CE - 012333000201401364011SENTENCIA20230420165358

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 76001-23-33-000-2014-01364-01 (69247)

Actor: LÁZARO BERMÚDEZ LOZANO Y OTROS

Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL Y OTRO

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: REPARACIÓN DIRECTA – Responsabilidad por la actividad judicial / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Omisión en el decreto oficioso de una medida cautelar de secuestro / CADUCIDAD – Cómputo desde la finalización del proceso penal / AUSENCIA DE DAÑO – La ausencia de la medida cautelar no afectó a la parte actora / ERROR JURISDICCIONAL – Caducidad – Ejecutoria de la providencia – Culpa exclusiva de la víctima – Obligación de interponer los recursos de Ley / COSTAS – Recurso de apelación parcialmente favorable – Analogía – Casos similares.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de julio de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca declaró probada la excepción de caducidad.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El demandante pretende que se le indemnicen los perjuicios causados , porque en un proceso penal, en el que tenía la calidad de denunciante, la parte demandada: i)

I. SÍNTESIS DEL CASO

El demandante pretende que se le indemnicen los perjuicios causados , porque en un proceso penal, en el que tenía la calidad de denunciante, la parte demandada: i) no decretó la medida cautelar de secuestro de los bienes sobre los cuales habría recaído el delito y que estaban en cabeza de uno de los procesados, y ii) no verificó el cumplimiento del acuerdo conciliatorio que llevó a la cesación del procedimiento.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 27 de noviembre de 20141, los señores Lázaro Bermúdez Lozano y Johana Rocío Roa Franco, así como la menor Sara Mariel Bermúdez Roa2, en ejercicio del medio de control de reparación directa, present aron demanda contra la Nación -Rama

1 Folio 1 del cuaderno 1. 2 Representada por sus padres (folios 1 y 7 del cuaderno 1).Radicación: 76001-23-33-000-2014-01364-01 (69247) Actor: Lázaro Bermúdez Lozano y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Medio de control de reparación directa

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Judicial y la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados 3 por “el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, que, a su juicio, impidió que fuera fue indemnizado en el marco del proceso penal adelantado por el delito de estafa del que habría sido víctima el primero de los citados , según hechos ocurridos el 12 de julio de 1999, en los que, bajo engaño, el señor Bermúdez Lozano

de estafa del que habría sido víctima el primero de los citados , según hechos ocurridos el 12 de julio de 1999, en los que, bajo engaño, el señor Bermúdez Lozano habría cedido a un tercero los derechos que le correspondían en la sucesión de su padre.

Lo anterior, en cuanto el ente acusador decretó el embargo, pero no ordenó el secuestro de los bienes, omisión en la que también incurrió el juez de conocimiento, quien, además, no verificó el cumplimiento del acuerdo conciliatorio al que llegó el denunciante con uno de los implicados.

1.1. Hechos

En la demanda, en síntesis, se narraron como hechos relevantes los siguientes:

En virtud de la denuncia del 13 de junio de 2003, la Fiscalía General de la Nación adelantó investigación contra los señores Elvar4 Córdoba Delgado, Álvaro Montes Gallón, así como William Humberto Motta Marín, por el delito de estafa, por cuanto habrían inducido a error al señor Lázaro Bermúdez Lozano para que, luego del fallecimiento de su padre, le cediera al primero de los citados sus derechos herenciales sobre dos lotes ubicados en Santiago de Cali.

Durante la investigación, el e nte acusador decretó el embargo de algunas de las matrículas abiertas con posterioridad, por ventas parciales, pero, luego, no dispuso el secuestro de los bienes.

