CE - 012333000201500492011SENTENCIA20231027124128

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017)

Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 28 de noviembre de 2016 , proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Gloria Amparo Martínez Blandón, por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 018582 del 12 de mayo y RDP 031800 del 31 de julio, ambas

conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 018582 del 12 de mayo y RDP 031800 del 31 de julio, ambas de 2015, por medio de las cuales la UGPP le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

1 Folios 2 al 7.2

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017) Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la accionante solicitó condenar a la UGPP a: i) reconocer y pagar la pensión gracia de jubilación a partir de la fecha de consolidación del estatus pensional; y ii) actualizar los valores reconocidos, de conformidad con los artículos 182 y ss. del CPACA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

1. Por Decreto 0106 del 16 de febrero de 1981, el Departamento de Caldas le reconoció a la señora Gloria Amparo Martínez Blandón los servicios prestados como docente seccional en el municipio de Marquetalia, entre el 29 de septiembre y el 23 de noviembre de 1980.

1. El 3 de julio de 1990, por Decreto 012, el alcalde del municipio de Victoria la nombró docente de tiempo completo en la Escuela Rural La Pradera. A partir de esta fecha ha laborado en forma ininterrumpida hasta la actualidad.

1. El 30 de enero de 2015, solicitó a la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia.

Dicha petición fue negada por medio de los actos acusados.

esta fecha ha laborado en forma ininterrumpida hasta la actualidad.

1. El 30 de enero de 2015, solicitó a la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia.

Dicha petición fue negada por medio de los actos acusados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 13 y 53 de la Constitución Política y las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora alegó que los actos demandados fueron expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse, por cuanto esta cumple con los requisitos de ley para acceder a la pensión gracia que reclama, pues se encuentra demostrada su vinculación al magisterio antes del 31 de diciembre de 1980, así como la calidad de docente territorial.3

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017)

Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón 1.2. Contestación de la demanda2

El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y argumentó que los actos acusados se expidieron con arreglo a la ley, pues la accionante no reúne los requisitos legales previstos para obtener la pensión gracia, toda vez que los tiempos de servicio fueron prestados con nombramiento del orden nacional.

Propuso como excepciones las que denominó inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; buena fe; prescripción; y genérica.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 28 de noviembre de

Propuso como excepciones las que denominó inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; buena fe; prescripción; y genérica.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte accionada. Sustentó su decisión en las siguientes consideraciones:3

1. En el proceso se demostró que la actora se encontraba vinculada a la docencia antes del 31 de diciembre de 1980 y que ha laborado como docente durante 24 años, 8 meses y 17 días , es decir, que superó con creces el tiempo de servicio requerido para acceder a la pensión gracia; además, que en ese período observó buena conducta.

1. Pese a que la entidad accionada asegura que los tiempos de servicio prestados por la demandante lo fueron en su condición de docente nacional, lo cierto es que los actos administrativos de nombramiento fueron expedidos por la gobernadora del Departamento de Caldas y el alcalde del Municipio de Victoria. En ese orden, su vinculación del orden territorial da lugar a que acceda al beneficio pensional que reclama, a partir del 23 de enero de 2011, cuando cumplió 50 años de edad, fecha para la cual llevaba más de 20 años de servicio, con efectos fiscales desde el 30 de enero de 2012, por prescripción trienal, teniendo en cuenta que presentó la petición el 30 de enero de 2015.

2 Folios 95 al 103. 3 Folios 155 al 164.4

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017)

el 30 de enero de 2015.

2 Folios 95 al 103. 3 Folios 155 al 164.4

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017) Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón 1.4. El recurso de apelación

La UGPP solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda. Expuso las siguientes razones de inconformidad:4

1. Los actos administrativos demandados no son violatorios de ninguna norma constitucional o legal y, por el contrario, se ajustan plenamente al régimen jurídico aplicable, pues, verificada la base de información del FOMAG, se evidencia que la demandante fue vinculada con carácter nacional desde el 9 de julio de 1990.

En consecuencia, como la señora Gloria Amparo Martínez Blandón ostentó la calidad de docente Nacional y sus salarios fueron financiados con recursos del Situado Fiscal, hoy Sistema General de Participaciones, incumplió con los requisitos exigidos por las normas vigentes para acceder a la pensión gracia.

1. Respecto a la condena en costas, debe tenerse en cuenta que la demandada no ha obrado en forma temeraria y su actuación ha sido de buena fe, siempre en derecho y procurando la protección de los recursos del Estado.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

En esta etapa procesal la parte demandante guardó silencio.5 Por su parte, la UGPP6 reiteró los argumentos expuestos en el transcurso del proceso.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.7

reiteró los argumentos expuestos en el transcurso del proceso.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.7

La Sala decide, previas las siguientes

4 Folios 167 al 176. 5 Según constancia secretarial obrante en el folio 235. 6 Folios 232 al 234. 7 Constancia secretarial obrante a folio 235.5

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017)

Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar lo siguiente: i) si la demandante tiene derecho a que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación; y ii) si la condena en costas impuesta en primera instancia consulta los postulados de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP.8

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 1928 9 y 37 de 193310 consagraron la posibilidad de que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,

Por su parte, las Leyes 116 de 1928 9 y 37 de 193310 consagraron la posibilidad de que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública, siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior.11

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4 ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión o recompensa de carácter nacional».12

8 Código General del Proceso. 9 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección. 10 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes. Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria. 11 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.

11 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699. 12 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:6

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017) Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales».13

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la pensión ordi naria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación».

artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la pensión ordi naria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación, en la referida Sentencia S -699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales».

