CE - 012333000201600521021SENTENCIA20231005210752

Radicación: 66001 23 33 000 2016 00521 02

Accionante: Defensoría del PuebloRegional Risaralda

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN POPULAR Radicación: 66001 23 33 000 2016 00521 02

Accionante: DEFENSORÍA DEL PUEBLOREGIONAL RISARALDA

Accionado: DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y OTROS

Tesis: Se vulneran los derechos colectivos al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, la seguridad y salubridad públicas cuando un municipio omite el cumplimiento de la obligación legal de crear cárceles para las personas detenidas preventivamente y ello incide en el hacinamiento de los establecimientos carcelarios del departamento de

Risaralda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 1 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda.Radicación: Radicación: 66001 23 33 000 2016 00521 02

demandante en contra de la sentencia proferida el 1 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda.Radicación: Radicación: 66001 23 33 000 2016 00521 02

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I. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA

La Defensoría del Pueblo de la Regional Risaralda promovió acción popular1 pretendiendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Declarar que el MUNICIPIO DE APÍA, el DEPARTAMENTO DE RISARALDA, y la NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO; vulneran los derechos colectivos de los ciudadanos de Apía; relacionados con la moralidad administrativa, la seguridad como (sic) el acceso a la infraestructura de servicios que garantice la salubridad y la salubridad públicas.

SEGUNDO: Ordenar al MUNICIPIO DE APÍA, el DEPARTAMENTO DE RISARALDA, y a la NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, que en el término de un (01) mes o en el término máximo fijado por el Despacho, contado a partir de la ejecutoria de la Sentencia, si a dicha fecha no se hubiere efectuado, adopten las medidas necesarias y técnicamente viables con el fin de hacer cesar la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad, la moralidad administrativa, el goce a un ambiente sano, y en general los que sean necesarios, de conformidad

técnicamente viables con el fin de hacer cesar la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad, la moralidad administrativa, el goce a un ambiente sano, y en general los que sean necesarios, de conformidad con los hechos descritos en la presente demanda, y las recomendaciones que dentro de la misma se llegaren a concluir, tendie ntes a conjurar los referidos riesgos y/o desastres técnicamente previsibles, garantizando los recursos y los instrumentos necesarios para facilitar la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente, conforme lo ordena la Ley 65 de 1993.

TERCERO: Que las entidades demandadas acaten inmediatamente la orden que su despacho le imparta, según lo dispone el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

CUARTO: Que las entidades demandadas sean condenadas en costas a favor de la Defensoría del Pueblo – Fondo para la Defensa de los Derechos

e Intereses Colectivos”.

[…]” (Mayúsculas y negrillas del original).

1.2. LOS HECHOS

La parte accionante indicó que desde la entrada en vigencia de la Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, existe un marco legal previsto en los artículos 17 a 19 de esa norma, que le asigna “a los departamentos,

1 Folios 14 a 20 cuaderno 1.Radicación: Radicación: 66001 23 33 000 2016 00521 02

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municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente”.

Explicó que conforme al artículo 19A de dicha ley, el Ministerio de Justicia y del Derecho, además de las funciones definidas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, deberá promover la aprobación de un documento Conpes para garantizar la financiación de las cárceles de detención preventiva.

Señaló que el documento Conpes 3828 de 2015 de Política Penitenciaria y Carcelaria en Colombia indicó que “(…) Del seguimiento al sistema penitenciario y carcelario, se puede observar que la mayoría de los entes territoriales no se encuentran cumpliendo lo establecido en la Ley y, por ende, no gestionan ni destinan presupuesto para administrar, crear y organizar las cárceles para las personas detenidas preventivamente” y que dicho incumplimiento incide en la sobrepoblación de los establecimientos del orden nacional.

Anotó que en los centros de reclusión de Risaralda, Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira – EPMSCPEI

establecimientos del orden nacional.

Anotó que en los centros de reclusión de Risaralda, Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira – EPMSCPEI “Cárcel La 40”, Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira “Cárcel La Badea” y Centro de Reclusión de Varones de Santa Rosa de Cabal”, se presentan altos niveles de hacinamiento que se reducirían si las entidades territoriales cumplieran con las obligaciones a su cargo relacionadas con la población privada de la libertad en eje cución de una medida de aseguramiento de detención preventiva.

Sostuvo que con la ausencia de edificaciones donde funcionen las cárceles para las personas detenidas preventivamente, las entidades territoriales incurren en omisión de la Ley 65 de 1993 y violan los derechos colectivos a la moralidad administrativa, seguridad y salubridad públicas y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.Radicación: Radicación: 66001 23 33 000 2016 00521 02

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Manifestó que requirió al municipio de Apía, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al departamento de Risaralda para que informaran si contaban con el espacio para el funcionamiento de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y arribó a la conclusión de que la administración municipal no cuenta con el espacio para el funcionamiento de l as cárceles y pabellones de detención preventiva en donde las

con el espacio para el funcionamiento de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y arribó a la conclusión de que la administración municipal no cuenta con el espacio para el funcionamiento de l as cárceles y pabellones de detención preventiva en donde las personas detenidas en esa calidad dispongan de un lugar sin hacinamiento, con las condiciones mínimas que garanticen una permanencia digna y segura.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN POPULAR EN PRIMERA INSTANCIA

2.1. La demanda fue radicada en el Tribunal Administrativo de Risaralda el 26 de julio de 2016 2 y correspondió por reparto al despacho de la magistrada Paola Andrea Gartner Henao3.

2.2. Por auto del 12 de agosto de 2016 la magistrada de conocimiento la admitió4, ordenó la notificación personal a la parte demandada, Ministerio de Justicia y del Derecho, departamento de Risaralda y municipio de Apía, y vinculó a la acción popular al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

- USPEC.

2.3. Los accionados contestaron la demanda manifestando lo siguiente:

El Ministerio de Justicia y del Derecho

Mediante escrito radicado el 2 de marzo de 2017 5, esto es, en oportunidad, el apoderado judicial se opuso a las pretensiones, para lo

2 Folio 20 anverso del cuaderno 1. 3 Folio 21 ibídem. 4 Folio 23 a 25 ibídem. 5 Folios 35 a 39 ibídem.Radicación: Radicación: 66001 23 33 000 2016 00521 02

3 Folio 21 ibídem. 4 Folio 23 a 25 ibídem. 5 Folios 35 a 39 ibídem.Radicación: Radicación: 66001 23 33 000 2016 00521 02

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cual expuso que conforme a lo previsto en el Decreto 2897 de 2011 6, el ministerio no tiene asignadas atribuciones para cumplir o solucionar directamente los conflictos en materia de sanidad, infraestructura y administración de un establecimiento penitenciario y carcelario para detención preventiva.

Precisó que de acuerdo con lo establecido en los Decretos 4150 y 4151 de 2011, las medidas administrativas tendientes a atender asuntos al interior de los centros penitenciarios y carcelarios como lo son las condiciones de salubridad, la atención médica, asignación de celdas para dormir y atender visitas conyugales, traslados de internos a otros establecimientos, la prestación del servicio de salud, agua, alimentación y de infraestructura carcelaria están a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.

Señaló que la adscripción del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC al Ministerio de Justicia y del Derecho no constituye una relación jerárquica funcional ni de subordinación, toda vez que, según lo previsto

– INPEC y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC al Ministerio de Justicia y del Derecho no constituye una relación jerárquica funcional ni de subordinación, toda vez que, según lo previsto en los artículos 44, 104 y 105 de la Ley 489 de 1998, dicha figura alude a la orientación, controles sectoriales y administrativos tendientes al desarrollo armónico de las funciones públicas, y no al ejercicio subordinado de facultades y competencias por parte de entes adscritos.

Aseveró que esa cartera ministerial en el marco de su competencia de diseñar, hacer seguimiento y evaluar la política en materia criminal, carcelaria y penitenciaria y con el ánimo de superar la problemática del sistema penitenciario y carcelario, ha estado al tanto del plan de construcción y refacción carcelaria tendiente a garantizar a los reclusos

6 “Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho”Radicación: Radicación: 66001 23 33 000 2016 00521 02

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condiciones de vida digna y presentó el proyecto de reforma al Código Penitenciario y Carcelario.

Respecto del plan de construcción y refacción carcelaria señaló que a partir del año 2000 el Gobierno Nacional inició un proceso de transformación del sistema penitenciario con el objeto de lograr unas

Penitenciario y Carcelario.

Respecto del plan de construcción y refacción carcelaria señaló que a partir del año 2000 el Gobierno Nacional inició un proceso de transformación del sistema penitenciario con el objeto de lograr unas instalaciones adecuadas, en terrenos adquiridos que cumplieran con los requisitos necesarios para el funcionamiento es pecífico de establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Agregó que en los documentos Conpes 3277 de 2004, 3412 de 2006 y 3575 de 2009 se contempló la construcción y dotación de 10 nuevos establecimientos de reclusión con el objeto de, entre otros, ampliar , readecuar la infraestructura para reducir el hacinamiento.

Informó que el Gobierno Nacional logró que en el Plan Nacional de Desarrollo para los años 2011 -2014 se autorizara al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC para que mediante concesión llevara a cabo la construcción, mantenimiento y conservación de centros penitenciarios y carcelarios mediante un proceso de tercerización y que el 13 de julio de 2011 se firmó un convenio entre el Ministerio del Interior y de Justicia, el INPEC y la Corporación Andina de Fomento – CAF cuyo objeto era la ampliación de la capacidad del Sistema Penitenciario y Carcelario en 26.000 cupos para el año 2014, mediante la construcción de seis a ocho establecimientos de reclusión.

En cuanto a las graves falencias en la prestación del servicio de salud en los establecimiento penitenciarios y carcelarios, adujo que junto con el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Circular Conjunta 051 de 2012 para la adopción e implementación de linea mientos generales

los establecimiento penitenciarios y carcelarios, adujo que junto con el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Circular Conjunta 051 de 2012 para la adopción e implementación de linea mientos generales para la vigilancia y control de eventos de salud pública en los centros de reclusión.Radicación: Radicación: 66001 23 33 000 2016 00521 02

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Además, expuso que se emitió el Decreto 2496 de 2012 que tiene como finalidad permitir la contratación de una EPS, diferente a CAPRECOM, para la afiliación al sistema de salud de la población privada de la libertad y la existencia de una EPS diferenciada p ara las personas privadas de la libertad.

Enfatizó en que desde la expedición de la Ley 65 de 1993, le corresponde a los entes territoriales la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárce les para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad; no obstante, esta obligación no ha sido asumida cabalmente por los alcaldes y gobernadores.

Anotó que con fundamento en el artículo 16 8 de la Ley 65 de 1993 , el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC profirió la Resolución 1505 del 31 de mayo de 2013 “Por la cual se declara el estado de

Anotó que con fundamento en el artículo 16 8 de la Ley 65 de 1993 , el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC profirió la Resolución 1505 del 31 de mayo de 2013 “Por la cual se declara el estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional del INPEC”, con el fin de conjurar la grave situación de salud de los centros reclusorios y con base en la cual el director general del INPEC adoptará las medidas que se requieran en desarrollo del dicho estado de emergencia penitenciaria y carcelaria.

Expresó que “(…) la actuación del INPEC y de la USPEC ha sido de tal naturaleza que su aparente “inacción” no obedece a un querer administrativo encaminado a “sacar de bulto”, como se dice coloquialmente, sino que es producto del desbordamiento de obligaciones de todo tipo, que para su correcta y eficaz solución requieren ser desarrolladas previos estudios, cronogramas y procedimientos que demandan tiempos más allá de los que en una utopía de Estado serían exigibles”.

El departamento de RisaraldaRadicación: Radicación: 66001 23 33 000 2016 00521 02

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Por escrito radicado el 9 de marzo de 20177, esto es, de manera oportuna contestó la demanda por conducto de apoderado, manifestando lo siguiente:

Que no ha vulnerado los derechos colectivos esbozados por la

8

Por escrito radicado el 9 de marzo de 20177, esto es, de manera oportuna contestó la demanda por conducto de apoderado, manifestando lo siguiente:

Que no ha vulnerado los derechos colectivos esbozados por la demandante toda vez que de acuerdo con lo establecido en la Ley 65 de 1993, la entidad competente para la administración, mantenimiento y custodia de las cárceles nacionales, departamentales o municipales es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC.

Precisó que el Departamento de R isaralda no posee cárceles o establecimientos carcelarios o penitenciarios del orden departamental, razón por la cual no le asiste responsabilidad por la presunta violación a los derechos colectivos invocados por la Defensoría del Pueblo.

En cuanto a las pretensiones de la demanda, se opuso a la primera , ya que es competencia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, de conformidad con lo expresado por la Ley 65 de 1993 y los decretos que la han reglamentado.

Respecto de la segunda pretensión, señaló que es el INPEC y, de manera subsidiaria, el municipio de Apía los competentes para atender los requerimientos de la población recluida en las cárceles para detención preventiva de los condenados y sindicados.

De igual forma, se opuso a la pretensión tercera por considerar que el departamento de Risaralda no está obligado a cumplir y que el departamento de Risaralda cedió a título gratuito al INPEC el lote denominado “El Pílamo” con el fin de construir el establ ecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Pereira, lo cual

departamento de Risaralda cedió a título gratuito al INPEC el lote denominado “El Pílamo” con el fin de construir el establ ecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Pereira, lo cual solucionará el hacinamiento que se vive en la cárcel “La 40” de Pereira.

7 Folios 43 a 54 del cuaderno 1.Radicación: Radicación: 66001 23 33 000 2016 00521 02

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Sostuvo que conforme al artículo 298 de la Constitución Política y al literal f) del artículo 7 del Decreto 1222 de 1986, el departamento de Risaralda no tiene a su cargo la construcción, administración, custodia y seguridad de las cárceles para personas detenidas preventivamente o condenados y sindicados por contravenciones.

Como medios exceptivos propuso el de falta de legitimación en la causa por pasiva y “la existencia de precedente en materia carcelaria y penitenciaria y cosa juzgada”.

Frente a la excepción de “existencia de precedente en la materia y efecto de cosa juzgada” sostuvo que sobre hechos y pretensiones similares al caso que nos ocupa ya se han proferido varios pronunciamientos.

Solicitó que se acumularan a la presente acción popular los p rocesos radicados bajo los números 2016 -00518-00; 2016 -00519-00; 2016caso que nos ocupa ya se han proferido varios pronunciamientos.

Solicitó que se acumularan a la presente acción popular los p rocesos radicados bajo los números 2016 -00518-00; 2016 -00519-00; 201600529-00;2016-00524-00; 2016 -00525-00; 2016 -00520-00; 201600517-00 que cursan en distintos despachos del Tribunal Administrativo de Risaralda.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC

Por escrito radicado el 7 de marzo de 2017 8, esto es, oportunamente, contestó la demanda por conducto de apoderado, explicando lo siguiente:

Expuso que pese a que la entidad fue creada mediante el Decreto 4150 del 3 de noviembre de 2011 fue hasta mayo del año siguiente que inició su funcionamiento y solo hasta el 2013 le fueron asignados los recursos presupuestales, momento desde el cual inició las labores tendientes a la contratación de las principales necesidades en los establecimientos a nivel nacional.

8 Folios 64 a 78 del cuaderno 1.Radicación: Radicación: 66001 23 33 000 2016 00521 02

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Recalcó que la entidad hasta hace menos de tres años desde la fecha en que se contestó la demanda, asumió formalmente el cumplimiento de unas funciones que trajeron como consecuencia, “(…) heredar una problemática estr uctural y compleja proveniente del INSTITUTO

Recalcó que la entidad hasta hace menos de tres años desde la fecha en que se contestó la demanda, asumió formalmente el cumplimiento de unas funciones que trajeron como consecuencia, “(…) heredar una problemática estr uctural y compleja proveniente del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, materializada en el hecho de recibir una infraestructura inadecuada y vetusta, en regular estado y con índices de intervención bajos, sin dejar de mencionar el más delicado de todos, el hacinamiento carcelario”.

Expuso que conforme al numeral 16 del artículo 2 del Decreto 4151 de 2011, el INPEC reporta a la USPEC las necesidades de los establecimientos penitenciarios y carcelarios en cuanto a infraestructura, bienes y servicios de su competencia y luego establece prioridades conforme al presupuesto asignado a la unidad para tales efectos.

Explicó que, por disposición legal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el gestor de la política fiscal y económica del país y que tiene funciones específicas relacionadas con la asignación de los recursos en forma global a las entidades que integran el presupuesto general de la Nación, quienes, a su vez, según lo previsto en el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, ejecut an y comprometen su presupuesto en desarrollo de su autonomía presupuestal.

Adujo que dicha asignación de recursos no es discrecional ya que, obedece a los mandatos legales establecidos en la Constitución Política y en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y que la incorporación de los gastos de las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación se encuentran supeditados a: (i) la disponibilidad de recursos

en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y que la incorporación de los gastos de las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación se encuentran supeditados a: (i) la disponibilidad de recursos públicos que permitan financiar el gasto, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 47 del Estatuto Orgánico de Presupuesto; (ii) el marco fiscal de mediano plazo que contiene el plan financiero y, (iii) la Ley 1473 de 2011, Ley de Regla Fiscal, cuya finalidad es mantener la sostenibilidad de las finanzas del Estado.Radicación: Radicación: 66001 23 33 000 2016 00521 02

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Expresó que, las autorizaciones máximas de gasto de todas las entidades que conforman el presupuesto general de la Nación se establecen de acuerdo a la disponibilidad de los recursos públicos.

Indicó que en el presupuesto general de la Nación se priorizan recursos importantes para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC y con ellos, las entidades deben atender todos los gastos inherentes al sistema penitenciario y carcelario.

Indicó que la unidad solicitó presupuesto suficiente en las vigencias 2013, 2014 y 2015 para efectos de cumplir con las prioridades indicadas por el INPEC pero no fueron apropiados en su totalidad.

Señaló que la USPEC ha venido trabajando en dos frent es, a saber, el

2014 y 2015 para efectos de cumplir con las prioridades indicadas por el INPEC pero no fueron apropiados en su totalidad.

Señaló que la USPEC ha venido trabajando en dos frent es, a saber, el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura existente y la generación de nuevos cupos para todos los establecimientos de reclusión del país que están a cargo del INPEC.

Indicó que para diciembre de 2014 generó 2.116 cupos, para el año 2015 se crearon 6.724 cupos entre proyecto de rehabilitación, pabellones de mediana seguridad y proyecto colonias y que para el año 2016 se generaron 1.936 cupos más en pabellones de mediana seguridad.

Anotó que el departamento de Risaralda debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 17, 19 y 21 de la Ley 65 de 1993, a efectos de solucionar el hacinamiento en los centros de reclusión preventiva del municipio de Apía.

Explicó que en virtud de las competencias asignadas por la Ley 1709 de 2014 a la USPEC suscribió el contrato de fiducia mercantil número 331 de 2016 con el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, el cual se encarga de administrar los dineros y garantizar los pagos dispuestos para la atención integral en salud y la prevención de enfermedades en laRadicación: Radicación: 66001 23 33 000 2016 00521 02

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población privada de la libertad. Señaló que con ello se garantiza la continuidad de la prestación de los servicios médicos a los internos.

Propuso como medio exceptivo la falta de legitimación en la causa por pasiva en razón a que l a USPEC carece de competencia para trasladar, asignar cupos o hacer intervenciones en los establecimientos de detención preventiva.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

Por escrito radicado el 10 de marzo de 20179, es decir, en oport unidad, contestó la demanda por conducto de apoderado e indicó que acepta como ciertos todos los hechos relacionados en el escrito de la demanda y coadyuva las pretensiones solicitadas.

Consideró que se debe establecer las autoridades sobre las cuales rec ae el deber legal de garantizar el espacio para el funcionamiento de las cárceles y pabellones de detención preventiva en condiciones dignas y de seguridad.

Expuso que el Tribunal Administrativo de Risaralda al momento de tomar la decisión de fondo en la presente acción popular, debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 que dispone que los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y el distrito capital deben atender la creación, fusión o supresión, dirección, organizaci ón, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad por orden de autoridad policiva.

administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad por orden de autoridad policiva.

Indicó que, además, los entes territoriales deben incluir en sus respectivos presupuestos las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, pago de empleados, raciones de presos, gastos por remisiones

9 Folios 86 a 88 del cuaderno 1.Radicación: Radicación: 66001 23 33 000 2016 00521 02

Accionante: Defensoría del PuebloRegional Risaralda

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y viáticos, materiales, suministros, compras de equipos y demás servicios, absteniéndose lo s gobernadores y alcaldes de aprobar o sancionar los presupuestos que no llenen los requisitos establecidos por dicho artículo.

Precisó que conforme al artículo 17 de la Ley 65 de 1993 adicionado por el artículo 9 de la Ley 1709 de 2014 , la reclusión de las personas sindicadas o detenidas preventivamente corresponde a los distintos entes territoriales mientras que la reclusión de las personas condenadas compete al INPEC.

Aseveró que los entes territoriales que integran el departamento de Risaralda han incumplido con el debe r legal que les asiste de crear y sostener sus propios centros de reclusión, omisión que ha sido determinante para agudizar aún más la crisis de hacinamiento que impera en el Establecimiento Penitenciario de Pereira.

sostener sus propios centros de reclusión, omisión que ha sido determinante para agudizar aún más la crisis de hacinamiento que impera en el Establecimiento Penitenciario de Pereira.

Agregó que la responsabilidad de la infraestructura carcelaria del orden nacional, su construcción y refacción recae en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, por lo que se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva de este instituto en la presente acción popular pues, la vulneración de los derechos colectivos alegados solo cesa con la creación de nuevos pabellones o centros de reclusión.

El municipio de Apía guardó silencio10.

2.4. Por memorial del 17 de abril de 201 711, el apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó la acumulación de los procesos 201600526-00; 2016-00528; 2016-00519; 2016-00523-00, 2016-00527-00; 2016-00524-00; 2016 -00525-00; 2016 -00522-00; 2016 -00529-00; 2016-00516-00; 2016-00517-00; 2017-00518-00 y 2016-00520-00 que cursaban en el Tribunal Administrativo de Risaralda.

10 Según la constancia secretarial que obra a folio 99 del cuaderno 1. 11 Folios 100 a 102 del cuaderno 1.Radicación: Radicación: 66001 23 33 000 2016 00521 02

Accionante: Defensoría del PuebloRegional Risaralda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Accionante: Defensoría del PuebloRegional Risaralda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14

2.5. Por auto del 23 de mayo de 2017 12, el Tribunal Administrativo de Risaralda negó la solicitud de acumulación formulada por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

2.6. Mediante providencia del 6 de junio de 2017 13 la magistrada de conocimiento dejó sin efectos las actuaciones surtidas y declaró el agotamiento de la jurisdicción en la presente a