En la etapa de juzgamiento a cargo del Juzgado 6° Penal del Circuito de Cali , en diligencias del 24 de mayo y del 28 de junio de 2010, el demandante y el cesionario conciliaron, acuerdo que fue aprobado mediante providencias del 25 de agosto y

diligencias del 24 de mayo y del 28 de junio de 2010, el demandante y el cesionario conciliaron, acuerdo que fue aprobado mediante providencias del 25 de agosto y del 8 de septiembre de 2010, en las que, además, se puso fin al proceso , sin que previamente se hubiese ordenado el secuestro y se verificara el cumplimiento de lo pactado, falencias que llevaron a que el denunciante, finalmente, no fuera indemnizado y a que , incluso, luego, el municipio de Santiago de Cali terminara ocupando parte de los terrenos con la construcción de vías públicas.

3 La parte actora solicitó 1.000’000.000 por lucro cesante (valor de los lotes); $10’000.000 por daño emergente (gastos proceso penal), y 100 smmlv por perjuicios morales para cada de mandante. 4 Nombre tomado literalmente de los anexos de la demanda.Radicación: 76001-23-33-000-2014-01364-01 (69247) Actor: Lázaro Bermúdez Lozano y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Medio de control de reparación directa

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Finalmente, el actor promovió proceso de sucesión, en el que, el 12 de septiembre de 2012, el Juzgado 4° de Familia de Cali ordenó el embargo de los bienes.

2. Contestación de la demanda

2.1. La Fiscalía General de la Nación indicó que actuó en los términos que le correspondía y la indemnización a recibir fue la aceptada por el actor en sede de conciliación5.

2.2. La Rama Judicial invocó que: i) operó la caducidad, porque las irregularidades

correspondía y la indemnización a recibir fue la aceptada por el actor en sede de conciliación5.

2.2. La Rama Judicial invocó que: i) operó la caducidad, porque las irregularidades habrían ocurrido en 2010; ii) el proceso penal se tramitó en los términos legales; iii) al actor no se le causó daño, dado que, finalmente, pudo promover el respectivo proceso de sucesión; y iv) a las autoridades judiciales no les resultaban imputables las actuaciones desplegadas por el distrito de Santiago de Cali6.

2.2.1. Durante el traslado de las excepciones, la parte actora precisó que el proceso penal finalizó el 21 de marzo de 2013 y la demanda se radicó en 20147.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, a través de sentencia del 29 de julio de 20228, concluyó que la demanda no se presentó dentro de los 2 años siguientes a la fecha en la que cada una de las demandadas debió decretar de manera oficiosa el secuestro de los bienes , ni aquella en la que correspondía verificar el cumplimiento del acuerdo conciliatorio que puso fin al proceso , de ahí que declarara la caducidad y condenara en costas a la parte actora.

4. Recurso de apelación

Según la parte actora, como el proceso penal terminó mediante providencia del 21 de marzo de 2013, la demanda radicada el 27 de noviembre de 2014 es oportuna.

4.1. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia.

5 Folios 191 a 197 del cuaderno 1.

4.1. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia.

5 Folios 191 a 197 del cuaderno 1. 6 Folios 206 a 214 del cuaderno 1. La Rama Judicial llamó en garantía al distrito de Santiago de Cali, el cual fue negado , pero, en su lugar, mediante providencia del 11 de abril de 2016, se ordenó su vinculación como litisconsorte necesario por pasiva, por la eventual ocupación de los predios, frente a lo cual la entidad sostuvo que los terrenos en los que desarrolló su malla via l eran públicos, como lo acreditó en el proceso tramitado ante el mismo despacho -el 2014 01246-. En la audiencia inicial del 25 de abril de 2017, ante la existencia del otro proceso, se ordenó, la desvinculación de la entidad; además, se fijó el litigio f rente a la responsabilidad de las demandadas por el trámite impartido al proceso penal invocado por la parte actora (folios 345 a381 y folios 509 a 523 del cuaderno 2). 7 Folios 308 a 329 del cuaderno 1. 8 Folios 976 a 995 del cuaderno 14.Radicación: 76001-23-33-000-2014-01364-01 (69247) Actor: Lázaro Bermúdez Lozano y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Medio de control de reparación directa

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III. C O N S I D E R A C I O N E S

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, la Sala resolverá el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia.

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, la Sala resolverá el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia.

