CE - 012333000201600049011SENTENCIA20230524102144

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 52001233300020160004901 (2859 -2018 )

Demandante: Luis Humberto Villota Ortega Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la

Protección Social 1.

Temas: Pensión gracia . Tipo de vinculación. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 21 de marzo de 201 8, que negó las súplicas de la demanda .

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

1.1. Pretensiones

El señor Luis Humberto Villota Ortega , por intermedio de apoderado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, requirió declarar la nulidad de la s Resoluci ones RDP 010847 del 19 de

en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, requirió declarar la nulidad de la s Resoluci ones RDP 010847 del 19 de

1 En adelante UGPP 2 Folios 1 a 13. 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en adelante CPACANulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 52001233300020160004901 (2859 -2018)

Demandante: Luis Humberto Villota Ortega

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 marzo de 2015 y RDP 027323 del 6 de julio de 2015 , por medio de las cuales , la UGPP negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia liquidada con el 75% del promedio mensual de los salarios devengados entre el 23 de enero de 2010 y el 23 de enero de 2011, fecha de constitución del estatus pensional ; (ii) reconocer y pagar los reajustes a que haya lugar; (iii) indexar las sumas reconocidas y (iv) cumplir la sentencia.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

a) El señor Luis Humberto Villota Ortega expuso que nació el 23 de mayo de 1950 y estuvo vinculado como docente de manera

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

a) El señor Luis Humberto Villota Ortega expuso que nació el 23 de mayo de 1950 y estuvo vinculado como docente de manera interrumpida desde el 24 de septiembre de 1977 hasta el 23 de enero de 2011 .

b) El 26 de noviembre de 2014 solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, el reconocimiento y pago de la pensión gracia, sin embargo, a través de los actos administrativos demandados le fue negado e l derecho por considerar que se trataba de un docente de carácter nacional.

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

El actor a rgumentó que los actos adm inistrativos demandados negaron el derecho a la pensión gracia del accionante por considerar que su labor como docente fue de carácter nacional . Sin embargo, ello no resulta cierto pues tomó posesión como docente del nivel municipal en el año 1969 , nombrado mediante decreto departamental , y la prestación del servicio se dio en unNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 52001233300020160004901 (2859 -2018)

Demandante: Luis Humberto Villota Ortega

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 establecimiento educativo del mismo orden, por lo que no hay razón para indicar que se trata de una vinculación nacional.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

Bogotá D.C. – Colombia 3 establecimiento educativo del mismo orden, por lo que no hay razón para indicar que se trata de una vinculación nacional.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La UGPP se op uso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentos de derecho .

Aclaró que , de acuerdo con las documentales allegadas en sede administrativa, no fueron aportadas las piezas exigidas y en ese orden , no existe certeza sobre los tiempos de servicio, ni prueba idónea del tipo y fecha de vinculación , del origen de los recursos con los que se financió el pago de los salarios, ni los actos de nombramiento y de posesión respectivos .

Adicionalmente, indicó que no se encuentra agotada la prueba principal, pues no aportó certificados de las entidades nominadoras y pagadoras , o de la alcaldía municipal , donde conste que no existen archivos de los actos de nombramiento, por lo que se puede concluir que el accionante ha desatendido los requisitos establecidos en la Ley 50 de 1886.

En ese orden, la certificación laboral aportada resulta incompleta, pues no acredita en debida forma la vinculación y los tiempos por lo que no es posible acceder a las pretensiones enarboladas.

En relación con la vinculación correspondiente al 1 de enero de 1980, indicó que no es computable para acreditar los 20 años de servic io por ser nacional y en ese orden , no dem ostró tener vinculación como docente territorial o nacionalizad o antes del 31 de diciembre de 1980.

4 Folios 83 a 90.Nulidad y restablecimiento del derecho

servic io por ser nacional y en ese orden , no dem ostró tener vinculación como docente territorial o nacionalizad o antes del 31 de diciembre de 1980.

4 Folios 83 a 90.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 52001233300020160004901 (2859 -2018)

Demandante: Luis Humberto Villota Ortega

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 Sobre el tiempo prestado en el departamento del Putumayo a partir del 23 de abril de 1993, este no puede ser tenido en cuenta por ser de carácter nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que establece que el carácter del r égimen de los docentes vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 es del orden nacional y porque, además, previ o a dicha fecha se presentó retiro y posterior vinculación del accionante , de modo que perdió la inicial.

Indicó también , que el accion ante no acreditó la buena conducta en el desempeño del cargo y en ese orden no cumplió con los requisitos establecidos en los literales b), c) y d).

