CE - 012333000201500370011SENTENCIAFALLO20231017122359

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 20001-23-33-000-2015-00370-01 (1381-2017)

Demandante: María de la Paz Quintero Santana Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Carga de la prueba .

Flexibilidad probatoria para demostrar vinculaciones y tiempo de servicio. Falta de comprobación del período de labor a nterior al 31 de diciembre de 1980. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora MARÍA DE LA PAZ QUINTERO SANTANA instauró demanda en contra

de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en

La señora MARÍA DE LA PAZ QUINTERO SANTANA instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de la s Resoluciones, (i) RDP 032944 del 29 de octubre de 2014, (ii) RDP 039344 del 30 de diciembre de 2014, y (iii) RDP 039587 del 31 de diciembre de 2014 , por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago la pensión gracia a favor de la demandante y se confirmó tal decisión respectivamente.

1 Folios 31 a 32.2

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Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer, liquidar y pagar la mencionada prestación conforme a las previsiones de la Ley 114 de 1913, así como el retroactivo debidamente indexado de las mesadas adeudadas por dicho concepto desde su fecha de efectividad.

Que se ordene a la parte pasiva dar cumplimiento al fallo conforme a los artículos

de 1913, así como el retroactivo debidamente indexado de las mesadas adeudadas por dicho concepto desde su fecha de efectividad.

Que se ordene a la parte pasiva dar cumplimiento al fallo conforme a los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA, así como pagar los intereses moratorios a que haya lugar desde el momento de la ejecutoria de la sentencia y hasta que se cumpla la totalidad de la condena, al igual que las respectivas costas.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta l a demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que la demandante nació el 28 de diciembre de 1960. Que durante su vida laboral se desempeñó como docente oficial, inicialmente cubriendo una licencia desde el 11 de agosto hasta el 5 de octubre de 1980, y posteriormente nombrada en propiedad por el departamento del Cesar del 10 de marzo de 1981 al 30 de marzo de 2015.

Que el 17 de julio de 2014 , la señora Quintero Santana radicó ante la UGPP una solicitud tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión gracia por haber laborado durante más de 20 años al servicio del magisterio. Que para acreditar el período anterior a diciembre de 1980 aportó copia del acta de posesión y declaraciones extrajudiciales que buscaban ratificar la prestación del servicio durante el primer período en mención, toda vez que su entonces empleador extravió el acto administrativo de nombramiento.

Que la entidad demandada negó lo reclamado a través de la Resolución RDP 032944 del 29 de octubre de 2014 , aduciendo que la reclamante no demostró

el acto administrativo de nombramiento.

Que la entidad demandada negó lo reclamado a través de la Resolución RDP 032944 del 29 de octubre de 2014 , aduciendo que la reclamante no demostró adecuadamente haber detentado un vínculo laboral como educadora antes de 1980, por lo que la primera interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación que fueron resueltos negativamente a través de la s Resoluciones RDP 039344 del 30 de diciembre de 2014 y RDP 039587 del 31 de diciembre del mismo año, ello en el sentido de confirmar la decisión inicial.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 20 de agosto de 2015 ,3 y notificada a

2 Folios 32 a 34. 3 Folio 43.3

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la UGPP4, quien presentó memorial de contestación5 en el cual manifestó que en el expediente administrativo se puede evidenciar una certificación laboral en la que se registra que la accionante laboró como docente de carácter nacional en el departamento del Cesar, por lo que el tiempo prestado entre 1980 y 1981 no puede ser computado para efectos de l reconocimie nto prestacional pretendido, pues la pensión gracia fue creada con la finalidad de equiparar los ingresos de los docentes provinciales con los que devengaban ingresos percibidos por la Nación, de manera

ser computado para efectos de l reconocimie nto prestacional pretendido, pues la pensión gracia fue creada con la finalidad de equiparar los ingresos de los docentes provinciales con los que devengaban ingresos percibidos por la Nación, de manera que no es viable contabilizar un lapso de labor ofici al concretado mediante un vínculo con el Ministerio de Educación como es el caso de la actora.

Propuso las excepciones que denominó, (i) falta de requisitos pensionales (pensión gracia) o inexistencia de obligación, y (ii) prescripción.