Adicionalmente, la Sala evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales: competencia y legitimación en la causa, sin perjuicio del análisis de la caducidad, pues el Tribunal a quo la declaró y la parte actora apeló tal determinación.

1. La demanda deb ía presentarse dentro de los 2 años siguien tes a la finalización y archivo del proceso penal

El Tribunal a quo concluyó que las pretensiones formuladas el 27 de noviembre de 2014 resultaban extemporáneas.

En relación con la Fiscalía General de la Nación , indicó que la oportunidad para demandar empezó a correr cuando las diligencias pasaron a los jueces penales de conocimiento, en marzo de 2007, pues allí el actor tuvo certeza de que el funcionario instructor no decretaría del secuestro de los bienes.

Frente a la Rama Judicial , se sostuvo que se le imputó responsabilidad porque tampoco ordenó el secuestro y por no haber verificado el cumplimiento del acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes en 2010, de ahí que el término de caducidad hubiese empezado a correr con el vencimiento del término con el que se contaba para proceder de conformidad -60 días establecido, según el artículo 400 de la Ley 600 del 2000-, el cual feneció el 23 de noviembre de 2010, más de 3 años antes de a la radicación de l a demanda -27 de noviembre de 2014 -, de ahí que fuera extemporánea.

El demandante apeló lo decidido por el Tribunal a quo, por considerar que demandó

a la radicación de l a demanda -27 de noviembre de 2014 -, de ahí que fuera extemporánea.

El demandante apeló lo decidido por el Tribunal a quo, por considerar que demandó en tiempo y que, por ende, procedía un pronunciamiento de fondo y favorable a sus pretensiones. Al respecto, el apelante precisó que, por auto del 21 de marzo de 2013, se ordenó la terminación y archivo definitivo del proceso penal, actuación que era la determinante para computar la caducidad y en virtud de la cual la demanda del 27 de noviembre de 2014 cumplía con el presupuesto de oportunidad.

Con fundamento en lo expuesto , la Sala determinará si el término para demandar corrió de manera distinta para las dos entidades accionadas en la forma indicada por el Tribunal a quo, o si , como lo sostiene el apelante, transcurrió desde en un solo momento, correspondiente a la finalización a las diligencias penales.Radicación: 76001-23-33-000-2014-01364-01 (69247) Actor: Lázaro Bermúdez Lozano y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Medio de control de reparación directa

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1.1. Imputación por no haberse decretado la medida cautelar de secuestro

 Omisión en el decreto de la medida cautelar de secuestro en la etapa de juicio – Rama Judicial

El proceso en el que se sustentan las pretensiones tuvo su origen en la denuncia del 20 de junio de 2003 9, en virtud de la cual l a Fiscalía General de la Nación adelantó investigación contra los señores: i) Elvar Córdoba Delgado; ii) William

del 20 de junio de 2003 9, en virtud de la cual l a Fiscalía General de la Nación adelantó investigación contra los señores: i) Elvar Córdoba Delgado; ii) William Humberto Motta Marín y iii) el abogado Álvaro Montes Gallón, por el delito de estafa del que habría sido víctima el señor Lázaro Bermúdez Lozano, quien, el 12 de julio de 1999, cedió al señor Córdoba Delgado los derechos que le correspondían en la sucesión de su padre10.

La cesión se habría efectuado mediante engaños y bajo la convicción de que se trataba de un trámite de saneamiento y no de enajenación, además, afectaba, en concreto, dos predios que hacían parte de un terreno de mayor extensión ubicado en Santiago de Cali.

Avocado el conocimiento del asunto, e l Fiscal Seccional 16 de Cali , a través de providencia del 1º de octubre de 2003 , abrió la investigación previa y, una vez agotada11, profirió la resolución de calificación del mérito del sumario, en el sentido de formular acusación contra dos de los implicados12, decisión que quedó en firme el 23 de marzo de 2007, fecha en la cual, previa remisión del ente acusador 13, el expediente pasó a los Juzgados Penales del Circuito de Cali -repartopara continuar con la etapa de juicio.

