CE - 012333000201600352011SENTENCIASENTENCIA20231026203131

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 52001-23-33-000-2016-00352-01 (4973-2018)

Demandante: Stella Quelal Vásquez Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia . Cumplimiento del requisito de la edad . Origen pago de las acreencias laborales . Docente

territorial. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda da contra la sentencia proferida el veintitrés (23) de febrero de dos mi dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora STELLA QUELAL VÁSQUEZ instauró demanda contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones N°: i) RDP 020381 del 27 de junio de 2014; ii) RDP 024892 del 12 de agosto de 2014 y iii) RDP 028059 del 15 de septiembre de 2014, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia y se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición y apelación contra el primer acto mencionado.

1 Folio 60, C1.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

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Como consecuencia, se condene a la UGPP a reconocer y pagar a la accionante la pensión gracia en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial mensual devengado en el año anterior a la constitución del estatus pensional desde el 13 de junio de 2013 . Asimismo, que se cancelen los reajustes sobre la prestación y los intereses moratorios que se causen por su falta de pago de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 187, 177, 189 y 195 del CPACA y 141 de la Ley 100 de 1993.

intereses moratorios que se causen por su falta de pago de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 187, 177, 189 y 195 del CPACA y 141 de la Ley 100 de 1993.

Que la autoridad demandada dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 187, 188 y 192 del CPACA y se condene en costas a la entidad demandada.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera:

Que la señora Stella Quelal Vásquez cumplió los 50 años de edad, el 13 de junio de 2013 y laboró para la docencia oficial durante los siguientes periodos y con base en los nombramientos que pasan a enunciarse:

• Desde el 10 de septiembre de 1980 hasta el 31 de agosto de 1981, según el Decreto N°266 del 10 de septiembre de 1980. • Desde el 1 de septiembre de 1981 hasta el 31 de diciembre de 1984 , de acuerdo con el Decreto N° 051 del 1 de septiembre de 1981. • Desde el 17 de septiembre de 1985 hasta el 8 de septiembre de 1986 , nombrada mediante Decreto N° 0173 del 11 de septiembre de 1985. • Desde el 2 de diciembre de 1994 hasta el 4 de febrero de 2014 , nombrada mediante Decreto N° 0263 del 2 de diciembre de 1994.

Que el 3 de abril de 2014 la parte actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, petición ante la cual dicha entidad expidió la Resolución N° RDP 020381 del 27 de junio de 2014, la cual fue confirmada mediante las

pago de la pensión gracia, petición ante la cual dicha entidad expidió la Resolución N° RDP 020381 del 27 de junio de 2014, la cual fue confirmada mediante las Resoluciones N° RDP 024892 del 12 de agosto de 2014 y N° RDP 028059 del 15 de septiembre de 2014 que negaron los recursos de reposición y apelación, respectivamente.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 13 de junio de 2016 3 y notificada a la UGPP4, quien presentó memorial de contestación 5, para lo cual manifestó que, la

2 Folios 6 a 7. 3 Folios 43 a 44. 4 Folio 45. 5 Folios 96 a 100.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicado: 52001-23-33-000-2016-00352-01 (4973-2018)

actora no acreditó formalmente la vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, ni posteriormente pues no allegó los decretos de nombramiento que dieran cuenta de la existencia de la relación legal o reglamentaria.

Igualmente, adujo que no se ha dilucidado si la totalidad de los recursos con los cuales se cancelaron los salarios de la docente hayan sido propios de la entidad territorial y se encuentra en entredicho su fecha de nacimiento, por cuanto el registro civil de nacimiento contiene enmendaduras.

Propuso como excepciones que las denominó : (i) inexistencia de vulneración de

territorial y se encuentra en entredicho su fecha de nacimiento, por cuanto el registro civil de nacimiento contiene enmendaduras.

Propuso como excepciones que las denominó : (i) inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales, (ii) cobro de lo no debido y; (iii) prescripción.

En la audiencia inicial6 luego de darse por saneado el proceso, se decidió postergar el estudio de los medios exceptivos propuestos al momento de emitir sentencia. Seguidamente, se fijó el litigio a partir de los hechos sobre los cuales existen desacuerdo; se indicó que no existía ánimo conciliatorio , se efectuó el decreto de pruebas y se estableció fecha para la celebración de la audiencia de pruebas.

El 19 de julio de 2017, se llevó a cabo la audiencia de pruebas, la cual fue suspendida ante la ausencia de la totalidad de los documentos que fueron objeto de exhorto. Dicha diligencia fue reanudada el 22 de noviembre de 2017, momento para el cual se incorporaron todas las documentales allegadas al proceso y se corrió traslado para allegar a las partes y al Ministerio Público por el término de 10 días.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia del 23 de febrero de 2018 accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida en el proceso , al encontrar probado que la señora Quelal Vásquez laboró como docente oficial con anterioridad a 1980 y por un periodo superior a 20 años en planteles del orden territorial.

La decisión adoptada se apoyó en los siguientes razonamientos:

docente oficial con anterioridad a 1980 y por un periodo superior a 20 años en planteles del orden territorial.

La decisión adoptada se apoyó en los siguientes razonamientos:

Que la demandante se vinculó por primera vez como docente el 10 de septiembre de 1980, mediante Decreto 266 de la misma fecha, es decir, con anterioridad al 31 de diciembre de la misma anualidad.

Que la vinculación que tuvo la accionante fue superior a 20 años y siempre fue de calidad territorial, pues el acto de nombramiento y acta de posesión para el periodo comprendido entre el 10 de septiembre de 1980 y el 31 de agosto de 1981 (350 días), al igual que para los periodos comprendidos entre el 10 de septiembre de

6 Folios 110 a 115. 7 Folios206 a 216.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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1980 y el 31 de diciembre de 1984 (3 años y 119 días) y del 17 de septiembre de 1985 a la fecha de la solicitud del reconocimiento y pago de la pensión, 3 de abril de 2014 (28 años y 135 días) fueron emanados por la Alcaldía municipal de Tumaco (N) y los pagos fueron realizados con recursos propios del municipio.

Al llegar a este punto, consideró que es posible computar los tiempos que fueron cancelados a la demandante con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones en razón a que este tipo de remuneraciones, contrario a lo afirmado

Al llegar a este punto, consideró que es posible computar los tiempos que fueron cancelados a la demandante con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones en razón a que este tipo de remuneraciones, contrario a lo afirmado por la UGPP, no constituye otro tipo de recompensa que haya recibido la demandante más allá de lo compone su salario y , además, a partir de la jurisprudencia de esta jurisdicción este factor implica una reafirmación que el docente es del orden territorial.

Por otro lado, adujo que no se demostró en el curso del proceso la mala conducta desempeñada por la demandante, por el contrario, de los certificados aportados se logra concluir que no existió sanción disciplinaria contra la actora que ponga en tela de juicio el cumplimiento de este requisito que le impida ser benefici aria de la pensión gracia.

Finalmente, concluyó que , ante el reconocimiento del derecho pensional había de declararse no probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas causadas pues, no se configuraron los presupuesto s para que opere dicho fenómeno, al haberse adquirido el estatus pensional el 13 de abril de 2013 y presentarse la petición de reconocimiento prestacional el 3 de abril de 2014, esto es, sin haber transcurrido no menos de un año entre una y otra fecha.

EL RECURSO DE APELACIÓN8

La parte demandada inconforme con la decisión presentó recurso de apelación con el fin de que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se denieguen las pretensiones de la demanda . Subsidiariamente, en el evento de confirmarse la decisión de primera instancia, solicitó no condenar en costas a la entidad demandada.

las pretensiones de la demanda . Subsidiariamente, en el evento de confirmarse la decisión de primera instancia, solicitó no condenar en costas a la entidad demandada.

Los motivos que fundamentan la inconformidad del fallo de la siguiente forma:

Que si bien es cierto la actora aduce haber laborado para el municipio de Tumaco, como docente oficial, en sede administrativa se generaron dudas en cuanto al tipo de vinculación y el origen de los recursos con los que se pagó la plaza, sin que a la fecha se hayan dilucidado las mismas. Además, que resulta improcedente tener por acreditados los tiempos de servicio con base en una certificación que no determina con claridad los extremos laborales de la vinculación, ni el origen de los recursos para su financiación, cuando la prueba sine qua non para demostrar la relación legal

8 Folios 202 a 204.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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y reglamentaria es el decreto de nombramiento, el cual no fue aportado.

Respecto al requisito de edad señaló que el Registro Civil de Nacimiento presenta enmendaduras en el año de nacimiento; evidenciándose que a manuscrito se suscribió 1963 y que nunca se adelantaron por parte de la actora las acciones necesarias a efectos de realizar las respectivas correcciones en dicho documento.

Que ante la certeza de que los recursos con los cuales se cancelaron los salarios a la actora fueron financiados con recursos de la Nación (situado fiscal y/o Sistema

necesarias a efectos de realizar las respectivas correcciones en dicho documento.

Que ante la certeza de que los recursos con los cuales se cancelaron los salarios a la actora fueron financiados con recursos de la Nación (situado fiscal y/o Sistema General de Participaciones), no se cumple con el requisito contenido en el numeral 3 de la Ley 114 de 1913, atinente a que «no haya recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional» y que de reconocerse la pensión se incurriría en la prohibición de recibir doble remuneración proveniente del erario público.

Que, tal y como ha sido considerado en diferentes salvamentos de votos del Tribunal que profirió la decisión , «los recursos del situado fiscal, hoy SGP, no son recursos propios del municipio […] otra cosa es que por mandato de la Constitución se disponga que estos recursos […] deban ser transferidos a las entidades territoriales […] sin que cambie con ello la procedencia de los mismos».

Que la condena en costas, según la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado procede solamente cuando la conducta de la parte vencida ha sido temeraria, abusiva o dilatoria y por ello, si el juez de primera instancia además del razonamiento objetivo de ser vencido en el juicio hubiese analizado la conducta desplegada por la entidad, habría encontrado que no había lugar a disponer orden alguna respecto de esta erogación ya que no se generaron gastos, ni se adelantó conducta alguna que implique un desgate innecesario para la administración de justicia ni para la parte vencedora.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante y la UGPP guardaron silencio durante esta etapa procesal9.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

justicia ni para la parte vencedora.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante y la UGPP guardaron silencio durante esta etapa procesal9.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El señor Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto en esta oportunidad.

Se procede a decidir la controversia previa las siguientes,

9 Folio 229.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial o nacionalizada durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que:

«[l]os maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación

114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que:

«[l]os maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «[l]os veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún

u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»10. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «[c]uando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «[c]uando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de

las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalen te al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

10 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

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Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,

Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199711 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 12 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando

conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 12 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

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el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se pued e acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza

salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 52001-23-33-000-2016-00352-01 (4973-2018)

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 ,13 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «[l]os docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que l as anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que acredite 50 años de edad. ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de instrucción pública, o inclus