propied ad ajena"; sin embargo, no hay prueba de que ese escrito lo haya conocido la parte actora; pero, por lo menos, para el 21 de julio de ese año hay certeza de que conoció del daño, puesto que la propietaria del inmueble objeto de la litis solicitó ante la Secretaría de Gobierno del municipio de Montería, como medida preventiva, la suspensión inmediata del acto de invasión por parte del señor Rodríguez Banquez. En ese orden de ideas, el plazo

propietaria del inmueble objeto de la litis solicitó ante la Secretaría de Gobierno del municipio de Montería, como medida preventiva, la suspensión inmediata del acto de invasión por parte del señor Rodríguez Banquez. En ese orden de ideas, el plazo para demandar por la referida ocupación venció el 21 de julio de 201 5. Como la demanda se instauró el 26 de septiembre de 2014, se concluye que fue dentro del término previsto en la Ley.

Análisis del caso concreto

21. Cuando se trata de la ocupación temporal o permanente de inmuebles con ocasión de la ejecución de trabajos públicos o cualquier otra causa, el régimen de responsabilidad aplicable es de carácter objetivo y hay lugar a su declaración, una vez se haya demostrado que una parte o la totalidad del inmueble de propiedad del demandante hubiere sido ocupado de forma pe rmanente o transitoria por la Administración o por particulares que actúan autorizados o prevalidos por ella21.

22. La imposición de la obligación resarcitoria a cargo del Estado en este tipo de casos se justifica por la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas, pues no existe para el particular afectado el deber jurídico de soportar, sin compensación alguna, el detrimento que a su patrimonio se ocasiona por causa de la realización de unas obras o trabajos públicos o decisiones u omisione s de la

21 Ello sin perjuicio de lo precisado por la Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012.

Exp 21.515, en la cual se dijo “Esta Sala, en sentencia de 19 de abril 2012, unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos títulos de imputación, para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico título de imputación”.Radicación: 23001-23-33-000-2014-00363-01 (63.122)

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Administración, que bien pueden reportar beneficio para la colectividad entera, lesionan desproporcionadamente los derechos de un coasociado.

23. La concreción y prevalencia del interés general -artículo 1º de la Constitución Política-, si bien respalda y orienta teleológicamente la actividad administrativa, no justifica el desproporcionado sacrificio de la esfera de derechos e intereses del individuo, cuya salvaguarda también constituye fin esencial del Estado a tenor de lo normado por el artículo 2º de la Carta. Ciertamente, las autoridades públicas tienen

justifica el desproporcionado sacrificio de la esfera de derechos e intereses del individuo, cuya salvaguarda también constituye fin esencial del Estado a tenor de lo normado por el artículo 2º de la Carta. Ciertamente, las autoridades públicas tienen el deber constitucional de respetar los derechos de los particulares sobre toda clase de bienes y, por consiguiente, cuando requieren inmuebles para cumplir los fines del Estado, deben obrar con su jeción al principio de legalidad y garantizando el derecho al debido proceso, lo que comporta el deber de adelantar los trámites en orden a la enajenación voluntaria o la expropiación de los bienes, si aqu ella no es posible, en los términos del artículo 29 Supremo22.

24. En ese orden de ideas, cuando el Estado no actúa conforme al ordenamiento, sino que ocupa los inmuebles sin los trámites y medidas correspondientes, tendrá que ser conminado a responder patrimonialmente por dicha ocupación, con fundamento en l o dispuesto en el artículo 90 de la C.P.; sin embargo, podrá exonerarse de responsabilidad, si desvirtúa la relación causal mediante la prueba de una causa extraña tal como la fuerza mayor, el hecho exclusivo de tercero o el hecho exclusivo de la víctima.

25. En el presente asunto, se encuentra acreditado que la sociedad Comercializadora de Suelas y Llantas S.A.S. es propietaria del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 140-73651 de la Oficina de Registro de Instrumentos

Públicos de Montería y código catastral 01 -01-0458-0005-000, ubicado en la calle 39 con 14 (circunvalar), sector Floresta en la ciudad de Montería, Córdoba 23, en

Públicos de Montería y código catastral 01 -01-0458-0005-000, ubicado en la calle 39 con 14 (circunvalar), sector Floresta en la ciudad de Montería, Córdoba 23, en virtud de un contrato de compraventa p erfeccionado el 3 de octubre de 2013 (escritura pública No. 3490) entre Lalinde De Bedout & CIA. en C., (vendedora) y aquella sociedad (compradora)24.

26. También se encuentra probado que mediante el Decreto 0553 de 2003, Normatividad Urbana de la ciudad de M ontería, complementario al POT de esa

ciudad, se trazó la “proyección o continuidad” de la Calle 39B desde la urbanización Brizalia hasta conectar con la carrera 14 (avenida circunvalar). Así se informó al señor Alfredo Rodríguez (gerente de la urbanizació n Brizalia) en virtud de una petición que éste elevó, mediante oficio S.P.M. 0809 del 14 de mayo de 2009, proferido por la Secretaria de Planeación Municipal de Montería en el que se lee (se transcribe de manera textual):

22 Al respecto, ver sentencia C-864 del 7 de septiembre de 2004 de la Corte Constitucional. 23 Matrícula inmobiliaria obrante a folios 35 a y 36, c. 1. 24 Escritura pública obrante a folios 19 a 31, c. 1.Radicación: 23001-23-33-000-2014-00363-01 (63.122)

Demandante: Comercializadora de Suelas y Llantas S.A.S.

Demandados: Municipio de Montería Medio de co