CE - 012333000201500396011SENTENCIASENTENCIA20231109194049

____________________________________________________ Expediente: 68001-23-33-000-2015-00396-01 (59723)

Demandantes: Flor María Rojas de Moncada y otros.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., primero (01) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 68001-23-33-000-2015-00396-01 (59723).

Demandantes: Flor María Rojas de Moncada y otros.

Demandada: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (en adelante, CDMB).

Referencia: Medio de control de reparación directa.

Tema 1. Daño causado por limitación al ejercicio del derecho de propiedad privada . Subtema 1.1. Daño antijurídico – no acreditado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 16 de febrero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS

La CDMB expidió los Acuerdos números 1236 del 16 de enero de 2013, en el que declaró, delimitó, reservó y alind eró como Parque Natural Regional Páramo de Santurbán un área de 11.700 hectáreas, situado en la jurisdicción de varios municipios del departamento de Santander; y 1238 del 27 de febrero de 2013, que

de Santurbán un área de 11.700 hectáreas, situado en la jurisdicción de varios municipios del departamento de Santander; y 1238 del 27 de febrero de 2013, que modificó el primero acto nombrado en el sentido de precisar unos puntos que describen el polígono del Parque. En el interior del área del parque regional natural se encuentra el predio “San Isidro” , del cual Flor María Rojas de Moncada y otras doce personas más son propietarios de una cuota parte . Aquellos dueños demandan al Estado, porque consideran que las mencionadas decisiones administrativas limitan absolutamente el derecho de propiedad que tienen sobre el mencionado inmueble.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda1

Flor María Rojas de Moncada , Graciela Moncada Rojas, Francisca Moncada Rojas, Flor Elba Moncada Rojas , Nelsi Moncada Rojas , Cristina Moncada Rojas, Héctor Julio Moncada Rojas , Jaime Moncada Rojas , Álvaro Moncada Rojas, Luis Enrique Moncada Rojas , Marco Antonio Moncada Rojas , Olinto Moncada Rojas y Alberto Moncada Rojas presentan demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra de la CDMB.

Los demandantes pretenden que esta Jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la CDMB, por el daño a ntijurídico que proviene de la afectación al predio de su propiedad denominado “San Isidro”, y ubicado en el municipio de Vetas

1 Demanda. Folios 1 a 10, cuaderno 1.2

Expediente: 68001-23-33-000-2015-00396-01 (59723).

1 Demanda. Folios 1 a 10, cuaderno 1.2

Expediente: 68001-23-33-000-2015-00396-01 (59723).

Demandantes: Flor María Rojas de Moncada y otros.

(Santander), como consecuencia de los Acuerdos números 1236 del 16 de enero de 2013 y 1238 del 27 de febrero del mismo año , ambo s expedidos por la demandada.

En concreto, la parte actora protesta que los referidos actos administrativos limitaron de manera absoluta el derecho de dominio que tiene sobre la finca “San Isidro”2, al prohibirle cualquier actividad agrícola, pecuaria 3 o “humana distinta a la simple conservación”4; cercenarle las garantías de uso y disposición del inmueble ; imponerle una carga a los propietarios de desalojar el predio 5; someterla a un procedimiento en el que la Administración tiene la obligación de adquirir la propiedad del bien en mención6; y al ser subyugados a que en el folio de matrícula del predio esté una anotación relacionada con los actos de creación del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán 7. Los demandantes también sostienen que los efectos de dichas decisiones administrativas desconocen los derechos legamente adquiridos con justo título, de tal manera que lo ocurrido se constituye en una “expropiación de hecho, sin la debida indemnización”8.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

Admitida la demanda9, notificado el auto admisorio10, y corridos los traslados que ordena la ley , la CDMB presentó contestación de la demanda 11, en la que se

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

Admitida la demanda9, notificado el auto admisorio10, y corridos los traslados que ordena la ley , la CDMB presentó contestación de la demanda 11, en la que se opuso a las pretensiones de los demandantes. También p rotestó que no estaba acreditado el daño cuya reparación se depreca, este era, la limitación absoluta del dominio del predio “San Isidro”; y la falta de integración del litisconsorcio necesario,