A partir de la fecha citada -23 de marzo de 2007-, dada la ejecutoria de la resolución de acusación, la Fiscalía General de la Nación dejó de ser la autoridad titular de la acción penal y asumió la calidad de sujeto procesal14, pues la competencia se radicó

de acusación, la Fiscalía General de la Nación dejó de ser la autoridad titular de la acción penal y asumió la calidad de sujeto procesal14, pues la competencia se radicó en el Juzgado 6° Penal del Circuito de Cali.

9 Folios 23 a 37 y 60 del cuaderno 1. 10 Pedro Elías Bermúdez García, según lo señalado en el proceso penal. 11 Folios 58 a 314 del cuaderno 3. 12 A través de resolución del 13 de julio de 2005, confirmada el 7 de marzo de 2007, se adoptaron las siguientes decisiones: i) se calificó el mérito del sumario, en el sentido de acusar al cesionario Elvar Córdoba Delgado y al abogado Álvaro Montes Gallón, y precluir la investigación en favor del señor William Humberto Motta Marín, quien se habría limitado a prestar un dinero par a el negocio cuestionado; además, ii) negó la cancelación del título mediante el cual se efectuó la cesión de derechos herenciales, por considerar que una decisión en tal sentido era propia de la sentencia penal (folios 11 a 15, 52 a 60 del cuaderno 4). 13 Folio 70 del cuaderno 4. 14 De conformidad con el artículo 400 de la Ley 600 del 2000, según el cual: “ Con la ejecutoria de la resolución de acusación comienza la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal General de la Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal (…)”.Radicación: 76001-23-33-000-2014-01364-01 (69247) Actor: Lázaro Bermúdez Lozano y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro

Actor: Lázaro Bermúdez Lozano y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Medio de control de reparación directa

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La Subsección precisa que la imputación contra la Fiscalía General de la Nación no tiene como fuente una providencia judicial dictada durante la etapa de investigación denegatoria del secuestro de los terrenos sobre los cuales habría recaído la estafa, pues lo que se le reprocha a la entidad es el hecho de no haberse pronunciado de oficio sobre tal aspecto.

De este modo, el sub lite, en este aspecto, no es susceptible de ser analizado como error jurisdiccional , lo que supone la existencia de una providencia contraria a derecho, sino que se trata de una omisión y, por ende, de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en atención a lo previsto en el artículo 69 de la Ley 270 de 199615.

La Sala aclara que en los casos en los que se le reprocha una omisión al Estado, la caducidad se cuenta desde la fecha en la que la entidad debió proceder como le correspondía, salvo que el daño no se configure simultáneamente, pues será desde el momento en el que ello ocurra que comenzará a correr el término pertinente, porque es a partir de allí que surge el interés para demandar16.

En el sub júdice, la última oportunidad que habría tenido la entidad para tomar la decisión que ahora se le reprocha fue el 22 de marzo de 2007, día anterior a la ejecutoria de la resolución que calificó el mérito del sumario, lo que no implica que la caducidad deba contarse desde esa época, porque mientras estuviera en trámite el proceso penal era posible que, así fuera en la etapa de juicio, de ser procedente,

ejecutoria de la resolución que calificó el mérito del sumario, lo que no implica que la caducidad deba contarse desde esa época, porque mientras estuviera en trámite el proceso penal era posible que, así fuera en la etapa de juicio, de ser procedente, se decretara la medida cautelar de secuestro invocada, con lo cual se enervarían o menguarían los efectos de la eventual omisión en la primera etapa de las diligencias.

En suma, el término de caducidad no empezó a correr sino hasta que finalizó el proceso penal, pues mientras que estuviese en trámite resultaba posible que se decretara la medida cautelar invocada por la parte actora.