Propuso las siguientes excepciones (i) inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales; (ii) cobro de lo no debido; (iii) prescripción y (iv) la genérica.

3. AUDIENCIA INICIAL 5

El Tribunal Administrativo de Nariño, e n acatamiento al artículo 180

de principios constitucionales y legales; (ii) cobro de lo no debido; (iii) prescripción y (iv) la genérica.

3. AUDIENCIA INICIAL 5

El Tribunal Administrativo de Nariño, e n acatamiento al artículo 180 del CPACA, llevó a cabo la audiencia inicial el 16 de noviembre de 2016 , oportunidad en la que fij ó el problema jurídico en los siguientes términos:

«¿Debe declararse la nulidad de las Resoluciones RDP 010847 de marzo En acatamiento al artículo 180 del CPACA, de 2015 y RDP 027 323 de 6 de julio de 2015, que niegan el reconocimiento de la pensión gracia al accionante?

Con base en la anterior declaració n de nulidad, ¿Cumple el demandante con la totalidad de los requisitos que la ley exige para el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación? »

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo de Nariño en sentencia del 21 de marzo

5 Folios 118 a 122. CD allegado a folio 123. 6 Folios 200 s 207 Vto.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 52001233300020160004901 (2859 -2018)

Demandante: Luis Humberto Villota Ortega

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 de 201 8 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante.

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 de 201 8 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante.

Como fundamento de la decisión, indicó que el demandante se vinculó por primera vez como docente mediante la Resolución 075 del 24 de septiembre de 1977, es decir, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Sin embargo, de acuerdo con el contenido de este acto de nombramiento , se evidencia que fue de carácter nacional pues se realizó con sueldos de la Nación y fue suscrito por el direc tor de educación nacional del vicario Apostólico de Sibundoy . Lo anterior se reafirma con la certificación emitida por la Secretaría de Educación del departamento del Putumayo que señala que la vinculación era de carácter nacional y los salarios fueron pag ados con recursos provenientes de la Nación.

Respecto de la Resolución 011 del 11 de marzo de 1980 , el accionante fue nombrado docente con cargo al Fondo Educativo Regional –FER – del Putumayo, suscrito por el intendente nacional del Putumayo como presi dente del mencionado fondo , los salarios fueron pagados con recursos de la Nación y la vinculación fue nacional .

Respecto del nombramiento contenido en el Decreto 001056 del 22 de diciembre de 1993 , indicó que, si bien es cierto que fue expedido por el gobernador del departamento del Putumayo y nombrado docente de tiempo completo del Colegio Normal Nacional para señoritas Núcleo Educativo de Sibundoy , dicho periodo se

por el gobernador del departamento del Putumayo y nombrado docente de tiempo completo del Colegio Normal Nacional para señoritas Núcleo Educativo de Sibundoy , dicho periodo se encuentra debidamente certificado por la Secretaría de Educación de l departamento del Putumayo como nacional, en tanto que lo s salarios fueron pagados con recursos provenientes de la Nación. En apoyo de lo anterior , el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG –, en el certificado de historial laboral y en el de salarios aportados señala que el tipo de vinculación fue nacional .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 52001233300020160004901 (2859 -2018)

Demandante: Luis Humberto Villota Ortega

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 Por lo anterior, adujo que no existía mérito para revisar el cumplimiento de los demás requisitos ni cabida para la prosperidad de las pretensiones de la demanda, dado que no se logró desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados.

Condenó en costas a la parte demandante teniendo en cuenta que resultó venc ida en esa instancia.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7

El señor Luis Humberto Villota Ortega solicitó revocar la decisión y , en su lugar , acceder a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, indicó que el tribunal negó las súplicas de la demanda por considerar que , a pesar de que ostentaba la calidad

en su lugar , acceder a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, indicó que el tribunal negó las súplicas de la demanda por considerar que , a pesar de que ostentaba la calidad de docente nacionalizado y territorial, el segundo nombramiento se realizó en un colegio nacional y su remuneración se efectuó con dineros provenientes de la Nación.

Al respecto , solicit ó tener en consideración que el nombramiento efectuado en 1993 no tiene carácter nacional y que , de acuerdo con la jurisprudencia d el Consejo de Estado, los recursos del Situado Fiscal o Sistema General de Participaciones, una vez entran a las arcas de los entes territoriales para la destinación específica de salud o educación, se convierten en recursos propios por mandato constitucional.

Adicionalmente, señaló que el a quo adujo que el demandante no cumple uno de los requisitos enumerados en la Ley 113 de 1914, en lo referente a percibir recompensa del tesoro nacional , por lo que debe tenerse en cuenta que actualmente se permite la compatibilidad de la p ensión gracia y la de jubilación, aun en el evento de que esta última sea reconocida y pagada por la Nación,

7 Folios 149 a 153.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 52001233300020160004901 (2859 -2018)

Demandante: Luis Humberto Villota Ortega

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 como efectivamente ocurre con los docentes nacionalizados .

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 como efectivamente ocurre con los docentes nacionalizados .

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

6.1 La parte demandante no se pronunció.

6.2 La entidad demandada 8 allegó escrito, sin embargo, la apoderada que lo suscrib ió no ha sido reconocida y no allegó poder para actuar en el presente proceso, por lo no será tenido en cuenta.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público guardaron silencio según el informe secretarial obrante a folio 235 .

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9.

De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 10, la competencia del juez de segunda instanci a está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante .

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante , le corresponde a la Sala determinar lo siguiente:

8 Folios 232 a 234. 9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 10 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamen te sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las

segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 10 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamen te sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 52001233300020160004901 (2859 -2018)

Demandante: Luis Humberto Villota Ortega

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 ¿El señor Luis Humberto Villota Ortega , en su calidad de docente oficial, tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación?

Para resolver el asunto, se desarrol lará el siguiente orden me todológico: (i) la pensión gracia y (ii) el análisis del caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencia aplicable al asunto.

2.3.1. La pensión gracia .

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cump lir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1.º de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensió n gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo

diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 52001233300020160004901 (2859 -2018)

Demandante: Luis Humberto Villota Ortega

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señ alado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 , en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional . Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por

de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional . Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad terr itorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15 . A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen

por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reco nocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 52001233300020160004901 (2859 -2018)

Demandante: Luis Humberto Villota Ortega

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes

condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 11 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […].»

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de

docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 12 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas . ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 199 7. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda. R adicación 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014 ).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 52001233300020160004901 (2859 -2018)

Demandante: Luis Humberto Villota Ortega

04683 -01 (3805 -2014 ).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 52001233300020160004901 (2859 -2018)

Demandante: Luis Humberto Villota Ortega

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que tamb ién correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988). iv) Así como los fondos educativos regio nales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prest aban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal — como de las entidades

originadas por el servicio que prest aban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal — como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas . v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a

los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respecti va certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente re levante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los ed ucadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de

regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 52001233300020160004901 (2859 -2018)

Demandante: Luis Humberto Villota Ortega

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030 -CE-S22022 del 11 de agosto de 2022 13 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º , literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que :

«Los docentes pueden acceder a la pe nsión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial

diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2 La educación contratada

En relación con la educación contratada, esta Corporación en sentencia del 24 de julio de 2008 14, con ponencia de la doctora Bertha Lucía Ramírez de Páez, sostuvo lo siguiente:

13 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23 -33 -000 -2016Bertha Lucía Ramírez de Páez, sostuvo lo siguiente:

13 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23 -33 -000 -201600278 -01 (3018 -2017). 14 Radicación interna 2387 -2006.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 52001233300020160004901 (2859 -2018)

Demandante: Luis Humberto Villota Ortega

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 «Mediante la Ley 20 de 1974, se aprobó el Concordato y el Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973 y surge la Educación Misional Contratada. Esta modalidad de prestación del servicio educativo posibilitó la ampliación de la educación en los sectores más apartados del país y en los anti guos territorios nacionales a través de la suscripción de contratos entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica.

“(…) Como servicio a la comunidad en las zonas marginadas, necesitadas temporalmente de un régimen canónico especial, la Iglesia colabora rá en el sector de la educación oficial mediante contratos que desarrollen los programas oficiales respectivos y contemplen las circunstancias y exigencias específicas de cada lugar. Tales contratos celebrados con el Gobierno Nacional se ajustarán a crite rios previamente acordados entre éste y la Conferencia Episcopal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo VI. (…)”

lugar. Tales contratos celebrados con el Gobierno Nacional se ajustarán a crite rios previamente acordados entre éste y la Conferencia Episcopal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo VI. (…)”

Con el fin de desarrollar los contratos mencionados en la norma transcrita, el Gobierno expidió el Decreto 2768 de 1975, que consagró normas para la celebración de los contratos entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica y estableció que serían firmados por el Ministerio de Educación Nacional a nombre del Gobierno Nacional y por el respectivo Ordinario Competente a nombre de la Ig lesia, y tienen como objeto la administració