2 “por falla o falla del servicio o de la administración en la declaración y creación del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán, al limitar de manera absoluta el dominio de su predio, sin que existiera compensación económica alguna previamente”. Demanda. Folio 2, cuaderno 1. “5. Por esta razón y como lo manda el artículo 33 del decreto 2372 de 2010, la delimitación o reserva implica de suyo una limitación al atributo del uso de los predios, por tanto la afectación conlleva la imposición de todas las restricciones en el ejercicio de propiedad para los titulares de los predios allí comprendidos”. (Negrilla fuera del texto). Demanda. Folio 3, cuaderno 1. 3 “6, El propietario entonces de un bien raíz, como lo s accionantes, que hayan quedado incluidos en el área correspondiente al parque natural, no tienen la plena capacidad dispositiva de su bien, porque le está prohibido realizar cualquier actividad humana allí, ya sea agrícola, o pecuaria o incluso el uso pa ra vivienda y desarrollo normal de la vida”. (Negrilla fuera del texto). Demanda. Folio 3, cuaderno 1.

prohibido realizar cualquier actividad humana allí, ya sea agrícola, o pecuaria o incluso el uso pa ra vivienda y desarrollo normal de la vida”. (Negrilla fuera del texto). Demanda. Folio 3, cuaderno 1. 4 “4. En el acto administrativo de la constitución del parque natural, como en la Ley General que reglamenta estos usos públicos, es claro y terminante que en áreas tales no puede (sic) haber ninguna actividad humana distinta a la simple conservación”. (Negrilla fuera del texto). Demanda. Folio 3, cuaderno 1. 5 “(…) también con ello se han causado perjuicios de orden moral, porque al imponerse, implica que debe desalojar la zona causando un desarraigo natural del orden personal y familiar, toda vez que allí desarrolla el normal de (sic) curso de sus (sic) vida”. (Negrilla fuera del texto). Demanda. Folio 4, cuaderno 1. 6 “8. Quien quede allí, no podrá recib ir beneficios del Estado, en consecuencia, la extensión de los servicios públicos no serán (sic) posibles, las vías de acceso tampoco (…)”. Demanda. Folio 3, cuaderno 1. “9. La propiedad que queda incluida en la zona declarada como parque natural, es absolutamente limitada, razón por la cual se impone el deber de la Administración Competente de adquirir las propiedades privada, previamente o en su defecto expropiarlas con los procedimientos y las indemnizaciones a que hubiere lugar”. Ibid. “10. El evento an terior o regla para la Administración, se desprende del deber que le impone incluso la ley, concretamente los artículos 300 y s.s. del decreto 2811 de 1974, al decirle a la administración o imponerle a

evento an terior o regla para la Administración, se desprende del deber que le impone incluso la ley, concretamente los artículos 300 y s.s. del decreto 2811 de 1974, al decirle a la administración o imponerle a este que, cuando el parque natural necesite zonas aledañas para que se atenúe los efectos de causas humanas, esos zonas podrán restringirse con limitaciones absolutas de dominio cuando esas propiedad sean de propiedad privada la administración deberá adquirirlas previamente o decretar expropiación conforme a la ley (…)”. Demanda. Folios 3 y 4, cuaderno 1. 7 “7. Tan evidente es la limitación que por ello el acto creación ordena que esta medida sea llevada como anotación especifica en el registro de instrumentos públicos ”. (Negrilla fuera del texto). Demanda. Folio 3, cuaderno 1. 8 “11. Es claro entonces que el no haber adquirido previamente el terreno de mis protegidos y haberles limitado de manera absoluta el uso o disfrute y gozó (sic) de sus bienes, es evidente que se ha causado un perjuicio sustancial de orden patrimonial por cuanto se desconoce el derecho legalmente adquirido con justo título, por ello el acto constituye indudablemente una expropiación de hecho, sin la debida indemnización”. Demanda. Folio 4, cuaderno 1. “(…) b) el daño es cierto, porque la limitación tantas veces referida, tiene un carácter tal que podría equipararse a una expropiación, sin indemnización, de donde se desprende el daño de modo claro y como evidencia indiscutible”. Demanda. Folios 5 y 6, cuaderno 1. 9 Auto admisorio de la demanda. Folios 28 y 29, cuaderno 1.

y como evidencia indiscutible”. Demanda. Folios 5 y 6, cuaderno 1. 9 Auto admisorio de la demanda. Folios 28 y 29, cuaderno 1. 10 Diligencias de notificación. Folios 29 (anverso), 30, 41 y 42 cuaderno 1. 11 Contestación de la demanda. Folios 45 a 72, cuaderno 1.3

Expediente: 68001-23-33-000-2015-00396-01 (59723).