En la audiencia inicial6 se definió que las excepciones propuestas eran de mérito y por lo tanto serían resueltas en la sentencia. Seguidamente s e fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no era viable un intento conciliatorio en la medida en que el derecho en tensión es cierto e indiscutible, y se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.

En la audiencia de pruebas7 se recaudaron los medios de convicción decretados y se corrió traslado para alegar de conclusión en orden de dictar sentencia escrita con posterioridad.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo del Cesar dictó sentencia escrita el 9 de febrero de 2017, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte activa . Para ello se refirió al régimen especial de la pensión gracia de los

a través de la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte activa . Para ello se refirió al régimen especial de la pensión gracia de los docentes oficiales dispuesto por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, para posteriormente analizar si la accionante cumplía con el tiempo de servicio válido para adquirir dicha prerrogativa.

Sobre el caso particular aseguró que del material probatorio se logró establecer que la actora tiene más de cincuenta (50) años de edad a la fecha en que elevó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia ( 17 de julio de 2014) . También se demostró que en ese momento la reclamante detentaba un tiempo de servicio docente con una v inculación nacionalizada de 33 años y 4 meses, pero concretada después del 31 de diciembre de 1980.

4 Folios 48 a 49. 5 Folios 92 a 97. 6 Folios 118 a 121. 7 Folios 131 a 132. 8 Folios 149 a 162.4

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Que la actora pretendió que se tuviera en cuenta el tiempo de servicio comprendido del 11 de agosto y el 5 de octubre de 1980, es decir, anterior al 31 de diciembre del mismo año , lo anterior con un acta de posesión y dos declaraciones extraprocesales, pero lo cierto es que estas pruebas no son suficientes para

del 11 de agosto y el 5 de octubre de 1980, es decir, anterior al 31 de diciembre del mismo año , lo anterior con un acta de posesión y dos declaraciones extraprocesales, pero lo cierto es que estas pruebas no son suficientes para acreditar la vinculación como educadora de la señora María de la Paz Quintero Santana en dicho per íodo, pues es indispensable , además del acto de nombramiento, la certificación de la entidad nominadora donde claramente se especifique el lapso de la prestación de servicio y el tipo de vinculación, lo cual no se puede suplir con testimonios, porque la prueba idónea para ello es la documental de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 7° de la Ley 50 de 1886, que fija las reglas generales sobre concesión de pensiones.

Que, en tal sentido, la parte activa no demostró haber detentado un vínculo como maestra nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, siendo este uno de los requisitos para acceder a la pensión gracia, por lo que se debe declarar probada la excepción de «falta de requisitos pensionales o inexistencia de la obligación » propuesta por la entidad demandada, y, en consecuencia, resulta necesario negar las pretensiones de la demanda.

EL RECURSO DE APELACIÓN9

La part e demanda nte en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia por considerar que en el presente caso no fue posible aportar copia auténtica de la Resolución 2217 del 25 de octubre de 1980 (mediante la cual se nombró a la actora en el cargo de docente para cubrir una licencia), debido a que dicho documento, cuya custodia se encontraba en cabeza de la Gobernación

la cual se nombró a la actora en el cargo de docente para cubrir una licencia), debido a que dicho documento, cuya custodia se encontraba en cabeza de la Gobernación del Cesar, se extravió de su archivo, y a pesar de que se solicitó ante esa autoridad la respectiva reconstrucción , esta petición fue negada mediante Resolución 1153 del 10 de octubre de 2014.

Que ante la situación descrita, solo fue posible aportar copia auténtica del acta de posesión 0978 del 30 de octubre de 1980 y las dos declaraciones extraprocesales rendidas por las señoras Lucenith Pineda de Sánchez (docente que fue reemplazada por la accionante durante su per íodo de li cencia) y Carmen Cecilia Santana de Dur án (exdirectora de la Escuela Urbana de Niñas de Rio de Oro), documentos con los cuales se acreditaba el tiempo de labor de la reclamante entre el 11 de agosto y el 5 de octubre de 1980.

Que, con el fin de ratificar este lapso de servicio, en la demanda se solicitó citar a las mencionadas deponentes de tal forma que convalidaran sus declaraciones, sin embargo, esta prueba no fue decretada por el tribunal de origen debido a que lo propio no fue solicitado por la entidad demandada.

