CE - 012333000201600471011SENTENCIA20230112143045

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., primero (1.°) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 73001 23 33 000 2016 00471 01 (0407-2021)

Demandante: Teresa Castellanos Murcia Demandado: Nación —Ministerio de Defensa Nacional— y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)

Tema: Procedencia de la condena en costas y agencias en derecho.

Criterio objetivo-valorativo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 27 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de l Tolima, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, l a señora Teresa Castellanos Murcia , por medio de apoderado, presentó demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,

consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, l a señora Teresa Castellanos Murcia , por medio de apoderado, presentó demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en orden a que se declare la nulidad i) del memorando 00116 de febrero 28 de 2005, mediante el cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional declaró extinta la sustitución de la asi gnación de retiro reconocida al agente (r) Miguel Antonio2

Radicado: 73001 23 33 000 2016 00471 01 (0407-2021) Demandante: Teresa Castellanos Murcia Castillo Clavijo; y ii) del Oficio 16915 del 15 de septiembre de 2015, suscrito por el subdirector de prestaciones sociales de dicha entidad, mediante el cual negó la solicitud de sustitución de la asignación de retiro a su favor, en calidad de compañera permanente del extinto agente.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) ordenar el reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación de retiro en calidad de compañera permanente supérstite del señor Miguel Antonio Castillo Clavijo, desde el momento en que se declaró extinta la prestación; ii) indexar las sumas que r esulten a su favor, conforme al índice de precios al consumidor; iii) incluirla en nómina pensional en calidad de compañera permanente del señor Miguel Antonio Castillo Clavijo; iv) reconocer y liquidar el retroactivo pensional , a partir del 23 de noviembr e del año 2003 hasta la fecha de su inclusión en nómina ; v) dar cumplimiento a lo sentencia conforme a lo establecido en el artículo 192 del

partir del 23 de noviembr e del año 2003 hasta la fecha de su inclusión en nómina ; v) dar cumplimiento a lo sentencia conforme a lo establecido en el artículo 192 del CPACA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante expuso los que se resumen a continuación:

1. El señor Miguel Antonio Castillo Clavijo se casó con la señora Victoria González de Castillo, por el rito católico. Después de convivir 10 años, sin procrear hijos, se separaron de hecho. Posteriormente, conoció a la señora Teresa Castellanos Murcia, con quien conformaron una unión marital de hecho desde inicios del año 1971, dentro de la cual procrearon tres hijos. Durante este periodo le fue reconocida la asignación de retiro, por parte de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. El señor Castillo Clavijo falleció el 6 de junio de 1989.

1. Mediante Resolución 3687 del 5 de septiembre de 1990, CASUR reconoció el 50% de la asignación de retiro que percibía el causante a favor de la señora Victoria González de Castillo, en su condición de conyugue supérstite. El restante porcentaje3

Radicado: 73001 23 33 000 2016 00471 01 (0407-2021) Demandante: Teresa Castellanos Murcia fue reconocido a sus menores hijos, Miguel Eduardo, María Liliana Y Jairo Antonio Castillo Castellanos , representados por su señora madre Teresa Castellanos Murcia. Esta, pese a que convivió con el pensionado por más de 18 años antes de su muerte, no reclamó el derecho pensional debido a que, para la época del deceso,

Castillo Castellanos , representados por su señora madre Teresa Castellanos Murcia. Esta, pese a que convivió con el pensionado por más de 18 años antes de su muerte, no reclamó el derecho pensional debido a que, para la época del deceso, las disposiciones que regulaban la situación no admitían que la compañera permanente tuviera acceso a tal prerrogativa.

1. A través del Memorando 00116 del 28 de febrero de 2005, el subdirector de prestaciones sociales de CASUR informó al área de nómina y embargo de esta entidad que, debido al fallecimiento de la señora Victoria González de Castillo, el 23 de noviembre de 2003, y a que la joven María Liliana Castillo Castellanos no acreditó la condición de estudiante, s e declararía la extinción de la sustitución de la asignación de retiro del agente Miguel Antonio Castillo Clavijo, con efectos a partir del 23 de noviembre de 2003 y del 12 de agosto de 2004, respectivamente.

