CE - 012333000201500150011SENTENCIAFALLO20231005082834

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 19001-23-33-000-2015-00150-01 (3643-2016)

Demandante: Carmenza Medina Mezú Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio en plazas del orden territorial. Períodos de labor mediante la modalidad de hora cátedra computables solo si se dan mediante vinculaciones del mismo nivel . Aplicación de sentencias de unificación del 22 de enero de 2 015, 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022. MODIFICA UN ORDINAL Y CONFIRMA

LA SENTENCIA EN LO DEMÁS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016) por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

la sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016) por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora CARMENZA MEDINA M EZÚ instauró demanda contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de la Resolución RDP 038790 del 23 de diciembre de

1 Folios 26 a 27.2

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2014, por medio de la cual la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la demandante.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y pagar a la accionante la pensión gracia en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial mensual devengado en el último año de prestación de servicios anterior a la adquisición del estatus jurídico y con efectividad desde el 1º de julio de 2009. Además, solicitó que se efectúe l a indexación sobre el valor de las sumas

salarial mensual devengado en el último año de prestación de servicios anterior a la adquisición del estatus jurídico y con efectividad desde el 1º de julio de 2009. Además, solicitó que se efectúe l a indexación sobre el valor de las sumas adeudadas por este concepto.

Que la autoridad demandada dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA y que esta sea condenada en costas.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que la señora Carmenza Medina Mezú nació el 30 de abril de 1955. Que en su vida laboral estuvo vinculad a al magisterio como docente oficial nombrada por el departamento del Cauca durante los siguientes períodos, (i) del 19 de agosto al 9 de septiembre de 1975, y (ii) del 31 de enero de 1994 al 12 de marzo de 2014 según certificación laboral que indica que seguía activa a esa fecha.

Que el 25 de agosto de 2014 la parte actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, petición ante la cual dicha entidad expidió la Resolución RDP 038790 del 23 de diciembre de 2014 con la que negó la prestación al aducir que la reclamante acreditó un tiempo de vinculación del orden nacional que le impide acceder al derecho reclamado.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 13 de mayo de 20153 y notificada a la UGPP4, quien presentó memorial de contestación 5 en el que manifestó que con

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 13 de mayo de 20153 y notificada a la UGPP4, quien presentó memorial de contestación 5 en el que manifestó que con base en los documentos aportados por la actora se puede comprobar que su nombramiento fue del orden nacional , lo cual hace inviable que los tiempos acumulados bajo dicha vinculación puedan ser tenidos en cuenta para acceder a la pensión gracia, toda vez que no se satisfacen los requisitos exigidos por la normativa propia del caso, esto es, las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928,

2 Folios 24 a 26. 3 Folios 57 a 58. 4 Folios 72 a 73. 5 Folios 79 a 86.3

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puntualmente en lo que se refiere a haber prestado 20 años de servicio en instituciones educativas que estén a cargo de los departamentos o municipios.

Propuso como excepciones las que denominó, (i) inexistencia de la obligación demandada y cobr o de lo no debido, (ii) ausencia de vicios en los actos administrativos demandados, y (iii) prescripción.

En la audiencia inicial 6 al momento de sanear el proceso se advirtió que el acto demandado, esto es, la Resolución RDP 038790 del 23 de diciembre de 2014, no

administrativos demandados, y (iii) prescripción.

En la audiencia inicial 6 al momento de sanear el proceso se advirtió que el acto demandado, esto es, la Resolución RDP 038790 del 23 de diciembre de 2014, no fue apelada pese a que era obligatorio interponer dicho recurso en su contra a fin de acceder a la jurisdicción. No obstante, se señaló que del expediente administrativo se observó que se habían proferido decisiones anteriores que resolvían la misma petición y que por lo tanto debían ser las realmente demandadas, puntualmente las Resoluciones, (i) RDP 028785 del 25 de junio de 2013, (ii) RDP 035420 del 5 de agosto de 2013 y (iii) RDP 036541 del 12 de agosto de 2013, con las que se denegó el reconocimiento de la pensión gracia y se confirmó lo propio al resolver el recurso de reposición y apelación respectivamente. Igualmente se precisó que también se tendría como acto censurado el Auto ADP 010692 del 7 de septiembre de 2015 que archivó la nueva soli citud pensional elevada el 30 de abril de 2015, por lo que se excluiría de enjuiciamiento el acto inicialmente acusado por la reclamante.

Igualmente, en esta diligencia se indicó que no se formularon excepciones previas pendientes de resolver, se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión , se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.

las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión , se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.

Por otro lado, en esta oportunidad se corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó sentencia oral en virtud de la posibilidad contemplada en el artículo 179, numeral 3°, inciso 2° del CPACA.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia oral dictada en la audiencia inicial del 30 de junio de 2016 accedió a las pretensiones de la demanda , en el sentido de declarar la nulidad de los actos demandados y ordenar el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la reclamante con efectividad desde el cumplimiento del estatus pensional ocurrido el 19 de mayo de 2011 . Por otro lado , condenó en costas a la UGPP.

6 Folios 128 a 136. 7 Folios 134 a 136 y CD que obra a folio 136 A del expediente.4

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Para ello argumentó que la demandante acreditó en debida forma los requisitos de edad y prestación del servicio docente con honradez. Ahora, frente al tiempo de labor oficial acumulado, señaló que se comprobó que desde el 1º al 9 de septiembre

Para ello argumentó que la demandante acreditó en debida forma los requisitos de edad y prestación del servicio docente con honradez. Ahora, frente al tiempo de labor oficial acumulado, señaló que se comprobó que desde el 1º al 9 de septiembre de 1975 8 tuvo un nombramiento que , si bien fue muy corto, corresponde a una experiencia laboral con anterioridad a diciembre de 1980 y por lo tanto debe ser tenida en cuenta para consolidar el derecho pensional pretendido, pues correspondió a un período con vinculación nacionalizada.