Demandantes: Flor María Rojas de Moncada y otros.

por no habérsele endilgado responsabilidad, además de la CDMB , a la Nación – Ministerio de Ambiente, si esta última autoridad fue la que emitió concepto favorable para declarar el Parque Natural Regional Páramo de Santurbán.

El Tribunal Administrativo de Santander celebró audiencia inicial el 22 de junio de 201612, en la que fijó el objeto del litigio, en estos términos:

“Auto: Fijación del litigio. En resumen, recae en los efectos que implica el hecho según el cual, el predio de propiedad de los aquí demandante (sic) denominado San Isidro ubicado en (sic) municipio de Vetas se encuentra dentro de la delimitación o categoría de paramo, parque nacional regional paramo (sic) de Santurbán. Para la parte demandante, de ta (sic) situación se deriva la limitación jurídica absoluta del dominio de ese predio y en consecuenci a tiene derecho a una compensación económica previa y a la reparación de perjuicios de orden material y moral referdios (sic) en la demanda. Pasara (sic) la parte demandan (sic) no es procedente la

dominio de ese predio y en consecuenci a tiene derecho a una compensación económica previa y a la reparación de perjuicios de orden material y moral referdios (sic) en la demanda. Pasara (sic) la parte demandan (sic) no es procedente la indemnización previa que reclama, no es cirta (sic) la limitación absoluta del dominio, los demandantes no han sido despojados y en síntesis no hay daño”13.

El Tribunal celebró audiencia de pruebas el 8 y 23 de septiembre de 201614, en la que, luego de agotarse el periodo probatorio, corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión , como en efecto así ocurrió 15; y al Ministerio Público para que emitiera concepto de la controversia , no obstante, este último guardó silencio.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia el 16 de septiembre de 201716, en la que negó las pretensiones de la demanda. El fallador de primera instancia determinó que la parte actora no acreditó la existencia de un daño antijurídico, cierto y real que haya sufrido, con sustento en estas razones: i) la declaración de un parque natural regional no exige que la autoridad ambiental expropie los inmuebles, que sean de particulares , situados en la mentada área de protección ambiental ; ii) no existe prueb a en el plenario que permita conocer la destinación económica y social que los demandantes le han dado al predio “San Isidro”, desde su adquisición o antes de la expedición de los actos de creación del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán ; iii) no se tiene certeza de la

destinación económica y social que los demandantes le han dado al predio “San Isidro”, desde su adquisición o antes de la expedición de los actos de creación del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán ; iii) no se tiene certeza de la situación jurídica del predio respecto de sus propietarios ; iv) el contenido del dictamen pericial no da cuenta de un abandono de las edificaciones en el predio , pero si revela la presencia de cultivos ; v) no está acreditado que l os actores cohabitan en un nuevo lugar de residencia o desarrollan actividades distintas a las que solían realizar en el inmueble; vi) no hay elementos materiales probatorios que demuestren la pérdida de valor del inmueble, causada por la expedición de los acuerdos expedidos por la CDMB; vii) la demandada no ha ejercido alguna medida policiva, como un desalojo, destrucción de cultivos o cerramientos, respecto de inmuebles que se encuentren al interior del parque; y viii) las medidas que se pudieran derivar de la inclusión de un inmueble en el área de un parque natural regional, pueden llegar a lesionar el derecho real de dominio, pero en este caso no está acreditada tal afectación.

12 Acta de audiencia inicial. Folios 66 y 67, cuaderno 1. 13 Ibid. Folio 66, cuaderno 1. 14 Actas de audiencia de pruebas. Folios 149, 150, 151, 157 y 158, cuaderno 1. CD que contiene la grabación de la audiencia de pruebas celebrada el 23 de septiembre de 2016. Folio 156, cuaderno 1. 15 Alegatos de conclusión de la parte demandantes y del demand ado en primera instancia. Folios 159 a 176,

de la audiencia de pruebas celebrada el 23 de septiembre de 2016. Folio 156, cuaderno 1. 15 Alegatos de conclusión de la parte demandantes y del demand ado en primera instancia. Folios 159 a 176, cuaderno 1. 16 Sentencia de primera instancia. Folios 177 a 182, cuaderno 1.4

Expediente: 68001-23-33-000-2015-00396-01 (59723).