1. El 3 de julio de 2015, la señora Teresa Ca stellanos Murcia compareció ante CASUR a reclamar el reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación de retiro del señor Castillo Clavijo (q.e.p.d.), alegando que fue su compañera permanente por aproximadamente 18 años antes de su deceso.

1. La mencionada entidad, a través del Oficio 16915 del 15 de septiembre de 2015, negó la solicitud, con el argumento de que la prestación reclamada se declaró extinta de manera definitiva.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Como disposiciones violadas se señalaron los artículos 1, 2, 5, 6, 13, 42 y 48 de la

extinta de manera definitiva.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Como disposiciones violadas se señalaron los artículos 1, 2, 5, 6, 13, 42 y 48 de la Constitución Política; 3, numerales 1 y 3 de la Ley 71 de 1998; 13 de la Ley 797 de 2003; 1 y 2 de la Ley 54 de 1990; los Decretos 0690 de 1977, 2063 de 1984, 0097 de 1989 y 1213 de 1990.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los4

Radicado: 73001 23 33 000 2016 00471 01 (0407-2021)

Demandante: Teresa Castellanos Murcia

siguientes argumentos:

1. Si bien para la fecha del fallecimiento del señor Miguel Antonio Castillo Clavijo la legislación vigente no contemplaba la posibilidad de que la compañera permanente accediera al derecho a la sustitución pensional o asignación de retiro, a partir de la Constitución Política de 1991 tomó especial importancia la familia constituida por vínculos naturales, cualquiera que sea su origen o fuente de conformación, y recayó en el conyugue o compañera permanente supérstite la legitimación para reclamar el derecho a la sustitución pensional.

1. Los actos administrativos acusados fueron expedidos con infracción a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 71 de 1998, por medio del cual se extendieron las previsiones sobre sustitución pensional contempladas en las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, entre otros, a la compañera permanente

las previsiones sobre sustitución pensional contempladas en las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, entre otros, a la compañera permanente supérstite.

1. El artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, contempla como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes al compañero o compañera permanente que haya convivido con el causante no menos de 5 años antes del deceso.

1. Conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-1035 de 2008, si entre el causante y su cónyuge existe separación de hecho, el compañero o compañera permanente podrá reclamar en proporción al tiempo de convivencia, siempre y cuando haya sido superior a los 5 años anteriores al deceso, una cuota parte de la pensión, presupuesto que se cumple en el presente caso.

1. La Corte Constitucional en sede de tutela ha aceptado la aplicación retrospectiva de la ley a situaciones jurídicas no consolidadas bajo la legislación anterior, lo cual ocurre en el caso bajo estudio, en el cual, si bien, el causante falleció antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, también lo es que solo hasta su expedición las compañeras permanentes adquirieron derecho a la pensión de sobrevivientes, por5

Radicado: 73001 23 33 000 2016 00471 01 (0407-2021) Demandante: Teresa Castellanos Murcia tanto, es el momento a partir del cual debe entenderse consolidado el derecho a la reclamación prestacional y no antes.

1.2. Contestación a la demanda

Demandante: Teresa Castellanos Murcia tanto, es el momento a partir del cual debe entenderse consolidado el derecho a la reclamación prestacional y no antes.