Precisamente, era al finalizar el proceso penal que se podía establecer si la falta de decreto de la medida cautelar de secuestro implicó o no una consecuencia desfavorable para el denunciante, pues si no se encontraba configurada la estafa,

15 Norma que señala “Artículo 69. Defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia . Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley , quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”. Los supuestos a los que se refieren los artículos citados en esta disposición corresponden al error jurisdiccional y a la privación injusta de la libertad, respectivamente. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de diciembre de 2022, expediente 53.444, M.P. José Roberto Sáchica Méndez, en

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de diciembre de 2022, expediente 53.444, M.P. José Roberto Sáchica Méndez, en concordancia con la sentencia del 21 de mayo de 2021, expediente 65.995.Radicación: 76001-23-33-000-2014-01364-01 (69247) Actor: Lázaro Bermúdez Lozano y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Medio de control de reparación directa

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no surgiría afectación alguna por reparar, porque quien mantuvo la administración17 de los terrenos -el cesionario y, a su vez, denunciado, Elvar Córdoba Delgado-, era el legitimado para tal fin, en virtud del negocio jurídico celebrado con el denunciante Lázaro Bermúdez Lozano.

De este modo, si el proceso penal terminaba con la conclusión de que no se cometió el delito, ninguna situación se habría salvaguardado con el citado secuestro y la omisión en su decreto habría resultado inocua , pues, se insiste, ante la falta de responsabilidad penal, el denunciante no esta ría habilitado para hacer efectiva ninguna indemnización -que es la afectación que invoca -, al margen de que se hubiesen secuestrado o no previamente.

Al respecto, en virtud del artículo 57 de la Ley 600 del 2000, aplicable al sub lite, no resultaba posible formular pretensiones de indemnización por parte del denunciante cuando el proceso terminaba con decisión absolutoria.

En el otro escenario -configuración de la estafa-, sí surgiría un interés del actor frente

resultaba posible formular pretensiones de indemnización por parte del denunciante cuando el proceso terminaba con decisión absolutoria.

En el otro escenario -configuración de la estafa-, sí surgiría un interés del actor frente a: i) la falta de decreto del secuestro en el proceso penal y ii) a las consecuencias de ello frente a su derecho de ser resarcido por los perjuicios ocasionados con la conducta punible.

Así las cosas, este caso no es de aquellos en los que la afectación se estructuró simultáneamente con la omisión, sino que se trata ría de un caso en el que el daño surge con posterioridad, con la finalización del proceso penal.

La Subsección observa que el Juzgado 6° Penal del Circuito de Cali, a través de providencia del 21 de marzo de 2013, ordenó la cesación del procedimiento y el archivo de las diligencias , en virtud del acuerdo conciliatorio logrado entre el denunciante y el cesionario Elvar Córdoba Delgado, decisión adoptada con fundamento en el artículo 41 de la Ley 600 del 2000 , que se ocupa de los efectos de las conciliaciones pactadas frente a aquellos delitos pasibles de desistimiento o de indemnización integral.

17 En cuanto al secuestro el Código Civil dispone:” Artículo 2273. Definición de secuestro. El secuestro es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos, en manos de otro que debe restituir al que obtenga una decisión a su favor. El depositario se llama secuestre. Artículo 2275. Bienes objeto de secuestro. Pueden ponerse en secuestro no sólo cosas muebles, sino bienes raíces.

debe restituir al que obtenga una decisión a su favor. El depositario se llama secuestre. Artículo 2275. Bienes objeto de secuestro. Pueden ponerse en secuestro no sólo cosas muebles, sino bienes raíces. Artículo 2279. Facultades del secuestre de inmueble. El secuestro de un inmueble tiene relativamente a su administración, las facultades y deberes de mandatario (…)”.Radicación: 76001-23-33-000-2014-01364-01 (69247) Actor: Lázaro Bermúdez Lozano y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Medio de control de reparación directa

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La anterior determinación no fue objeto de recursos18 y, si bien en el expediente no obra la constancia de notificación al señor Bermúdez Lozano, ello no es óbice para concluir que el ejercicio del derecho de acción frente a la Fiscalía General de la Nación fue oportuno, pues, en todo caso, la notificación y ejecutoria de la decisión dictada por el juez de conocimiento fue posterior, inclusive, al 21 de marzo de 2013 -fecha de la providencia - y la demanda fue radicada el 27 de noviembre de 2014, es decir, dentro del término de caducidad de 2 años de la reparación directa19.

