CE - 012333000201500777011SENTENCIASENTENCIA20231026214113

Radicado: 76001-23-33-000-2015-00777-01 (27041)

Demandante: Riopaila Castilla S.A.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 76001-23-33-000-2015-00777-01 (27041) Demandante RIOPAILA CASTILLA S.A. Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Tema Impuesto sobre la renta año gravable 201 0. Deducción por depreciacióncontratos de leas e back. Renta líquida por recuperación de deducciones. Deducción de costos y gastos – artículo 107 Estatuto Tributario. Error aritmético. Reintegro de saldo a favor. Sanción por inexactitud. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la sentencia del 28 de abril de 2022 , proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad, que dispuso1: “PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, la cual comprenderá únicamente los renglones descritos en el parágrafo 92 de esta providencia, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva.

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, la cual comprenderá únicamente los renglones descritos en el parágrafo 92 de esta providencia, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DISPONER que los renglones anulados queden en la forma prevista en el párrafo 93 de esta providencia.

TERCERO. ORDENAR al contribuyente que reintegre a la Dian la suma de $89’204.000, debidamente ajustada en la forma prevista por el inciso final del artículo 186 de la ley 1437 de 2011.

CUARTO: NEGAR las demás prete nsiones de la demanda, según lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: NO CONDENAR en costas, por lo expuesto en la parte considerativa.

SEXTO: En firme la presente decisión, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.” ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 13 de abril de 2011 Riopaila Castilla S.A. presentó la declaración de renta del año gravable 2010, en la cual registró un saldo a favor, el cual fue solicitado en devolución y/o compensación el 28 de junio de 2011 . El 6 de enero de 2 012 la declaración fue corregida, reduciéndose el saldo a favor , el cual fue compensado contra el saldo a pagar del período dos del impuesto sobre las ventas del año 2011, mediante Resolución Nro. 022 del 17 de enero de 2012.

Previa emisión del requerimiento especial y su respuesta2, el 14 de febrero de 2014, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 21241201400004 que

mediante Resolución Nro. 022 del 17 de enero de 2012. Previa emisión del requerimiento especial y su respuesta2, el 14 de febrero de 2014, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 21241201400004 que modificó la declaración de renta del año 2010, en los siguientes aspectos: rechazó costos de ventas, desconoció gastos operacionales de administración, incrementó el impuesto sobre la renta , impuso sanción por inexactitud a la tarifa del 160% y liquidó en consecuencia un saldo a pagar a cargo de la actora

1 Samai. Índice 2. PDF ” ED_SENTENCIA_13SENTENCIADELTRI (.pdf) NroActua 2” 2 El requerimiento especial fue expedido el 27 de mayo de 2013 y la respuesta fue presentada el 23 de agosto de 2013.Radicado: 76001-23-33-000-2015-00777-01 (27041)

Demandante: Riopaila Castilla S.A.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El 14 de abril de 2014, la sociedad interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto en la Resolución Nro. 900.193 del 9 de marzo de 2015, que modificó la liquidación oficial de revisión al aceptar parcialmente gastos operacionales de administración, manteniendo el rechazo de los costos de venta, y liquidando ajustado el saldo a pagar por impuesto y la sanción por inexactitud al 160%. ANTECEDENTES PROCESALES Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto

ajustado el saldo a pagar por impuesto y la sanción por inexactitud al 160%. ANTECEDENTES PROCESALES Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo C ontencioso Administrativo, el demandante formuló las siguientes pretensiones3:

“VII. PETICIÓN

1. Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 212412014000004 del 14 de febrero de 2014, proferida por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá.

2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 900.193 del 9 de marzo de 2015, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión jurídica de la DIAN.

3. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores a título de restablecimiento del derecho, se declare que RIOPAILA CASTILLA S.A. – NIT 900.087 -414-4, no está obligada a pagar el mayor impuesto sobre la renta, ni la sanción por inexactitud liquidados oficialmente, y se declare la firmeza de la decl aración de corrección presentada por la sociedad el 6 de enero de 2012 mediante formulario Nº 1101603087097 por el impuesto sobre la renta del año gravable 2010. ” A los anteriores efectos, invocó como violados los artículos 13, 29 y 363 de la Constitución Política; 107, 127-1, 128, 131, 134, 135, 139 y 647 del Estatuto Tributario; 57 (numeral 6) y 128 del Código Sustantivo del Trabajo;17 de la Ley 344

Constitución Política; 107, 127-1, 128, 131, 134, 135, 139 y 647 del Estatuto Tributario; 57 (numeral 6) y 128 del Código Sustantivo del Trabajo;17 de la Ley 344 de 1996; 2 y 6 del Decreto 3019 de 1989. El concepto de la violación de estas disposiciones se resume así:

1. Procedencia del costo de ventas declarado. 1.1. Costo de ventas declarado por depreciación de bienes objeto de leasing.

Relató que el costo de ventas rechazado está relacionado con el contrato de leasing suscrito el 30 de abril de 2010 entre la actora, en calidad de proveedor y arrendatario locatario, y Leasing Bancolombia , como arrendador , respecto de maquinaria industrial compuesta por calderas, turbogenerador y molinos, que fue avaluada por la firma Anthony Halliday Beron Ltda. Transcribió los artículos 2 y 3 del Decreto 913 de 1993 para explicar que, en virtud del contrato de leasing, vendió la maquinaria industrial a Bancolombia, quien luego se la arrendó, pactándose un canon mensual. Se refirió al artículo 128 del Estatuto Tributario para indicar que la sociedad depreció la maquinaria utilizada en su actividad productora de renta, calculando la alícuota necesaria para amortizar el costo de los bienes durante su vida útil. A partir del artículo 127-1 del Estatuto Tributario, concluyó que la norma no restringe la posibilidad de depreciar los activos fijos que han sido objeto de contratos de leasing bajo la modalidad de lease back, pues la norma fija la forma cómo se deprecian los activos, independiente de que se hubieran depreciado previamente ,

la posibilidad de depreciar los activos fijos que han sido objeto de contratos de leasing bajo la modalidad de lease back, pues la norma fija la forma cómo se deprecian los activos, independiente de que se hubieran depreciado previamente , utilizando las mismas reglas y normas que se aplicarían si el bien fuera de propiedad del arrendatario.

3 Samai. Índice 2. PDF “ED_DEMANDA_03DEMANDA(.pdf) Nro Actua 2” y “ED_REFORMADD_06REFORMADELADEM(.pdf) NroActua 2”.Radicado: 76001-23-33-000-2015-00777-01 (27041)

Demandante: Riopaila Castilla S.A.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisó que, con base en el artículo 139 del Estatuto Tributario, el adquirente de un bien usado puede calcular razonablemente el resto de la vida útil del activo p ara amortizar su costo de adquisición, y que esa vida útil puede ser igual o superior a la señalada en el reglamento, es decir ese cálculo se puede realizar sin consideración de su anterior propietario y del hecho de que haya sido depreciado en su totalida d previamente. Indicó que, la única restricción que impone dicha norma es que la vida útil calculada para el activo por el contribuyente, más la transcurrida anteriormente, no sea ser inferior a la de un bien nuevo. Advirtió que, según lo establecido en el artículo 131 del Estatuto Tributario, la base para el cálculo de la depreciación es el precio de adquisición , monto que fue