Demandantes: Flor María Rojas de Moncada y otros.

2.4. El recurso de apelación

La parte actora expone los siguientes cargos en contra del fallo de primera instancia17:

2.4.1. La delimitación, demarcación y encerramiento del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán es la fuente material del daño objeto de las pretensiones indemnizatorias de la demanda.

2.4.2. La orden de inscribir “en el registro el acto de constitución” 18 del parque natural es un acto de limitación al derecho de propiedad.

2.4.3. La CDMB, con la expedición de los acuerdos, sí estableció una prohibición del uso del predio.

2.4.4. El juez de primera instancia se equivoca cuando afirma que no está acreditada la actividad económica desplegada en el predio. Esto, porque las fotografías incluidas en el dictamen pericial demuestran como “el área está claramente intervenida, en espacio abiertos por lo menos la vivienda y una pequeña área para agricultura”19.

2.4.5. El Tribunal omitió la valoración del dictamen pericial allegado al proceso, que no fue objetado por la demandada.

claramente intervenida, en espacio abiertos por lo menos la vivienda y una pequeña área para agricultura”19.

2.4.5. El Tribunal omitió la valoración del dictamen pericial allegado al proceso, que no fue objetado por la demandada.

2.4.6. Los Acuerdos 1236 y 1238 del año 2013 definen “n o solo sus límites territoriales, sino que determina[n] su destinación exclusiva y excluyente, de donde se infiere con toda claridad los daños cuantificados de modo expreso”20.

2.4.7. Son tres asuntos los que configuran el presupuesto de acreditación del daño antijurídico: i) que el artículo 2° del Acuerdo 1236 de 2013 haya incluido al predio “San Isidro” en el área del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán; ii) que con la expedición de los Acuerdos 1236 y 1238 del año 2013 Por la CDMB, se limitó de manera absoluta los atributos del derecho de propiedad de los accionantes; y iii) que la demandada haya desconocido los derechos adquiridos, con justo título, de los demandantes.

2.4.8. La postura del juez de primera instancia lleva a la suposición de que la creación del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán no generó ningún efecto jurídico que afecte los intereses de los demandantes; lo que es un desacierto por cuanto se trata de unos actos administrativos que produj eron “indiscutibles efectos y evidentes consecuencias”21.

2.4.9. Es indiscutible que el demandado, al establecer un área de interés público, limitó el derecho de dominio de los demandantes, entendido este derecho no solo

efectos y evidentes consecuencias”21.

2.4.9. Es indiscutible que el demandado, al establecer un área de interés público, limitó el derecho de dominio de los demandantes, entendido este derecho no solo desde el ámbito del derecho civil sino a partir lo que la Corte Constitucional, en sentencias como la T-553 de 1993, T-132 de 2005, T-580 de 2011, C-560 de 2002 y C -189 de 2006, ha indicado cuando alude a los derechos fundamentales al patrimonio, a la propiedad privada y a ser resarcido por el Estado cuando este último limita el derecho de propiedad.

17 Recurso de apelación. Folios 187 a 194, cuaderno principal. 18 Ibid. Folio 187, cuaderno principal. 19 Ibid. Folio 188, cuaderno principal. 20 Ibid. 21 Ibid. Folio 189, cuaderno principal.5

Expediente: 68001-23-33-000-2015-00396-01 (59723).

Demandantes: Flor María Rojas de Moncada y otros.

2.4.10. El hecho de que los demandantes no hayan sido desalojados del predio, como lo afirmó el Tribunal, es porque “los planes de manejo aún están elaboración”, pero esto no implica que no haya una limitación al derecho de dominio y menos que no exista el daño derivado de los acuerdos, porque “muy pronto estas personas tendrán que salir del lugar”22.

2.4.11. En el evento en que esta Corporación estim e que la prueba pericial es “impropia o suficiente”23, será necesario imponer una condena en abstracto.

2.5. Trámite relevante en segunda instancia

2.4.11. En el evento en que esta Corporación estim e que la prueba pericial es “impropia o suficiente”23, será necesario imponer una condena en abstracto.