 Omisión en el decreto de la medida cautelar de secuestro en la etapa de juicio – Rama Judicial

A la Rama Judicial le es aplicable e l análisis planteado en el acápite precedente , sobre el cómputo de la caducidad con fundamento en la fecha de terminación del proceso, dado que también se le imputó responsabilidad en ese sentido , es decir,

A la Rama Judicial le es aplicable e l análisis planteado en el acápite precedente , sobre el cómputo de la caducidad con fundamento en la fecha de terminación del proceso, dado que también se le imputó responsabilidad en ese sentido , es decir, por la supuesta omisión en el decreto de la medida cautelar de secuestro en la etapa de juzgamiento, la cual finalizó con la providencia del 21 de marzo de 2013, de ahí que la demanda del 27 de noviembre de 2014 se hubiese radicado en tiempo.

Así las cosas, la Subsección revocará la declaratoria de caducidad del Tribunal a quo frente a la imputación analizada -omisión del decreto de la medida cautelar de secuestro tanto en la investigación como en la etapa de juzgamiento -, para, en su lugar, analizar de fondo en este preciso aspecto la responsabilidad tanto de la Fiscalía General de la Nación como de la Rama Judicial , para lo cual tomará en consideración lo sostenido en la demanda y en la contestación de las accionadas, dado que el punto no fue abordado en la sentencia de primera instancia, por haberse tratado de un fallo inhibitorio.

1.2. Decisión de fondo de la imputación A juicio de la parte actora, la Fisca lía General de la Nación y la Rama Judicial incurrieron en una irregularidad, al no decretar de manera oficiosa el secuestro de los terrenos sobre los cuales habría recaído la estafa, durante las etapas de investigación y juzgamiento, respectivamente, fale ncia con la cual le habrían impedido obtener la reparación de los perjuicios que le fueron causados con la conducta punible.

investigación y juzgamiento, respectivamente, fale ncia con la cual le habrían impedido obtener la reparación de los perjuicios que le fueron causados con la conducta punible.

18 Según la copia del proceso penal allegado al sub lite. 19 Sin perjuicio de la solicitud de conciliación extrajudicial que fue radicada el 8 de s eptiembre de 2014, trámite declarado fallido el 24 de noviembre posterior y al día siguiente se expidió la constancia de no acuerdo (folio 89 del cuaderno 1).Radicación: 76001-23-33-000-2014-01364-01 (69247) Actor: Lázaro Bermúdez Lozano y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Medio de control de reparación directa

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Al respecto, la Fiscalía General de la Nación precisó que el daño invocado por los accionantes tenía como fundamento el consentimiento del denunciante, pues fue él quien durante la etapa de juzgamiento optó por conciliar y, por ende, su voluntad fue determinante en la fijación de los términos en los que sería indemnizado.

A su vez, a juicio de la Rama Judicial, no se confi guró daño alguno, dado que el accionante, en virtud de la conciliación, recuperó los terrenos sobre los cuales cedió sus derechos herenciales en favor del procesado Elvar Córdoba Delgado. Tan es así que el señor Lázaro Bermúdez Lozano, luego del proceso pe nal, promovió el respectivo proceso de sucesión para que se le adjudicaran tales terrenos y en ese asunto fue reconocido como único sujeto con derecho sobre esos bienes.

Además, la entidad explicó que resultaba ajeno a las autoridades judiciales el hecho

respectivo proceso de sucesión para que se le adjudicaran tales terrenos y en ese asunto fue reconocido como único sujeto con derecho sobre esos bienes.

Además, la entidad explicó que resultaba ajeno a las autoridades judiciales el hecho de que el señor Bermúdez Lozano se hubiese visto expuesto a alguna situación generada por el distrito de Santiago de Cali que le obstaculizara la explotación material de sus predios, por una eventual ocupación material, situación que debía ser reclamada a tal entidad.