no sea ser inferior a la de un bien nuevo. Advirtió que, según lo establecido en el artículo 131 del Estatuto Tributario, la base para el cálculo de la depreciación es el precio de adquisición , monto que fue cancelado por la actora a través del pago de los cánones. Agregó que, sobre dicha base calculó la depreciación, dado que los biene s no son inutilizables o desechables, y la ley reconoce el desgaste del activo, independiente de que se adquiera mediante leasing4. Dijo que la afirmación de la DIAN , según la cual los bienes depreciados anteriormente que hayan sido adquiridos bajo contratos de leasing no pueden depreciarse por parte del nuevo adquirente queda desvirtuada , pues es de la naturaleza del lease back que el bien haya sido usado por el anterior propietario, por lo que la norma fiscal permite la depreciación de bienes usados durante su vida útil y durante el tiempo que presten servicio, y la depreciación de bienes adquiridos mediante lease back no está prohibida. En lo que respecta a la vida útil de los bienes objeto de depreciación, anotó que tuvo en cuenta el término de diez añ os, a partir del artículo 2 del Decreto 3019 de 1989, y el método de reducción de saldos aceptado por el artículo 134 del Estatuto Tributario, disposición que tampoco distingue un sistema especial de depreciación para bienes que hayan sido adquiridos media nte leasing , y que puede usar libremente el contribuyente sin autorización de la DIAN.5 Explicó la fórmula usada en el método de reducción de saldos, para resaltar que la cuota de depreciación resulta mayor en los primeros años, sin que ello viole la ley

libremente el contribuyente sin autorización de la DIAN.5 Explicó la fórmula usada en el método de reducción de saldos, para resaltar que la cuota de depreciación resulta mayor en los primeros años, sin que ello viole la ley ni el principio de asociación. Citó los Conceptos DIAN 35325 de 2002 y 001488 de 1995 y sostuvo que, para la época de los hechos, no existía límite al valor de salvamento, tal como fue establecido posteriormente en el artículo 159 de la Ley 1607 de 2012. Ilustró el cálculo de la fórmula para cada activo objeto del contrato de lease back y el cómputo del valor a depreciar. Agregó que, tal como se acredita con certificado de revisor fiscal, la depreciación total de los bien es fue llevada al costo de ventas , circunstancia confirmada por el dictamen de contador público emitido el 6 de noviembre de 2015 por KPMG Advisory Services S.A.S. Indicó que, el anterior dictamen también da cuenta de que la sociedad no depreció fiscalmente en su totalidad los seis activos en el primer año de adquisición, ni utilizó la depreciación acelerada, ni por obsolescencia, y verifica la forma de depreciación utilizada por la actora. Con base en la página 6 del mismo documento, s e opuso a los argumentos de la DIAN, por cuanto no aplicó la depreciación acelerada, sino el método de reducción de saldos en turnos normales, que genera un gasto mayor en los primeros años. Señaló que tampoco hizo uso de la depreciación por obsolescencia pues no depreció los activos totalmente en el primer año de adquisición, el valor de los bienes del leasing era superior a 50 UVT, y la maquinaria no era obsoleta , lo que

Señaló que tampoco hizo uso de la depreciación por obsolescencia pues no depreció los activos totalmente en el primer año de adquisición, el valor de los bienes del leasing era superior a 50 UVT, y la maquinaria no era obsoleta , lo que explica la celebración del contrato, conclusión refrendada por el perito. Anotó que

4 Citó la sentencia del 18 de julio de 2013, exp. 19184 del Consejo de Estado. 5 Al efecto, trajo a colación la sentencia del 1 de octubre de 2009, exp. 16379 del Consejo de Estado.Radicado: 76001-23-33-000-2015-00777-01 (27041)

Demandante: Riopaila Castilla S.A.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sobre la presunta aplicación del artículo 129 del Estatuto Tributario y los argumentos esgrimidos en contra, la DIAN guardó silencio en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración. Adujo que la DIAN tampoco motivó la aplicación del método de depreciación de línea recta para calcular el gasto, lo cual deriva en la nulidad de la liquidación oficial de revisión6 y, en todo caso, al aplicar dicho método la Administración Tributaria confirmó que los activos del contrato de leasing sí podían depreciarse , desde la fecha de suscripción del acuerdo, y que el término de vida para el cálculo era de diez años. Reiteró que el método de depreciación podía ser elegido libremente por la sociedad, sobre lo cual solicitó tener en cuenta la sentencia del 1 de octubre de 2009, exp. 16379 del Consejo de Estado y la opinión del perito.