Que del 1º de septiembre de 1988 al 30 de enero de 1994, se acreditó que la reclamante se desempeñó como educadora de horas cátedra financiada con el presupuesto departamental del Cauca según Decretos 940 del 21 de octubre de 1988, 1360 del 15 de septiembre de 1989, 884 del 10 de septiembre de 1990, y 1529 del 8 de octubre de 1991, por lo que se establece que su vínculo fue del orden territorial y por lo tanto computable para reconocer la pensión gracia, pues no cobra relevancia en este punto la forma en que realizó la actividad docente.

Que desde el 31 de enero de 1994, la señora Medina Mezú fue nombrada como maestra oficial en propiedad del orden departamental según Decreto 0067 del 20 de enero del mismo año y en 1997, esta pasó a ser cofinanciada como lo dispuso el Decreto 062 de 1997 expedido por el alcalde de Padilla (Cauca).

Que conforme a los certificados de tiempo de servicio no existe duda frente a la naturaleza nacionalizada y territorial de los períodos laborados por la actora en 1975

el Decreto 062 de 1997 expedido por el alcalde de Padilla (Cauca).

Que conforme a los certificados de tiempo de servicio no existe duda frente a la naturaleza nacionalizada y territorial de los períodos laborados por la actora en 1975 y entre 1988 y 1994 respectivamente y en todo caso, debe ten erse en cuenta que este último interregno puede contabilizarse como lo señaló el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 22 de enero de 2015 cuando puntualizó que debería calcularse el tiempo de labor oficial con base en la fórmula derivada del p arágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, la cual para este asunto arrojó un total de 3.837 horas cátedra equivalentes a 959,25 días, lo que es igual a 2 años, 8 meses y 2 días.

Que en materia de prescripción, esta no se configuró debido a que la reclamante presentó la petición de reconocimiento en 3 ocasiones ( 1º de abril de 2013, 25 de agosto de 2014 y 30 de abril de 2015), por lo que entre la fecha de adquisición del estatus pensional (19 de mayo de 2011) y la primera solicitud administrativa, n o transcurrieron más de los 3 años de que trata la norma aplicable para efectos de configuración de dicho fenómeno jurídico.

EL RECURSO DE APELACIÓN9

8 Tal como lo afirma el a quo, pese a que el período inició el 19 de agosto de 1975. 9 Folios 137 a 140.5

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9 Folios 137 a 140.5

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La parte demanda da en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia , al asegurar que de conformidad con la normativa que dio origen a la pensión gracia y la interpretación jurisprudencial desarrollada en la materia, es válido concluir que esta prestación se causa únicamente para los docentes que cumplan 20 años de servicio en colegios del orden departamental, distrital o municipal, sin que sea posible acumular tiempos del nivel Nacional.

Que en el presente caso se observa que la demandante no acreditó su vinculación dentro del término legal establecido para que le fuera reconocida la pensión gracia, esto es, no cumplió con el tiempo de servicios exigido de 20 años de labor oficial como docente territorial, pues lo demostrado en el proceso fue que aquella tuvo una relación legal y reglamentaria del orden nacional que le imp ide cumplir con el requisito consagrado en la Ley 114 de 1913 para consolidar el derecho en tensión.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandada presentó alegaciones finales con las que ratific ó los argumentos expuestos en la contestación y en el recurso de apelación.10

La parte demandante se abstuvo de intervenir en esta etapa procesal.11

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO12

El Ministerio Público emitió concepto en el presente caso en el sentido de solicitar

La parte demandante se abstuvo de intervenir en esta etapa procesal.11

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO12

El Ministerio Público emitió concepto en el presente caso en el sentido de solicitar que se confirme la sentencia apelada . Para el efecto adujo que , en un primer término, es de destacar que no aparece prueba documental de mayor alcance que la obrante en el proceso, la cual en ningún momento demuestra que la señora Carmenza Medina Mezú haya laborado en establecimientos educat ivos del orden nacional, y, en un segundo lugar, en nada se ocupó el apelante de contradecir la postura jurisprudencial de que se valió el a quo para tener los tiempos servidos como territoriales, así los sueldos se le cancelaran con recursos cofinanciados (70% nacionales y 30% territorial). Que por lo tanto, es de lógica inferencia que la proposición de la UGPP frente a la revocación del fallo judicial que accedió a las pretensiones de la demanda no puede prosperar.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en

10 Folios 199 a 200. 11 Según constancia secretarial visible a folio 206 del expediente. 12 Folios 201 a 205.6

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tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980 , ello contabilizando incluso los tiempos desempeñados bajo la modalidad de hora cátedra.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó », mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de7

su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de7

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los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»13. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos inicialmente previstos para el efecto.

Adicionalmente, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicabl e al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la

en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A partir de la v igencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1 980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 7 5% del salario mensual promedio del último año. Estos

cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 7 5% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Por otro lado, la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,

13 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.8

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sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, ex cluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199714 señaló,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)

incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la to talidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 15 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto a l interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones.

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también c orrespondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que pre staban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 15 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.9

15 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.9

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dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los act os administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente

respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educ adores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia se e xpide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su

competencia se e xpide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran a los educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.10

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Finalmente, debe recalcarse que en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022 16 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que, «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que l as anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede

Se precisa además que l as anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial , tal como sucede con el asunto bajo examen en esta oportunidad.

En tal sentido , conforme a la normativa y la línea jurisprud