2.5. Trámite relevante en segunda instancia

Esta Corporación admitió el recurso de apelación el 17 de enero de 201824; y, en providencia posterior25, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

La CDMB presentó alegatos de conclusión 26, en el sentido de solicitar a esta Corporación que confirme el fallo del Tribunal. Protestó, en relación con los cargos planteados en el recurso de apelación, que no es cierto que, con la creación del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán, se esté promoviendo un proceso de expropiación sobre el predio “San Isidro” ; ni que la parte demandada ha desalojado a los actores del inmueble. Asimismo, reclamó que no se ha realizado registro de los acuerdos en el folio de matrícula de la propiedad de los accionantes. Por los motivos expuestos, indicó que no ha causado un daño a la parte activa de esta controversia.

La demandante, en sus alegaciones conclusivas27, insistió en los mismos cargos de su escrito de apelación.

El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado , Nicolás Yepes Corrales, emitió concepto de fondo28, en el sentido de requerir a esta Colegiatura que confirme el fallo de primera instancia. Lo anterior, bajo la consideración de que la parte actora no probó el daño antijurídico que le fue causado, en tanto que no hay

que confirme el fallo de primera instancia. Lo anterior, bajo la consideración de que la parte actora no probó el daño antijurídico que le fue causado, en tanto que no hay un medio de prueba que acredite la afectación al predio objeto de estudio, como consecuencia de los actos expedidos por la CDMB.

2.6. El 12 de octubre de 202 329, el magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar incurso en causal de impedimento por haber rendido concepto en el proceso en calidad de agente del Ministerio Público. Con el fin de resolver el impedimento, el doctor Yepes Corrales se retiró del recinto para que los demás integra ntes de la Sala decidieran de conformidad, luego de lo cual, aquellos encontraron fundada la manifestación de impedimento y aceptaron la solicitud del doctor Yepes de separarse del asunto.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

22 Ibid. Folio 193, cuaderno principal. 23 Ibid. 24 Auto admisorio del recurso de apelación. Folio 208, cuaderno principal. 25 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Folio 213, cuaderno principal. 26 Alegatos de conclusión de la demandada en segunda instancia. Folios 215 a 217, cuaderno principal. 27 Alegatos de conclusión de los demandantes en segunda instancia. Folios 218 a 221, cuaderno principal. 28 Concepto del Ministerio Público en segunda instancia. Folios 222 a 234, cuaderno principal. 29 Índice SAMAI 0031, certificación No. CF141E321839A739 09C3A70B7D6327D6 A1F704847244DF67

18BC85F99F4C05D46

29 Índice SAMAI 0031, certificación No. CF141E321839A739 09C3A70B7D6327D6 A1F704847244DF67

18BC85F99F4C05D46

Expediente: 68001-23-33-000-2015-00396-01 (59723).

Demandantes: Flor María Rojas de Moncada y otros.

3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (“CGP”) — aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 30-31— el “recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión ”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, si n perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley ”, como lo establece el artículo 328 del CGP.

Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de “pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido p ropuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”32.

3.2. Con fundamento en lo anterior, y en atención a los cargos formulados en el

la acción, aunque no hubieran sido p ropuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”32.

3.2. Con fundamento en lo anterior, y en atención a los cargos formulados en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la Sala resolverá el siguiente problema jurídico:

¿La parte demandante demostró, como daño antijurídico objeto de sus pretensiones indemnizatorias, que los Acuerdos números 1236 del 16 de enero de 2013 y 1238 del 27 de febrero de 2013, expedidos por la CDMB, afectaron el derecho de dominio que tiene sobre el predio de su propiedad, denominado “San Isidro”?

3.3. En el evento de que la respuesta al anterior problema jurídico sea afirmativa, la Subsección analizará este interrogante: ¿el daño antijurídico causado a la parte actora es imputable a la demandada?

3.4. Si se encuentran satisfechos los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado, corresponderá analizar los perjuicios deprecados en la demanda, con fundamento en las reglas que la jurisprudencia de la Corporación tenga establecidas en esa materia.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito

4.1.1. La Sala conoce del caso objeto de estudio, habida consideración de la competencia que le asiste para ello, por tratarse de un proceso con vocación de

30 “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los j uicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos , la

30 “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los j uicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos , la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos , se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se p romovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. […]”. (subrayado fuera del texto original). 31 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ). 32 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005.7

Expediente: 68001-23-33-000-2015-00396-01 (59723).