diez años. Reiteró que el método de depreciación podía ser elegido libremente por la sociedad, sobre lo cual solicitó tener en cuenta la sentencia del 1 de octubre de 2009, exp. 16379 del Consejo de Estado y la opinión del perito. Cuestionó que la demandada solo aceptara que tres de los seis activos pudieran depreciarse, siendo que todos se adquirieron en una misma fecha, bajo un mismo contrato y antes de la transacción habían sido depreciados entre el 93% y el 100%, sin que ello sea un impedimento para considerar la depreciación a partir de la nueva adquisición. Controvirtió la presunta aplicación de la sentencia del 6 de abril de 2006, exp. 14013 del Consejo de Estado , pues estimó que se trataba de una situación de h echo distinta a la del presente caso. Invocó como aplicable la sentencia del 18 de julio de 2013, exp. 19184 del Consejo de Estado. 1.2 Costo de ventas declaradootros conceptos. Sobre la suma rechazada por derechos inciertos, sostuvo que si existía sopo rte pues aportó el acta de conciliación y pago no. 2138 GTE-SS-ELR de 17 de febrero de 2010 suscrita entre la sociedad, como empleadora, y una ex trabajadora , en donde se deja constancia del pago de indemnización por “derechos inciertos”, a causa de la terminación del contrato de trabajo, y de la entrega del cheque a la trabajadora. Resaltó que, igualmente, en el expediente administrativo obra la liquidación de prestaciones sociales de la ex empleada, en donde consta que lo recibido fue la suma de $71.921.1 60, de los cuales $66.899.448 corresponden a derechos inciertos y/o conciliación, de suerte que el rubro está demostrado.

prestaciones sociales de la ex empleada, en donde consta que lo recibido fue la suma de $71.921.1 60, de los cuales $66.899.448 corresponden a derechos inciertos y/o conciliación, de suerte que el rubro está demostrado. Frente a los pagos por permiso calamidad doméstica, se refirió al artículo 57 numeral 6 del Código Sustantivo del Trabajo y al concep to de grave calamidad doméstica definido en el concepto 203539 del 12 de diciembre de 2011 del Ministerio de Protección Social, para acotar que es una obligación especial a cargo del patrono pues su fuente productora de renta son sus empleados, lo que acredita la causalidad de la expensa, sin perjuicio de su proporcionalidad, dado que corresponde al 0,00000032% de los ingresos brutos. En cuanto a los pagos por costos deportivos y recreación , adujo que las expensas destinadas por el empleador para incentivar a los trabajadores son deducibles, por cuanto contribuyen al aumento de la capacidad la boral y la producción de la empresa, como reseña la sentencia del 22 de marzo de 2013, exp. 19002 del Consejo de Estado.

2. Procedencia de gastos operacionales.

Presentó c uadro con los gastos desconocidos , las razones del rechazo y se pronunció frente a cada uno como sigue:

6 Se refirió a la sentencia del 12 de agosto de 2014, exp. 19570 del Consejo de Estado.Radicado: 76001-23-33-000-2015-00777-01 (27041)

Demandante: Riopaila Castilla S.A.

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Riopaila Castilla S.A.

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co • Bonificaciones por compensación variable : Sobre la compensación variable, explicó que el artículo 107 del Estatuto Tributario no condiciona la deducibilidad de las bonificaciones por mera liberalidad a que el destinatario sea un empleado del área productiva, excluyendo los del área administrativa, pues los empleados de esta área están relacionados con el buen funcionamiento de la sociedad. Anotó que la b onificación por compensación variable se pagó en virtud de una política general plasmada en el Plan Compensación Variable a Corto Plazo Basado en Valor Económico Agregado, aprobado por la junta directiva, según consta en actas y certificación del secretario general de la empresa, lo cual cumple con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.7 Agregó que , si bien la DIAN en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración aceptó la deducibilidad de las bonificaciones por mera liberalidad, para mantener el rechazo adujo un nuevo hecho no contemplado en la liquidación oficial, cual es que el pago realizado por este concepto es habitual, de suerte que no se demostró el pago de aportes parafiscales . Esto violó el debido proceso de la contribu yente. Aclaró que, en todo caso, dichos pagos no constituyen salario, tal como dispone el Plan de Compensación, y no son base para el pago de aportes parafiscales al existir pacto no salarial comprobado, con base en los artículos 128 del Código Sustantivo del Trabajo

pagos no constituyen salario, tal como dispone el Plan de Compensación, y no son base para el pago de aportes parafiscales al existir pacto no salarial comprobado, con base en los artículos 128 del Código Sustantivo del Trabajo y 17 de la Ley 344 de 1996. Adicionó que practicó las retenciones en la fuente sobre dichos pagos, como acreditan los certificados de ingresos y retenciones, la liquidación de nómina y el certificado del revisor fiscal. • Otras bonificaciones laborales: Expuso que estas fueron pagadas con ocasión de la convención colectiva suscrita entre la actora y sus sindicatos, específicamente el artículo 83, reiterando los argumentos frente a la deducibilidad y la ausencia de obligatoriedad en el pago de parafiscales. • Incapacidad no reconocida por la EPS: Advirtió que la DIAN, en la liquidación oficial, se limitó a transcribir conceptos sin pronunciarse sobre los argumentos plasmados en la respuesta al requerimiento especial, lo cual viola el debido proceso. Argumentó que, con base en el artículo 1 del Decreto 2400 de 1968, los tres primeros días de incapacidad están a cargo del empleador como permiso remunerado, mientras que de ahí en adelante es cubierta por la EPS, por lo cual el pago de esta incapacidad es obligatorio para el funcionamiento de la empresa y, por ende, deducible. • Medicamentos: Sostuvo que la DIAN rechazó dos veces este rubro y que, a pesar de que en la resolución que resolvió la reconsideración se aceptó la deducción, no se enmendó el yerro en el cálculo. Solicitó tener en cuenta la sentencia del 27 de marzo de 2014, exp. 76001 -23-31-000-2004-03765 del

deducción, no se enmendó el yerro en el cálculo. Solicitó tener en cuenta la sentencia del 27 de marzo de 2014, exp. 76001 -23-31-000-2004-03765 del Consejo de Estado. • Derechos inciertos: Señaló que la DIAN aceptó la deducibilidad de este gasto, pero que no se incluyó en cifras, y que , para efectos de probar su deducibilidad aportó el Acta de Conciliación 01004 GTE -SS de 29 de marzo de 2010 suscrita entre la actora y un ex trabajador, en donde consta la indemnización por derechos inciertos , que excede la suma rechazada por la DIAN. • Auxilio cultural: Relató que este pago es obligatorio en virtud del artículo 70 de la Convención Colectiva de la empresa, resaltando que los cursos de alfabetización aumentan la capacidad de trabajo de los empleados, y que las convenciones colectivas son de obligat orio cumplimiento, conforme con los artículos 467 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo. • Elementos deportivos y gastos deportivos y de recreación: Dijo que los

7 Al respecto citó la sentencia del 22 de marzo de 2013, exp. 19002 del Consejo de Estado.Radicado: 76001-23-33-000-2015-00777-01 (27041)

Demandante: Riopaila Castilla S.A.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co gastos por elementos deportivos sí fueron rechazados, a pesar de que la DIAN había señalado otra cosa, y que estas expensas contribuyen al aumento de la

www.consejodeestado.gov.co gastos por elementos deportivos sí fueron rechazados, a pesar de que la DIAN había señalado otra cosa, y que estas expensas contribuyen al aumento de la capacidad laboral y la producción, de suerte que son deducibles. Frente a la deducción de gastos deportivos, acotó que la DIAN no se pronunció en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, por lo que se entienden aceptados. • Pagos no gravables: Comentó que este rubro corresponde a bonos de dotación a los empleados , que es un pago deducible que no requiere de acreditación de pago de parafiscales. • Pago a ex empleado por terminación del contrato de trabajo: Indicó que este es un pago acostumbrado y proporcional, conforme con el concepto DIAN 11104 de 2004, y adjuntó la liquidación de prestaciones sociales de un ex empleado (EE) como prueba del mismo.

3. Sanción por inexactitud Argumentó que no se configuró hecho sancionable alguno pues los costos y gastos cuestionados existieron, y no se incluyeron datos y/o factores equivocados en la declaración. Agregó que en la liquidación oficial se tipificó como hecho sancionable la improcedencia del costo o gasto y en la resolución que resolvió el recurso se varió la tipificación a su inexistencia. Advirtió que se configuró una diferencia de criterios como causal exculpatoria de la sanción8.

Oposición de la demanda La DIAN controvirtió las pretensiones de la actora9 argumentando lo siguiente: Preliminarmente, manifestó que la violación al debido proceso no está prevista como causal de nulidad de los actos administrativos en materia tributaria, a partir del

La DIAN controvirtió las pretensiones de la actora9 argumentando lo siguiente: Preliminarmente, manifestó que la violación al debido proceso no está prevista como causal de nulidad de los actos administrativos en materia tributaria, a partir del Concepto DIAN 008474 de 2011, y se refirió a la falta de motivación y a la motivación sumaria, con base en los artículos 42 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 712 del Estatuto Tributario 10, para advertir que los actos impugnados fueron motivados seria, ad ecuada y suficientemente, resumiendo el fundamento de los mismos. Precisó el concepto de falsa motivación con base en doctrina y jurisprudencia y realizó un recuento de las diligencias adelantadas en el curso de la investigación y las pruebas recaudadas, entre otras, el contrato de leasing, la información de los activos, y el avalúo, para descartar la falta de motivación , por cuanto los actos se fundamentaron en hechos reales y probados, con base en las normas vigentes. Frente a la procedencia del costo de ventas por la depreciación de los bienes objeto de leasing, citó los artículos 127, 127-1, 128, 131, 131-1, 134, 135, 137, 139 y 140 del Estatuto Tributario, 2 y 6 del Decreto 3019 de 1989 y comentó que los bienes del contrato hacen parte de la estructura física del área de producción, están fijados a la factoría donde se desarrolla la actividad productora del contribuyente, han sido repotenciados y se les han aplicado reajustes fiscales y gastos por depreciación, los cuales han sido deducidos fiscalmente.

fijados a la factoría donde se desarrolla la actividad productora del contribuyente, han sido repotenciados y se les han aplicado reajustes fiscales y gastos por depreciación, los cuales han sido deducidos fiscalmente. Definió el concepto de lease back y precisó que lo que impide la depreciación de los bienes entregados bajo este es el hecho de que estos han sido de propiedad de la actora desde su adquisición en 1989, cuando inicialmente formaron parte de su

8 Invocó las sentencias del 25 de noviembre de 2014, exp. 2006-00333, del 29 de agosto de 2014, exp. 17706, y del 21 de agosto de 2014, exp. 18751 del Consejo de Estado. 9 Samai. Índice 2. PDF “ED_CUADERNO4_09CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2” 10 Citó las sentencias C-371 de 1999, T -460 de 1992 de la Corte Constitucional, de 7 de julio de 1995, C.P. Delio Gómez Leyva y de 25 de octubre de 2006, exp. 14651, C.P. Ligia López Díaz, del 10 de abril de 2008, exp. 15204, y del 9 de julio de 2009, exp. 15846 del Consejo de Estado.Radicado: 76001-23-33-000-2015-00777-01 (27041)

Demandante: Riopaila Castilla S.A.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co activo, y fueron depreciados desde entonces y en forma total. Señaló que no existe una norma tributaria ni contable que permita que bienes que han sido totalmente

www.consejodeestado.gov.co activo, y fueron depreciados desde entonces y en forma total. Señaló que no existe una norma tributaria ni contable que permita que bienes que han sido totalmente depreciados, al ser nuevamente readquiridos bajo el lease back, se les vuelva a aplicar la depreciación como si fueran bienes nuevos. Trajo a colación el principio de asociación contable y destacó que el contribuyente no actuó con apego a las reglas de estimación de la vida útil del bien, al pretender deducir el 100% del valor del bien dentro del mismo año de su adquisición, pues por un lado reconoce que obtendrá beneficios futuros de los bienes por lo menos durante cinco años del contrato, pero, por otro, causa un gasto por depreciación desproporcionado en el año de adquisición de los bienes. Adujo que el contribuyente pareciera aplicar la depreciación de activos inferiores a 50 UVT o la obsolescencia de bienes depreciables, normas no aplicables al caso. Afirmó que la sociedad interpretó el lease back como una adquisición de un activo nuevo, usando el méto do de depreciación acelerada, calculando como valor por obsolescencia $19.613.913.028, siendo que los bienes ya estaban totalmente depreciados. Anotó que los bienes realmente nunca dejaron de ser propiedad del contribuyente, pues forman parte de su estruct ura productiva en la fabricación de azúcar, y que el contrato de lease back es una figura financiera de capitalización que transfiere solo formalmente los bienes a cambio de capital de trabajo. Acotó que, si bien el artículo 140 del Estatuto Tributario fundamenta correctamente la depreciación acelerada de los activos, el contribuyente no podía depreciar un bien que ya había depreciado totalmente , dado que fue propietario de estos por un

Acotó que, si bien el artículo 140 del Estatuto Tributario fundamenta correctamente la depreciación acelerada de los activos, el contribuyente no podía depreciar un bien que ya había depreciado totalmente , dado que fue propietario de estos por un período entre 21 a 33 años, y, en todo caso, tampoco demostró las condiciones para tener derecho a la depreciación. Cuestionó la interpretación del contribuyente porque la misma puede generar un círculo vicioso, configurando nuevas depreciaciones a partir de contratos de lease back. Destacó que de los seis activos objeto del contrato, tres están totalmente depreciados y el resto tienen un promedio de depreciación del 94%, al haber sido adquiridos en 1989, contemplando una vida útil mayor de 20 años, siendo que la maquinaria y equipo tiene vida útil de 10 años, conforme con el artículo 2 del Decreto 3019 de 1989. Explicó que la depreciación en línea recta es el método a utilizar debido a l tipo de bien mueble, tal como señaló el Consejo de Estado en sentencia 14013 de abril 6 de 2006. Explicó que, está desvirtúa la procedencia d e la depreciación, dada: i) la desproporción del costo, ii) la omisión de la vida útil de los bienes, debido al registro del 100% de la depreciación en un solo año, iii) el tratamiento de los bienes como una nueva adquisición, iv) la fecha de adquisición de los bienes, que denota que ya habían sido depreciados al haberse poseído por 21 años, v) el uso de la depreciación para activos inferiores a 50 UVT y la obsolescencia del artículo 129 del Estatuto Tributario, vi) la violación del principio de asociación, vii) la falta de

depreciación para activos inferiores a 50 UVT y la obsolescencia del artículo 129 del Estatuto Tributario, vi) la violación del principio de asociación, vii) la falta de acreditación de los requisitos del artículo 140 del Estatuto Tributario, y, viii) la utilización del método de reducción de saldos, que no admite la depreciación acelerada. Para esto citó el Concepto DIAN 035325 de 2002. Sobre la procedencia del costo de ventas por otros conceptos, indicó que la sociedad no demostró que el registro de derechos inciertos fuera por concepto de indemnizaciones laborales, ni que tuvieran relación de causalidad con la actividad productora de renta. Frente al p ago por calamidad doméstica , resaltó que esta erogación no es necesaria bajo criterio comercial, pues el contribuyente fabrica azúcar, y el empleado no laboró ni prestó sus servicios durante ese tiempo, lo que desvirtúa un nexo causal. En cuanto a los pagos por costos