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S -699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001 -23-33-000radicado: S -699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001 -23-33-0002013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000 -23-42-0002013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001 -23-33000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C -085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.7

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017) Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de

las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les recono cerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita, bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,14 la Sección Segunda del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1. 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento

contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1. 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento pensional.

14 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).8

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017) Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón 2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».15

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo siguiente:16

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».17

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los

docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».17

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único límite temporal que se i mpuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada. […]

1. La Sentencia C -506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, r adicado 15001los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, r adicado 1500123-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, r adicado 1500123-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 17 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001 -03-15-0002019-02219-01 (AC).9

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017) Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón vi) Mediante la Sentencia SU -014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley ». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989.

dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia del 21 de junio de 2018, 18 esta corporación fijó las siguientes reglas de unificación:19

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de

o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de las exógenas -situado fiscalcuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-2342-000-2013-04683-01 (3805-2014). 19 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.10

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017) Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una plaza nacio nalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29 de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones, pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada».20

2.3. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

• Conforme a la cédula de ciudadanía, la señora Gloria Amparo Martínez Blandón nació el 23 de enero de 1961 ,21 es decir, que cumplió 50 años el 23 de enero de

2011.

• El 16 de febrero de 1981, por Decreto 0106, 22 la gobernadora del Departamento de Caldas , con cargo al presupuesto del FER, reconoció los servicios docentes

2011.

• El 16 de febrero de 1981, por Decreto 0106, 22 la gobernadora del Departamento de Caldas , con cargo al presupuesto del FER, reconoció los servicios docentes

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-2342-000-2013-04683-01 (3805-2014). 21 CD contentivo del expediente administrativo obrante a folio 3 del cuaderno 2. 22 «Por medio del cual se hacen unos reconocimientos por servicios prestados en el ramo de educación primaria».11

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017) Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón prestados por la demandante «del 29 de septiembre al 23 de noviembre de 1980 en

licencia de Libia Ocampo Jiménez».23

• El 3 de julio de 1990, mediante Decreto 012, el alcalde del municipio de Victoria

(Caldas) nombró a la demandante en el cargo de docente, en el nivel de básica primaria, en la Escuela Rural La Pradera.24 Se posesionó el 9 de julio de 1990.25

• El 12 de abril de 2000, por Decreto 00600, el gobernador del departamento de Caldas, «en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por los artículos 2 y 5 del Decreto 180 de 1982, el artículo 3 de la Ley 60 de 1993, el artículo

106 de la Ley 115 de 1994», decretó:

[…] Artículo 1. Legalizar comisión a partir del 1 de febrero de 1994, hasta la fecha de

106 de la Ley 115 de 1994», decretó:

[…] Artículo 1. Legalizar comisión a partir del 1 de febrero de 1994, hasta la fecha de expedición del presente Decreto, a Gloria Amparo Martínez Blandón […] docente de tiempo completo en la concentración Escolar Cervantes el municipio de Marquetalia, para des empeñar las mismas funciones en la Normal Nuestra Señora de la Candelaria del municipio de Marquetalia.

Artículo 2. Trasladar por necesidad del servicio a Gloria Amparo Martínez Blandón […] del cargo de docente con grado 11 en el Escalafón Nacional de tiempo completo en la Concentración Escolar Cervantes, ubicado (a) en la zona urbana del municipio de Marque talia, al mis mo cargo en la Normal Superior Nuestra Señora de la Candelaria, de la zona urbana que funciona en el municipio de Marquetalia.

Parágrafo. Como consecuencia de este traslado, reubicase la plaza en dicho plantel educativo.

• El 14 de abril de 2000, según Acta 395, la señora Martínez Blandón tomó posesión del cargo de docente de tiempo completo en la Normal Nuestra Señora de la Candelaria, para el que fue trasladada a través del Decreto 00600, anteriormente referido.26

• El 27 de diciembre de 2004, por Decreto 01120, el gobernador de Caldas, en uso de sus atribuciones legales, «en especial las conferidas por los artículos 34 y 38 de

23 Folios 17 al 19 del cuaderno 1. 24 Folios 3 y 4 del cuaderno 3. 25 Acta de posesión 006 (folio 5 ibidem). 26 Folio 8 del cuaderno 3.12

23 Folios 17 al 19 del cuaderno 1. 24 Folios 3 y 4 del cuaderno 3. 25 Acta de posesión 006 (folio 5 ibidem). 26 Folio 8 del cuaderno 3.12

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017) Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón la Ley 715 de 2001 », incorporó a la planta de cargos, entre otros docentes, a la señora Martínez Blandón. 27 Tomó posesión el 28 de enero de 2005, según Acta 001967 de la fecha.28

• Según Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios del FOMAG, la actora devengó, desde el 12 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011, asignación básica, prima de vacaciones docentes y prima de navidad.29

• La Procuraduría General de la Nación certificó que la señora Gloria Amparo Martínez Blandón, al 31 de agosto de 2015, no registra sanciones ni inhabilidades.30

➢ Actuación administrativa

• El 30 de enero de 2015,31 la señora Gloria Amparo Martínez Blandón solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

• El 12 de mayo de 2015, por Resolución RDP 018582 , la subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la entidad negó la prestación , con fundamento en que su vinculación a la docencia fue de carácter nacional. Agregó que los tiempos laborados para el municipio de Marquetalia, entre el 29 de

Determinación de Derechos Pensionales de la entidad negó la prestación , con fundamento en que su vinculación a la docencia fue de carácter nacional. Agregó que los tiempos laborados para el mu