La Sala negará las pretensiones de la parte accionante, porque: i) no se encuentra acreditado el daño invocado, y ii) la eventual ocupación de los predios por el municipio citado es ajena a las demandadas, al punto de que frente a tal asunto fue promovido un proceso independiente que ya fue decidido por esta Subsección , mediante sentencia de segunda instancia que se encuentra ejecutoriada , como se explicará.

En cuanto al primer punto, la Sala reitera que el proceso penal finalizó por decisión de cesación del procedimiento del 21 de marzo de 2013, cuyo fundamento fue la conciliación lograda en la etapa de juzgamiento del proceso penal, acuerdo en el que se estableció la forma en la que el denunciante sería indemnizado.

En efecto, el 24 de mayo de 2010 , ante el centro de conciliación Paz Pacífico de Cali y acompañados por sus apoderados, los señores Lázaro Bermúdez Lozano y Elvar Córdoba Delgado -cedente y cesionario, respectivamente - llegaron a un acuerdo conciliatorio, en virtud del cual el afectado desistiría de la denuncia y de sus pretensiones indemnizatorias, dada la renuncia del señor Córdoba Delgado a

acuerdo conciliatorio, en virtud del cual el afectado desistiría de la denuncia y de sus pretensiones indemnizatorias, dada la renuncia del señor Córdoba Delgado a los bienes que “fueron puestos a su nombre” por el abogado Álvaro Montes Gallón, “quien lo utilizó para sus maniobras ”, de ahí que lo procedente fuera que el juezRadicación: 76001-23-33-000-2014-01364-01 (69247) Actor: Lázaro Bermúdez Lozano y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Medio de control de reparación directa

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penal ordenara la cancelación de las anotaciones en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria20.

El 28 de junio siguiente las partes reformaron el acuerdo y precisaron que como los predios eran de mayor extensión y, luego de la cesión, se habían efectuado 12 enajenaciones parciales, se anularían todas las anotaciones, sin perjuicio de los derechos de los terceros adquirentes de buena fe21.

El 5 de julio de 201022, el denunciante puso en conocimiento del juez penal el acuerdo conciliatorio, en virtud de lo cual, por auto del 25 de agosto siguiente, el Juzgado 6° Penal del Circuito de Cali suspendió el trámite por el término de 60 días para verificar el cumplimiento del acuerdo, y ordenó la cancelación de las matrículas inmobiliarias posteriores a la cesión de derechos herenciales23, orden que reiteró el 8 de septiembre de la misma anualidad24.

En virtud de lo anterior, fueron canceladas todas las anotaciones en la Oficina de

inmobiliarias posteriores a la cesión de derechos herenciales23, orden que reiteró el 8 de septiembre de la misma anualidad24.

En virtud de lo anterior, fueron canceladas todas las anotaciones en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que se habían efectuado con ocasión de la cesión del 12 de julio de 1999 por parte del señor Lázaro Bermúdez Lozano frente a la sucesión de su padre y en favor del señor Córdoba Delgado, por manera que el denunciante recuperó los derechos sobre los terrenos afectados con la estafa 25, tan es así que el 22 de noviembre de 2010 le solicitó al juez de conocimiento la terminación del proceso penal, para lo cual informó que los lotes ya aparecían radicados en cabeza del causante, de ahí que hubiese iniciado el trámite de sucesión pertinente, para que le fueron adjudicados.

Al respecto, a este asunto fue allegada solicitud de liquidación de sucesión ante notario del 24 de noviembre de 2010, trámite del que se habría desistido para que la liquidación se efectuara en sede judicial, frente a lo cual se aportó la providencia del 12 de septiembre de 2012, que profirió el Juzgado 4° de Familia de Cali y en la que se declaró abierta la sucesión del padre del demandante y se ordenó el embargo de los terrenos radicados en cabeza del causante, que eran los mismos sobre los cuales versó la conciliación del proceso penal26.

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