1.2. Contestación a la demanda

1.2.1. La Nación —Ministerio de Defensa Nacional— se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó como argumento de defensa la excepción de falta de legitimación en la causa pasiva, 1 por cuanto las prestaciones relacionadas con miembros retirados de la entidad son competencia de las cajas de retiro, en este caso, de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

1.2.2. CASUR no contestó la demanda.2

1.3. La sentencia apelada3

El Tribunal Administrativo de l Tolima accedió a las pretensiones de la actora, con sustento en las siguientes consideraciones:

1. El régimen legal aplicable para la resolución del presente asunto se encuentra contenido en el Decreto 2063 de 19842, vigente al momento del fallecimiento del agente retirado de la Policía Nacional Miguel Antonio Castillo Clavijo, ocurrido el 6 de junio de 1989, el cual no enlista dentro del orden de beneficiarios de la sustitución de la asignación de retiro, a la compañera permanente del pensionado fallecido. Sin embargo, el Consejo de Estado ha dicho que esta debe entenderse incluida en dicho orden, por mandato del artículo 42 de la Constitución Política.

Asimismo, frente a la aplicación e interpretación del Decreto 2063 de 1984 se ha precisado que se debe tener en cuenta lo previsto en la Constitución Política d e 1991, a partir de la cual tomó especial importancia bajo un marco de igualdad

1 Folios 135 al 141

precisado que se debe tener en cuenta lo previsto en la Constitución Política d e 1991, a partir de la cual tomó especial importancia bajo un marco de igualdad

1 Folios 135 al 141 2 De ello se dejó constancia en la audiencia inicial (folios 165 al 167) 3 Folios 197 al 2046

Radicado: 73001 23 33 000 2016 00471 01 (0407-2021) Demandante: Teresa Castellanos Murcia jurídica y social, la familia constituida por vínculos naturales y se protegió y reconoció como beneficiarias de las sustituciones de las asignaciones de retiro por derecho a l a igualdad a las compañeras permanentes siempre y cuando se demuestre la convivencia, es decir, la vida en común, la comprensión, el auxilio y apoyo mutuo con el causante.

1. L os elementos probatorios allegados al proceso, analizados en conjunto , dan cuenta de que la demandante convivió en calidad de compañera permanente con el señor Miguel Antonio Castillo Clavijo desde el año 1971, aproximadamente, fecha que coincide con la de su separación de hecho con quien fuera la cónyuge y de la concepción de su primer hijo con la señora Teresa Castellanos Murcia.

Además, resulta dable sentar que la referida convivencia fue estable y permanente hasta la fecha en que se produjo el deceso del señor Castillo Clavijo , toda vez que se trató de un hecho en el que concordaron los testigos, respecto a las condiciones de tiempo, modo y lugar.

1. L a señora Teresa Castellanos Murcia hizo vida marital con el agente Miguel Antonio Castillo Clavijo por espacio de 18 años, anteriores al fallecimiento de aquel

de tiempo, modo y lugar.

1. L a señora Teresa Castellanos Murcia hizo vida marital con el agente Miguel Antonio Castillo Clavijo por espacio de 18 años, anteriores al fallecimiento de aquel (6 de junio de 1989), por lo que tiene derecho a que CASUR le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes, en su condición de beneficiaria, en cuanto el obstáculo que existía para acceder al derecho en el régimen es pecial consagrado en el Decreto 2063 de 1984, desapareció con la expedición de la Constitución Política de

1991.

1. La causación del derecho pensional surgió con el deceso del causante, ocurrida el 6 de junio de 1989, no obstante, la reclamación en sede administrativa data del 3 de julio de 2015, mientras que la demanda se formuló el 7 de junio de 2016; es decir, que operó la prescripción cuatrienal de las mesadas pensionales anteriores al 3 de julio de 2011.

Por lo expuesto, el a quo decidió: declarar la nulidad parcial del Memorando 001167

Radicado: 73001 23 33 000 2016 00471 01 (0407-2021) Demandante: Teresa Castellanos Murcia del 28 de febrero de 2005, en cuanto declaró extinta la asignación de retiro del señor Miguel Antonio Castillo Clavijo ; d eclarar la nulidad del Oficio 16915 del 15 de septiembre de 2015, que negó a la demanda nte el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por el deceso del señor Castillo Clavijo; ordenar a CASUR el reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación de retiro que

septiembre de 2015, que negó a la demanda nte el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por el deceso del señor Castillo Clavijo; ordenar a CASUR el reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación de retiro que percibía el agente fallecido a favor de la actora, en calidad de compañera permanente supérstite; declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa pasiva de la Nación —Ministerio de Defensa Nacional—; y declarar probada la excepción de prescripción de las mesadas pen sionales causadas del 3 de julio de 2011 hacia atrás.

1.4. El recurso de apelación4

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional interpuso recurso de apelación contra la sentencia , únicamente «frente a la condena en costas impuesta» .5 Lo sustentó en los siguientes términos:

Lo que se pretende hacer ver con el recurso planteado es que si bien el artículo 188 del C.P.A.C.A. consagra que "...la sentencia dispondrá de la condena en costas...", consideración que ha sido tomada por la Jurisdicc ión Contencioso Administrativa como un "Factor Objetivo", no menos cierto es que la misma disposición normativa remite expresamente a lo reglado en el C.P.C. (hoy derogado dando aplicación a lo dispuesto en el C.G.P.) para obtener las reglas de su imposición y liquidación, y es de allí, justamente, de donde se solicita la aplicación del numeral 5 del artículo 365 que sugiere "...En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expr esando los

que sugiere "...En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expr esando los fundamentos de su decisión. (...)", circunstancia que de ninguna forma iría en contraposición del artículo 188 del C.P.A.C.A., puesto que, con la aplicación del numeral 5 del artículo 365 del C.G.P., se haría un pronunciamiento acorde con la realidad de la sentencia que prosperó de manera parcial, cambiando así el rígido patrón de aplicar el numeral 1 de la norma ib idem sin que ello implique negarse a manifestarse sobre la condena en costas . Simplemente, si la condena en costas fuera de carácter objetivo, la norma sencillamente así lo señalaría, y en ningún caso, habría necesidad de disponer de la remisión normativa aludida al C.P.C. (hoy al C.G.P.) para la liquidación y ejecución de las mismas.

Conforme a lo anterior, solicito se tenga en cuenta que en el caso concreto que la Entidad que represento no ha actuad o de mala fe, ni temerariamente en el trámite

4 Folios 212 al 214 5 Folio 2128

Radicado: 73001 23 33 000 2016 00471 01 (0407-2021) Demandante: Teresa Castellanos Murcia del proceso, pues su actuar siempre ha sido ajustado a los parámetros establecidos.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La parte actora reiteró los argumentos de la demanda y solicitó confirmar la sentencia.6 CASUR guardó silencio.7

1.6. El Ministerio Público

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La parte actora reiteró los argumentos de la demanda y solicitó confirmar la sentencia.6 CASUR guardó silencio.7

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De acuerdo con los argumentos de la apelación, la Sala debe establecer s i en primera instancia se debió condenar en costas a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional teniendo en cuenta los postulados del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y del artículo 365 del Código General del Proceso.

2.2. Marco normativo

La condena en costas en vigencia de la Ley 1437 de 2011

Las costas del proceso se refieren a todas las erogaciones propias del trámite contencioso y, de acuerdo con el artículo 361 del Código General del Proceso, las integran la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y las agencias en derecho.

6 Memorial allegado por correo electrónico, visible en el índice 13 de SAMAI. 7 Constancia secretarial obrante a folio 237 del expediente. 8 Ibidem9

Radicado: 73001 23 33 000 2016 00471 01 (0407-2021)

Demandante: Teresa Castellanos Murcia

Dentro de las primeras se pueden encontrar el costo del traslado de testigos, de la práctica de pruebas periciales, los honorarios de auxiliares de la justicia, pólizas,

Demandante: Teresa Castellanos Murcia

Dentro de las primeras se pueden encontrar el costo del traslado de testigos, de la práctica de pruebas periciales, los honorarios de auxiliares de la justicia, pólizas, copias, etc., tal como lo prescribe el numeral 3.º del artículo 366 del Código General del Proceso.9

En lo que concierne a las segundas, esto es, las agencias en derecho, estas se refieren a los gastos en que se incurrió en la contratación del apoderado para la representación dentro del proceso. El juez las reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora por un monto que no debe ser igual a los honorarios pactados con su representado judicial, 10 pues estos obedecen a la relación contractual existente entre ambos, según lo dispone el artículo 28 numeral 8.º de la Ley 1123 de 2007.11 En ese sentido, y conforme con el numeral 4.º del artículo 366 del CGP,12 las agencias en derecho se deben establecer con las tarifas que determine el Consejo Superior de la Judicatura.

Ahora bien, en relación con la condena en costas dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el artículo 188 del CPACA señala que «Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».

9 El numeral 3.º de la norma mencionada señala lo siguiente: « «3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la

9 El numeral 3.º de la norma mencionada señala lo siguiente: « «3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fij e el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables…». 10 Criterio aceptado por la Corte Constitucional en Sentencia C-043 de 2004 y C-539 de 1999 11 De conformidad con la norma los abogados deben fijar sus honorarios con la aplicación de criterios «…equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto». 12 «4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y durac ión de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas».10

Radicado: 73001 23 33 000 2016 00471 01 (0407-2021) Demandante: Teresa Castellanos Murcia El artículo en mención ha sido objeto de varias interpretaciones por parte de la

dichas tarifas».10

Radicado: 73001 23 33 000 2016 00471 01 (0407-2021) Demandante: Teresa Castellanos Murcia El artículo en mención ha sido objeto de varias interpretaciones por parte de la Subsección A de la Sección Segunda. Así, una primera esgrimía que la norma no determinaba una condena automática u objetiva sobre quien era vencido en el juicio, puesto que era menester que el juez analizara la ocurrencia de ciertos factores como la actuación temeraria, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos en el curso de la actuación.13

Una segunda interpretación, que actualmente es la aceptada, se fijó a través de la sentencia del 7 de abril de 2016. 14 La posición acogió el criterio objetivo para la imposición de las costas al concluir que para ello no se debe evaluar la conducta de las partes, sino los aspectos objetivos de su causación, tal como lo prevé el Código General del Proceso. En dicha oportunidad la Sala concluyó lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio “subjetivo” –CCAa uno “objetivo valorativo” –CPACA-. b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP. c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y

para abstenerse, según las precisas reglas del CGP. c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes. d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varí a según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura). e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas. f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial. g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

13 Ver entre otras, sentencias de 15 de abril de 2015, C.P. Alfon so Vargas Rincón (E), expediente No. 13432014. Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, sentencia de 15 de octubre de 2015, Expediente: 4383 -2014, Actor: Rosa Yamile Ángel Arana, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez (E), sentencia de 20 de enero de 2015, expediente número: 45832013, Actor: Ivonne Ferrer Rodríguez, M.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 14Proceso Radicado 15001-23-33-000-2012-00162-01 y número interno 4492 de 2013 . C onsejero Ponente: William Hernández Gómez.11

Radicado: 73001 23 33 000 2016 00471 01 (0407-2021) Demandante: Teresa Castellanos Murcia De acuerdo con lo expuesto en el marco normativo, para la imposición de la condena en costas debe hacerse, en los términos utilizados en la providencia en cita, una estimación objetivo-valorativa que implica el deber del juez de comprobar que se causaron conforme con los criterios fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se requiera un examen de la existencia de una actuación temeraria o de mala fe de las partes.15

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, la Sala encuentra acreditado lo siguiente:

1. La Escritura Pública número 913 del 24 de abril de 1978, otorgada en la Notaría

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, la Sala encuentra acreditado lo siguiente:

1. La Escritura Pública número 913 del 24 de abril de 1978, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Ibagué, da cuenta de que el Instituto de Crédito Territorial concedió un préstamo al señor Miguel Antonio Castillo Clavijo para invertir en su totalidad en la construcción de una casa de habitación. En este documento el deudor manifestó que se encontraba separado de su cónyuge desde hacía 8 años.16

1. En la copia del certificado de ingresos y retenciones del año gravable 1988 del señor Miguel Antonio Castillo Clavijo , se encuentran enlistados como sus beneficiarios la señora Teresa Castellanos Murcia , en calidad de compañera permanente, y sus hijos Jairo Antonio, Miguel Eduardo y María Liliana Castillo Castellanos en condición de hijos.17

1. Los registros civiles de nacimiento de Jairo Antonio, Miguel Eduardo y María Liliana Castillo Castellanos, nacidos el 17 de mayo de 1972, el 9 de enero de 1974

15 Al respecto se puede consultar también la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 19001 -23-33-000-2014-00406-01(2426-16).

Actor: José Vicente López Noriega. Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje. Consejero ponente: William

Hernández Gómez. Bogotá, D.C. 31 de julio de 2019. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Tema: reliquidación pensión jubilación. 16 Folios 24 al 28

Hernández Gómez. Bogotá, D.C. 31 de julio de 2019. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Tema: reliquidación pensión jubilación. 16 Folios 24 al 28 17 Folio 2912

Radicado: 73001 23 33 000 2016 00471 01 (0407-2021) Demandante: Teresa Castellanos Murcia y el 12 de agosto de 1983, respectivamente, dan cuenta de sus padres son el señor

Miguel Antonio Castillo Clavijo y la señora Teresa Castellanos Murcia.18

1. Los señores Miguel Eduardo Castillo Castellanos, María Liliana Castillo Castellanos, Jairo Antonio Castillo Castellanos, Marcelino Botero Borda y José Jair González Ramírez, declararon, en la Notaría Primera del círculo de Ibagué, que el señor Miguel Antonio Castillo Clavijo y la señora Teresa Castellanos Murcia convivieron durante 18 años en la casa de su propiedad y que el causante, hasta el día de su muerte, les prestó ayuda y que tanto su compañera como sus hijos dependían económicamente de él.19

Por su parte, la señora Teresa Castellanos Murcia declaró que convivió con el señor Castillo Clavijo desde el año 1970 hasta el día de su fallecimiento, el 6 de junio de 1989; que procrearon tres hijos; y que dependía económicamente y en todo sentido de él.20

1. En el proceso se recibieron los testimonios de los señores María Liliana, Miguel Eduardo y Jairo Antonio Castillo Castellanos , José Jair González Ramírez y Lucia Amparo Almanza Ossa, quienes coincidieron en sostener que la actora y el causante siempre vivieron juntos como pareja.

Eduardo y Jairo Antonio Castillo Castellanos , José Jair González Ramírez y Lucia Amparo Almanza Ossa, quienes coincidieron en sostener que la actora y el causante siempre vivieron juntos como pareja.

2.4. Análisis de la Sala

La entidad demandada solicitó, en el recurso de apelación, que se revoque la condena en costas que se le impuso en primera instancia, por cuanto no ha actuado de mala fe, ni temerariamente en el trámite del proceso.

Pues bien, como se señaló en el acápite de marco normativo, por mandato del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 la imposición de las costas obedece a un criterio

18 Folios 30 al 32 19 Folios 34 al 38 20 Folio 3313

Radicado: 73001 23 33 000 2016 00471 01 (0407-2021) Demandante: Teresa Castellanos Murcia objetivo, sin que para ello deba evaluarse la conducta de las partes. De este modo, al juez le corresponde efectuar una estimación objetiva valorativa para comprobar que se causaron conforme con los criterios fijados en el artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, sin que se requiera un examen de la existencia de una actuación temeraria o de mala fe de las partes.

Por otro lado, de la lectura del artículo 365 del Código General del Proceso, se observa que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las costas del proceso están relacionadas con el hecho de que una de las partes resultó vencida en el juicio.

En el presente asunto se promovió demanda en ejercicio del medio de control de

observa que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las costas del proceso están relacionadas con el hecho de que una de las partes resultó vencida en el juicio.

En el presente asunto se promovió demanda en ejercicio del me