Demandantes: Flor María Rojas de Moncada y otros.

segunda instancia33 y que supera la cuantía de la demanda exigida en el artículo 157 de la Ley 1437 de 201134.

4.1.2. En relación con el oportuno ejercicio del medio de control , la Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado que cualquier persona podrá presentar demandas de reparación directa, respecto de daños cuyo origen radique en la expedición de un acto administrativo general, siempre que no sea objeto de reclamación la legalidad de aquella decisión administrativa 35. Asimismo, que en

demandas de reparación directa, respecto de daños cuyo origen radique en la expedición de un acto administrativo general, siempre que no sea objeto de reclamación la legalidad de aquella decisión administrativa 35. Asimismo, que en esos casos, el término de vigencia del medio de control comenzará a correr a partir del día siguiente a la publicación del acto objeto de las pretensiones indemnizatorias36. Para esta última regla, esta Colegiatura ha precisado que puede haber eventos en los que coincida la fecha de promulgación del acto y la de su entrada en vigor, pero que, si eso no sucede, el cómputo iniciará cuando ocurra el segundo supuesto37.

Según la parte demandante, el daño antijurídico que le fue causado proviene de la expedición de los Acuerdos números 1236 del 16 de enero de 2013 y 1238 del 27 de febrero de 2013, que declararon y delimitaron como Parque Natural Regional Páramo de Santurbán un área de hectáreas en el departamento de Santander. La entrada en vigor de los últimos dos actos en mención se sujetó a la fecha de su publicación en el Diario Oficial , por lo que el cómputo de la vigencia del medio de control inició el día siguiente a ese momento, que ocurrió el 8 de abril de 201338, y, por consiguiente, se extendió, inicialmente, hasta el 8 de abril de 2015, según lo preceptuado en el literal i) del numeral 2 del artículo 16439. Los actores presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 6 de febrero de 2015 40, es decir, cuando faltaban dos meses para vencerse el plazo inicial. La audiencia de conciliación

solicitud de conciliación extrajudicial el 6 de febrero de 2015 40, es decir, cuando faltaban dos meses para vencerse el plazo inicial. La audiencia de conciliación prejudicial se realizó el 6 de abril de 2015 41; por lo que, conforme a los preceptos de la Ley 640 de 2001 y del Decreto 1716 de 200942, el plazo se extendió hasta el 8 de junio de 2015. Como la presentación de la demanda aconteció el 15 de abril de 201543, el ejercicio del medio de control en este caso fue oportuno.

4.1.3. Los demandantes están legitimados en la causa por activa , al acreditar, con el folio de matrícula número 300-301759 allegado al plenario 44, que son propietarios del predio “San Isidro”, que se encuentra situado en el área que declaró

33 Artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012 “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)”. 34 Artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. “Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia d e los siguientes asuntos: (…) 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. La parte demandante solicita el reconocimiento de unos perjuicios tasados en $1.200.000.000. Demanda. Folio 2, cuaderno 1.

vigentes”. La parte demandante solicita el reconocimiento de unos perjuicios tasados en $1.200.000.000. Demanda. Folio 2, cuaderno 1. 35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de febrero de 2021, exp. 63087. 36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 27 de abril de 2016, exp. 35404; y Subsección C. Sentencia del 5 de julio de 2018, exp. 38942. 37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de febrero de 2021, exp. 63087. 38 CD que contiene la publicación en el Diario Oficial del Acuerdo número 1238 de 2013. Folio 25, cuaderno 1. Esta publicación ocurrió el 7 de abril de 2015. 39 En el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el legislador estableció que las demandas deben presentarse en un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño antijurídico del que se reclama su indemnización, o desde el momento en el que la demandante tuvo o debió tener conocimiento de aquel “si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”. 40 Constancia del requisito de procedibilidad. Folios 14 y 15, cuaderno 1. 41 Ibid. 42 Decreto 1716 de 2009. Artículo 3°. “Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción

41 Ibid. 42 Decreto 1716 de 2009. Artículo 3°. “Suspensión del tér