9 Folios 170 a 174.5

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Que en el presente proceso se ha intentado en repetidas ocasiones a través de

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Que en el presente proceso se ha intentado en repetidas ocasiones a través de prueba supletoria ratificar el tiempo cumplido por la accionante antes de 1980, situación que debe ser examinada a fondo por parte del juez a fin de e vitar que la negligencia de la entidad encargada de la custodia de los documentos que acreditan la vinculación de la docente, le impida a la docente acceder al derecho que por ley le corresponde, tal como lo señaló para casos análogos la Corte Constitucional en sentencia T-779 de 2014.

Que, frente a la valoración probatoria, el Código de Procedimiento Civil estatuye en su artículo 187 que las pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos. Que es por esta razón que en el asunto bajo examen deben someterse a un estudio integral los documentos con los cuales se pretende acreditar la vinculación de la demandante como docente oficial antes del 1º de enero de 1981, el cual es el único requisito que le ha sido desconocido para efectos de acceder al reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que dentro del expediente quedó debidamente acreditada la validez del tiempo laborado a partir del 10 de marzo de 1981, al igual que la satisfacción de las demás exigencias de la Ley 114 de 1913.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

debidamente acreditada la validez del tiempo laborado a partir del 10 de marzo de 1981, al igual que la satisfacción de las demás exigencias de la Ley 114 de 1913.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandada presentó alegaciones finales 10 con la s que reiteró los argumentos expuestos en su contestación para solicitar que se confirme el fallo apelado, pero especialmente recalcó que la reclamante no logró demostrar válidamente que el período de labor oficial como docente antes de 1980 fue de carácter nacionalizado, pues solo allega un acta de posesión y unas declaraciones extraprocesales que no cumplen con las previsiones de la Ley 50 de 1886.

La parte demandante se abstuvo de intervenir en esta etapa procesal.11

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO12

El Ministerio Público emitió concepto en el presente caso en el sentido de solicitar que se confirme la sentencia apelada. Para el efecto adujo que, si bien s obre la vinculación de la demandante en su condición de docente se allegó el acta de posesión 0978 del 30 de octubre de 1980 que indica que fue nombrada mediante la Resolución 002217 de 1980, este documento no señala el plantel y tampoco la vinculación, razón por la cual no se puede establecer si corresponde al nivel territorial o nacionalizado, muy a pesar de que aquel medio sí pueda tenerse como prueba válida para el efecto.

10 Folios 219 a 224. 11 Según acta secretarial obrante a folio 233 del expediente. 12 Folios 225 a 232.6

prueba válida para el efecto.

10 Folios 219 a 224. 11 Según acta secretarial obrante a folio 233 del expediente. 12 Folios 225 a 232.6

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Que en todo caso, no pueden ser tenidas en cuenta las declaraciones extra juicio de las señoras Lucenith Pineda de Sánchez y Cecilia Santana de Duran, porque el ente accionado no tuvo la oportunidad de intervenir en su práctica y mucho menos de controvertirlas, y pese a que e l a quo no las decretó en el proceso como ratificación, no es menos cierto que la demandante tampoco apeló tal decisión para que el superior las ordenara si su práctica resultaba conducente, pertinente y útil.

Que aun en el entendido de que el apelante adujo que solicitó a la Gobernación del Cesar la reconstrucción del acto de nombramiento (Resolución 002217 de 1980) y esta no accedió, debe tenerse en cuenta que tampoco probó que hubiese efectuado dicha actuación ni pidió ante la instancia judicial que ordenara su práctica en los términos establecidos en el artículo 126 del Código General del Proceso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora acreditó en debida forma el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder al pago de la pensión gracia, en especial el previsto en el artículo 15, numeral 2,

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora acreditó en debida forma el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder al pago de la pensión gracia, en especial el previsto en el artículo 15, numeral 2, literal a ) de la Ley 91 de 1989 , relacionado con detentar una vinculación como docente territorial o nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó », mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).7

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3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]

escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»13. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resu lta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la

desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

13 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.8

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(…)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se le s reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión

desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se le s reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivale nte a una mesada pensional.»

Sobre el punto , la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199714 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 15 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupues to general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones.

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 15 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.9

15 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.9

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nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación

factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del M inisterio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la

es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que se a de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)10

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En atención a lo descrito hasta este punto , se advierte que la demostración del carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia s